Rosa de Lourdes Silva Ruíz

Expediente 78/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 19 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
78/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
17/12/2021

Partes del expediente

  • Rosa de Lourdes Silva Ruíz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    VMESA 6 ILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se le NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal a Rosa de Lourdes Silva Ruíz por su propio derecho y en representación de las menores de identidad reservada de iniciales H.G.S. y S.G.S.; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días hábiles a recibir los diversos documentos originales que anexó como prueba en su escrito de demanda y que obran agregadas en el presente expediente; con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Empero, para la devolución de las documentales referidas, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que, el promovente o cualquiera de las personas autorizadas para ello, deberán comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que haya generado su cita, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se hará la devolución de sus documentos, por lo que deberá agendar nueva cita. Ahora, de conformidad con el artículo 15 del citado acuerdo, el horario presencial de este juzgado durante la contingencia sanitaria es de lunes a viernes de ocho horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, devuélvanse al Juez de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, un disco versátil digital (DVD) y a la Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de la Fiscalía de Victimas en Situación de Vulnerabilidad, las copias certificadas de la carpeta de investigación CI-FVSV-194/2019, de su índice, las cuales adjuntaron a sus respectivos informes justificados que rindieron y que se manejaron por cuerda separada. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Rosa de Lourdes Silva Ruiz, por su propio derecho y en representación de las menores de identidad reservada de iniciales H.G.S. y S.G.S., contra el acto reclamado a la autoridad responsable Juez de Control de la Región Judicial Nueve, con residencia en Centro, Tabasco, por las razones expuestas en el considerando QUINTO de esta resolución. SEGUNDO. En atención a lo señalado en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN CONFORME A LOS ARTÍCULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 78/2021-6, promovido por Rosa de Lourdes Silva Ruiz, por su propio derecho y en representación de las menores de identidad reservada de iniciales H.G.S. y S.G.S., contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Nueve, con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibida el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada el veintiséis siguiente en la Oficina de Correspondencia Común y turnada a éste órgano jurisdiccional el veintisiete de enero posterior, Rosa de Lourdes Silva Ruiz, por su propio derecho y en representación de las menores de identidad reservada de iniciales H.G.S. y S.G.S., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridad que a continuación se detallan: AUTORIDAD RESPONSABLE: 1.- JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL NUEVE, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. ACTOS RECLAMADOS: ".Resolución del seis de enero de dos mil veintiuno, dictada por la responsable en la audiencia de control judicial que consta en la carpeta administrativa 115/2019, que determina: a).- No citar a Martha Patricia Nadal Pérez en su carácter de Directora del Colegio Anáhuac Villahermosa, para que rinda entrevista, relacionadas con la función y cuestiones que por el cargo que ostenta, tiene pleno conocimiento; y, b).- La omisión de resolver sobre la procedencia de citar a los propietarios y/o socios del Colegio Anáhuac Villahermosa y dejar nuevamente la potestad a la fiscal del ministerio público que tiene a cargo la carpeta de investigación CI-FVSV- 194/2019 del índice de la Fiscalía de Víctima en Situación de Vulnerabilidad de Centro, Tabasco." SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el expediente 78/2021-6, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado, se otorgó la legal intervención al fiscal federal de la adscripción y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. JORGE TESLA SALAZAR DE LA CRUZ TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. El diez de marzo de dos mil veintiuno, se realizó el emplazamiento de la tercero interesada Zoila María Luna de Dios, Fiscal del Ministerio Público adscrita al Centro de Procuración de Justicia de Centro, Tabasco. De igual forma, en veinte de julio del año en curso, se emplazó al presente asunto mediante lista de acuerdos a los terceros interesados Víctor Manuel Leyva de la O y Martha Patricia Nadal Pérez. Posteriormente, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son estos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 741, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. 