Rosa Flores Lopez

Expediente 485/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
485/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
26/11/2020

Partes del expediente

  • Rosa Flores Lopez
  • ROSA FLORES LOPEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI "..-San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación del secretario, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9° del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 18° fracción I inciso b) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, este expediente es depurable, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15°, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, atendiendo a la certificación que antecede, y en términos de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de la materia y 25 del aludido Acuerdo General, se instruye al actuario de la adscripción que vincule las notificaciones que deriven de este proveído en el expediente electrónico, a fin de que coincida en su totalidad, con el expediente físico y de fe de lo anterior en el expediente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA VI "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 485/2020; y, R E S U L T A N D O: (...) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales; 37 y 107, fracción II de la Ley de Amparo; 48, 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de la Litis. En el caso que nos ocupa, las quejosas hacen consistir el acto reclamado en la omisión de dar respuesta a sus escritos de petición de nueve y veintitrés de marzo de dos mil veinte; presentados ante la responsable el diez de agosto del mismo año. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad, e Higiene, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no rindió su informe justificado, a pesar de haber quedado legalmente notificado de la petición del mismo, razón por la cual, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se tiene por cierta el acto de naturaleza omisiva que se le atribuye. CUARTO. Estudio de fondo. La parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en la violación al derecho de petición por parte de la autoridad responsable, por lo que aduce se vulneró el precepto 8º, de la Constitución Federal, pues aduce que la responsable ha excedido el tiempo para dar contestación a su solicitud y notificarle la resolución correspondiente. Estos conceptos de violación son infundados. En efecto, el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". De la lectura del citado precepto se desprende que contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional que se analiza, que son: a).-Ante una petición escrita, pacífica y respetuosa, debe emitir el acuerdo correspondiente; y b).- Comunicarlo en breve término al interesado. Ahora, el artículo 5 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, establece: "Arti´culo 5. La administracio´n de los seguros, prestaciones y servicios establecidos en el presente ordenamiento, asi´ como la del Fondo de la Vivienda, del PENSIONISSSTE, de sus delegaciones y de sus dema´s o´rganos desconcentrados, estara´n a cargo del organismo descentralizado con personalidad juri´dica y patrimonio propios, denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio en la Ciudad de Me´xico, Distrito Federal, que tiene como objeto contribuir al bienestar de los Trabajadores, Pensionados y Familiares Derechohabientes, en los te´rminos, condiciones y modalidades previstos en esta Ley." Por su parte, los numerales 16, fracción X; y 17 de la Ley Federal de Procedimiento Adminsitrativo, preveé: "Arti´culo 16.- La Administracio´n Pu´blica Federal, en sus relaciones con los particulares, tendra´ las siguientes obligaciones: [.] X. Dictar resolucio´n expresa sobre cuantas peticiones le formulen; asi´ como en los procedimientos iniciados de oficio, cuya instruccio´n y resolucio´n afecte a terceros, debiendo dictarla dentro del plazo fijado por la ley." "Arti´culo 17.- Salvo que en otra disposicio´n legal o administrativa de cara´cter general se establezca otro plazo, no podra´ exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entendera´n las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposicio´n legal o administrativa de cara´cter general se prevea lo contrario. A peticio´n del interesado, se debera´ expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos di´as ha´biles siguientes a la presentacio´n de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia debera´ expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolucio´n deba entenderse en sentido positivo." Conforme a las disposiciones normativas citadas, se deduce que, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como organismo público descentralizado de la administraicón pública federal, cuenta con el plazo de tres meses para dar contestación a las peticiones que los particulares le realicen. En la especie, de las constancias que integran el juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa presentó escritos de nueve y veintitrés de marzo de dos mil veinte ante la resopnsable; los cuales fueron presentados hasta el diez de agosto del mismo año. De ahí que, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -cuatro de septiembre de dos mil veinte-, no había transcurrido el plazo de tres meses reconocido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a la responsable, a efecto de dar contestación a la solicitud de los justiciables. Por tanto, como se precisó en párrafos anteriores, son infundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, dado que en forma alguna existe una violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Constitución Federa, pues el plazo otorgado a la autoridad responsable para pronunciarse en torno a la solicitud formulada, no ha transcurrido. (.) DERECHO HUMANO DE PETICIÓN RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL.- EL ARTÍCULO 37 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL PREVER EN SU PRIMER PÁRRAFO EL TÉRMINO DE TRES MESES PARA QUE LAS AUTORIDADES FISCALES DEN RESPUESTA A LAS INSTANCIAS O PETICIONES QUE LES FORMULEN LOS CONTRIBUYENTES, Y ESTABLECER COMO CONSECUENCIA DEL SILENCIO DE LA AUTORIDAD LA FIGURA DE LA NEGATIVA FICTA, NO VULNERA LA CITADA PRERROGATIVA FUNDAMENTAL.- De los lineamientos establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis P. LXIX/2011(9a.) y P. LXVII/2011(9a.), de rubros: "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." y "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.", se desprende, en lo conducente, que a fin de adecuar el control de convencionalidad ex officio al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país, debe procederse en primer orden a realizar una interpretación conforme de la norma que se señala violatoria de derechos humanos, teniendo además en consideración lo establecido por el artículo 133 de la Ley Fundamental. Por tanto, al efectuar el control de constitucionalidad a fin de determinar si el artículo 37, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, es violatorio del derecho humano de petición, es necesario tomarse en cuenta que el artículo 8o. de la Constitución Federal, que reconoce este último, no prevé un plazo específico para que las autoridades den respuesta a las peticiones que les formulen los particulares, pues exclusivamente alude a que ello deberá hacerse del conocimiento del solicitante en un breve término, y debe concluirse en primer orden que no existe sustento jurídico para determinar que la sola existencia de un plazo en particular en una norma secundaria, pueda considerarse por sí misma como violatoria del derecho humano en cuestión. De igual modo, del citado primer párrafo del artículo 37 del Código Tributario Federal, se advierte que dicha porción normativa no se limita a establecer el término de tres meses para que las autoridades fiscales den respuesta a las instancias o peticiones que les formulen los particulares, sino que además prevé una consecuencia jurídica para el supuesto consistente en que la autoridad no efectúe pronunciamiento alguno sobre la solicitud planteada, que es la configuración de la negativa ficta, lo que implica que el silencio de la autoridad fiscal ante una instancia o petición formulada por el contribuyente, extendido ininterrumpidamente durante el mencionado término de tres meses, genera la presunción legal de que resolvió en contra de los intereses del peticionario, circunstancia que da lugar al derecho procesal de interponer los medios de defensa pertinentes contra esa negativa tácita, o bien, a esperar a que la autoridad dicte la resolución respectiva. Así, el término previsto en el primer párrafo del artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, al vincularse con la figura de la negativa ficta en caso de silencio de la autoridad, permite garantizar una definición al particular sobre la petición formulada, ya sea mediante una respuesta en forma expresa, o bien implícitamente, lo que se traduce además en brindarle certeza sobre la existencia de un límite temporal tras el cual estará en aptitud de hacer valer los medios de defensa procedentes en relación con el fondo de lo solicitado, pues con tal figura ficta se determina también la litis sobre la que, eventualmente, versará el medio de defensa que, de estimarlo conveniente, haga valer el particular. Consecuentemente, atendiendo a las dos consideraciones destacadas, y en ejercicio del control de constitucionalidad inicialmente referido, debe concluirse que con el contenido de la porción normativa de mérito no se genera afectación al derecho de petición reconocido en el artículo 8o. constitucional, y que el correspondiente problema jurídico se solventa con el examen efectuado con base en la interpretación conforme de aquélla." Por tanto, al resultar infundados los conceptos de violación, procede negar el amparo solicitado. QUINTO. Transparencia. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a (...) contra el acto reclamado a la responsable Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad, e Higiene, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; en términos del considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE. (LA PRESENTE DETERMINACIÓN SE PUBLICA HASTA EL DÍA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADA EL TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 24, 29 Y 31 DE LA LEY DE AMPARO)

  3. Principal

    MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil veinte. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido a la autoridad responsable para que rinda su informe justificado; por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere y, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, para su celebración. NOTIFÍQUESE.

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