Rosa de Lourdes Silva Ruiz

Expediente 275/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
275/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
12/04/2021

Partes del expediente

  • Rosa de Lourdes Silva Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 5 VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede, de la cual se desprende que el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído emitido el veintidós de marzo del presente año, en el cual se desechó de plano la demanda intentada por Rosa de Lourdes Silva Ruiz, transcurrió del cinco al nueve de marzo del año que transcurre; toda vez que fue notificada de manera personal el veintinueve de marzo del año actual, sin que haya interpuesto el recurso de queja que prevé el artículo 97, de la citada Ley; por tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA 5 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, a través del cual remite: Original del juicio de amparo 255/2021-VI-1, de su índice estadístico, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Rosa de Lourdes Silva Ruiz, por su propio derecho y en representación de las menores de identidad reservada con iniciales H. y S., de apellidos G.S. Lo anterior, en virtud de que por auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, determinó que este juzgado es el que le corresponde conocer de dicho juicio por conocimiento previo. Acúsese recibo. Por tanto, con apoyo en el artículo 49 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común específicamente en su numeral 36, fracción XIII, párrafo quinto y sexto, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del presente asunto. Por lo anterior, téngase a Rosa de Lourdes Silva Ruiz, por su propio derecho y en representación de las menores de identidad reservada con iniciales H. y S., de apellidos G.S., solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Fiscal General del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, que estima violatorios de los artículos 1, 4, 17, 20, 42, 43 y 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número de juicio de amparo indirecto 275/2021-5. Instrúyase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Tabasco, para que realice la compensación relativa en el SISE-OCC (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito). DESECHAMIENTO Ahora bien, el acto reclamado por la promovente consiste en: La omisión de procurar justicia de manera pronta en la carpeta de investigación CI-FVSV-194/2019. En la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de garantías, el Juez de Amparo debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113.- El Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado". En el caso, es indudable y manifiesta la improcedencia del juicio de amparo que se promueve, en contra de la autoridad que se señala como responsable, en atención a las siguientes consideraciones. El artículo 61, fracción XXIII, párrafo primero de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente.XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.C. De los derechos de la víctima u ofendido.VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". "Artículo 258. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". De lo anterior, se desprende, que los artículos 61, fracción XXIII, párrafo primero de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen, que el constituyente previó el derecho de la víctima u ofendido de impugnar ante la autoridad judicial, es decir, ante el Juez de Control, la omisión del Ministerio Público de investigador un delito. Refiriendo el propio precepto 61, en su fracción XXIII, de la Ley de la Materia, establece la improcedencia que resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley, lo que en el caso acontece, pues acorde a lo establecido en el artículo 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, en la que establece que las omisiones o abstenciones del ministerio público, son susceptibles de ser impugnadas ante la autoridad judicial. En ese sentido, el diverso numeral 258 de dicho Código Nacional de Procedimientos Penales establece el control judicial como medio de impugnación para que las partes acudan ante el juez de control ante la determinación del Ministerio Publico de abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Resulta pertinente señalar que los medios de impugnación son los actos procesales cuya finalidad es combatir la actuación u omisión de determinada autoridad, lograr que se realice un examen de lo actuado, y con ello, pretender un resultado favorable a los intereses de quien impugna. Ahora, la facultad de impugnar, prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido puede combatir las actuaciones del Ministerio Público, por lo cual, en los términos expuestos, constituye el medio de defensa idóneo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia con número de registro 257209, que en el rubro señala: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO." Luego, la inactividad del agente investigador para cumplir con sus atribuciones en favor de los intereses de la víctima u ofendido, constituye una omisión, que vulnera los derechos reconocidos en su favor para acceder a la justicia que busca, omisión que debe considerarse impugnable a través de un medio ordinario, porque así lo establece el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, así como el diverso 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este orden de ideas, al interpretar sistemáticamente las citadas normas -de jerarquía constitucional y legal-, y con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la "omisión" o "negligencia" del agente del Ministerio Público de cumplir con sus labores de investigación, es impugnable en términos de lo previsto en el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior es así, toda vez que el citado artículo prevé la posibilidad que tiene la víctima u ofendido, de impugnar las determinaciones que afectan o impiden lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones Por tanto, si en la especie la quejosa reclama la omisión del Fiscal General del Estado, como Superior Jerárquico, del Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Víctimas de Vulnerabilidad, con sede en esta ciudad, de procurar justicia de manera pronta en la carpeta de investigación CI-FVSV-194/2019, a su cargo, resulta inconcuso que sí cuenta con un medio de impugnación que tiene la obligación de agotar, previo a la promoción del juicio de amparo; a saber, el previsto en el citado artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, los citados actos deben ser reclamados en la vía jurisdiccional ordinaria, toda vez que como lo establecen el artículo 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, y el diverso 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, existe un medio ordinario para impugnar las omisiones en sede judicial durante la investigación que realice el Ministerio Público o fiscal; lo cual lleva implícita la posibilidad de impugnar el acto que aduce el recurrente por lo que, es imperativo para la víctima u ofendido agotar dicho recurso, previo a incoar el juicio de amparo, sin que en el caso opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. De esta forma, si bien las omisiones y dilaciones que alega la quejosa, constituyen una afectación al artículo 17 Constitucional, éstas no pueden ser analizadas desde luego a través del juicio de amparo, pues, como ya se dijo, la propia Constitución en su artículo 20, apartado C, fracción VII, en relación con el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen el medio de impugnación idóneo para reparar tal omisión. Además, debe destacarse que no considerarlo así, se impondría a la víctima u ofendido un mayor gravamen y dilación; pues en la forma propuesta, luego de una audiencia, el juez de control resolvería lo conducente; en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional bi-instancial, con la dilación que ello conlleva, para llegar eventualmente, al mismo resultado; de ahí que se establezca la improcedencia de la demanda que insta. Al respecto, resulta aplicable la tesis jurisprudencial 27/2018 (10a) pendiente de publicarse, la cual fue aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, que en su rubro y texto señala: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." En efecto, el principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso o medio de defensa ordinario procedente respecto a un determinado acto de autoridad; lo que se traduce en la obligación de la quejosa de agotar los medios de impugnación, antes de promover el juicio constitucional, por tanto, en la especie, el juicio de amparo es improcedente. Consecuentemente, contra las omisiones atribuidas al ministerio público en la etapa de investigación, resulta improcedente el juicio de amparo, dado que en contra de la misma se tendrá que acudir ante el Juez de Control correspondiente para agotar el procedimiento establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que la propia Constitución Federal consigna a su favor en términos del artículo 20, apartado C, Fracción VII; y en esas condiciones, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA, sin suspender el acto reclamado, con fundamento en el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Carta Magna. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en su demanda de amparo, y por autorizado a Santiago Quevedo Escobar, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y a la diversa persona que menciona, conforme a la parte final del segundo párrafo del artículo antes invocado, en virtud, de que ésta no cuenta con su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de los Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. En relación al correo electrónico y número telefónico que proporciona, este juzgado toma conocimiento de los mismos, únicamente como una comunicación no procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, toda vez que carecen de eficacia jurídica para los efectos de citas y notificaciones. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con lo dispuesto en los artículo 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 278 y 279 del código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2 del primero de los ordinarios invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este expediente; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales necesarias. Tomando en consideración el contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y en caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se les encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS En ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este juzgado federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a éste, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las demás partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del "juicio en línea". Asimismo, se les exhorta para que propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, asistido por Marseye Sánchez Bautista, Secretaria con quien actúa y da fe.

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