Rosa Berber Sánchez

Expediente 659/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
659/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
26/03/2019

Partes del expediente

  • Rosa Berber Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo hayan hecho. En mérito de lo anterior, se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Ahora bien, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de la concesión de amparo En sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a ROSA BERBER SANCHEZ, para efecto de que el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente:  "Deje insubsistente la resolución de diez de julio de dos mil dieciocho;  En su lugar emita otra en la que, luego de reiterar todas las consideraciones que no fueron materia de la concesión de amparo; desista de considerar que la adjudicación del inmueble controvertido en el juicio natural que por sí sola y en todos los casos tiene efectos equiparables al pago de lo adeudado;  Hecho lo cual, dicte la resolución que en derecho proceda, conforme a los agravios formulados por la apelante". Trámites para cumplir con el fallo protector Así, mediante proveído de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector. Por oficio presentado el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, el magistrado responsable informó que dejó insubsistente la sentencia reclamada de diez de julio de dos mil dieciocho, dictada en el toca de apelación número I-196/2018 y atendiendo a la petición formulada por dicha autoridad, mediante proveído de uno de marzo del año en curso, se amplió el plazo de cumplimiento que le había sido otorgado. Mediante oficio presentado el cuatro de marzo de este año, el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, allegó copia certificada de la resolución de cuatro de marzo de este año, dictada en el toca de origen, en la cual, para cumplir con la ejecutoria de amparo, se realizó lo siguiente: I. Reiteró todas las consideraciones que no fueron materia de la concesión del amparo. II. Luego, en la materia medular del amparo, declaró infundado el agravio sometido a consideración en alzada, al señalar que si bien se llevó a cabo la adjudicación del inmueble en favor de la actora, lo cierto es, que a la demandante no le había sido liquidado su adeudo, por no habérsele protocolizado las constancias del mismo, por lo que, válidamente la aquí quejosa, estaba en aptitud de reclamar el pago de los intereses en la forma y términos en que lo hizo, porque aún no se liquida su adeudo. Aunado a que, al emitirse la sentencia definitiva en el juicio de origen y condenarse al pago de intereses ordinarios, se determinó que la obligación continuaría vigente hasta la total liquidación del adeudo, por ello, es que la actora está en condiciones de exigir el pago respectivo en tanto no se le colmen os derechos establecidos en dicho fallo, pues en la especie, existe evidencia de que no ha podido disponer materialmente del inmueble adjudicado en su provecho, menos escriturarlo en su beneficio. III. Consecuentemente, estableció que la cantidad por la que se aprobó la planilla de liquidación, deberá quedar incólume y por tanto, confirmó la sentencia interlocutoria de diez de julio de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán. Situación con lo cual, se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo De ahí que con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, ya que la autoridad responsable, con fecha veintisiete de febrero del año en curso, dejó insubsistente la sentencia impugnada de diez de julio de dos mil dieciocho; y en su lugar, emitió otra, el cuatro de los actuales, dentro del toca de apelación número I-196/2018, a través de la cual, reiteró todas las consideraciones que no fueron materia de la concesión de amparo, pero desistió de considerar que la adjudicación del inmueble controvertido en el juicio natural por sí sola, tiene efectos equiparables al pago de lo adeudado, ya que se encuentra acreditado en el controvertido de origen que, la aquí quejosa no ha podido disponer materialmente del inmueble adjudicado en su provecho, menos escriturarlo en su beneficio, esto es, no ha podido hacer efectivo el derecho que en su favor estableció la sentencia definitiva, procediendo a confirmar la interlocutoria materia de apelación, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo con la fracción IV del artículo vigésimo primero, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectivas, haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, seis de marzo de dos mil diecinueve. Cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio signado por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite copia certificada de la resolución de cuatro de marzo de este año, dictada en el toca de apelación número I-196/2018. Vista a las partes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercero interesada, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que queden debidamente notificadas del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de marzo de dos mil diecinueve. Autoridad responsable