Rosa Carreño Garcia

Expediente 915/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
915/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
21/04/2023

Partes del expediente

  • Rosa Carreño Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha se ordenó el archivo del expediente principal; con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Ahora, en términos de lo previsto en los artículos 18, 20 y 36 del citado Acuerdo General, y conforme a la certificación de cuenta, se precisa que el presente cuaderno incidental no contiene documentos originales. Por otra parte, en términos del capítulo 7 el Manual de Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a que se negó la suspensión provisional y la definitiva solicitada, el cuaderno incidental original es destruible dentro de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando último de la interlocutoria del presente cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a la vista otorgada en auto de once de abril de este año, en el que se tuvo a la autoridad responsable informando sobre el cumplimiento al fallo protector. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que existen en autos, la ejecutoria de amparo, se encuentra o no cumplida, o si existe imposibilidad material para su cumplimiento. Efectos de la ejecutoria de amparo En el caso, por resolución de catorce de noviembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para que la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con libertad de jurisdicción realizara lo siguiente: " . 1. Emita las determinaciones conducentes en el juicio de nulidad ********************, en términos del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de que las autoridades demandadas, cumplan plenamente con la sentencia de catorce de enero de dos mil diecinueve, lo cual, significa que deberán ser diligentes en el trámite de la ejecución de dicha sentencia, a efecto de que éste no quede paralizado. 2. Lo anterior, sin perjuicio que, dicten otras medidas que abonen al lograr el cumplimiento de la sentencia de mérito, de conformidad con el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo." Por su parte, las autoridades pertenecientes a la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el ámbito de sus funciones: ". De inmediato den cumplimiento total a la sentencia de catorce de enero de dos mil diecinueve, en el juicio de nulidad ********************." Análisis del cumplimiento de la ejecutoria Al respecto, de las constancias que obran en autos, mismas que tienen valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte el cumplimiento de los lineamientos de la ejecutoria, pues las autoridades responsables efectuaron lo siguiente: 1. En proveído de catorce de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo a la Magistrada Presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta Ciudad, informando los trámites que se encontraba realizando a fin de dar cumplimiento a la resolución dictada por este juzgado. 2.- El once de enero de dos mil veintitrés, se tuvo a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en Oaxaca de Juárez, comunicando lo siguiente: Que mediante acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintidós, requirió al Encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, para que en el plazo de diez días cumpliera con la resolución de catorce de enero del dos mil diecinueve, efectuando apercibimiento, acuerdo que previo aviso fue notificado el cuatro de enero de este año, por lo que dicho plazo transcurriría del diez al veintitrés de enero siguiente. Que requirió mediante oficio al Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, en calidad de superior jerárquico de la demandada para que en el plazo de tres días lo obligara a cumplir, comunicado respecto del cual no contaba con acuse de recepción correspondiente a dicha notificación, dado que la sede de esta autoridad se encuentra en México, sin embargo instruyó a la fedataria de su adscripción para que obtuviera el acuse respectivo. 3.- En auto de doce de enero de dos mil veintitrés, se tuvo al encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, informando la imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en este asunto, pues para ello era necesario el documento denominado "Hoja Única de Servicios" "actualizada" a nombre de la quejosa en la que se observaran los sueldos, quinquenios, prima de antigüedad, y otras percepciones que haya tenido la plaza en la que se desempeñó como trabajadora en activo. Expuso que mediante comunicado SP/DPSHT/JN/5751/2022 de trece de diciembre de dos mil veintidós en recordatorio al diverso SP/DAVE/AV/1542/2022 de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, fue solicitado el documento denominado "Hoja Única de Servicios" "actualizada" en la dependencia en la cual laboró la justiciable. Por otro lado, solicitó que este órgano jurisdiccional requiriera a la Jefa del Departamento de Registros y Controles del IEEPO para que en carácter de urgente le remitiera dicha información. 4.- En auto de veinte de enero de dos mil veintitrés, la Sala Regional del Sureste con sede en Oaxaca de Juárez reiteró las gestiones emitidas el ocho de diciembre del dos mil veintidós dentro del expediente de origen, con la finalidad de que la demandada cumpliera con la resolución de catorce de enero del dos mil diecinueve. Señaló que a esa fecha contaba con el envío físico de la solicitud de notificación a la actuaría común de ese tribunal, dirigido al Director Normativo de Prestaciones Económicas Sociales y Culturales Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su calidad de superior jerárquico de la demandada, por lo que hasta el momento no era posible imponer multa por desacato, sin embargo instruyó a la fedataria de su adscripción para que con carácter urgente obtenga el acuse respectivo. En proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, la Sala Regional del Sureste con sede en Oaxaca de Juárez remitió copia certificada del proveído de veintiséis de enero de este año, del que se advirtió lo siguiente: ( Tuvo por recibido el comunicado 1148/2023 a través del cual se le requirió el cumplimiento de la ejecutoria dictada en este asunto. ( Declaró precluido el derecho procesal con el que contaba el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por no haber cumplido con el requerimiento que le fuera señalado en auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós en el juicio de nulidad de origen. ( Se procedió a la imposición de una multa de apremio al Encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por la cantidad de $ 48,110.00 (cuarenta y ocho mil ciento diez pesos con cero centavos moneda nacional) al haber omitido dar acatamiento al fallo. ( Se ordenó girar oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación Oaxaca "1" del Servicio de Administración Tributaria, asimismo solicitó se le informara el tratamiento aplicado a la multa de referencia. ( Se requirió nuevamente al Encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de su legal notificación cumpliera con la resolución dictada en este asunto, efectuando apercibimientos. ( Por otro lado, señalo que a la fecha únicamente la responsable contaba con el envío físico de la solicitud de notificación a la actuaría común de ese tribunal, dirigido al Director Normativo de Prestaciones Económicas Sociales y Culturales Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su calidad de superior jerárquico de la demandada, por lo que hasta el momento no era posible imponer multa por desacato, sin embargo instruyó a la fedataria de su adscripción para que con carácter urgente obtenga el acuse respectivo. ( Finalmente ordenó girar nuevo oficio al Director Normativo de Prestaciones Económicas Sociales y Culturales Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que obligara a la demandada a cumplir con la ejecutoria, efectuando apercibimiento. 