1 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;????? Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".2 Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: ? La decisión de la Juez de Control, al resolver la audiencia prevista en el artículo 258 del 2 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico. Código Nacional de Procedimientos Penales, de fecha seis de enero de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta administrativa 115/2019, del índice del juzgado responsable, de lo siguiente: a. Por una parte, determinó no citar a Martha Patricia Nadal Pérez, en su carácter de directora del colegio Anáhuac, Villahermosa, para rendir su entrevista en relación a los hechos que se investigan. b. Por otra parte, la omisión de resolver lo relativo a la procedencia de citar o no, a una entrevista a los propietarios o dueños de la citada escuela. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Juez de Control de la Región Judicial Nueve, con residencia en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado, admitió la existencia de los actos reclamados. Lo que se corrobora con las constancias que anexó a su informe justificado consistente en copias certificadas del oficio UIFVSV-139/2021 de veintisiete de enero de dos mil veintiuno; así como con la copia certificada de audio y video en formato "DVD" (un disco), el cual contiene la audiencia de control de seis de enero de dos mil veintiuno, celebrada dentro de la citada causa????? penal de origen, a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 79, 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridad en el ejercicio de su encargo, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Con relación a la justipreciación de las videograbaciones indicadas, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL."3 En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la quejosa se encuentra plenamente probado. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia4 del texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 625 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTE JUZGADO FEDERAL. El presente asunto reviste características especiales que imponen suplir los conceptos de violación planteados no solo de conformidad por lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso b), 3 Décima Época. Registro: 2004362. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1. Materia(s): Común. Página: 703. 4 Publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia(s): Común, visible en la página 206, 5Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo?????? de la Ley de Amparo, sino en atención a que involucra a menores de edad, por lo que debe atenderse en todo momento al interés superior del menor lo que le resulte benéfico y permita el desarrollo pleno y efectivo de todos sus derechos. Aunado a que "el interés superior de un niño en una situación concreta de vulnerabilidad no será el mismo que el de todos los niños en la misma situación de vulnerabilidad". Las autoridades y los responsables de la toma de decisiones deben tener en cuenta los diferentes tipos y grados de vulnerabilidad de los menores de edad, ya que cada niño es único y cada situación debe evaluarse de acuerdo con su condición única; de ahí que deba evaluarse la adopción de medidas especiales para ello. Sirve de sustento a lo anterior, lo resuelto por la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 113/2019 (10a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época y publicada el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, de texto siguiente: "DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE". En ese tenor, es preciso señalar que la parte quejosa aduce que el acto reclamado viola los artículos 1, 16, 17 y 20, apartado A, fracción I, apartado C, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto sustancialmente refiere: ? Que la resolución tomada en la audiencia de control no se encuentra debidamente fundada ni motivada, en virtud de que niega que sean citados a entrevista Martha Patricia Nadal Pérez y los propietarios y/o socios del colegio Anáhuac Villahermosa. ? Que la citada Martha Patricia Nadal Pérez, es quien puede proporcionar de forma rápida y sin aleccionamiento mediante entrevista directa, datos relacionados con el manejo del equipo de cómputo donde se resguardaban las videograbaciones, la plantilla de los vigilantes, personal de limpieza y administrativo.??????? ? También aduce que los dueños, socios y propietarios del colegio Anáhuac Villahermosa, deben ser citados para que rindan testimonio