acusa recibo Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, la comunicación signada por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que se recibió el oficio donde se informa que causó ejecutoria la resolución emitida en los presentes autos y acusa recibo de la llegada del toca de origen. Informa trámites Asimismo, téngase al magistrado responsable informando que se dejó insubsistente la sentencia impugnada de diez de julio de dos mil dieciocho. Se amplía término para cumplir con la ejecutoria Finalmente, como la autoridad responsable señala que dada la complejidad en el estudio del asunto, solicita una prórroga para cumplir con la ejecutoria de amparo; en esa virtud, como lo solicita, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo en vigor, por una sola vez, se amplía el plazo de cumplimiento concedido a la autoridad responsable Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por el término de cinco días hábiles, en el entendido de que deberá remitir a este juzgado copia certificada de las constancias con las que acredite el cumplimiento al fallo; y en el concepto de que subsisten los apercibimientos formulados en auto de veintiséis de febrero de este año. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, a treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. V I S T O S los autos, para resolver el juicio de amparo 659/2018-V, promovido por Rosa Berber Sánchez, contra el acto que reclamó del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad capital; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el catorce de agosto de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad capital, del cual, por razón de turno, correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Rosa Berber Sánchez promovió demanda de amparo, por propio derecho, contra las autoridades aludidas supralíneas, de quienes reclamó el acto que precisó de la siguiente manera: ".La sentencia interlocutoria dictada en fecha 10 diez de julio del año 2018 dos mil dieciocho, dentro del Toca número I-196/2018, formado con motivo del incidente sobre planilla de actualización de intereses ordinarios y moratorios aprobada por la C. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de la ciudad de La Piedad, Michoacán, dentro del juicio sumario civil hipotecario expediente número 42/2016." Actos que en el decir del promovente del amparo, son violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de quince de agosto siguiente, se ordenó registrar el asunto como el expediente 659/2018-V; se admitió a trámite la demanda; se ordenó requerir a la autoridad responsable su informe justificado respectivo; se dio la intervención debida al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional, el cual formuló pedimento; y, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en los términos asentados en el acta correspondiente, y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente para conocer y resolver del presente asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; por tratarse de actos que no tienen ejecución material, de manera que el conocimiento del asunto se determina a prevención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y en la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; este órgano jurisdiccional precisa que los actos reclamados a la autoridad responsable, conforme a la lectura íntegra de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, son los siguientes:  La resolución de segundo grado de diez de julio de dos mil dieciocho, dictada por la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, en el toca de apelación 196/2018, a través de la cual se revocó el fallo de primera instancia dictado en el incidente de liquidación de sentencia, derivado del juicio hipotecario civil 42/2016 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de La Piedad, Michoacán, promovido por Rosa Berber Sánchez contra Alberto Benjamín Ortiz Sierra y María Dolores Sierra López. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, el Magistrado responsable aceptó la existencia del acto que le fue atribuido. Tal asentimiento fue corroborado con las constancias relativas al toca de apelación 196/2018, que la mencionada autoridad acompañó a su informe justificado, medio de convicción que merece valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129 , 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS.". CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por la tesis que se cita a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335.". De igual forma, resulta aplicable al caso, el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos.". En ese contexto, al formular su pedimento, la agente del Ministerio Público adscrita a este órgano de control constitucional señaló que en el caso se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, pues en su decir la quejosa carece de interés jurídico para acudir al presente juicio, en razón de que el acto que se reclama no afecta su esfera jurídica. Sin embargo, contrario a lo manifestado por la indicada fiscal, la peticionaria del amparo sí cuenta con interés jurídico para ocurrir al juicio de amparo, habida cuenta que es parte actora en el juicio natural; además, de ser quien promovió el incidente de liquidación de sentencia que fue desestimado por el Tribunal de segunda instancia; circunstancia que por sí sola irroga una afectación a la esfera jurídica de la amparista. Máxime, si se considera que de las constancias que integran el expediente natural se obtiene que en la sentencia principal se condenó a su contraparte al pago de la suerte principal, gastos y costas, e intereses ordinarios y moratorios hasta la total liquidación del adeudo; de modo que, al haberse desestimado la mencionada incidencia, no puede ver materializadas las prestaciones decretadas en dicha determinación. De ahí, que deba desestimarse la causal invocada por la fiscal de la adscripción. Luego, al no advertirse la actualización de una diversa hipótesis que torne improcedente el presente juicio, lo que se impone es realizar el examen del fondo del asunto, dando respuesta a los conceptos de violación. QUINTO. Análisis del fondo del asunto. De inicio, este juzgado federal estima innecesario transcribir los conceptos de violación, por considerarse que, para colmar los requisitos de congruencia y exhaustividad, exigidos por la Ley de Amparo, basta con realizar el examen exhaustivo y congruente de los argumentos vertidos en la demanda de garantías. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia que se transcribe en seguida: "Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. Ahora, de un análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la quejosa aduce toralmente que la Sala responsable vulneró sus derechos fundamentales cuando consideró que, al haberse adjudicado legalmente el inmueble materia de la contienda natural, en favor de la aquí peticionaria de la protección constitucional, quedaron cubiertas todas las prestaciones decretadas en la sentencia definitiva que puso fin al juicio hipotecario 42/2016; pues en la especie, no fue posible protocolizar la escritura correspondiente debido a que el Notario designado para tal efecto informó que actualmente el inmueble materia de la litis natural salió del patrimonio de la garante hipotecaria y que incluso éste fue seccionado en cinco partes; de manera que contrario a lo determinado por la responsable, debió considerarse que la suerte principal continuaba generando intereses hasta en tanto se realice el pago efectivo de lo adeudado o se consiga la entrega material y jurídica del inmueble objeto del juicio de origen. Tal aserto es fundado. De inicio, conviene precisar que, si bien, por regla general, tanto el remate como la adjudicación de bienes ordenados como resultado de una contienda judicial, tiene por objeto que con su producto o precio se cubran los adeudos reconocidos en las sentencias de las que derivan; igual de cierto es que ello no ocurre así hasta en tanto la parte vencedora obtiene materialmente el producto de la venta o los bienes mismos; pues sólo entonces es cuando ve materializado el derecho antes referido. Sin embargo, cuando existe un impedimento para la materialización del derecho contenido en la ejecutoria de que se trate, la parte vencedora válidamente puede solicitar el cobro de los intereses moratorios que se generen con motivo del retraso; siempre que éste no fuere atribuible a dicha parte; lo anterior, precisamente porque no puede considerarse que existe pago hasta que se entrega la cantidad debida. Robustece lo anterior, la tesis que se inserta en seguida: "Época: Quinta Época Registro: 350167 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo LXXX Materia(s): Civil Tesis: Página: 447 REMATES, DERECHOS A COBRAR INTERESES POR LOS REMATANTES. Si desde que tuvo lugar un remate, hasta la fecha en que la Tesorería del Distrito Federal formuló sus liquidaciones de impuestos, transcurre mucho tiempo y el rematante no recibe el importe del precio del remate, tal demora en manera alguna puede imputarse a dicho rematante, y por tanto, mientras no reciba cantidades de dinero en pago total de a lo que por ejecutoria de segunda instancia fue condenado el demandado, tiene perfecto derecho a computar intereses por los saldos insolutos, ya que sólo puede haber pago, según el artículo 2062 del Código Civil del Distrito Federal, cuando se entrega la cantidad debida. Amparo civil en revisión 8624/43. Garrido Negrete Manuel. 12 de abril de 1944. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente." Sentado lo anterior, y para un correcto entendimiento del asunto, resulta pertinente reseñar los antecedentes torales del juicio que se examina: 1. El veinte de mayo de dos mil dieciséis, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de La Piedad, Michoacán, dictó sentencia definitiva en el juicio hipotecario civil 42/2016, cuyos resolutivos, en la parte que interesa son del tenor siguiente: "SEGUNDO.- Resultaron fundadas las acciones personal de pago y real de hipoteca que, en la vía especial hipotecaria, promueve Rosa Berber Sánchez, por propio derecho, frente a Alberto Benjamín Ortiz Sierra y María Dolores Sierra López, de quienes prosperaron en parte sus excepciones y defensas. TERCERO.