Roque Dominguez Morga

Expediente 833/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
833/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
04/09/2018

Partes del expediente

  • Roque Dominguez Morga

Actuaciones

  1. Principal

    MESAII B "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto dictado el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, en el cual se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción I, del citado Acuerdo General, y atendiendo a que la demanda de garantías origen de este juicio se desechó, el presente expediente es destruible, después de cinco años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previsto en el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA II B "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. Con la demanda de amparo de cuenta promovida por ROQUE DOMINGUEZ MORGA, contra actos del Secretario de Finanzas y Administración del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez y otras autoridades; de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 833/2018. Se instruye a la secretaria a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que en esencia el acto que reclama el quejoso consiste en la falta de pago del finiquito por término de la relación laboral con el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mismo que fue ordenado mediante oficio SFA/SA/063/2016, de veintinueve de enero de dos mil dieciséis. (...) Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. Con la demanda de amparo de cuenta promovida por ROQUE DOMINGUEZ MORGA, contra actos del Secretario de Finanzas y Administración del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez y otras autoridades; de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 833/2018. Se instruye a la secretaria a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que en esencia el acto que reclama el quejoso consiste en la falta de pago del finiquito por término de la relación laboral con el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mismo que fue ordenado mediante oficio SFA/SA/063/2016, de veintinueve de enero de dos mil dieciséis. Precisado lo anterior, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; Por su parte el artículo 107, fracción IV, Constitucional, dispone: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determinen la ley, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra resoluciones que causen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal. No será necesario agotar éstos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión del acto reclamado, mayores requisitos que los que la ley reglamentaria del juicio de amparo requiera como condición para decretar esa suspensión." Del texto de los numerales transcritos se llega al conocimiento de que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales exista algún recurso, o medio de defensa legal por virtud del cual, pueden ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley de la materia. Al efecto, debe decirse que el principio de definitividad en materia de amparo, examinado por la doctrina, adoptado en la legislación y perfeccionado por la jurisprudencia, consiste en la obligación que tiene el gobernado de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, el cual, por su naturaleza, es un medio extraordinario de defensa; de ahí que dicho principio deba ser acatado previamente por la parte promovente del juicio de amparo, y en el caso, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer la agraviada, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. En esa tesitura, en el caso opera la hipótesis prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de amparo tratándose de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud de cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, ya que en el caso, el transcrito acto reclamado, pueden combatirse a través del juicio contencioso administrativo, previsto en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, cuyo artículo 82, fracción IV, de dicho ordenamiento legal prevé: "Artículo 82.- El Tribunal tiene competencia para resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten: (.) IV. Entre los particulares y la administración pública municipal, en los casos a que se refiere el primer párrafo del artículo 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca." [Lo resaltado no es de origen] A su vez, el artículo 125, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, dispone: "Articulo 125.- La Justicia Administrativa en el Estado, se impartirá por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que tendrá a su cargo resolver las controversias que se susciten entre la Administración Pública Estatal y los particulares. Así como las que se susciten entre los Municipios entre sí o entre éstos y el Gobierno del Estado, como Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 93 consecuencia de los convenios que celebren para el ejercicio de funciones, de ejecución de obras o prestación de servicios públicos municipales; la Ley de Justicia Administrativa establecerá las normas para su organización y funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones; con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. Será competente para conocer de las controversias que se susciten entre los particulares y la Administración Pública Municipal, cuando no haya organismos o disposiciones de carácter municipal que diriman dichas controversias. Estas disposiciones deberán ser aprobadas por el Congreso del Estado. El Tribunal Contencioso Administrativo, será revisor en segunda instancia de las determinaciones que dicten los Juzgados de primera instancia que se formen con arreglo en esas leyes." [Lo resaltado no es de origen] En razón de la naturaleza administrativa de los actos reclamados, del cual se advierte de la lectura integral de la demanda de amparo, al provenir dichos actos de un conflicto suscitado con motivo de la prestación de servicios como policía del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, se estima que encuadran en lo previsto por el artículo 82, fracción IV, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca; por lo que, contra ellos procede el Juicio Contencioso Administrativo, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ello es así, debido a que los actos reclamados por parte del peticionario de amparo, constituyen una controversia entre la parte aquí quejosa y la Administración Pública Municipal. Además de que, la Ley citada establece la suspensión de los actos impugnados, en el artículo 185, sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo, para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentren hasta en tanto se pronuncie la sentencia definitiva, toda vez que establece: "ARTICULO 185.