Rosa de Lourdes Silva Ruiz

Expediente 316/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
316/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
06/05/2021

Partes del expediente

  • Rosa de Lourdes Silva Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita el acuse de recibo en el cual este juzgado se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Rosa de Lourdes Silva Ruiz. Atento a lo anterior, infórmese al homólogo Federal que por acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el original de la demanda de amparo 250/2021-VIII de su índice estadístico, en el que se aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del mismo; por tanto, expídase de nueva cuenta el oficio 9057/2021, mediante el cual se le comunicó lo anterior, a fin de que esté en aptitud de acordar lo que a derecho corresponda. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede, de la cual se desprende que el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído emitido el treinta de marzo del presente año, en el cual se desechó de plano la demanda intentada por Rosa de Lourdes Silva Ruiz, transcurrió del catorce al veinte de abril del año que transcurre, sin que haya interpuesto el recurso de queja que prevé el artículo 97, de la citada Ley; por tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en proveído de tres de febrero pasado, se tuvo a la Segunda Regidora y Primera Sindica del Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo, Tabasco, remitiendo copia certificada del calendario de pagos realizado por el Director de Programación de dicho ayuntamiento, sin que con posterioridad informara respecto al cumplimiento del fallo protector. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo requiérase a todos los integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo, Tabasco, para que en el plazo de DIEZ DÍAS HABILES, siguientes al en que queden notificados del presente auto, remitan copia certificada de las constancias con las cuales acrediten el pago de $364,221.40 (trescientos sesenta y cuatro mil doscientos veintiún pesos 40/100 moneda nacional), a favor de Beatriz Viviana Vidal Murillo. Apercibidos que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se les impondrá multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos), la que se deduce de multiplicar por cien la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero del presente año, al tenor de la parte conducente de los artículos 192, 193, 195, 197 y 258 de la Ley de Amparo, y se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Laboral del Décimo Circuito, en turno, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pudiendo concluir con su inmediata separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, página 19, Décima Época, de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Notifíquese.