5.-En auto de ocho de febrero de dos mil veintitrés, la Titular del Departamento de Registro y Control del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, remitió la copia certificada del oficio IEEPO/DA/REYC/051/2023 así como la hoja única de servicios con folio: 0002/2023 de tres de enero del dos mil veintitrés y en razón a que el dieciséis de enero de este año, fue entregado en la Oficialía de Partes de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el documento denominado "Hoja Única de Servicios" "actualizada" a nombre de la quejosa, se requirió el cumplimiento de la ejecutoria a las responsables. 6.- En proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en Oaxaca de Juárez, remitió copia certificada del proveído de ocho de febrero de esta anualidad, del que se apreció lo siguiente: * Se impuso al encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, una multa por la cantidad de $96,220.00 (noventa y seis mil doscientos veinte pesos, cero centavos, moneda nacional), por no haber dado cumplimiento al requerimiento de veintiséis de enero de esta anualidad, ordenándose remitir los datos de la persona física que ostenta dicho cargo al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca "1" para que informe a la brevedad las gestiones para su cobro. * Nuevamente se requirió al encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que cumpliera con la resolución definitiva emitida en el juicio de nulidad de origen, efectuando apercibimiento. * Se emitió oficio dirigido al Director Normativo de Prestaciones Económicas Sociales y Culturales Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que en su calidad de superior jerárquico de la demandada lo obligara a cumplir, efectuando apercibimientos. 7.- En proveído de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo a la Sala Regional del Sureste con sede en Oaxaca de Juárez informando lo siguiente: * Tuvo por recibido el comunicado 2975/2023 a través del cual se le requirió el cumplimiento de la ejecutoria dictada en este asunto y en atención a ello, emitió el proveído de catorce de febrero de este año. * Refirió que en el auto en mención, se impuso a la demandada una multa, por la cantidad de $96,220.00 (noventa y seis mil doscientos veinte pesos 00/100 moneda nacional) por haber omitido el requerimiento de veintiséis de enero de este año, por tanto, se ordenó girar oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación Oaxaca "1" del Servicio de Administración Tributaria, asimismo solicitó se le informara el tratamiento aplicado a la multa de referencia. *Se requirió nuevamente al Encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de su legal notificación cumpliera con la resolución dictada en este asunto, efectuando apercibimientos. * Efectuó requerimiento al Director Normativo de Prestaciones Económicas Sociales y Culturales Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que, en su calidad de superior jerárquico obligara a la demandada a cumplir. *Manifestó que el acuerdo de catorce de febrero de este año, previo envío del aviso electrónico se le notificó a la demandada el veintiuno de febrero del dos mil veintitrés, el cual surtiría efectos el tercer día hábil, por lo que el plazo concedido transcurrirá del veintisiete de febrero al uno de marzo del año en curso, por lo que, una vez fenecido hará del conocimiento la determinación correspondiente. * Por otro lado, señaló que a esa fecha únicamente contaba con el envío físico de la solicitud de notificación a la actuaría común de ese tribunal, dirigido al Director Normativo de Prestaciones Económicas Sociales y Culturales Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su calidad de superior jerárquico de la demandada, por lo que hasta el momento no era posible imponer multa por desacato, sin embargo instruyó a la fedataria de su adscripción para que con carácter urgente obtenga el acuse respectivo. 8.- En proveído de uno de marzo de dos mil veintitrés, el encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, informó que a través del citatorio SP/DPSHT/304/307/2023 de ocho de febrero de dos mil veintitrés, requirió a la quejosa para que se presentara en las instalaciones que ocupa la subdelegación de prestaciones con los documentos enlistados en dicho oficio a efecto de dar seguimiento a la resolución de catorce de enero del dos mil diecinueve dictada en el juicio de nulidad ********************. 9.- En auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, se agregó a los autos el escrito de ********************, autorizado legal de la quejosa ********************, por medio del cual informó su conformidad parcial con el cumplimiento dado por parte del Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con relación al cumplimiento de la ejecutoria emitida en este asunto. Expuso que el catorce de marzo de este año, fue notificado a la quejosa el oficio No. SP/DPSHT/JN/647/2023 de veintisiete de febrero de esta anualidad, por el cual, le fue informado que en cumplimiento de la resolución de nulidad ******************** fueron actualizados los datos en el Sistema Integral de Prestaciones Económicas, Afiliación y Vigencia del ISSSTE, y para acreditar lo anterior insertó imagen del SIPE-AV. También le fue señalado que tras previo cotejo, se entregó original de la HOJA ÚNICA DE SERVICIOS, en la cual se reconoció como fecha de ingreso el uno de noviembre de mil novecientos ochenta y uno siendo como fecha de baja el día treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cuatro. Sin embargo, la responsable omitió que en el considerando "TERCERO", parte final (página dieciséis) de la resolución de catorce de enero del dos mil diecinueve, dictada en el expediente de nulidad ********************, también se obligó a la autoridad demanda a lo siguiente: "Asimismo, expida a nombre de la hoy actora, la constancia de cotizaciones acumuladas por el periodo comprendido del 01 de noviembre de 1981 al 31 de agosto de 1994." En razón a lo señalado, dado que la resolución de amparo obliga al cumplimiento total de la emitida en el juicio nulidad, solicitó que se tuviera a la autoridad responsable Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en vías de cumplimiento, y se le requiera para que acreditara haber expedido a la quejosa la constancia de cotizaciones acumuladas por el periodo del 01 de noviembre de 1981 al 31 de agosto de 1994, sin lo cual, no puede tenerse por cumplida cabalmente la ejecutoria de amparo. 