- El actor podrá solicitar la suspensión del acto impugnado, en la demanda o en cualquier momento del juicio, hasta antes de citación para sentencia; tal medida cautelar tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren hasta en tanto se pronuncia la sentencia definitiva; el Tribunal deberá resolver lo conducente, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada para su cumplimiento." No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio evidente al interés social, si contravienen disposiciones de orden público o si se deja sin materia el juicio. Salvo que esta se otorgue para efectos." En esa tesitura, al no observarse el principio de definitividad, que hace procedente al juicio constitucional, se actualiza la citada causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, en relación con el 113 de la Ley de Amparo, lo que motiva a desechar la demanda de amparo en estudio por notoriamente improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 77/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página cuatrocientos veintiocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, julio de 2004, novena época, registro 181010, materia administrativa, de rubro y texto: "SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUS AGENTES CORRESPONDE CONOCER, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, página 43, de rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.", estableció que los miembros de la Policía Municipal o Judicial de ese Estado, al constituir un cuerpo de seguridad pública, mantienen una relación de naturaleza administrativa con el Gobierno Local o Municipal, la cual se rige por las normas legales y reglamentarias correspondientes, por disposición expresa del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se les excluye, lo mismo que a los militares, marinos y personal del servicio exterior, como sujetos de una relación de naturaleza laboral con la institución a la que prestan sus servicios. En congruencia con tal criterio, y tomando en consideración que la Constitución y las leyes secundarias del Estado de Jalisco no señalan con precisión la competencia del Tribunal de Arbitraje y Escalafón o del Tribunal de lo Administrativo para conocer de las demandas promovidas por elementos de seguridad pública contra autoridades del propio Estado o de sus Ayuntamientos, para que se deduzcan pretensiones derivadas de la prestación de sus servicios en su condición de servidores públicos, es inconcuso que dicha competencia debe recaer en el mencionado Tribunal de lo Administrativo, por ser el más afín para conocer de la demanda relativa, en acatamiento al segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, que consigna la garantía de acceso a la justicia. Asimismo, la diversa tesis aislada XIII.1o.27 A, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible a página dos mil cuatrocientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, septiembre de 2007, novena época, registro 171515, materia administrativa, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS POLICÍAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. AL FORMAR PARTE DE UN CUERPO DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDE POR AFINIDAD AL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA PROPIA ENTIDAD FEDERATIVA. Conforme a los artículos 4, fracción X y 19, fracción IV, de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Oaxaca, los policías dependientes del Municipio de Oaxaca de Juárez, de la propia entidad federativa constituyen un cuerpo de seguridad pública, y con esa calidad, atento al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mantienen una relación de carácter administrativo con el Estado, que está regida por sus propias normas legales y reglamentarias, con lo cual se excluye la posibilidad de considerarlos como sujetos de una relación laboral con la institución a la que prestan sus servicios. Ahora bien, ni la Ley del Servicio Civil para los Empleados del H. Ayuntamiento del citado Municipio, respecto de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, ni la Ley de Justicia Administrativa local, por lo que corresponde al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, señalan con precisión la competencia para que uno de esos órganos conozca de la demanda promovida por un policía contra autoridades de los Municipios del Estado de Oaxaca, en la que se deduzcan pretensiones derivadas de la prestación de servicios; sin embargo, como el artículo 1 de la referida Ley de Justicia Administrativa dispone que ésta se aplicará en todo el Estado de Oaxaca, en términos del artículo 125 de su Constitución Política, con la salvedad de que no se trate de la materia electoral, de justicia agraria y laboral, de las resoluciones relacionadas con la defensa de los derechos humanos, de las actividades desarrolladas por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, de acciones del Ministerio Público en averiguación del delito o de representación social, de los conflictos suscitados entre los integrantes de los Ayuntamientos, ni por la elección de autoridades auxiliares de éstos; la competencia debe recaer en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca, en acatamiento al segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, que consagra la garantía consistente en que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, por ser ese tribunal administrativo, de acuerdo con las facultades de que está investido, el más afín para conocer de la demanda relativa. Téngase a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Asimismo, en atención a la certificación realizada por la Secretaria de este Juzgado, téngase como autorizado únicamente para recibir notificaciones y acuerdos a la persona que menciona, ya que su cédula no se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado mediante Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil cinco. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Notifíquese personalmente y cúmplase. NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA EN TERMINOS DE LEY

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