  4. Principal

    MESA 10.- Con fundamento en el artículo 27 Inciso C) de la Ley de Amparo, notifico el acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintiuno, a la parte quejosa, en virtud de no haberse presentado dentro de los dos días hábiles siguientes, tal y como le fue indicado en el aviso, acuerdo que en lo conducente dice:------------------------------------------------------------- VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. TRAMITACION DE LA DEMANDA Visto; agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, a través del cual remite: Original de la demanda de amparo que registró bajo el juicio de amparo 250/2021-VIII de su índice estadístico, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Rosa de Lourdes Silva Ruiz. Lo anterior, en virtud de que por auto de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, determinó que este juzgado es el que le corresponde conocer de dicho juicio por conocimiento previo. Acúsese recibo. Por tanto, con apoyo en el artículo 49 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común específicamente en su numeral 36, fracción XIII, párrafo quinto y sexto, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del presente asunto. Lo anterior no significa que el suscrito comparta el criterio tomado por el Juez declinante, respecto de que los actos reclamados se encuentran vinculados entre sí, conformando una unidad; ya que se sostiene la determinación tomada en la separación de juicios, en el sentido de que los actos reclamados por la recurrente de amparo derivan de expedientes distintos, los cuales atribuye a autoridades diversas; por tanto, se trata de actos desvinculados entre sí, y no como lo concluye el homólogo. No obstante, este juzgado acepta el returno planteado, en virtud de que en cuanto a la carpeta de investigación FVSV-194/2019, existe antecedente de un juicio de amparo promovido por la parte quejosa, por hechos derivados de la misma. Instrúyase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, para que realice la compensación relativa en el SISE-OCC (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito). Por lo anterior, téngase a Rosa de Lourdes Silva Ruiz, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Gobernador del Estado de Tabasco, que estima violatorios de los artículos 1, 4, 17, 20, 42, 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 316/2021-10. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no podrá el juez formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Encuentra apoyo lo anterior en la Jurisprudencia XVII.2o.J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648, Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora, en el caso, es necesario precisar cuál es el acto que le agravia a la quejosa, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Ahora, en virtud del análisis realizado a la demanda de cuenta, y a fin de estar en aptitud de establecer los motivos de improcedencia, se procede a precisar el acto reclamado: La omisión del Gobernador del Estado de Tabasco de iniciar procedimiento de remoción del Fiscal General del Estado de Tabasco, por violación a los derechos humanos de la quejosa y sus menores hijas, en la carpeta de investigación CI-FVSV-194/2019, del índice de la Fiscalía de Victimas en Situación de vulnerabilidad." Bajo esa perspectiva, resulta procedente desechar la demanda de amparo que se promueve, porque del estudio integral de la demanda se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1, fracción 1, y 5, fracción II, de la ley de Amparo. El artículo 61, fracción XXIII, de la ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Por su parte, los diversos ordinales 1, fracción I y 5 fracciones II de la ley de la materia, establecen. "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: l. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos las garantías otorgadas. " "Artículo 50. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría, extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de ésta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. " Ahora bien, en el caso, el acto reclamado no es susceptible de analizarse en el presente juicio de amparo, ya que no es dable dirimir cuestiones atinentes a la remoción de servidores públicos en ejercicio de sus funciones. Cuya omisión de iniciar la investigación y/o procedimiento de manera oficiosa se reclama al Gobernador del Estado de Tabasco, es así pues si bien en el caso lo que se reclama es la omisión de iniciar el procedimiento correspondiente. Es claro que la misma forma es la decisión soberana concedida al Gobernador del Estado en la Carta Magna Local y por ende, torna improcedente el juicio de amparo. Lo anterior, atiende al principio de división de poderes, que tiene la finalidad de evitar que otro poder intervenga respecto de decisiones que atañen a su potestad soberana; en el caso particular, la procedencia sobre el inicio de procedimiento de remoción, que tiene la finalidad de verificar que en el caso el Fiscal General sea sujeto de un procedimiento de separación de su encargo; es decir, cuestiones derivadas de facultades constitucionalmente concedidas al Gobernador del Estado de Tabasco a efecto de si procede o no la remoción de dicho servidor. Lo cual acontece, según lo previsto en el artículo 51 Fracción II de la Constitución Política del Estado de Tabasco que dice: Artículo 51.