conforme a sus intereses legales, toda vez que los delitos se cometen por acción y omisión, y es probable que de haberse cometido el delito, éstos pudieran tener una responsabilidad en el ámbito penal. ? Concluye, que al haber negado la juez responsable las entrevistas de las personas antes mencionadas, dicha determinación vulnera sus derechos fundamentales, ya que no se cumpliría con los fines del proceso penal, como lo es el esclarecimiento de los hechos y evitar que el culpable no quede impune, pues agrega que con ello se deja de administrar justicia, violándose el artículo 17 Constitucional. De lo expuesto, esta Juzgadora considera que los actos reclamados por la parte quejosa, se encuentran relacionados con las obligaciones que tiene el Ministerio Público Investigador, al momento de integrar la carpeta de investigación, en este caso de ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del Órgano jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su reparación. Por lo tanto, son infundados los conceptos de violación formulados por la accionante de amparo; en atención a las siguientes consideraciones. Para ello, conviene señalar que el objeto del juicio de amparo se relaciona con actos de investigación del Ministerio Público, conforme a las reglas establecidas por el Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, cabe recordar que el artículo 258 de la citada legislación procesal penal nacional, regula un mecanismo ordinario de defensa cuyo objeto, en términos generales, es analizar la legalidad de la actuación de la autoridad investigadora durante el desarrollo de la etapa de investigación. Para dar una mayor explicación a lo anterior, en primer lugar, se hará referencia a los elementos básicos sobre el deber de emprender una?? investigación diligente, en el marco del sistema penal acusatorio para, posteriormente, abordar las circunstancias del caso. - La facultad de investigar del Ministerio Público conforme al Sistema de Justicia Penal Acusatorio Como es ampliamente conocido, el dieciocho de junio de dos mil ocho, tuvo lugar una reforma constitucional que trajo aparejado un cambio trascendental en nuestro sistema de justicia penal, esto es, la instauración del sistema acusatorio. Así, el Poder Revisor de la Constitución decidió transitar del sistema tradicional-mixto a uno de corte acusatorio, adversarial y oral, que busca hacer efectivo el respeto al debido proceso y a los principios constitucionales que lo sostienen. En ese sentido, el sistema acusatorio procura un punto de equilibrio entre los derechos del imputado y la víctima, de tal forma que la instauración de un proceso penal permita castigar a aquellos responsables de la comisión de un injusto penal; y, que la víctima que resintió la JORGE afectación obtenga un resarcimiento del daño causado. Ahora bien, en virtud de ser una parte importante de la argumentación del recurrente, debe hacerse una referencia a las características y principios que rigen el sistema penal acusatorio, las cuales encuentran sustento en el artículo 20, párrafo primero de la Constitución Federal, el cual - en lo conducente- establece: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación" La primera de las características se obtiene de su corte acusatorio que tiene sus bases en el contenido del artículo 21 constitucional, el cual, en sus párrafos primero y segundo, establecen que la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal atañe al Ministerio Público. Lo anterior, resulta especialmente relevante porque, tal como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Contradicción de Tesis 190/2019, "se encuentra íntimamente ligado con la distribución de funciones entre las partes, pues mientras que al Ministerio Público le corresponde investigar y formular????? acusación, al juzgador o tribunal de enjuiciamiento le compete la función de juzgar." En lo tocante al tema de oralidad, se desprende del papel preponderante en el desarrollo de todas las etapas del proceso, y converge con los principios que rigen el sistema, haciéndolo efectivo de manera constante en el desarrollo de cada audiencia, frente al juez. Por otra parte y en lo relevante al asunto, los principios que rigen el sistema acusatorio se encuentran previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. No obstante, para efectos del presente estudio, basta referirse al principio de contradicción reconocido en el artículo 6o. de la mencionada legislación, que establece: "Artículo 6o. Principio de contradicción Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este Código." De la lectura, se advierte que el referido principio de contradicción exige que las partes puedan conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte. En ese sentido, queda claro que el principio de contradicción se constituye como