10.- En proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en Oaxaca de Juárez, remitiendo el contenido del proveído de catorce de marzo de esta anualidad del que se aprecia lo siguiente: * Se impuso a la demandada una multa, por la cantidad de $103, 740.00 (ciento tres mil setecientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional) por haber omitido el requerimiento de catorce de febrero de este año, por tanto, se ordenó girar oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación Oaxaca "1" del Servicio de Administración Tributaria, asimismo solicitó se le informara el tratamiento aplicado a la multa de referencia. *Ordenó girar oficio al Titular del Órgano Interno de Control del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que inicie el procedimiento respectivo en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en contra del Funcionario Público encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca por la omisión incurrida la cual constituia un desacato *Se requirió nuevamente al Encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de su legal notificación cumpliera con la resolución dictada en este asunto, efectuando apercibimientos. *Nuevamente efectuó requerimiento al Director Normativo de Prestaciones Económicas Sociales y Culturales Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que, en su calidad de superior jerárquico obligara a la demandada a cumplir. * Finalmente precisó que se encontraba realizando las gestiones previstas en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo tendientes a constreñir a la demandada el cumplimiento de la ejecutoria. 11.- En proveído de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, informó que mediante comunicado SP/DPSHT/JN/647/2023 de veintisiete de febrero de este año, dio cumplimiento a la resolución de catorce de enero del dos mil diecinueve dictado en el juicio de nulidad ********************. *Expuso que dicho oficio fue notificado mediante cédula de catorce de marzo del dos mil veintitrés al autorizado legal de la quejosa. 12.- En proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en Oaxaca de Juárez, a través del cual remitió copia certificada del contenido del proveído de veintitrés de marzo de este año del que se aprecia lo siguiente: *Se proveyó en torno al comunicado 4464/2023 de este órgano jurisdiccional y escrito de la parte quejosa a través del cual manifestó su conformidad parcial respecto al cumplimiento dado a la resolución de nulidad por el encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pues refirió que le fue notificado el oficio No. SP/DPSHT/JN/647/2023 de 27 de febrero de esta anualidad, en donde advirtió fueron actualizados los datos en el Sistema Integral de Prestaciones Económicas, Afiliación y Vigencia del ISSSTE *Sin embargo la justiciable solicitó se requiriera a la demandada la constancia de cotizaciones acumuladas por el periodo uno de noviembre de 1981 al 31 de agosto de 1994. *En atención a ello la sala responsable requirió Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que dentro de los tres días hábiles siguientes a su legal notificación acreditara el cumplimiento total de la resolución de catorce de enero del dos mil diecinueve, dictada en el expediente de nulidad ********************, y se expida a favor de la quejosa la constancia de cotizaciones solicitada, efectuándose apercibimientos. * Por otro lado, se agregó a los autos el comunicado del encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por medio del cual informó la imposibilidad para emitir el documento denominado "constancia de cotizaciones acumuladas por el periodo uno de noviembre de 1981 al 31 de agosto de 1994" a favor de la quejosa. *Refirió que después de haber realizado una búsqueda en los manuales de procedimientos tanto en el departamento de afiliación y vigencia y departamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo de esa dependencia no existe un documento denominado "Constancia de cotizaciones acumuladas". En virtud de lo anterior, se requirió el cumplimiento de la ejecutoria a las responsables. 13.-El tres de abril de dos mil veintitrés, se agregó a los autos el escrito de ********************, autorizado legal de la quejosa ********************, por medio del cual informó su conformidad para que se tuviera por cumplida la ejecutoria de amparo, pues el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, la quejosa gestionó en la página electrónica https://oficinavirtual.issste.gob.mx/ el acceso al expediente electrónico único, en el que aparece, entre otros, el historial de cotización ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que comprenden del 01 de noviembre de 1981 al 31 de agosto de 1994, con lo cual, pudo constatar que la información de la trabajadora se encuentra actualizada. 14.- En proveído de once de abril de dos mil veintitrés, se agregó a los autos el oficio de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en Oaxaca de Juárez, por el cual remitió copia certificada del auto de cuatro de abril de este año del que se apreció lo siguiente: Recibió el comunicado 5094-2023 a través del cual se le remitió copia certificada del oficio signado por el encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y se le solicitó el cumplimiento de la ejecutoria. Tuvo por recibido un escrito de la quejosa, con el cual, solicitó se tuviera por cumplida la resolución de catorce de enero del dos mil diecinueve, dictada en el expediente de nulidad ********************. Procedió al análisis de las documentales recibidas y precisó que en auto de veintitrés de marzo de este año, la quejosa exhibió el comunicado No. SP/DPSHT/JN/647/2023 de veintisiete de febrero de esta anualidad, por el cual, le fue informado que en cumplimiento de la resolución de nulidad ******************** y en donde manifestó su conformidad con el cumplimiento de la demandada en lo referente a la actualización de los datos en el Sistema Integral de Prestaciones Económicas, Afiliación y Vigencia del ISSSTE. Por otro lado, respecto a la solicitud de la quejosa en el sentido de que la demandada expidiera la constancia de cotizaciones acumuladas por el periodo del 01 de noviembre de 1981 al 31 de agosto de 1994 manifestó su conformidad, pues a la fecha de la presentación del escrito de referencia, aun no le habían entregado dicha constancia y como consecuencia se requirió a la demandada la expedición de la constancia de cotizaciones referida. Al respecto, en oficio SP/DPSHT/JN/909/2023 de veintidós de marzo de este año, la demandada hizo del conocimiento