- Son facultades y obligaciones del Gobernador: (...) II. Nombrar y remover a los funcionarios y al personal que formen parte del Poder Ejecutivo; En relación con el artículo 23 de Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Tabasco que dice; "Artículo 23. De la remoción del Fiscal General. El Fiscal General será removido por el Titular del Ejecutivo, mediante Acuerdo por escrito, por cualquiera de las siguientes causas graves: l. Si pierde la condición de ciudadano mexicano, en términos de lo señalado por el Artículo 37 de la Constitución General; II. Si le sobreviene una incapacidad total o permanente que le impida el correcto Ejercicio de su cargo, por más de seis meses; III. Si durante su desempeño incurre en el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos para su designación; o IV. Si comete violaciones graves a la Constitución General o a la Constitución del Estado." En relatadas circunstancias, si en el caso la promovente del amparo pretende reclamar en esta instancia constitucional la omisión de iniciar el procedimiento de remoción del Fiscal General del Estado de Tabasco, resulta inconcuso que en el caso se actualiza la causa de improcedencia anteriormente estudiada. Lo anterior es así, si se parte de la base que las determinaciones de remoción constituyen una decisión soberana o discrecional del Gobernador del Estado, por lo cual no puede reclamarse en el juicio de amparo, en razón de que se trata de actos de un procedimiento que ha sido calificado como discrecional o soberano por la misma Constitución. Máxime si se atiende al concepto de incompetencia de origen, el cual establece que la autoridad judicial no debe intervenir para resolverlas, ya que constitucionalmente incumben a otros poderes, como en el caso al Poder Ejecutivo, pues de hacerlo, el juzgador de amparo trastocaría el principio de división de poderes y soberanía de los Estados. Es aplicable, por sus consideraciones, Ia tesis JIJ. T.23 L sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Octubre de 1997, página 754, Novena Época, registro digital 197598, que dice: "INCOMPETENCIA DE ORIGEN. LA DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO GENERAL DE UNA JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE NO ES RECLAMABLE EN JUICIO DE GARANTÍAS. La designación del personal jurídico que integran las Juntas de Conciliación y La designación del personal jurídico que integran las Juntas de Conciliación y Arbitraje, hecha conforme a lo previsto en los artículos 625, 629 y relativos de la Ley Federal del Trabajo, entre ellos, la del presidente y del secretario general, no puede válidamente ser materia de análisis constitucional en un juicio de amparo en el que se alegue que su nombramiento se hizo en contravención a las reglas que establece la citada ley laboral, ya que ello se encuentra vinculado a la incompetencia de origen, la que es diferente, en lo esencial, a la incompetencia derivada del artículo 16 constitucional; así, de manera similar a lo sucedido en otras latitudes cuando frente a los funcionarios de derecho se ha creado una teoría de los funcionarios de facto, esto es, aquellos cuya permanencia en la función pública es irregular, bien por inexistencia total o existencia viciada del acto formal de designación, según cierto sector de la doctrina, bien por ineficacia sobrevenida del título legitimante, frecuentemente debida a razones de temporalidad o inhabilitación, según otros autores. Ahora bien, el examen de la legitimidad de los aludidos funcionarios de la Junta Local y de la competencia de un órgano, supone una distinción esencial; así es, la primera explica la integración de un órgano y la situación de una persona física frente a las normas que regulan las condiciones personales y los requisitos formales necesarios para encarnarlo y darle vida de relación orgánica, y la segunda determina los límites en los cuales un órgano puede actuar frente a terceros. En este orden de ideas, el artículo 16 de la Carta Magna no se refiere a la legitimidad de un funcionario ni a la manera como se incorpora a la función pública, sino a los límites fijados para la actuación del órgano frente a los particulares, ya que son justamente los bienes de éstos el objeto de tutela del precepto, en tanto consagra una garantía individual y no un control interno de la organización administrativa; por tanto, los tribunales de amparo, por estar vinculados al concepto de competencia del artículo 16 constitucional, no pueden conocer de la legitimación de funcionarios públicos, cualquiera que sea la causa de irregularidad alegada; lo anterior, sin perjuicio de la posible responsabilidad administrativa o quizá penal exigible a la persona dotada de una investidura irregular o, incluso, sin investidura alguna. Así como la diversa tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materias(s): Común, Quinta Época, Semanario judicial de la Federación. Tomo XXV, página 363, registro digital 365619, que dice: "INCOMPETENCIA DE ORIGEN. La Corte ha sostenido el criterio de que la autoridad judicial no debe intervenir para resolver cuestiones políticas, que incumben constitucionalmente a otros poderes; en el amparo no debe juzgarse sobre la ilegalidad de la autoridad, sino simplemente sobre su competencia; pues si se declara que una autoridad señalada como responsable, propiamente no era autoridad, el amparo resultaría notoriamente improcedente. Sostener que el artículo 16 de la Constitución prejuzga la cuestión de legitimidad de las autoridades, llevaría a atacar la soberanía de los Estados, sin fundamento constitucional y por medio de decisiones de un poder que, como el judicial, carece de facultades para ello, convirtiéndose en árbitro de la existencia de poderes que deben ser independientes de él." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI JI, del artículo 61, en relación con los artículos 10, fracción 1, y 50. Fracción 11, con apoyo en el artículo 113, todos de la ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Rosa de Lourdes Silva Ruiz, por propio derecho y en representación de sus menores hijas de iniciales H.G.S. y S.G.S. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en su demanda de amparo, y por autorizado a Santiago Quevedo Escobar, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y a la diversa persona que menciona, conforme a la parte final del segundo párrafo del artículo antes invocado, en virtud, de que ésta no cuenta con su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de los Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. En relación al correo electrónico y número telefónico que proporciona, este juzgado toma conocimiento de los mismos, únicamente como una comunicación no procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, toda vez que carecen de eficacia jurídica para los efectos de citas y notificaciones. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del "juicio en línea". Asimismo, se les exhorta para que propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente.

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