- En consecuencia, ante el vencimiento del plazo fijado para el pago del capital otorgado con motivo del contrato de mutuo con interés y constitución de garantía hipotecaria, se condena al codemandado Alberto Benjamín Ortiz Sierra al pago de la cantidad de $200,000.00 doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional, por concepto de suerte principal, así como a pagar intereses normales u ordinarios sobre ese capital, ajustados a razón del 2% dos por ciento mensual, generados a partir del veintiséis de mayo de 2013 dos mil trece y hasta la total liquidación del adeudo; asimismo, a pagar intereses moratorios a razón del 30% treinta por ciento mensual sobre cada cantidad que resulte de intereses ordinarios, cuyas cuantificaciones de ambos réditos serán materia de la etapa de ejecución de sentencia. CUARTO.- En su momento, sáquese a remate el inmueble dado en garantía por la ahora codemandada María Dolores Sierra López, para que con su producto se le haga pago a la parte acreedora de las prestaciones a que se condenó al aquí codemandado o, en su caso, se opte por la adjudicación a favor de la actora." 2. En veintiséis de enero de dos mil diecisiete, ya en la etapa de ejecución, tuvo verificativo la audiencia de remate en tercera almoneda judicial en la que toralmente se determinó que: ".procede acordar procedente la adjudicación del inmueble materia de la presente controversia, a favor del accionante, resultando así toda vez que acorde con las cantidades establecidas dentro de la sentencia definitiva $200,000.00 doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional, y dentro de las planillas de liquidación $202,800.00 doscientos dos mil ochocientos 00/100 moneda nacional, y $10,400.00 diez mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional, resultando un total de $412,800.00 cuatrocientos doce mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional se desprende un crédito a favor del accionante, en tanto que el monto por el cual le será adjudicado el inmueble (por las dos terceras partes) ascienda ala cantidad de $594,000.00 quinientos noventa y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional, existiendo una divergencia por la cantidad de $181,200.00 ciento ochenta y un mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional, misma que deberá ser cubierta por el adjudicatario al ser inferior su crédito a la suma por la que se adjudica la heredad; por ende, se declara fincado a su favor el presente remate y adjudicado el inmueble descrito, habiendo de cubrir dentro del término legal de 3 tres días la suma restante a efecto que se declare fincado el remate a su favor, so pena que de no realizar tal consignación dentro del referido plazo, es que se declarará sin efectos la presente adjudicación, habiéndose de señalar data para nueva subasta. Lo que se le entera y notifica en el acto al adjudicatario para los efectos legales correspondientes." 3. El dos de febrero posterior, se acordó lo siguiente: "Visto el escrito de cuenta y documento adjunto, suscritos por el licenciado Manuel Torres Rizo, apoderado del accionante adjudicatario, atendiendo a la certificación que antecede, téngasele en tiempo compareciendo a exhibir mediante ficha de depósito con referencia alfanumérica JC010690042M0216RE27 por la cantidad de $181,200.00 ciento ochenta y un mil doscientos pesos 00/100, por concepto de pago de remanente del bien inmueble descrito en autos, fincado a su favor mediante audiencia de remate en su tercera almoneda judicial celebrada el 26 veintiséis de enero del año en curso, la suma de dinero antes descrita, con la cual se cubre en su totalidad el pago del raíz en comento, se declara en su totalidad el mismo a favor de la accionante Rosa Berber Sánchez, lo que se tiene por hecho para los efectos legales a que haya lugar. En tanto, como lo solicita se le concede a la demandada el término de 3 tres días para que otorgue la correspondiente escritura en favor de la adjudicataria, so pena que de no hacerlo, este tribunal lo hará en su rebeldía. Notifíquese personalmente." 4. El dos de mayo de dos mil dieciocho, el juzgador natural admitió a trámite el incidente de liquidación de sentencia, promovido por la ahora quejosa; y, ordenó dar vista a su contraparte con dicha promoción; hecho lo anterior, el quince de mayo siguiente, se citó a las partes para que el dictado de la resolución correspondiente. 5. Posteriormente, el veintitrés de mayo de esa misma anualidad, el juzgador natural emitió la interlocuria respectiva cuyos puntos resolutivos son del tenor que sigue: "SEGUNDO.- Resultaron fundadas las partidas reclamadas con motivo de la actualización de intereses ordinarios y moratorios que en vía incidental formuló e apoderado jurídico de Rosa Berber Sánchez, frente a Alberto Benjamín Ortiz Sierra y María Dolores Sierra López, quienes no manifestaron inconformidad alguna en torno a esta actualización. TERCERO.