pieza clave para el correcto desarrollo del proceso y que configura el sistema acusatorio, pues a través de aquel es posible "la interacción real de los sujetos procesales, no solo en la etapa de juicio, sino en las diversas etapas del proceso." Puesto el marco referencial anterior, se debe regresar al artículo 21 de la Constitución Federal, la cual, en sus párrafos primero y segundo, establece lo siguiente: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial." Con base en lo anterior, en la Contradicción de Tesis 174/2012, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación destacó que -de acuerdo con el artículo 21 constitucional- el Ministerio Público tiene encomendadas dos funciones específicas en materia penal, a saber:??????? I. Una función investigadora, la cual consiste en la facultad/deber de indagar sobre la posible comisión de un evento delictivo, practicando las diligencias correspondientes a fin de ejercer acción penal, cuando considere que hay elementos suficientes para ello. II. Una función acusadora, la cual puede entenderse como el deber de sostener la imputación formulada en contra de determinada persona a lo largo de todas las etapas del proceso, hasta el momento en que la autoridad jurisdiccional resuelva en definitiva en torno a dicho conflicto penal. No se inadvierte que los criterios previamente señalados tuvieron origen en el marco del sistema de justicia penal mixto, sin embargo, se estiman útiles para el presente asunto, en tanto que se desprende la distribución de funciones que esencialmente corresponden a la autoridad investigadora. Asimismo, cabe mencionar que el Ministerio Público goza de un carácter dual en la participación que desempeña durante el proceso penal acusatorio. Lo anterior es así porque dicha autoridad tiene a su cargo la obligación estatal de emprender una investigación diligente -en materia penal- y, consecuentemente, integrar las investigaciones respectivas que se generan en el despliegue de dicha obligación primigenia, lo que incluye el ejercicio de la acción penal, en términos del artículo 21 constitucional -particularmente sus párrafos primero y segundo-y 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bajo ese carácter, queda claro que la fiscalía se constituye como un ente público dotado del carácter de autoridad al desplegar funciones encomendadas por la Constitución Federal a través de una relación de supra a subordinación frente a los particulares. No obstante, tal como se mencionó con anterioridad, "una vez que el representante social judicializa la investigación, con la finalidad de poner en conocimiento a la autoridad jurisdiccional su pretensión de ejercer acción penal contra alguna persona determinada, la calidad procesal del Ministerio Público cambia de autoridad -en la integración de la carpeta de investigación o investigación inicial- a parte del proceso penal", de conformidad con el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales.??????? Ahora, debe decirse que el Ministerio Público - a partir de los deberes de investigación que corren a su cargo- se encuentra constitucional y convencionalmente obligado a emprender una investigación seria, que asuma como un deber propio y que esté encaminada en buscar, de manera efectiva, el esclarecimiento de los hechos y, en la medida de lo posible, la veracidad de los mismos. Tal deber de investigar se concretiza, entre otros, en las disposiciones que para tal efecto prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ello, debe recordarse de manera breve que la legislación procesal en cita prevé -en su artículo 211- que el procedimiento penal acusatorio, se conforma por las etapas siguientes: i) La de investigación, que comprende la investigación inicial y la investigación complementaria. ii) La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. iii) La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. La etapa de investigación -tal como se sostuvo en el Amparo en Revisión 669/2015- tiene por objeto determinar si hay fundamento para iniciar un proceso penal, mediante la obtención de datos de prueba que permitan sustentar la acusación y garantizar la defensa del indiciado. Así, dicha etapa: "Deberá iniciar con una denuncia o una querella y estará a cargo -en una primera fase- del Ministerio Público, así como de la policía actuando bajo su conducción y mando, como lo dispone el primer párrafo del artículo 21 de la Ley Fundamental. Por tanto, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, deberá promover y dirigir una investigación dentro de la que realizará las diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos, las cuales deberán quedar registradas en la carpeta de investigación que para el efecto se integre." Bajo ese marco contextual, el Fiscal en que momento una diligencia puede