Rosa Durán Hernández y Otros.
Expediente 391/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 391/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 07/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rosa Durán Hernández y Otros.
- Rosa Durán Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de septiembre de dos mil veintidós. Acuse de recibo. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual acusa recibo del oficio 17579, relativo al auto de uno de los actuales, en que se informó la firmeza de la sentencia dictada en autos y se le devolvió la documental que remitió como sustento de su informe justificado. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna Secretario que autoriza y da fe.Dva
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de septiembre de dos mil veintidós. Ejecutoria. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación de cuenta, se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la resolución emitida en autos, en la que se sobreseyó en el presente asunto promovido por Rosa Durán Hernández y Juan Luis Cervantes Santana; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Devolución de cuaderno de prueba. Devuélvase al Magistrado responsable la documental que acompañó como sustento de su informe justificado. Se ordena archivo físico. En otro aspecto, visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación de cuenta, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Valoración del expediente. En ese orden de ideas, tomando en consideración que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a) del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído en este juicio. Por tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, destrúyase el juicio en que se actúa. Sin que haya lugar a hacer pronunciamiento sobre incidente de suspensión, al no haberse formado. Finalmente, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, en su momento transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número V-391/2022, promovido por Rosa Durán Hernández y Juan Luis Cervantes Santana, por su propio derecho, contra actos de la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O : Primero. Demanda de amparo. Por oficio recibido presentado el ocho de abril de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnado en esa misma fecha a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, la Actuaria del Segundo tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, remitió la demanda de amparo promovida por Rosa Durán Hernández y Juan Luis Cervantes Santana, por su propio derecho, contra actos de la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, toda vez que dicho tribunal determinó carecer de legal competencia para conocer y resolver dicho juicio de garantías. Segundo. Substanciación del juicio. Mediante auto de once de abril de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito se avocó al conocimiento de la demanda de amparo registrada bajo el número V-391/2022; se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se emplazó a la parte tercero interesada; finalmente, se señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que fue levantada en términos del acta que antecede, y; C O N S I D E R A N D O : Primero. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. Segundo. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los 35 y 37, de la Ley de Amparo; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Además de tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de naturaleza civil, en que la autoridad judicial ordenadora es residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado, ordenó reponer el procedimiento en el juicio de primer grado. Tercero. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías, demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/20001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional consisten en: a) La resolución de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación I-11/2022, mediante la cual se ordena la reposición del procedimiento en el juicio ordinario civil 1390/2019, a fin de que se llame a juicio a Mario y Francisco, de apellidos Durán Lovera, quedando subsistente el escrito de demanda, emplazamiento, escritos de contestación de demanda, reconvención y contestación de esta por parte de Rosa Durán Hernández y Juan Luis Cervantes Santana, y auto que las admiten, así como la medida cautelar decretada por auto de doce de marzo de dos mil veinte. Cuarto. Certeza del acto reclamado. Del contenido del informe justificado rendido por la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, se advierte que acepta la existencia del acto reclamado, a cuyo efecto remitió las constancias relativas al acto reclamado. Documental a la que se le concede pleno 1 Publicada en el Tomo XI, Abril de 2000, página 32, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, bajo el rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Quinto. Causales de improcedencia. Es innecesario examinar, en cuanto al fondo, los conceptos de violación formulados por la parte quejosa y las consideraciones que sustentan el acto reclamado, en función a que en la especie se actualiza una causal de improcedencia, la cual impide realizar ese análisis en el presente juicio de amparo, debido a que su estudio es preferente y de orden público conforme a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. 