- En consecuencia, se condena a los referidos demandados al pago solidario de la cantidad de $83,200.00 ochenta y tres mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional, por conceptos de intereses ordinarios y moratorios generados desde el 27 veintisiete de septiembre de diciembre del año 2016 dos mil dieciséis y hasta el veintiséis de abril del año en curso." 6. Por otra parte, luego de que los codemandados fueran requeridos para realizar la entrega física del inmueble objeto del juicio natural y para otorgar la escritura correspondiente en favor de la ahora peticionaria del amparo Rosa Berber Sánchez; el diecinueve de junio de dos mil dieciocho, el juzgador natural emitió un proveído a través del cual resumidamente determinó que: ".como lo solicita el ocursante, se le tiene designando al licenciado J. Jesús Magaña Torres, Notario Público número 16 dieciséis, con ejercicio y residencia en esta ciudad, a efecto de que expida en rebeldía de la parte demandada la escritura del inmueble materia del presente asunto. Consecuentemente, y mediante el oficio respectivo, se dejan a disposición de dicho fedatario los autos originales del presente juicio en la secretaría de este juzgado, a fin de que continúe con su trámite." 7. Inconforme con lo determinado por el juez de primera instancia, al resolver el incidente de liquidación de intereses, María Dolores Sierra López interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió a la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la que, por acuerdo de veintidós de junio siguiente, ordenó registrar el asunto como el toca de apelación 196/2018 de su índice; admitió a trámite dicho recurso; y, el diez de julio de dos mil dieciocho, emitió la sentencia en la que se declaró fundado el referido medio de defensa, se revocó la sentencia de primer grado y en consecuencia se reprobaron las partidas reclamadas, por considerarse que: ".con el remate del bien inmueble otorgado en garantía del adeudo, concluye la deuda contraída por parte del demandado; de manera que si en la fecha en que se adjudicó el bien inmueble rematado (26 veintiséis de enero de 2017 dos mil diecisiete) ver fojas 21 del testimonio de apelación, en esa data concluía cualquier cómputo de intereses moratorios, por haber cesado éstos con la adjudicación del bien inmueble objeto del contrato de hipoteca." Esta determinación constituye el acto reclamado en el juicio que se resuelve. 8. Luego de que el expediente natural fuera enviado a la Notaría designada para realizar la protocolización de lo determinado en la audiencia de remate aludida supralíneas; mediante oficio de seis de agosto de dos mil dieciocho, el Notario encargado de realizar dicha encomienda devolvió el expediente al juzgado de primer grado ".sin haber sido protocolizado." 9. Al margen de lo narrado con antelación, resulta indispensable señalar que, por tramitarse ante este mismo Juzgado Federal, constituye un hecho notorio para quien esto resuelve, que mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en la ciudad de Morelia, María Dolores Ortiz Sierra promovió un juicio de amparo, el que por razón de turno, fue radicado como el expediente 576/2018 del índice de este órgano de control constitucional; y, que a través de la mencionada demanda, dicha quejosa pretende defender ".la fracción tres que se desprende de la subdivisión del terreno rústico denominado 'Cerca Prieta' ubicado en el Rancho de Proterillos en la ciudad de La Piedad, Michoacán.". Lo expuesto hasta aquí, patentiza que, en efecto, como lo aduce la solicitante de la protección constitucional, la responsable se equivocó al desestimar la incidencia de liquidación de intereses; pues no es factible considerar que la adjudicación o el remate de los bienes afectados con motivo de una contienda judicial haga las veces de pago; precisamente porque lo único que puede considerarse como pago es la entrega de lo adeudado. Ahora, ya quedó precisado de las constancias que integran el expediente que se resuelve se obtiene que, si bien el inmueble que sirvió como garantía del contrato base de la acción natural fue adjudicado en favor de la quejosa Rosa Berber Sánchez; la realidad es que no le ha sido posible obtener dicho inmueble, ni material ni jurídicamente, pues a la fecha en que se emite la presente ejecutoria no cuenta con la posesión ni le ha sido posible escriturarlo a su favor. De hecho, la quejosa refiere que el Notario comisionado para protocolizar la sentencia definitiva dictada en el juicio natural le indicó lo siguiente: ".que no iba a poder realizar la escritura de adjudicación en virtud de que la propiedad dada en hipoteca ya no le pertenecía a la señora Sierra López, ya que al solicitar un certificado catastral se dio cuenta que la misma había sido ya transmitida a favor de la señora María Dolores Ortiz Sierra (quien es la hija de la señora María Dolores Sierra López), y que inclusive la misma había sido subdividida en cinco fracciones, que de la superficie total que dio en garantía la señora María Dolores Sierra López, únicamente tenía ya registrado a su favor la superficie de 305.92 m2.". Lo anterior, se ve corroborado con lo señalado por la promovente del diverso