considerarla como conducente para el esclarecimiento de los hechos, para efecto que despliegue su obligación de investigar diligentemente.?????? En primer lugar, debe destacarse que el artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone: "Artículo 216. Proposición de actos de investigación Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público." (Énfasis añadido). La disposición transcrita es clara al destacar que, si bien, las partes podrán solicitar al Ministerio Público la realización de aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles, cierto es que la autoridad investigadora no está obligada a realizarlos -por la mera solicitud-, sino que debe acreditarse la conducencia de tales actos de investigación y, con ello, la fiscalía se encuentre legalmente obligada a emprender acción. Dicho de otro modo, la conducencia de un dato de prueba es un elemento determinante para establecer la obligación a la autoridad ministerial de ejecutar los actos de investigación solicitados por las partes. De manera ilustrativa y en virtud de la utilidad orientadora del derecho comparado, el Tribunal Constitucional de Perú remarcó que "el fiscal no debe investigar al azar, para ver qué se encuentra, sino que se debe partir de una hipótesis basada en hechos específicos para determinar su verosimilitud o no a lo largo de la investigación. En un Estado constitucional no se debe tolerar pesquisas e indagaciones (fiscales o policiales) indeterminadas o sin hechos precisos." En suma a lo dicho, resulta igualmente esclarecedor para el análisis de la temática en estudio, el posicionamiento que la doctrina ha desarrollado sobre el tema. Conforme a lo anterior, se ha señalado la existencia de un aspecto fundamental para la adecuada investigación del delito, que bajo el marco de pensamiento de Michele Taruffo, puede identificarse como el criterio de relevancia que funciona como punto de partida cognoscitivo. Debido a la relevancia de esta cuestión teórica para la resolución del caso -que tiene su impacto en la legislación procesal penal nacional que se analiza- se destaca lo siguiente:?????? "En el contexto del proceso entran en juego dos criterios de relevancia que operan como estándares de elección de la descripción del hecho que se enuncia: la relevancia jurídica y la relevancia lógica del hecho del cual se habla. La relevancia jurídica deriva de la calificación del hecho según la norma que se le aplique, a los efectos de la decisión. En consecuencia, es la norma (o mejor dicho: la abstrakte Tatbestand definida por la norma) la que opera tanto como criterio de selección de las connotaciones del hecho que se consideran importantes, como de exclusión de las innumerables connotaciones del hecho que no interesan a los efectos de su aplicación. Así, entre las innumerables posibles descripciones de aquel hecho, se selecciona aquélla que permite que el hecho sea jurídicamente cualificado según la norma aplicable (se habla de hechos jurídicos, principales, constitutivos, materiales, etc.). La relevancia lógica caracteriza aquellos hechos que no son jurídicamente calificados por norma alguna, pero que, sin embargo, pueden entrar en el proceso en la medida en que a través de su conocimiento se pueden extraer conclusiones útiles para demostrar la verdad o falsedad de un hecho jurídicamente calificado. En ese caso, el criterio de relevancia, y por lo tanto el contenido del enunciado que da cuenta de ese hecho -que se acostumbrar a denominar como secundario, simple, indiciario o circunstancial- está constituido por la formulación de una inferencia (de allí la naturaleza lógica de este concepto de relevancia) capaz de relacionar el hecho secundario con un hecho principal transformando al primero en la premisa de una conclusión referida al segundo. Entre las infinitas descripciones posibles de un hecho secundario, se elige entonces la que permita la formulación de una inferencia de ese tipo, excluyendo aquellas que no tengan dicha función." De esta manera, la conducencia de un acto de investigación no es otra cosa que el criterio de relevancia -en su vertiente jurídica- propuesto por Michele Taruffo. De modo que, un acto de investigación solo es conducente si selecciona, entre la enorme cantidad de supuestos fácticos, las connotaciones del hecho que resultan importantes para efectos de actualizar la aplicación de la norma jurídica de que se trate. Dicho de otro modo, lo que permite demostrar la conducencia de un acto de investigación radica en el nexo que tiene con el supuesto de hecho previsto en la norma que pretende acreditarse. De modo que, si el acto de investigación no guarda relación con alguno de los elementos que integran el tipo penal que se indaga, lo consecuente es considerar que aquél no es conducente para efectos de demostrar la existencia o no