2 Visible en la página 305, del Tomo VI, del Apéndice de 1995, correspondiente a la Materia Común, Quinta Época. En el caso concreto quien suscribe estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIIII, en relación con la fracción V del artículo 107, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los casos que la improcedencia resulten de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)" Los actos de imposible reparación son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto cabe precisar que en la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, el legislador no se ocupó de esclarecer -en alguna disposición normativa- qué debía entenderse por actos de "imposible reparación" y, por tanto, fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno y en Salas, la que emitió diversos criterios jurisprudenciales en los que determinó en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables emitidos dentro de juicio. Sin embargo, a partir de que entró en vigor la nueva Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, han dejado de tener aplicación los criterios jurisprudenciales en los que se estableció que los actos intra-procesales pueden impugnarse en amparo indirecto cuando afecten a alguna de las partes en grado extraordinario, predominante o superior. Así lo es, porque en las fracciones III y V del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, el legislador expresamente estableció que para comprender el alcance de la expresión "actos de imposible reparación" debía entenderse únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin que pudieran entenderse otros aspectos, incluidas las violaciones procesales de carácter predominante o superior. Esa interpretación impide que los anteriores criterios de jurisprudencia cobren aplicación para hacer procedente el amparo contra una determinación procesal que implique afectación indirecta a los derechos sustantivos tutelados por la constitución y, para demostrarlo, basta tener presente el contenido del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, previamente transcrito. Por tanto, con base en esa disposición, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que en los procedimientos jurisdiccionales se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación no sólo deriva del texto legal invocado sino también del criterio emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013,3 donde destacó que ya no cabe considerar procedente el juicio de amparo indirecto contra cualquier determinación procesal que afectara a las partes en grado predominante o superior, porque ello resultaría incompatible con el nuevo texto legal, dado que en éste se estableció que los requisitos que caracterizan a los actos irreparables son: a)La exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y, b) Que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al 3 De la que derivó la jurisprudencia P./J. 37/2014 del rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, registro: 2006589. desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la Ley de Amparo respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no pueden seguirse aplicando los criterios anteriores que hacían procedente el juicio de amparo frente a una determinación procesal que implicara afectación indirecta a los derechos sustantivos tutelados por la constitución, ya que ahora se exige de una violación directa a esos derechos fundamentales. De esta forma, se arriba a la conclusión de que la resolución de segunda instancia que ordena la reposición del procedimiento, no es de los considerados de imposible reparación; acto que, aun cuando fue emitido dentro del procedimiento, no tiene una ejecución que pudiera producir una afectación directa e inmediatamente a un derecho sustantivo protegido por la constitución. Pues si bien la jurisprudencia 1a./J. 106/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, página 199, dice: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. La resolución de segunda instancia que deja insubsistente la sentencia de primer grado y ordena reponer el procedimiento de un juicio natural, para efecto de integrar el litisconsorcio pasivo necesario, no es un acto definitivo contra el que procede el amparo en la vía directa, porque no pone fin al juicio, de manera que su impugnación sólo podría efectuarse en la vía indirecta. Para ello, sin embargo, se requiere que dicho acto satisfaga el atributo de ser de imposible reparación. Y en efecto, constituye un acto procesal equiparable a los de imposible reparación, contra el cual procede el amparo en la vía indirecta, porque afecta en grado predominante o superior a la parte que obtuvo una sentencia con la que está conforme, pues por virtud de la resolución de alzada, se encuentra con que queda insubsistente aquel fallo, para llamar a un sujeto hasta ese momento ajeno a la litis, y que eventualmente puede no ser un litisconsorcio pasivo necesario, con lo que el nuevo juicio que se instaure podría, a la postre, ser inútil. Además, atendiendo a los efectos concretos que en cada caso resulten de la reposición del procedimiento, podrían existir consecuencias de imposible reparación que también hagan mérito para la procedencia del amparo indirecto, tales como 1) el que por virtud de la orden de reponer el procedimiento se nulifiquen actuaciones procesales ya practicadas, como el desahogo de pruebas que, ya para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran de vuelta (piénsese, por ejemplo, en el fallecimiento de testigos que ya rindieron testimonio o la destrucción de documentos), o 2) los requerimientos, bajo apercibimientos graves como el de desechar la demanda, formulados a la actora de cumplir con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento." Sin embargo, del contexto de la ejecutoria que le dio origen, se advierte que se tomó como premisa para concluir en el sentido apuntado, la interpretación que se hacía de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada. No obstante, como se señaló, conforme a lo dispuesto en la fracción V del numeral 107 de le Ley de Amparo vigente, dicha interpretación quedó superada y precisada en sentido diverso por el legislador quien delimitó los alcances de un acto de imposible reparación, excluyendo, sin distinción alguna, los relativos a los que producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, puesto que éstos no necesariamente llegan a trascender al resultado del fallo. De tal modo que la reposición de un procedimiento jurisdiccional, por más que causa una mayor o menor molestia en los litigantes que tendrán que volver a intervenir en defensa de sus intereses, así como una necesaria dilación en su resolución; empero, no justifica la procedencia del juicio de amparo en contra de la sentencia de segunda instancia que ordena la reposición, sino que actualmente se necesitaría una situación concreta, como es la nulificación del desahogo de pruebas que, ya para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran de vuelta, como es por el fallecimiento de testigos que ya rindieron testimonio o la destrucción de documentos. Pues bien, ninguno de esos supuestos se presenta en este asunto, deviene claro que la jurisprudencia de que se trata no resulta aplicable en el presente caso. Ello porque el único efecto en que se produce la reposición del procedimiento es en que deberá emplazarse, sujetarse a la Litis reconvencional; y a las consecuencias derivadas a quienes se ordenó integrar como litisconsortes, aspecto que, en caso de obtener sentencia favorable a sus intereses no generaría afectación alguna a los derechos adjetivos de la aquí quejosa. Más aún que en forma expresa, el tribunal de alzada ordenó dejar subsistentes las actuaciones consistentes en el escrito de demanda, emplazamiento, escritos de contestación de demanda, reconvención, contestación de esta y auto que las admiten, así como la medida cautelar decretada por auto de doce de marzo de dos mil veinte. La que sí aplica por la identidad de razón que surge entre el criterio jurídico que la informa y el que aquí se actualiza, es la diversa 2a./J. 23/2008, de rubro y texto: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." Consecuentemente, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio. No impide determinarlo así, que al momento de su presentación haya sido admitida la demanda de garantías y que se hubiese seguido el trámite del presente juicio hasta culminar con la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que por ser las causales de improcedencia una cuestión de orden público deben estudiarse preferentemente en cualquier etapa del juicio, si aquéllas se encuentran plenamente probadas a través de las constancias que obran en el expediente, sea que lo aleguen o no las partes. Máxime que para arribar a la conclusión aquí expuesta se requería del análisis exhaustivo de las constancias del acto reclamado, ello acorde a la jurisprudencia 87/2016, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Si bien la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación del juicio, a partir de lo cual podría afirmarse que la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento tiene efectos meramente procesales o adjetivos, establecer una regla general y absoluta implicaría propiciar un margen de error en las decisiones jurisdiccionales, pues no puede soslayarse que habrá casos en los que los efectos de una reposición del procedimiento sí pueden afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. De esta manera, el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. Por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva.". Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Rosa Durán Hernández y Juan Luis Cervantes Santana, respecto del acto reclamado a la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe, hoy veintisiete de julio de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron.- Doy fe.
- Principal
Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa ante el Secretario Luis Felipe Sánchez Luna, quien autoriza y da fe, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. El Secretario: Juicio de amparo V-391/2022 promovido por Rosa Durán Hernández y Juan Luis Cervantes Santana, a través de su apoderado, contra actos de la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que en el presente asunto tiene reconocido el carácter de tercera interesada María Guadalupe Tapia Plata, quien se encuentra emplazada en autos, así como notificada de la radicación del presente asunto por este órgano jurisdiccional; además, certifica: que el término de tres días concedido a dicha parte en proveído de veinte de abril pasado, a fin de que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, transcurrió del veinticinco al veintisiete de mayo anterior, sin que lo hubiere hecho. De la misma forma, se da cuenta con el estado de autos, específicamente con el escrito presentado por la parte quejosa el diecinueve de abril del año en curso, a través del cual, entre otras cuestiones, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones personales. También se hace constar que ninguna de las partes compareció a la presente audiencia. El Juez: Téngase hecha la relación que antecede; respecto al transcurso del término de tres días concedido a la tercera interesada en proveído de veinte de abril de la presente anualidad, a fin de que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, sin que lo hubiere hecho; se hace efectivo el apercibimiento formulado en tal actuación y con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista a dicha parte las resoluciones subsecuentes, hasta en tanto comparezca ante este órgano jurisdiccional a designar domicilio para tal efecto. Por otra parte, visto el estado de autos, en específico el escrito de referencia, así como el proveído de veinte de abril pasado, se obtiene que se omitió acordar respecto al señalamiento de domicilio de la parte quejosa; en tal virtud, se tiene a los promoventes designando domicilio para oír y recibir notificaciones personales en el presente asunto. Secretario, dé cuenta con el informe justificado que obra en autos. El Secretario: Se da cuenta con el informe rendido por la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. El Juez: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido tal informe. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que ofrecieron las partes. El Secretario: Se hace constar que obran dos cuadernos de pruebas por separado con la documental que la Magistrada responsable acompañó como sustento de su informe justificado, consistente en el toca I-11/2022, así como el juicio de origen. El Juez: Ténganse desahogado dicho medio de convicción y, al no existir más pruebas que verificar, se pasa al período de alegatos. El Secretario: Se hace constar que la partes no alegaron en la presente instancia constitucional. El Juez: Al no tener alegatos por reproducir concluye la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.Juez Tercero de Distrito en el Estado Omar Alejandro Elizalde Herrera Secretario del Juzgado Luis Felipe Sánchez LunaDva
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