que tras la búsqueda en los manuales de procedimiento, tanto del departamento de afiliación y vigencia y del departamento de seguridad e higiene, ambos dependientes de la Subdelegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no existe documento denominado constancia de cotizaciones acumuladas por el periodo del 01 de noviembre de 1981 al 31 de agosto de 1994. Derivado de lo anterior, la sala responsable manifestó que la demandada debe contar con toda la información relacionada a los movimientos afiliatorios, sueldos, modificaciones salariales, descuentos, derechohabientes, nominas, recibos, certificaciones e informes y en general todo tipo de información necesaria para la tramitación de los seguros, prestaciones y servicios de salud. Sin embargo en virtud de que la actora, expuso haber consultado en la página electrónica https://oficinavirtual.issste.gob.mx/ en donde tuvo el acceso al expediente electrónico único, en el que aparece, entre otros, el historial de cotización ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que comprenden del 01 de noviembre de 1981 al 31 de agosto de 1994, con lo cual, pudo constatar que la información de la trabajadora se encuentra actualizada y visible para la consulta, solicitó de manera expresa - por conducto de su autorizado - se tuviera por cumplida la resolución emitida en el juicio de nulidad ********************. Motivo por el cual, con fundamento en el artículo 33 fracción XII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, tuvo por cumplida la resolución de catorce de enero de dos mil diecinueve emitida en el juicio de nulidad ********************, ordenado el archivo de expediente como concluido haciendo del conocimiento de las partes el plazo con el que cuentan para recoger sus documentales exhibidas en original y copia certificada. De lo anterior, se advierte que la ejecutoria dictada en este asunto, se encuentra cumplida, pues la Sala responsable emitió las determinaciones conducentes en el juicio de nulidad ********************, en términos del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de que las autoridades demandadas, cumplieran plenamente con la resolución de catorce de enero de dos mil diecinueve. Por su parte, la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, realizó las gestiones para dar cumplimiento a la resolución de catorce de enero de dos mil diecinueve. En consecuencia, con apoyo en los artículos 196, tercer párrafo y 214, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto, al atenderse sus efectos, sin excesos ni defectos. Archivo Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido, toda vez que en el presente sumario constitucional se dictó resolución definitiva la cual en este proveído se tuvo por cumplida. Valoración Ahora bien, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que en el presente asunto se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, se considera que es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con los criterios de valoración a que aluden los citados numerales 12 y 14; en virtud que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General. Además, se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito; además, atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no se estima que debe ser considerado de relevancia documental. Destino Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la DEPURACIÓN de este expediente, para lo cual, de conformidad con el artículo 18, párrafo tercero del multicitado Acuerdo General, se ordena conservar la demanda de amparo, auto de inicio, sentencia, acuerdo en el que causó ejecutoria esta última y en la que se declaró cumplida, así como este proveído. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    MESA "... VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 915/2022, promovido por Rosa Carreño García, contra actos de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otras autoridades; y, (.) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en un juicio ordinario tradicional, seguido ante un Tribunal Administrativo, con sede dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que el acto reclamado consiste en: De la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: La omisión de hacer cumplir la sentencia dictada el catorce de enero de dos mil diecinueve en el juicio ordinario tradicional 1045/18-15-01-3; atribuida a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Del Jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal Oaxaca y del Jefe del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas, ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: La omisión de dar cumplimiento a la sentencia dictada el catorce de enero de dos mil diecinueve en el juicio ordinario tradicional 1045/18-15-01-3; atribuida al Jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal Oaxaca y al Jefe del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza de actos. Al rendir informe justificado, la Magistrada Presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en suplencia del Encargado del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas, Delegación Oaxaca, del referido Instituto, negaron la existencia de los actos reclamados. Sin embargo, de las manifestaciones que aducen, se advierte la existencia del juicio ordinario tradicional 1045/18-15-01-3, en el cual se encuentra pendiente el cumplimiento total de la sentencia de catorce de enero de dos mil diecinueve; por lo que, con fundamento en el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se desvirtúa la negativa de las responsables y se tienen por ciertos los actos que se les reclama. Certeza que se corrobora con las constancias que en copia certificada remitió en apoyo la Sala responsable, deducida del juicio ordinario tradicional 1045/18-15-01-3, a las que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis visible en la página 391, del Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que establece: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se es atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." La autoridad responsable, Jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no rindió informe justificado, a pesar de haber sido legalmente notificado de su solicitud el doce de septiembre de dos mi veintidós, mediante oficio 17586/2022; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le reclama. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del sentido que regirá en el presente fallo, conviene destacar los antecedentes que se desprenden de las constancias que remitió la Sala responsable, las cuales previamente fueron valoradas y de las que se deduce lo siguiente: Mediante auto de trece de abril de dos mil dieciocho, la Magistrada Instructora de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, admitió a trámite la demanda presentada por la quejosa contra el Jefe de la Unidad Jurídica Delegacional; Titular del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación; el Delegado Estatal en Oaxaca; y el Subdelegado de Prestaciones, todas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Por acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, se declaró precluido el derecho de la demandada para contestar la demanda; y se otorgó el plazo de cinco días a las partes para formular alegatos. En auto de siete de septiembre de dos mil dieciocho, se atendió el escrito del Jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual expresó alegatos. Mediante proveído de doce de septiembre de dos mil dieciocho, se tuvo a la actora formulando alegatos. Por acuerdo de catorce de enero de dos mil diecinueve, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó dictar sentencia. El catorce de enero de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en el juicio ordinario tradicional de origen, mediante el cual se declaró la nulidad de la resolución contenida en el oficio UJDELOAX/1169/2018 de veinte de febrero de dos mil dieciocho; y se ordenó a la autoridad demandada dictara una nueva resolución a efecto de resolver la petición de la parte actora respecto al tiempo de cotización acumulado que le fue solicitado, tomando en cuenta los datos asentados en el original de la hoja única de servicios de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete; y determine que con la misma, la actora acreditó como tiempo de cotización al Instituto demandado el uno de noviembre de mil novecientos ochenta y uno al treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cuatro; y proceda a la corrección de los datos contenidos en su Sistema Integral de Prestaciones Económicas, Afiliación y Vigencia del ISSSTE. Por auto de siete de febrero de dos mil diecinueve, se atendió el oficio del Jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto demandado, mediante el cual interpuso recurso de revisión contra el último considerando de la resolución de catorce de enero de dos mil diecinueve. Mediante resolución de doce de septiembre de dos mil diecinueve, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, resolvió el recurso de revisión interpuesto por la autoridad demandada en el juicio ordinario tradicional de origen, en la que determinó declarar improcedente dicho medio de impugnación. El uno de junio de dos mil veintiuno, la Sala responsable declaró la firmeza de la sentencia de catorce de enero de dos mil diecinueve y decretó el inicio del procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; y 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles; por lo que requirió a la autoridad demandada, para que dentro del plazo de tres días cumpliera con la sentencia definitiva; apercibiéndola con imponerle multa en caso de no hacerlo En proveído de uno de septiembre de dos mil veintidós, se acordó el escrito de la quejosa, por el que solicitó se requiriera a la autoridad demandada el cumplimiento de la sentencia de catorce de enero de dos mil diecinueve; ante lo cual, la Sala responsable, al considerar que la autoridad demandada no cumplió con el requerimiento formulado el uno de junio de dos mil veintiuno dentro del plazo concedido para ello; declaró precluido su derecho procesal para tal efecto y le impuso al Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto demandado, una multa por la cantidad de $28,886.00 (veintiocho mil ochocientos ochenta y seis pesos, cero centavos, moneda nacional). Y requirió a la autoridad demandada el cumplimiento de la sentencia, apercibiéndolo con la imposición de una multa en caso de no hacerlo; además de requerirlo por conducto de su superior jerárquico. Sin que hasta la fecha en que se presentó la demanda de amparo, se hubiera logrado el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de origen. Cuestión reclamada en el presente juicio de amparo. QUINTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página noventa y cinco, tomo VII de mayo de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al rendir informe relativo al requerimiento formulado en proveído inicial, la autoridad responsable, Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Salud y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, señaló se actualizaba la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, pues estimó que no tenía la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo. Sin embargo, dicha causal resulta infundada, dado que, contrario a lo estimado por la autoridad responsable, la omisión de cumplir con la sentencia dictada en un juicio de nulidad, constituye una violación al derecho de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 Constitucional; y si bien la autoridad responsable tuvo el carácter de demandada en el procedimiento de origen, ello no implica que exista entre esta y la actora, una relación de coordinación, pues a pesar de dicha relación procesal no pierden su calidad de autoridad y gobernado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización, rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2000211 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: 2a./J. 1/2012 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, página 894 Tipo: Jurisprudencia DEPENDENCIAS PÚBLICAS Y SUS AUXILIARES, DEMANDADAS ANTE UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SON AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE CONTROVIERTE EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD.- En atención a que de una sentencia firme derivada de un juicio contencioso administrativo surge un derecho subjetivo para el actor (gobernado) y la obligación correlativa para el demandado (autoridad) es claro que el incumplimiento de ésta permite la incoación del procedimiento para hacer cumplir la sentencia ejecutoriada dictada en el juicio en que se hubiese declarado la invalidez del acto controvertido mediante el medio de defensa legal previsto por la ley que rige el acto para lograr el cumplimiento de aquella determinación. Por lo que, si a pesar de ello, no se cumple la sentencia, es claro que aquél puede acudir al juicio de amparo, porque tal omisión se traduce en una violación al derecho de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al significar un obstáculo al derecho fundamental de pedir justicia o de obtener la ejecución de una sentencia anulatoria. Consecuentemente, las dependencias públicas y sus auxiliares, demandadas ante un Tribunal Contencioso Administrativo, son autoridades responsables para efectos del juicio de amparo indirecto en el que se controvierte la omisión en el cumplimiento de la sentencia de nulidad dictada por aquél y, por ende, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 1o., fracción I y 11 de la Ley de Amparo, porque a pesar de que la autoridad haya figurado como demandada en el juicio de origen ello no transforma la relación de supra a subordinación que los órganos del Estado guardan con los gobernados en una relación de coordinación, porque no pierden su calidad de autoridad y gobernado.". SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: Se vulnera en su agravio los artículo 1 y 17 de la Constitución Federal, pues la omisión reclamada es contraria a su derecho humano de acceso a la jurisdicción, tutela efectiva y al principio de plena ejecución de las sentencias; así como a la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento de las sentencias en que se haya determinado procedente el recurso. Al hacer caso omiso la autoridad demandad, a lo ordenado por la Sala responsable, sin que exista fundamento o motivo legal que lo justifique, la priva de sus derechos determinados en la sentencia. A la fecha en que se presentó la demanda, han transcurrido aproximadamente tres años y seis meses desde que la sentencia definitiva quedó firme, sin que cese la violación a sus garantías constitucionales. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Son FUNDADOS los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, mediante los cuales señala que el acto reclamado vulnera en su perjuicio el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues hasta el momento no se ha dado cumplimiento a la sentencia definitiva de catorce de enero de dos mil diecinueve, dictada en el juicio ordinario tradicional 1045/18-15-01-3. En primer término, cabe precisar que en los procedimientos jurisdiccionales como administrativos, rigen los principios de seguridad jurídica y tutela jurisdiccional efectiva reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, por tanto, toda autoridad que actúa con imperio tiene la obligación de observar en todo momento el contenido de dichos principios. En ese tenor, lo que se busca es que las instancias, cualquiera que sea su naturaleza, constituya un mecanismo eficaz y confiable en el que el particular obtenga atención en breve término, a fin de no violentar el artículo 17 Constitucional. Así, del citado precepto constitucional, se desprenden cinco garantías a saber: La prohibición de la autotutela o "hacerse justicia por propia mano". El derecho a la tutela jurisdiccional o acceso a la justicia. La abolición de costas judiciales. La independencia judicial. 5) La prohibición de la prisión por deudas del orden civil. Como derechos de las personas, éstos constituyen limitaciones al poder público, en cualquiera de sus tres manifestaciones tradicionales: ejecutivo, legislativo y judicial. Bajo esa tesitura, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: Pronta. Se refiere a que las resoluciones que dicten los tribunales, deberán emitirse dentro de los plazos que fijen las leyes. Completa. Significa que antes de emitir la resolución que en derecho proceda, el Tribunal deberá examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos y resolver el caso de manera integral. Imparcial. Se traduce en que los tribunales por naturaleza propia deben dictar sus fallos con equidad y justicia, atentos al principio de igualdad procesal entre las partes; es decir, el juzgado debe tomar en cuenta todos y cada uno de los elementos y pruebas aportadas y resolver a favor de la parte que hubiese aportado elementos de convicción definitivos. Gratuita. Estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Plena ejecución. La cual versa en el sentido de que las resoluciones que constriñan a su acatamiento, tendrán que realizarse en la forma en que se haya fallado dentro de ella misma, es decir, deberá darse cumplimiento a lo resuelto por los órganos jurisdiccionales en los términos y condiciones que se dijeron en la misma, obligación a la que por regla general nadie puede eximirse alegando alguna circunstancia ajena a la litis. Estos atributos concernientes a la administración de justicia han sido explicados por la Segunda Sala, en la tesis visible en el Apéndice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo VI, común, P.R. SCJN, página 95, registro 922523, del texto siguiente: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". En ese orden, respecto al principio de justicia pronta previsto en la garantía de acceso a la justicia, debe indicarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo identifica también como una garantía a la tutela jurisdiccional y la define como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, consultable en la página ciento veinticuatro, tomo XXV, abril de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro digital 172759, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES." Asimismo, la administración de justicia han sido explicados por la Segunda Sala, en la tesis visible en el Apéndice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo VI, común, P.R. SCJN, página 95, registro 922523, del texto siguiente: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES". Bajo ese contexto, el imperativo constitucional previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, constituye el sustento en que debe apoyarse toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones, pues la garantía de acceso a la administración e impartición de justicia se haría nugatoria si las resoluciones no fueran acatadas de manera pronta y expedita, por quien se encuentra obligado a ello. Por otra parte, los artículos 52, 57 y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, concerniente al procedimiento de ejecución de sentencia, establecen: "ARTÍCULO 52. La sentencia definitiva podrá: I. Reconocer la validez de la resolución impugnada. II. Declarar la nulidad de la resolución impugnada. III. (Se deroga) IV. Siempre que se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III, del artículo 51 de esta Ley, el Tribunal declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución; en los demás casos, cuando corresponda a la pretensión deducida, también podrá indicar los términos conforme a los cuales deberá dictar su resolución la autoridad administrativa. En los casos en que la sentencia implique una modificación a la cuantía de la resolución administrativa impugnada, la Sala Regional competente deberá precisar, el monto, el alcance y los términos de la misma para su cumplimiento. Tratándose de sanciones, cuando dicho Tribunal aprecie que la sanción es excesiva porque no se motivó adecuadamente o no se dieron los hechos agravantes de la sanción, deberá reducir el importe de la sanción apreciando libremente las circunstancias que dieron lugar a la misma. V. Declarar la nulidad de la resolución impugnada y además: a) Reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación correlativa. b) Otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos afectados. c) Declarar la nulidad del acto o resolución administrativa de carácter general, caso en que cesarán los efectos de los actos de ejecución que afectan al demandante, inclusive el primer acto de aplicación que hubiese impugnado. La declaración de nulidad no tendrá otros efectos para el demandante, salvo lo previsto por las leyes de la materia de que se trate. d) Reconocer la existencia de un derecho subjetivo y condenar al ente público federal al pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos. Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, conforme a lo dispuesto en la fracción IV, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses tratándose del Juicio Ordinario o un mes tratándose del Juicio Sumario de conformidad con lo previsto en el artículo 58-14 de la presente Ley, contados a partir de que la sentencia quede firme. Dentro del mismo término deberá emitir la resolución definitiva, aun cuando, tratándose de asuntos fiscales, hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 del Código Fiscal de la Federación. Si el cumplimiento de la sentencia entraña el ejercicio o el goce de un derecho por parte del demandante, transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que la autoridad hubiere cumplido con la sentencia, el beneficiario del fallo tendrá derecho a una indemnización que la Sala que haya conocido del asunto determinará, atendiendo el tiempo transcurrido hasta el total cumplimiento del fallo y los perjuicios que la omisión hubiere ocasionado, sin menoscabo de lo establecido en el artículo 58 de esta Ley. El ejercicio de dicho derecho se tramitará vía incidental. Cuando para el cumplimiento de la sentencia, sea necesario solicitar información o realizar algún acto de la autoridad administrativa en el extranjero, se suspenderá el plazo a que se refiere el párrafo anterior, entre el momento en que se pida la información o en que se solicite realizar el acto correspondiente y la fecha en que se proporcione dicha información o se realice el acto. Transcurridos los plazos establecidos en este precepto, sin que se haya dictado la resolución definitiva, precluirá el derecho de la autoridad para emitirla salvo en los casos en que el particular, con motivo de la sentencia, tenga derecho a una resolución definitiva que le confiera una prestación, le reconozca un derecho o le abra la posibilidad de obtenerlo. En el caso de que se interponga recurso, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia. La sentencia se pronunciará sobre la indemnización o pago de costas, solicitados por las partes, cuando se adecue a los supuestos del artículo 6o. de esta Ley." "ARTÍCULO 57. Las autoridades demandadas y cualesquiera otra autoridad relacionada, están obligadas a cumplir las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme a lo siguiente: I. En los casos en los que la sentencia declare la nulidad y ésta se funde en alguna de las siguientes causales: a) Tratándose de la incompetencia, la autoridad competente podrá iniciar el procedimiento o dictar una nueva resolución, sin violar lo resuelto por la sentencia, siempre que no hayan caducado sus facultades. Este efecto se producirá aun en el caso de que la sentencia declare la nulidad en forma lisa y llana. b) Si tiene su causa en un vicio de forma de la resolución impugnada, ésta se puede reponer subsanando el vicio que produjo la nulidad; en el caso de nulidad por vicios del procedimiento, éste se puede reanudar reponiendo el acto viciado y a partir del mismo. En ambos casos, la autoridad demandada cuenta con un plazo de cuatro meses para reponer el procedimiento y dictar una nueva resolución definitiva, aun cuando hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 del Código Fiscal de la Federación. En el caso previsto en el párrafo anterior, cuando sea necesario realizar un acto de autoridad en el extranjero o solicitar información a terceros para corroborar datos relacionados con las operaciones efectuadas con los contribuyentes, en el plazo de cuatro meses no se contará el tiempo transcurrido entre la petición de la información o de la realización del acto correspondiente y aquél en el que se proporcione dicha información o se realice el acto. Igualmente, cuando en la reposición del procedimiento se presente alguno de los supuestos a que se refiere el tercer párrafo del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, tampoco se contará dentro del plazo de cuatro meses el periodo por el que se suspende el plazo para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete, previsto en dicho párrafo, según corresponda. Si la autoridad tiene facultades discrecionales para iniciar el procedimiento o para dictar una nueva resolución en relación con dicho procedimiento, podrá abstenerse de reponerlo, siempre que no afecte al particular que obtuvo la nulidad de la resolución impugnada. Los efectos que establece este inciso se producirán sin que sea necesario que la sentencia lo establezca, aun cuando la misma declare una nulidad lisa y llana. c) Cuando la resolución impugnada esté viciada en cuanto al fondo, la autoridad no podrá dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos, salvo que la sentencia le señale efectos que le permitan volver a dictar el acto. En ningún caso el nuevo acto administrativo puede perjudicar más al actor que la resolución anulada. Para los efectos de este inciso, no se entenderá que el perjuicio se incrementa cuando se trate de juicios en contra de resoluciones que determinen obligaciones de pago que se aumenten con actualización por el simple transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país o con alguna tasa de interés o recargos. d) Cuando prospere el desvío de poder, la autoridad queda impedida para dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos que dieron lugar a la resolución impugnada, salvo que la sentencia ordene la reposición del acto administrativo anulado, en cuyo caso, éste deberá reponerse en el plazo que señala la sentencia. II. En los casos de condena, la sentencia deberá precisar la forma y los plazos en los que la autoridad cumplirá con la obligación respectiva, conforme a las reglas establecidas en el artículo 52 de esta Ley. Cuando se interponga el juicio de amparo o el recurso de revisión, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia". "ARTÍCULO 58. A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento." De los citados preceptos se advierte el procedimiento de ejecución de sentencias que fue diseñado para lograr el cumplimiento de las mismas de una forma eficaz, sencilla y rápida; además, que el tribunal fiscal se encuentra constreñido a realizar todas las gestiones administrativas necesarias a fin de lograr el cumplimiento del fallo que, en su caso, hubiere dictado, a través del procedimiento de ejecución. Resulta aplicable la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en el del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 15, febrero de 2015, tomo III, registro 2008521, del texto siguiente: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 52, 57 Y 58 DE LA LEY RELATIVA, ES EFICAZ, SENCILLO Y RÁPIDO, A FIN DE HACER CUMPLIR SUS DETERMINACIONES. El artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la independencia y autonomía del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para resolver los litigios y dictar sus fallos con base en su ley orgánica, brindando a los Magistrados que lo integran las condiciones necesarias para que administren justicia de forma