del hecho que la ley señala como delito. Expuesto lo anterior, en el caso particular de acuerdo a lo verbalizado por las partes en la audiencia de control de seis de enero de dos mil??????? veintiuno, relativa al cuadernillo judicial 115/2019, el cual deriva de la carpeta de investigación CIFVSV- 194/2019, en la cual la quejosa Rosa de Lourdes Silva Ruiz por propio derecho y en representación de las menores de iniciales H. y S. ambas de apellidos G. S., es denunciante del hecho con apariencia de delito de pederastia, misma que se encuentra en etapa de integración, es decir, durante la investigación inicial. En la referida audiencia de control, el asesor jurídico de la quejosa, así como la impetrante manifestaron que con excepción de la entrevista a la tercero interesada Martha Patricia Nadal Pérez, todas las demás se llevaron a cabo, solicitando a la juez responsable que se cite a dicha persona a fin de que responda a las preguntas que se le realicen, como Directora del plantel educativo donde aparentemente ocurrieron los hechos investigados. Asimismo, en su narración, el asesor jurídico de la quejosa hizo del conocimiento de la Juez de control que la autoridad ministerial ha sido omisa en recabar la información relativa a conocer el nombre de los propietarios o socios del Colegio Anahuac, Villahermosa, agregando que por su cuenta consiguió dicha información en el Registro Público de la Propiedad, por lo que solicitó que, con esa información la fiscal citara a una entrevista a los propietarios o socios de la referida escuela. En uso de la voz, la agente del Ministerio Público señaló que en consideración a lo antes manifestado por el asesor jurídico, para poder determinar la procedencia de los actos encaminados a investigar los hechos que fueron denunciados, primero se debe de contar con la finalidad de cada acto de investigación, ya que previo a ello, tiene que justificarse para ver si esos actos son pertinentes en la investigación. Asimismo, la Fiscal del Ministerio Público Investigadora manifestó que no va a limitar al asesor jurídico en cuanto a coadyuvar con ella en el presente asunto, ya que por su parte ella atraerá todas las líneas de investigación posibles, por lo que respecta a la posible comisión del delito de pederastia que se persigue, precisando que cada acto de investigación debe tener pertinencia con la teoría del caso, debiéndose de justificar, pues el hecho de citar a una persona es un acto de molestia en el cual se le tiene que informar a la persona citada a la entrevista, porqué se le citó, de qué se le acusa y quién la acusa. Concluyendo, que el asesor jurídico deberá especificarle cuál es la información que desea obtener de los dueños del colegio, para estar en??????? condiciones de efectuar el acto de investigación, o bien, si solo quiere tener el nombre de los dueños del colegio, para poder actuar con posterioridad. En réplica de lo anterior, el asesor jurídico de la parte quejosa manifestó que todo ello es parte de la investigación y que esa ha sido la esencia de parte de la fiscal investigadora de poner trabas, ya que aduce existen terceras personas que tienen el influyentismo y entorpecen la investigación, agregando que los actos de investigación no se pueden limitar. Con base en lo expuesto, la Juez de Control señaló, que la fiscalía debe de seguir la línea de investigación de quienes son los que laboran en esa escuela, además de concretarse en indagar quienes son los propietarios o socios de dicho colegio en el cual se presume ocurrieron los hechos que se investigan, para lo cual deberá realizar más actos de investigación encaminados a esclarecer los diversos grados de intervención de los hechos acontecidos en la citada escuela. Además, precisó que la Fiscal del Ministerio Público Investigadora deberá con base en los documentos aportados por el asesor jurídico de la parte quejosa y la contestación dada por la Secretaría de Educación Pública, realizar los actos de investigación que considere pertinentes para establecer de manera clara quienes son los propietarios o los directamente responsables del colegio donde se presume acontecieron los hechos delictivos. En cuanto a la entrevista de la señora Martha Patricia Nadal Pérez, señaló que se le citaría en su momento dado como Directora del plantel educativo y no como testigo de los hechos, para que proporcione la información requerida consistente en los nombres de los dueños o propietarios del citado colegio, o bien, se le requiera para que mediante oficio brinde dicha información en vía de informe, con independencia de los demás datos que pueda recabar en dicha investigación. Finalmente, determinó que la fiscal investigadora, con base en los documentos aportados por el asesor jurídico, en lo informado por la Secretaría de Educación Pública y los demás datos que recabe, deberá realizar el análisis de todos esos documentos, a fin de poder establecer de manera concreta quienes fungen como dueños de la citada escuela y tener la certeza de ello, para lo cual deberá recabar toda la información necesaria y una vez que la obtenga, pueda considerar atendiendo a como marche la?????? investigación y en base a lo peticionado por el asesor jurídico de la quejosa citarlos a una entrevista. Precisado lo anterior, a criterio de esta Juzgadora, fueron correctas las consideraciones de la Juez responsable en la audiencia de seis de enero de dos mil veintiuno, emitida en la carpeta administrativa 115/2019, que se sintetizan de la siguiente manera: a. Ordenar a la Fiscalía realizar actos de investigación encaminados a esclarecer los hechos. b. Además, ordenó a la Fiscal que en base a los documentos aportados por el Asesor Jurídico y la contestación de la Secretaría de Educación Pública, deberá realizar los actos de investigación que considere pertinentes para establecer de manera clara quienes son los propietarios o los directamente responsables del colegio donde se presume acontecieron los hechos delictivos. c. En cuanto a la entrevista de la señora Martha Patricia Nadal Pérez, señaló que se le citaría en su momento dado como Directora del plantel educativo y no como testigo de los hechos, para que proporcione la información requerida consistente en los nombres de los dueños o propietarios del citado colegio, o bien, se le requiera para que mediante oficio brinde dicha información en vía de informe, con independencia de los demás datos que pueda recabar en dicha investigación. d. Finalmente, determinó que la fiscal investigadora, con base en los documentos aportados por el asesor jurídico, en lo informado por la Secretaría de Educación Pública y los demás datos que recabe, deberá realizar el análisis de todos esos documentos, a fin de poder establecer de manera concreta quienes fungen como dueños de la citada escuela y tener la certeza de ello, para lo cual deberá recabar toda la información necesaria y una vez que la obtenga, pueda considerar atendiendo a como marche la investigación y en base a lo peticionado por el asesor jurídico de la quejosa citarlos a una entrevista. Como se aprecia, la Juez responsable no fue omisa en pronunciarse sobre la citación de las personas Martha Patricia Nadal Pérez y los propietarios o socios del Colegio Anáhuac???? Villahermosa, pues solo indicó a la Fiscalía que cumpliera con la función investigadora, la cual consiste en la facultad/deber de indagar sobre la posible comisión de un evento delictivo, practicando las diligencias correspondientes a fin de ejercer acción penal, cuando considere que hay elementos suficientes para ello. Lo anterior es así porque dicha autoridad tiene a su cargo la obligación estatal de emprender una investigación diligente y, consecuentemente, integrar las investigaciones respectivas que se generan en el despliegue de dicha obligación primigenia, lo que incluye el ejercicio de la acción penal, en términos del artículo 21 constitucional. En efecto, la Juez responsable, ordenó a la Fiscalía Investigadora que una vez realizados los actos de investigación que le corresponden, de manera integral junto con las pruebas aportadas por las partes en este caso por el Asesor Jurídico de la Víctima, cumpliera con su obligación de determinar bajo una evaluación bajo el criterio de relevancia probatoria es decir determinar la conducencia de ejecutar los actos de investigación de las partes, en lo relativo a las entrevistas de las personas solicitadas. Es decir, los criterios de relevancia permiten identificar la relación (o nexo) que un acto de investigación puede -o no- tener con el supuesto de hecho previsto en la norma que pretende acreditarse. De este modo, un acto de investigación sólo es conducente si selecciona las connotaciones del hecho que resultan importantes para actualizar la aplicación de la norma jurídica que es materia de la litis procesal (en este caso, de la investigación). Por otra parte, no deben tolerarse pesquisas e indagaciones indeterminadas o sin hechos precisos; por esa razón, los fiscales tienen la obligación de evitar realizar actos de investigación al azar, tendenciosos o innecesarios para la integración de la indagatoria y, en consecuencia, la solicitud de incorporar determinado dato de prueba a los antecedentes ministeriales debe someterse a un escrutinio probatorio como el descrito. Por lo tanto, fue correcta la decisión de la Juez responsable, al ordenar a la Fiscal Investigación cumpliera con su función investigadora, recabando datos de prueba y una vez obtenidos de manera integral valorara junto con los ofrecidos por el Asesor Jurídico de la víctima y determinará la conducencia en los hechos investigados las entrevistas