juicio de amparo 576/2018, María Dolores Ortiz Sierra, cuando refiere que el objeto de su demanda es combatir la posible afectación a su derecho de propiedad respecto de: ".la fracción tres que se desprende de la subdivisión del terreno rústico denominado 'Cerca Prieta' ubicado en el Rancho de Proterillos en la ciudad de La Piedad, Michoacán.". Tales circunstancias, permiten concluir que la imposibilidad para hacerse del bien que le fuera adjudicado deriva de actos que son ajenos a la voluntad de la quejosa, es decir, que no le son atribuibles a ella, sino a su contraparte María Dolores Sierra López; por ser quien ha promovido múltiples medios de defensa que han resultado imprósperos. Además del hecho de que actualmente, María Dolores Ortiz Sierra se encuentra en espera de que se resuelva el juicio de amparo 576/2018, que promovió con base en un contrato de donación celebrado con su madre, aquí tercera interesada, María Dolores Sierra López; a través del cual le fue cedida la quinta parte del predio controvertido en el juicio natural. En ese orden de ideas, si la ahora quejosa se ha visto imposibilitada para acceder al derecho que le fue reconocido en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural; y, el impedimento para ello es atribuible a la conducta desplegada por su contraparte; válidamente puede afirmarse que la Sala responsable se equivocó cuando desestimó la incidencia de liquidación de intereses, por considerar que, en este caso en particular, la adjudicación del inmueble controvertido a través de la secuela procedimental hace las veces del pago de lo adeudado; y, que por tanto, la aquí quejosa no estaba en aptitud de solicitar el pago de intereses a partir de la fecha en que se autorizó la mencionada adjudicación. Lo anterior, porque al emitirse la sentencia definitiva y condenarse al pago de intereses ordinarios a razón de una tasa del dos por ciento (2%) se estableció que la obligación continuaría vigente ".hasta la total liquidación del adeudo."; lo que a su vez, implica que la parte vencedora estaba en aptitud de exigir el pago respectivo hasta en tanto viera colmados los derechos establecidos en dicha determinación; ello, porque en el caso, existe evidencia de que el peticionario del amparo no ha podido disponer materialmente del inmueble adjudicado en su favor, mucho menos escriturarlo a su nombre; en otras palabras, no ha podido hacer efectivo el derecho estatuido en su favor al resolverse en definitiva la contienda de origen. A propósito de lo indicado supralíneas, conviene mencionar que al resolver la contradicción de tesis 74/2015, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País sostuvo que, para efectos del juicio de amparo, la última resolución emitida en los procedimientos de remate la constituye aquella que indistintamente ordena que se otorgue la escritura de adjudicación o la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; ello, por considerar que es hasta ese momento cuando se materializa el derecho reconocido en la sentencia que resuelve de fondo el asunto de que se trate. "Época: Décima Época Registro: 2011474 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 13/2016 (10a.) Página: 1066 REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. Contradicción de tesis 74/2015. Suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 18 de noviembre de 2015. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en cuanto al fondo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso. Tesis y/o criterios contendientes: El Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión 237/2014, con la tesis aislada IX.1o.12 C (10a.), de título y subtítulo: "REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESTE PROCEDIMIENTO, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE EN FORMA DEFINITIVA DETERMINA LA ADJUDICACIÓN Y ORDEN DE ESCRITURACIÓN, EXISTA O NO, LA DE ENTREGA DEL BIEN REMATADO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 23 de enero de 2015 a las 9:00 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 14, Tomo III, enero de 2015, página 2046, registro digital: 2008296. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 376/2014, resolvió que la orden de otorgamiento de escritura de adjudicación no es la última resolución del procedimiento de remate; lo anterior en virtud de que el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, señala expresamente que la última resolución en el procedimiento de remate, en contra de la cual procede el amparo indirecto, es aquella que ordena en definitiva tanto el otorgamiento de la escritura de adjudicación como la entrega de los bienes rematados. Tesis de jurisprudencia 13/2016 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis. Esta tesis se publicó el viernes 22 de abril de 2016 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de abril de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013." No es óbice, que la resolución reclamada haya sido emitida por la Sala responsable sin conocer de la existencia del contrato de donación exhibido por María Dolores Ortiz Sierra en el juicio de amparo 