Rosa Angélica Bobadilla
Expediente 578/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 578/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 28/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Rosa Angélica Bobadilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Incidental
... Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos de los cuales se advierte que en proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, causó estado la sentencia dictada en el juicio de amparo principal; por otra parte, del incidente de suspensión se advierte que la parte quejosa exhibió billete de depósito número N 931961, para que surtiera efectos la suspensión definitiva; por tanto, hágase del conocimiento a la parte quejosa que una vez que transcurran los seis meses a que alude el artículo 156 de la Ley de Amparo, quedara a su disposición el documento aludido para que solicite su devolución dentro del plazo de dos años, en un horario de doce a catorce horas, en día hábil; apercibido que de no hacerlo, operará la prescripción de su importe en favor del Erario Federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. ...
- Incidental
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 28 DE FEBRERO DE 2023, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO. ......... Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos de los cuales se advierte que en proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, causó estado la sentencia dictada en el juicio de amparo principal; por otra parte, del incidente de suspensión se advierte que la parte quejosa exhibió billete de depósito número N 931961, para que surtiera efectos la suspensión definitiva; por tanto, hágase del conocimiento a la parte quejosa que una vez que transcurran los seis meses a que alude el artículo 156 de la Ley de Amparo, quedara a su disposición el documento aludido para que solicite su devolución dentro del plazo de dos años, en un horario de doce a catorce horas, en día hábil; apercibido que de no hacerlo, operará la prescripción de su importe en favor del Erario Federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. ...
- Principal
.. Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada, el trece de septiembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo solicitado; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. E... Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es DESTRUIBLE en razón de que se sobreseyó en el juicio de amparo. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de veintiséis de agosto de dos mil veinte; en razón de que se concedió la suspensión definitiva, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el Artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dentro de los noventa días siguientes llévese a cabo el proceso de depuración e inclúyase el presente asunto en el acta de transferencia correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Respecto al duplicado, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del aludido acuerdo. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. Por último, devuélvase a la autoridad responsable el tomo de pruebas que en su momento adjunto en apoyó a su informe justificado. Notifíquese. ...
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 578/2022; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de demanda. Por escrito recibido el uno de abril de dos mil veintidós, en la oficina de correspondencia común a los juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, del que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Primero de Distrito, Rosa Angélica Quintero Bobadilla y Osvaldo Correa Robles, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal contra el acto y autoridad responsable que más adelante se precisan. SEGUNDO. Admisión. Dicha demanda se registró bajo el número de expediente 578/2022; en auto de cuatro de abril de dos mil veintidós se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede, ordenándose dictar la resolución correspondiente que ahora se hace; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor a partir del ocho de junio de dos mil veintiuno; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior toda vez que se reclaman actos atribuidos a autoridades civiles, cuyos efectos y consecuencias se materializan dentro de la jurisdicción de este juzgado, por lo que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es indispensable que en toda sentencia se precise en forma clara el acto reclamado, porque se debe atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable a lo expuesto, la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, registro digital 181810, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Por tanto, del análisis de demanda de amparo, así como de las constancias de autos, revelan que las autoridades responsables y el acto reclamado por la parte quejosa son los siguientes: Autoridad responsable: Jueza de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Teúl de González Ortega, Zacatecas. El acto reclamado lo es la resolución interlocutoria de fecha veinticinco de marzo de dos mil veintidós, dictada en el juicio sumario civil 70/2018, del índice del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Teúl de González Ortega, Zacatecas, la cual confirma el acuerdo en el que se ordena girar de nueva cuenta oficio para la designación de un diverso perito tercero en discordia. TERCERO. Certeza del acto. La Jueza de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Teúl de González Ortega, Zacatecas, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, de ahí que se tenga acreditado el mismo. Lo anterior, se corrobora con las constancias remitidas por la citada autoridad, relativa juicio sumario civil 70/2018; documental a la que se otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Se cita como sustento, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, tesis 226, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación aducidos por la demandante del amparo, este juzgador federal se encuentra obligado a verificar la procedencia del juicio constitucional en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, lo aleguen o no las partes, ya que su estudio es preferente y oficioso. Aunado a la anterior, la tercera interesada en el presente juicio protector de derechos humanos, mediante su escrito de alegatos presentado el siete de junio de dos mil veintidós, hizo valer causales de improcedencia, los cuales este juzgador tiene la obligación de estudiar, según lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 122/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dice lo siguiente: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LOS JUECES DE DISTRITO DEBEN PRONUNCIARSE EN SU SENTENCIA SOBRE AQUELLOS EN LOS QUE SE PLANTEEN CUESTIONES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO; SIN EMBARGO, LA OMISIÓN DE ESTUDIAR DICHOS ARGUMENTOS CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN QUE NO DA LUGAR A LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El artículo 124 de la Ley de Amparo dispone, entre otras cuestiones, que en la audiencia constitucional se recibirán los alegatos por escrito que formulen las partes, y que el quejoso podrá alegar verbalmente en los casos extraordinarios expresamente ahí previstos, de lo que se advierte que el legislador estableció en dicha figura un derecho procesal de las partes a formularlos, una formalidad para su presentación, así como una obligación procesal del Juez de Distrito de recibirlos y pronunciarse respecto de ellos en su resolución, de ser necesario, como lo es cuando en dichos alegatos se hacen valer cuestiones de improcedencia. Sin embargo, la omisión del Juez de Distrito de emitir algún pronunciamiento relacionado con dichos argumentos de improcedencia constituye una violación que no da lugar a la reposición del procedimiento, ya que el artículo 93 de la Ley de Amparo impone al Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión la obligación de ocuparse de ellos, en aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de evitar dilaciones innecesarias en la resolución del asunto." Como se dijo en líneas precedentes, los quejosos Rosa Angélica Quintero Bobadilla y Osvaldo Correa Robles, reclaman en este juicio la resolución interlocutoria de fecha veinticinco de marzo de dos mil veintidós, dictada en el juicio sumario civil 70/2018, que confirma el acuerdo en el cual se ordena girar de nueva cuenta oficio para la designación de un diverso perito tercero en discordia; de lo cual, es de suma importancia puntualizar que dicho procedimiento se encuentra en la etapa de ejecución. Así, este juzgador advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De la transcripción de la fracción IV del artículo 107 citado, se deprende que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de la última resolución emitida en la etapa de ejecución de sentencia entendida como aquel acuerdo que declare el cumplimiento total, cuando se declare que existe imposibilidad para su cabal cumplimiento, o bien, cuando se ordene el archivo de dicho asunto. Dicha regla, fue instaurada por el constituyente en aras de respetar el derecho obtenido por el vencedor en el juicio de origen, al emitirse una sentencia ejecutoriada; pues en caso contrario, se podría llegar al absurdo de hacer valer el juicio de amparo en contra de cuanta determinación sea pronunciada para ejecutar la sentencia, entorpeciendo así el sistema judicial. No obstante, es de explorado derecho que existen excepciones a la rigidez del artículo mencionado, ya que se considera que el juicio de amparo indirecto si es procedente en contra de determinaciones que gozan de autonomía, o en su caso, que generen una afectación a los derechos sustantivos de las partes. Resulta ilustrativa la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de nuestro máximo tribunal, con número de registro digital 162152, perteneciente a la novena época, la cual señala lo siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, b) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el día cuatro de mayo de dos mil diez, emitió la tesis jurisprudencial de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Como punto toral del criterio antes señalado, el Tribunal Pleno estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por lo tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción citada, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. Ahora bien, en atención al criterio antes señalado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación." Lo resaltado es propio. En el presente asunto, los quejosos se inconformaron contra la resolución interlocutoria emitida por la jueza de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Teúl de González Ortega, Zacatecas, mediante la cual ordenó girar de nueva cuenta oficio a la central de peritos, ello con la finalidad de designar a un nuevo experto para que funja como tercero en discordia; acto que de ninguna manera, afecta derechos sustantivos de los quejosos, ni deviene en una actuación ajena al proceso de ejecución de la sentencia. Para evidenciar aún más lo anterior, es importante destacar en primer término que son los derechos sustantivos y cuál es su diferencia con los derechos adjetivos. Conforme a lo señalado por el Octavo Tribunal Colegiado del Primer Circuito al emitir la jurisprudencia de rubro "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS.", determinó que por derecho sustantivo, se debe entender como aquellos que son identificados con los bienes de la vida, así de manera enunciativa, mas no limitativa, se pueden señalar, por ejemplo, el derecho a la libertad, el derecho a la vida incluyendo todas sus vertientes como la salud, derechos patrimoniales o familiares; en tanto que los derechos adjetivos o procesales, son únicamente