solicitadas.??????? Lo anterior, toda vez que la conducencia de un dato de prueba es un elemento determinante para establecer la obligación a la autoridad ministerial de ejecutar los actos de investigación, en este caso por la Asesora Jurídica. Lo anterior, dio origen a la tesis aislada con registro 2023692, emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la Undécima Época, con datos pendientes de publicar, cuyo rubro y texto dice: "ACTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. LA FACULTAD DE LAS PARTES DE PROPONER AL MINISTERIO PÚBLICO QUE REALICE LOS QUE CONSIDERAN PERTINENTES Y ÚTILES PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 216 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ESTÁ LIMITADA A UNA EVALUACIÓN BAJO EL CRITERIO DE RELEVANCIA PROBATORIA (CONDUCENCIA), PARA ESTABLECER LA OBLIGACIÓN DE DICHA AUTORIDAD DE EJECUTARLOS. Hechos: El quejoso, a quien se le relaciona con la integración de una carpeta de investigación por un hecho con apariencia de delito, solicitó al Ministerio Público que se citara a diversos testigos para que rindieran su entrevista y se integrara ese dato de prueba a los antecedentes de la indagatoria; la autoridad investigadora negó la realización de esas diligencias, pues consideró que no eran conducentes para acreditar el ilícito. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que si bien el artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales faculta a las partes para proponer al Ministerio Público la realización de actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos, lo cierto es que dicha facultad no es absoluta; por el contrario, se encuentra limitada a una evaluación bajo el criterio de relevancia probatoria (conducencia), pues dicha pauta permitirá establecer -o no- la obligación, a cargo de la autoridad ministerial, de ejecutar los actos de investigación solicitados por las partes. Justificación: En la doctrina, específicamente haciendo referencia a trabajos elaborados por el jurista Michele Taruffo, los criterios de relevancia permiten identificar la relación (o nexo) que un acto de investigación puede -o no- tener con el supuesto de hecho previsto en la norma que pretende acreditarse. De este modo, un acto de investigación sólo es conducente si selecciona las connotaciones del hecho que resultan importantes para actualizar la aplicación de la norma jurídica que es materia de la litis procesal (en este caso, de la investigación). Por otra parte, haciendo uso del derecho comparado, un posicionamiento que resulta esclarecedor para la postura que se sostiene es el emitido por el Tribunal Constitucional Peruano el cual, en esencia, refirió que en un Estado constitucional (como el Mexicano) no deben tolerarse pesquisas e indagaciones indeterminadas o sin hechos precisos; por esa razón, los fiscales tienen la obligación de evitar realizar actos de investigación al azar, tendenciosos o innecesarios para la integración de la indagatoria y, en consecuencia, la solicitud de incorporar determinado dato de prueba a los antecedentes???? ministeriales debe someterse a un escrutinio probatorio como el descrito". En consecuencia, al resultar infundados los motivos de disensos expuestos por el quejoso y no advertirse queja deficiente que suplir que pueda beneficiarlo, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Apoya lo anterior, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, con número de registro 231142, localizable en la página 186, tomo I, segunda parte-1, enero-junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INFUNDADOS. Los conceptos de violación son infundados cuando con los argumentos de carácter jurídico que se invocan en ellos, no se demuestra que los fundamentos del acto reclamado sean violatorios de garantías individuales." SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Rosa de Lourdes Silva Ruiz, por su propio derecho y en representación de las menores de identidad reservada de iniciales H.G.S. y S.G.S., contra el acto reclamado a la autoridad responsable Juez de Control de la Región Judicial Nueve, con residencia en Centro, Tabasco, por las razones expuestas en el considerando QUINTO de esta resolución.??? SEGUNDO. En atención a lo señalado en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en veinte de julio del año en curso, se emplazó a juicio por lista de acuerdos a los terceros interesados Víctor Manuel Leyva de la O y Martha Patricia Nadal Pérez, y se les dio vista con los proveídos de diecisiete de febrero y dieciocho de mayo de mayo, ambos del año en curso, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que el plazo de ocho días para que se impongan de sus contenidos se encuentra transcurriendo. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

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