576/2018 del índice de este órgano de control constitucional; tampoco, que la devolución de los autos del juicio natural ".sin haber sido protocolizado.", se haya verificado después de la emisión de la resolución combatida; porque tales elementos de convicción pueden considerarse como supervenientes en el juicio que se resuelve. Máxime, que su valoración evidencia precisamente que la aquí quejosa Rosa Berber Sánchez no ha podido materializar el derecho reconocido en su favor al resolverse la contienda natural; y, que dicha circunstancia no le es atribuible a ella, sino a las conductas desplegadas por su contraparte. Además, debe considerarse que una de las vertientes del derecho de tutela judicial efectiva comprende precisamente la ejecución de lo sentenciado, porque le efectividad de tales determinaciones depende precisamente de su ejecución; es decir, de que los derechos reconocidos o declarados en las decisiones judiciales se materialicen en el mundo factico; pues sólo de esta manera el promovente del juicio de que se trate verá solventada la pretensión que motivó el trámite de la contienda de origen. De suerte que si el promovente del juicio natural no ha obtenido las cantidades decretadas en su favor al emitirse la sentencia definitiva, ni ha dispuesto del inmueble adjudicado a su favor como pago de lo adeudado; resulta factible afirmar que la responsable debió considerar procedente el reclamo de intereses efectuado por la parte vencedora. Cimienta lo anterior, la tesis que se inserta a continuación: "Época: Décima Época Registro: 2018637 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. CCXXXIX/2018 (10a.) Página: 284 DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. En el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende tres etapas, a las que corresponden determinados derechos: (i) una previa al juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción; (ii) una judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y (iii) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. Ahora bien, el derecho a la ejecución de sentencias, como parte de la última etapa, es relevante por su instrumentalidad para que la justicia administrada se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar al derecho que se había reconocido. Lo anterior se advierte en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, y Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú, en los que se consideró que "la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia", sino que se requiere, además, que el Estado consagre normativamente recursos para ejecutar esas decisiones definitivas y garantice la efectividad de esos medios. Posteriormente en los casos Acevedo Buendía y otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloría) Vs. Perú, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, Furlan y Familiares Vs. Argentina, y del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos agregó que "la efectividad de las sentencias depende de su ejecución", de modo que ésta se establece como un componente fundamental de la protección efectiva de los derechos declarados o reconocidos. Amparo en revisión 882/2016. Banca Afirme, S.A. Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero. 3 de mayo de 2017. Mayoría de cuatro votos de los Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Guerrero Zazueta. Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación." En tal virtud, ante lo fundado de los disensos formulados, con fundamento en los artículos 73 a 77 de la ley de la materia, lo que se impone es CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a la quejosa para efectos de que la autoridad responsable realice lo siguiente:  Deje insubsistente la resolución de diez de julio de dos mil dieciocho;  En su lugar emita otra en la que, luego de reiterar todas las consideraciones que no fueron materia de la concesión de amparo; desista de considerar que la adjudicación del inmueble controvertido en el juicio natural que por sí sola y en todos los casos tiene efectos equiparables al pago de lo adeudado;  Hecho lo cual, dicte la resolución que en derecho proceda, conforme a los agravios formulados por la apelante. SEXTO. Supresión de datos personales. En otro orden, de autos se advierte que las partes no hicieron manifestación alguna respecto al derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, conforme el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que se hizo de su conocimiento en el proveído admisorio de este juicio constitucional. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de las partes, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a por Rosa Berber Sánchez, contra el acto que reclamó del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad capital, para los efectos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Por lo indicado en el último considerando de este fallo, el mismo deberá publicarse con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe, hoy treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.

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