aquellos medios para proteger o hacer observar los sustantivos, entendiéndose de otro modo como reglas para obtener y/o exigir del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida. En efecto, la resolución impugnada no trastoca algún derecho patrimonial o de otro tipo de los quejosos que pudiera trascender a su esfera jurídica, ya que únicamente se buscó la designación de un diverso experto en la materia, situación que de momento, no genera mayor trascendencia que la producida en el ámbito procesal, como correctamente lo señalan en su demanda de amparo los quejosos; argumentos que correctamente se pueden hacer valer en contra de la última resolución dictada en la etapa de ejecución. Aunado a lo anterior, los impetrantes del juicio de amparo, son omisos en demostrar cómo es que dicha resolución trastoca sus derechos subjetivos, y toda vez que el acto del que se adolecen emana de un procedimiento sumario civil de pago de honorarios, materia que es de estricto derecho para el juicio de amparo, así mismo, tampoco se observa alguno de los supuestos señalados en el artículo 79 de la Ley de Amparo para su procedencia; por lo cual, eran ellos quienes tienen la carga de demostrar dicha situación. Así mismo, el acto tampoco es autónomo a la etapa de ejecución, ya que el mismo tiene la finalidad de determinar el importe de los honorarios que se deben de pagar, por lo cual, se busca la prosecución de dicha fase procesal. Como consecuencia, y toda vez que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, no es un acto autónomo, ni tampoco afecta derechos sustantivos de los quejosos Rosa Angélica Quintero Bobadilla y Osvaldo Correa Robles, lo que corresponde es sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 163152, que reza lo siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." De igual manera por analogía, la tesis aislada emitida por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, de la décima época de tenor: "PERITO TERCERO EN DISCORDIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE REVOCACIÓN PROMOVIDO CONTRA EL AUTO QUE ORDENA SU DESIGNACIÓN, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, AUN CUANDO EL JUICIO DE ORIGEN SE ENCUENTRE CITADO PARA DICTAR SENTENCIA. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan directa e inmediatamente derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta a lo anterior, que el juicio de origen se encuentre citado para dictar sentencia, pues si bien tal circunstancia podría entrañar un retardo en la impartición de justicia, lo cierto es que no justifica, por sí sola, la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas, implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." Por otro lado, aun cuando se pensara que el acto reclamado todavía no se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia, de todas formas el juicio de amparo es improcedente por lo siguiente. Como ya se dijo con antelación, el acto reclamado se hace consistir sustancialmente en la resolución de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, dictada en el juicio sumario civil 70/2018, que confirma el acuerdo en el cual se ordena girar de nueva cuenta oficio para la designación de un diverso perito tercero en discordia. Con lo anterior se pone de manifiesto que si bien se trata de una interlocutoria dictada por la responsable después de concluido el juicio, en específico dentro del incidente de ejecución de sentencia, cierto es también, que ésta no constituye la última resolución dictada en el procedimiento correspondiente, es decir, en el acto reclamado únicamente se determinó girar de nueva cuenta oficio a la central de peritos del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, por lo que es indudable que el acto combatido no es definitivo, porque se insiste, en él no se decidió la incidencia en mención, de lo que se deduce que constituye un actuación intermedia emitida durante el trámite del referido incidente de ejecución, en contra de la cual no procede el amparo indirecto, dado que en el mejor de los casos tal acto reclamado pudiera ser combatido (como se dijo en párrafos precedentes) como violación procesal en la demanda de amparo que se promueva en contra de la resolución definitiva que se emita en el aludido incidente. Para comprender mejor esta situación, debe decirse, que de acuerdo con la teoría procesal, el procedimiento de un incidente resulta ser similar al procedimiento de un proceso. El proceso que con frecuencia es confundido con los vocablos juicio, litigio o procedimiento, es el conjunto de actos jurídicos realizados por las partes, los terceros, los auxiliares de justicia y el juzgador, con motivo del ejercicio de la acción, cuyo fin es la sentencia. Por su parte, con la palabra incidente, se designa a los procedimientos que se siguen dentro de un proceso para resolver una cuestión accesoria al litigio principal, a través de una resolución que generalmente se le denomina interlocutoria. De ahí que las instituciones juicio e incidente, coinciden en que previo a un procedimiento deben decidir una cuestión planteada, por tanto, generalmente sus respectivos procedimientos, igualmente coinciden con los siguientes aspectos: 1. Se inician con un escrito (demanda y demanda incidental, respectivamente). 2. Se otorga el derecho de formular contestación de la contraparte. 3. Se admite la etapa probatoria y de alegatos. 4. Culmina con una resolución (sentencia e interlocutoria, según sea el caso). 5. Admite la procedencia de recursos ordinarios. 6. Existen plazos para hacer valer derechos procesales. En el mismo campo de la similitud existente entre el procedimiento del juicio y el procedimiento de un incidente, el momento para reclamar las violaciones procesales cometidas en uno y otro, el que debe ser el mismo, es decir, en el momento en que se combate la resolución respectiva que pone fin al proceso o al incidente (sentencia definitiva o resolución interlocutoria) a través del juicio de amparo. Sólo que la diferencia se encuentra en la vía en que deba promoverse el juicio de amparo para uno y otro caso, porque si se trata de una sentencia definitiva, en el caso del proceso, tales actos deben invocarse como violación al procedimiento en la demanda de amparo directo que se promueva en contra de la sentencia de mérito, por así establecerlo textualmente la Ley de Amparo. En cambio, cuando se trata de una resolución interlocutoria que decide un incidente susceptible de combatirse mediante el juicio de amparo indirecto, las circunstancias que considere afecten su esfera jurídica, válidamente deberán invocarse como violaciones al procedimiento incidental en la demanda de amparo que se promueva en contra de la referida interlocutoria. Por otro lado, es importante destacar que las causas de improcedencia previstas en el artículo 107, fracción IV, Constitucional, desarrolladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, tienen la finalidad de evitar la substanciación de juicios de amparo que paralicen los juicios o procedimientos de origen, porque no se trata de un remedio ordinario, sino del último recurso que permite la tutela de derechos y garantías tutelados en la Constitución, y que no puede proceder contra todos los actos dictados en un juicio o en ejecución de sentencia, en aras de un justo equilibrio entre la protección de los derechos humanos como fin último del sistema, y la seguridad jurídica y equidad procesal que garantizan la estabilidad y confiabilidad del propio sistema jurídico mexicano. Apoya lo expuesto, por las razones que informa, la jurisprudencia VI.2o.C. J/6 (10a.), con número de registro digital 2001059, correspondiente a la décima época, cuyo epígrafe y texto dicen lo siguiente: "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. La regla genérica contenida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, no indica si los actos intermedios dictados durante un procedimiento sustanciado en esa etapa -después de concluido el juicio- pueden atacarse de manera inmediata mediante la acción de amparo biinstancial, o si ello debe hacerse junto con la resolución que decide en definitiva dicho procedimiento. No obstante, de conformidad con el principio de definitividad, aun los actos dictados después de concluido el juicio que no formen parte de un procedimiento deben ser definitivos, es decir, deben reclamarse a través del medio ordinario de defensa que la ley establezca, previo a su impugnación en amparo; luego, el referido principio es aplicable y debe respetarse también en tratándose de aquella clase de actos. Por otro lado, al tenor de los párrafos segundo y tercero del dispositivo legal mencionado, el juicio de garantías indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Aunado a lo anterior, y de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a excepción del último, de rubros: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.", Tomo VII, febrero de 1998, página 230, tesis 2a. VIII/98; "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", Tomo XIII, abril de 2001, página 31, tesis P./J. 32/2001; "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.", Tomo V, abril de 1997, página 15, tesis P. LVI/97; "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.", Tomo XX, julio de 2004, página 75, tesis 1a./J. 36/2004; y "VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SÓLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUÉL SE APRUEBA.", Informe de 1934, Tercera Sala, página 74; en los que el Máximo Tribunal del País estableció que el amparo indirecto no procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si son de imposible reparación, si quien lo promueve es el vencedor en el juicio natural (ejecutante) o si se impugna la constitucionalidad de la ley aplicada, sino sólo contra la última resolución dictada en ese procedimiento; de todo lo que se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga." De igual forma, en el diverso criterio 1a./J. 29/2003, emitido por la Primera Sala de nuestro máximo tribunal, que a continuación se inserta: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." Se insiste que la procedencia en el juicio de derechos, se plantea contra la determinación que afecte derechos sustantivos, o bien, la última resolución, entendida ésta, como la que resuelve en definitiva el incidente que emana el acto reclamado, siendo que esta última no reviste las características de un acto definitivo y, por ende, no puede ser estudiado a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culminatoria, momento en que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa, durante dicha fase así como su resolución. Actualizada la causal de improcedencia que conllevó al sobreseimiento de este juicio, este juzgador se encuentra impedido en analizar la constitucionalidad del acto reclamado, acorde a lo establecido en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rosa Angélica Quintero Bobadilla y Osvaldo Correa Robles, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el correlativo último de la misma. Notifíquese, personalmente a los quejosos y a la tercero interesada. Así lo resolvió Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza, hasta hoy trece de septiembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe. GEE En Zacatecas, Zacatecas a trece de septiembre de dos mil veintidós, Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, certifico: en la sentencia que antecede se marcó la información considerada legalmente como reservada o confidencial en términos de los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del citado Consejo, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, del Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas de Documentos Electrónicos, generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Doy fe.
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