independiente, imparcial y eficaz; sin embargo, conviene precisar que la autonomía e independencia del mencionado tribunal, no sólo se hace patente en el dictado de sus fallos, sino también en la ejecución para el cumplimiento de sus propias determinaciones, toda vez que para lograr lo anterior, tiene a su alcance un procedimiento específico para la ejecución de sentencias, previsto en los artículos 52, 57 y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En tal virtud, el tribunal fiscal se encuentra constreñido a realizar todas las gestiones necesarias a fin de lograr el cumplimiento del fallo que, en su caso, hubiere dictado, a través del procedimiento de ejecución, consistente en la imposición de una multa a la autoridad demandada y a su superior; dar vista a la contraloría interna correspondiente de los hechos, a fin de que ésta determine la responsabilidad del funcionario causante del incumplimiento y el seguimiento a ese procedimiento; el que es eficaz, sencillo y rápido, a fin de hacer cumplir sus determinaciones.". En el caso, del análisis de las constancias que integran este asunto, se advierte lo siguiente: La Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dictó sentencia el catorce de enero de dos mil diecinueve, en el juicio ordinario tradicional 1045/18-15-01-3, mediante el cual se declaró la nulidad de la resolución contenida en el oficio UJDELOAX/1169/2018 de veinte de febrero de dos mil dieciocho; y se ordenó a la autoridad demandada dictara una nueva resolución a efecto de resolver la petición de la parte actora respecto al tiempo de cotización acumulado que le fue solicitado, tomando en cuenta los datos asentados en el original de la hoja única de servicios de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete; y determine que con la misma, la actora acreditó como tiempo de cotización al Instituto demandado el uno de noviembre de mil novecientos ochenta y uno al treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cuatro; y proceda a la corrección de los datos contenidos en su Sistema Integral de Prestaciones Económicas, Afiliación y Vigencia del ISSSTE. Sin embargo, hasta la fecha en que se resuelve, no hay evidencia de que se haya ejecutado la resolución de catorce de enero de dos mil diecinueve, dentro del plazo que señala la ley del acto y, a pesar de ello, la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no ha realizado todos los actos que establece el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para asegurar el pleno cumplimiento de la sentencia, como a continuación se expone: 1. Ante el incumplimiento de la sentencia por parte de la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debió requerir el acatamiento de ese fallo en el plazo de tres días por medio de su superior jerárquico. 2. Si a pesar de ese requerimiento continuara el incumplimiento de la sentencia, deberá imponer al superior jerárquico, una multa como medio de apremio. 3. En otro apartado, si la Sala responsable, considerara que por la naturaleza de la sentencia y en caso de que así lo permita, podrá comisionar a un funcionario jurisdiccional dentro del organigrama del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. 4. Finalmente, la Sala responsable, tiene la facultad de poner en conocimiento de la Contraloría Interna del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los hechos, a fin de que ésta determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. En ese sentido, se pone de manifiesto que el proceder de los Magistrados que integran la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, vulnera en perjuicio de la parte peticionaria del amparo el derecho fundamental de impartición de justicia pronta y expedita establecido en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que, como se evidencia, desde la emisión de la sentencia hasta la fecha en que se resuelve el presente asunto ha transcurrido más de una año sin que se haya logrado el cumplimiento de la resolución de catorce de enero de dos mil diecinueve, en el juicio de nulidad 1045/18-15-01-3, de conformidad con la legislación ordinaria, inobservando el seguimiento del trámite de ejecución en términos de ley, con lo cual, dejaron al libre arbitrio de la autoridad demandada el plazo para dar cumplimiento a la precitada sentencia. En razón de lo anterior, es innegable la dilación para que se le administre justicia a la quejosa, que se traduce en la omisión de dictar las medidas conducentes de conformidad con el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de que las autoridades demandadas cumplan con la sentencia de veinte de noviembre de dos mil diecinueve, en el juicio de nulidad 1045/18-15-01-3; actualizándose violaciones de carácter negativo o abstenciones de las autoridades responsables de apegar sus actuaciones a los plazos y términos legalmente establecidos, y retardarse con ello injustificadamente el cumplimiento de la referida sentencia ejecutoriada, contraviniéndose el citado dispositivo 17 constitucional. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es CONCEDER EL AMPARO y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a ROSA CARREÑO GARCÍA, para el efecto de que la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Aministrativa, con libertad de jurisdicción realice lo siguiente: Emita las determinaciones conducentes en el juicio de nulidad 1045/18-15-01-3, en términos del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de que las autoridades demandadas, cumplan plenamente con la sentencia de catorce de enero de dos mil diecinueve, lo cual, significa que deberán ser diligentes en el trámite de la ejecución de dicha sentencia, a efecto de que éste no quede paralizado. Lo anterior, sin perjuicio que, dicten otras medidas que abonen al lograr el cumplimiento de la sentencia de mérito, de conformidad con el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por su parte, las autoridades pertenecientes a la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el ámbito de sus funciones: De inmediato den cumplimiento total a la sentencia de catorce de enero de dos mil diecinueve, en el juicio de nulidad 1045/18-15-01-3. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ..., contra actos de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otras autoridades, por las razones expuestas y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y mediante lista a la quejosa.

  4. Principal

    MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días otorgado a la parte quejosa en auto de once de octubre del actual, para imponerse de las constancias exhibidas por la Magistrada Presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en Oaxaca de Juárez. Para dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y en su lugar se fijan las nueve horas con dos minutos del catorce de noviembre del dos mil veintidós. Notifíquese y cúmplase.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 7,460 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano