Rosa Carmina López Soriano
Expediente 359/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 359/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 19/06/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Mónica Martínez Alvarado
- Rosa Carmina López Soriano
- Ayuntamiento del Estado de Zacatecas.
- Adriana Alejandra Llamas Vázquez
- José Reyes Saucedo Robles
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
En diecinueve de junio de dos mil quince, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, -------C E R T I F I C A : ------------------------Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la resolución de dos de junio de dos mil quince, transcurrió para las partes del cinco al dieciocho de junio del año en curso, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. DOY FE. En la misma fecha se da cuenta al Juez con el estado de autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de junio de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por la Secretaría, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el dos de junio de dos mil quince, en la que este Juzgado de Distrito determinó carecer de competencia legal para resolver del presente asunto; por tanto, con apoyo en lo previsto por los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia, en lo referente al sobreseimiento de mérito, ha causado ejecutoria. En consecuencia, en términos del artículo 49, primer párrafo de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, el juicio de nulidad administrativa 576/2014-ll, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, para que sea dicho órgano Colegiado quien determine lo que en derecho proceda; previo cuaderno de antecedentes que se forme en su sustitución. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y TERCEROS INTERESADOS. Lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE. Luis/uli En esta fecha se giraron los oficios 12712, 12713, 12714 y 12715
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DOS DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 359/2015 estando en audiencia pública el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Acto seguido, la Secretaria procede a dar lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas. Tiene aplicación a la tesis siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han -quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, con sede en esta ciudad y por legalmente emplazados al presente juicio de amparo a los terceros interesados. De igual forma, la Secretaria da cuenta al Juez, con el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante auto de veintidós de abril del presente año, se requirió al quejoso José Reyes Saucedo Robles, a fin de que dentro del término de tres días compareciera ante el personal de este órgano jurisdiccional debidamente identificado a ratificar el contenido de su escrito registrado con el folio 7103 presentado ante la Oficialía de Partes de este Juzgado, el veintiuno de ese mismo mes y año y a reconocer la firma que lo calza, apercibido que de no hacerlo en ese lapso, se le tendría por no presentado el desistimiento que hace en dicho ocurso y se continuaría con el procedimiento. A lo que el Juez acuerda: En razón de que ha transcurrido en exceso el término de tres días concedido al quejoso José Reyes Saucedo Robles, en auto de veintidós de abril del presente año, sin que hubiese comparecido ante este Juzgado a ratificar el contenido de su escrito de mérito y reconocer como suya la firma que lo calza; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho auto, por tanto, se le tiene por no presentado su escrito de desistimiento y se ordena continuar con el procedimiento. A continuación, en el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, la Secretaria da cuenta con las documentales que adjuntó el quejoso a su escrito de demanda, así como con el juicio de nulidad 576/2014 y el cuaderno del recurso de revocación relativo, que en su oportunidad remitió el Magistrado responsable como justificación de sus actos; a lo que el Juez acuerda: Con apoyo en el numeral 119, de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza, las documentales antes señaladas; luego, al no haber más pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrado el período probatorio, y se pasa a la etapa de alegatos, en la que la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló; en consecuencia, al no haber alegatos que tener por reproducidos y sin pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se declara cerrada la etapa de alegatos. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente Acta en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, y se procede a dictar la resolución siguiente: V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 359/2015-4; y, R E S U L T A N D O 1º. Demanda de Amparo. En escrito presentado el diez de marzo de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas ROSA CARMINA LÓPEZ SORIANO, MARISOL REYES CARRILLO, MARÍA DEL CARMEN ROSALES RAMÍREZ, MARTÍN ALVARADO ROMERO, ADRIANA ALEJANDRA LLAMAS VÁZQUEZ, RAMÓN CALDERA, ANTONIO ALBERTO MARTÍNEZ LEOS, JOSÉ REYES SAUCEDO ROBLES y MIGUEL ÁNGEL ROJAS BERNAL, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: Autoridad Responsable Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, con sede en esta ciudad. Acto Reclamado: La resolución de seis de febrero de dos mil quince, dictada dentro del juicio de nulidad administrativa 576/2014-II, a través del cual se resolvió el recurso de revocación interpuesto el contra del auto de quince de diciembre de dos mil catorce, que desechó la demanda de nulidad. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como garantías individuales violadas, las contempladas en los artículos 1°, 14 y16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2º. Trámite del procedimiento en el juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, se registró bajo expediente 359/2015; cuyo Titular mediante proveído de doce de marzo de dos mil quince, ordenó su admisión; se pidió informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se emplazó a la parte tercero interesada, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O ÚNICO. Este Juzgado debe declararse legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo, en razón de lo que a continuación se expone: La competencia es un presupuesto procesal de estudio previo y oficioso, por ser una cuestión de orden público. Conforme a dicho presupuesto procesal, cada autoridad debe actuar dentro de los límites normativos que le están asignados. En cuanto a la delimitación de la competencia de las autoridades jurisdiccionales, debe señalarse que en todo proceso resulta imprescindible verificar su competencia legal porque si la misma no se actualiza, la relación procesal entre el órgano jurisdiccional y las partes no se integrará correctamente, y por consiguiente, no podría emitirse una sentencia válida en cuanto al fondo. En tal panorama jurídico, los juzgadores deben actuar exclusivamente dentro de las funciones y facultades que les han sido fijadas legalmente, pues resulta condición indispensable para la validez de sus actuaciones. Dicho de otro modo, los actos de un juez o tribunal serán válidos en la medida en que se ajusten a su competencia legal. Así pues, debe establecerse si a favor de este juzgado se actualiza la competencia para conocer del juicio de garantías promovido por ROSA CARMINA LÓPEZ SORIANO, MARISOL REYES CARRILLO, MARÍA DEL CARMEN ROSALES RAMÍREZ, MARTÍN ALVARADO ROMERO, ADRIANA ALEJANDRA LLAMAS VÁZQUEZ, RAMÓN CALDERA, ANTONIO ALBERTO MARTÍNEZ LEOS, JOSÉ REYES SAUCEDO ROBLES y MIGUEL ÁNGEL ROJAS BERNAL. Al respecto debe señalarse que en materia de amparo la competencia puede estar delimitada principalmente por la materia, por territorio, o bien, por razón de la vía. En cuanto a la competencia por razón de la vía, y en lo que concierne a las acciones de amparo que conocen los tribunales de la Federación, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, Constitucionales establece procedimientos de naturaleza distinta para impugnar la inconstitucionalidad de los actos de autoridad. Uno de ellos, denominado juicio de amparo indirecto o "bi-instancial" que está regulado en el "título segundo" "De los procedimientos de Amparo" capítulo I "EL AMPARO INDIRECTO" "Sección Primera, Procedencia y demanda"(artículos 107 y siguientes de la Ley en cita). El otro, llamado juicio de amparo directo o "uni-instancial", regulado en el "CAPÍTULO II" "EL AMPARO DIRECTO" "SECCIÓN PRIMERA "PROCEDENCIA" (artículos 170 y siguientes de la Ley en comento). Los supuestos de procedencia para el primero de los procedimientos constitucionales en cita (que fijan de hecho la competencia del juez de amparo), están contemplados en el artículo 107; y las hipótesis legales que fijan la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, se consignan en el artículo 170 de dicho cuerpo de normas. En la especie interesa examinar los elementos del último precepto aludido, por ser necesario para la solución de la cuestión de competencia suscitada. El citado precepto jurídico establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." Conforme a dicha norma adjetiva, el procedimiento constitucional de amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito y procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin a juicio. Por su parte, el párrafo primero de la fracción I del artículo 170 antes transcrito dispone que se entenderá por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Ahora bien, en la especie, al acto concreto de aplicación consistente en la resolución de seis de febrero de dos mil quince, dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas, es una resolución que pone fin al juicio. Lo anterior se desprende de las constancias remitidas por la autoridad a las que se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de donde se observa que los hoy quejosos ROSA CARMINA LÓPEZ SORIANO, MARISOL REYES CARRILLO, MARÍA DEL CARMEN ROSALES RAMÍREZ, MARTÍN ALVARADO ROMERO, ADRIANA ALEJANDRA LLAMAS VÁZQUEZ, RAMÓN CALDERA, ANTONIO ALBERTO MARTÍNEZ LEOS, JOSÉ REYES SAUCEDO ROBLES y MIGUEL ÁNGEL ROJAS BERNAL, formularon demanda de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas. En auto de quince de diciembre de dos mil catorce, el citado Tribunal responsable, determinó desechar de plano la demanda de nulidad presentada el siete de noviembre de ese año, por los quejosos de mérito. Inconformes con la anterior determinación, promovieron recurso de revocación, por lo que el Tribunal responsable el seis de febrero de dos mil quince, declaró procedente pero infundado el recurso de revocación interpuesto por los aquí quejosos ROSA CARMINA LÓPEZ SORIANO, MARISOL REYES CARRILLO, MARÍA DEL CARMEN ROSALES RAMÍREZ, MARTÍN ALVARADO ROMERO, ADRIANA ALEJANDRA LLAMAS VÁZQUEZ, RAMÓN CALDERA, ANTONIO ALBERTO MARTÍNEZ LEOS, JOSÉ REYES SAUCEDO ROBLES y MIGUEL ÁNGEL ROJAS BERNAL, por conducto de su autorizado en contra del auto de quince de diciembre de dos mil catorce, por medio del cual se desechó de plano la demanda de juicio de nulidad dentro del expediente 576/2014-II; materia de reclamo en esta instancia constitucional. En esas condiciones es claro que el desechamiento de una demanda pone fin al juicio, por lo que no puede considerarse que sea un acto intraprocesal, debido a que como consecuencia de esa decisión ni siquiera se substancia procedimiento alguno, sino que sin mayor trámite se tiene por no interpuesta la demanda. Luego, para efectos del juicio de amparo indirecto, inicialmente debe precisarse cuál es el significado de la palabra juicio, empleada en el artículo 107 de la Ley de Amparo. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Ahora bien en cuanto a la acepción denominada "Juicio", el Diccionario Jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, refiere que la expresión juicio tiene dos grandes significados en el derecho procesal. En sentido amplio, se le utiliza como sinónimo de proceso y, más específicamente como sinónimo de procedimiento o secuencia ordenada de actos a través de los cuales se desenvuelve todo un proceso. En general -afirma Alcalá Zamora-, en el derecho procesal hispánico, juicio es sinónimo de procedimiento para sustanciar una determinada categoría de litigios; entonces, juicio significa lo mismo que proceso jurisdiccional. En un sentido más restringido, también se emplea la palabra juicio para designar sólo una etapa del proceso -la llamada precisamente de juicio- y a un sólo acto, la sentencia. Como se ha visto, el vocablo en comento contiene diversas acepciones y, en su significado amplio, incluye todos los estadios procesales, desde la presentación de la demanda, hasta la sentencia definitiva. En ese sentido se tiene que los actos dentro de juicio o intraprocesales, son aquellos dictados desde la admisión de la demanda hasta antes de que se resuelva el juicio, ya sea que éste concluya con la sentencia definitiva o con cualquier otro acto que lo de por concluido. Es verdad que un juicio, por lo general, se inicia con la presentación de la demanda y concluye con la sentencia; empero, existen otras resoluciones que impiden su continuación -como en el caso- el auto que desecha una demanda, pues el efecto procesal en esta hipótesis es dar por concluido el proceso, ya que no se podrá resolver mediante sentencia la pretensión deducida en la demanda. Así las cosas, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, nuestro alto Tribunal, ha determinado que una resolución que pone fin al juicio es aquella en que se desecha una demanda, ya que sin decidir la controversia planteada, da por concluido el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia que a la letra dice: "DEMANDA AGRARIA. EL ACUERDO QUE LA DESECHA, PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, PROCEDE EN SU CONTRA EL AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer, en amparo directo, de las demandas promovidas en contra de resoluciones que, sin decidir la controversia planteada, dan por concluido el juicio. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia ha estimado que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda agraria, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que el competente para conocer del amparo, lo será un Tribunal Colegiado de Circuito, en la vía directa." Asimismo, resulta aplicable, en lo que interesa la Jurisprudencia del epígrafe y contenido siguiente: "DEMANDA FISCAL, DESECHAMIENTO DE LA. EL AMPARO DIRECTO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCION QUE LO CONFIRMA. La resolución de una Sala del Tribunal Fiscal de la Federación que confirma el auto que desecha una demanda es de aquéllas a que se refiere el tercer párrafo del artículo 46 de la Ley de Amparo, que si bien no deciden el problema planteado por el actor en su demanda, dan por terminado el juicio relativo. Por tal motivo, su reclamación debe hacerse en amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción III, inciso a), constitucional, así como 44 y 158 de la ley citada, de acuerdo con sus textos reformados vigentes a partir del 15 de enero de 1988, y no en amparo indirecto como procedía antes de las referidas reformas. Esto es así, porque, para los efectos del amparo, el juicio se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, pues independientemente de las concepciones doctrinarias del concepto genérico de juicio, éste debe entenderse atendiendo a la intención de las reformas constitucionales y legales citadas. Cuando no se requieren pruebas no allegadas a la responsable para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto procesal proveniente de tribunales administrativos, no se justifica la promoción de un amparo que admite hasta dos instancias y supone la celebración de una audiencia con un período probatorio, sino la de un juicio constitucional que normalmente se tramita en una sola instancia y que no requiere de la celebración de una audiencia con términos para el ofrecimiento y desahogo de pruebas. Lo anterior, por motivos de economía procesal. En el caso de la resolución que confirma el desechamiento de la demanda, los elementos para juzgar si ésta estaba o no en condiciones de ser admitida, ya debieron ser aportados ante la autoridad de primera instancia o ante la responsable." De igual forma, lo anterior encuentra apoyo, por las razones que la contienen en la jurisprudencia con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE LA DESECHA PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, constitucional; 44, 46, tercer párrafo, y 158 de la Ley de Amparo, se desprenden los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia de los órganos jurisdiccionales a los que corresponde resolverlo. Esta Suprema Corte de Justicia ha estimado, en reiteradas ocasiones, que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, atendiendo a las reformas constitucionales y legales del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda laboral, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que en su contra procede el amparo directo, porque las pruebas para analizar la constitucionalidad del acto deben obrar en el expediente de la responsable y, por ello, no se justifica el trámite de un juicio que admite dos instancias y una audiencia que prevé el periodo de pruebas, atentando contra los principios de economía procesal y celeridad en la administración de justicia". De las jurisprudencias antes transcritas, se arriba a la conclusión de que el desechamiento de una demanda pone fin al juicio, por lo que no puede considerarse como un acto intraprocesal, debido a que como consecuencia de esa decisión ni siquiera se substancia procedimiento alguno, sino que sin mayor trámite se desecha la demanda; de ahí que ese acto constituya una resolución que pone fin al juicio. Además, debe indicarse que resulta intrascendente para definir la naturaleza de una resolución que pone fin al juicio, que contra ese acto la ley ordinaria prevea la procedencia de un recurso en su contra; ello porque de tomar en cuenta esa circunstancia para definir si un acto es el que pone fin al juicio, equivaldría a aceptar que una resolución con la que se concluye el juicio tiene el carácter de acto intraprocesal hasta en tanto no se resuelva el recurso interpuesto en su contra, lo cual contravendrá las normas esenciales del derecho procesal. Así las cosas y toda vez que el acto que se combate en esta vía, consistente en la resolución de seis de febrero de dos mil quince, a través del cual se confirmó el proveído de quince de diciembre de dos mil catorce, mediante el cual se desechó una demanda de nulidad, no se ubica dentro de los supuestos de procedencia previstos en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, debido a que, como se ha destacado tal hipótesis normativa se refiere a actos dictados dentro de juicio; sin embargo, el auto que desecha una demanda de nulidad, no puede considerarse como un acto intraprocesal, sino como el que da por concluido el juicio. Aunado a lo anterior, para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto contra esa clase de actos resulta irrelevante si el acto que ese reclama es susceptible o no de generar un perjuicio de imposible reparación, debido a que la demostración de esa característica para justificar la procedencia del juicio biinstancial, es necesario que sea en caso de que se reclamen actos dictados dentro de juicio, pero no opera cuando se impugna -como en el caso- una resolución que pone fin a juicio. Ello, porque la resolución que pone fin al juicio se encuentra en un plano distinto de los actos intraprocesales y, en consecuencia las reglas que rigen la procedencia del juicio de amparo respecto de la primera y los segundos son distintos y no son equiparables entre si. Lo anterior se corrobora con la circunstancia de que el artículo 170 de la Ley de Amparo, dispone que son impugnables mediante amparo directo, las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales administrativos, agrarios o del trabajo, siempre que sea actualicen las condiciones establecidas en la propia norma, como que respecto del acto reclamado no proceda algún recurso ordinario por el cual pueda ser modificado o revocado. Luego, si la propia Ley de Amparo, dispone un tratamiento distinto a los actos dentro del juicio en relación con las determinaciones que lo dan por concluido, es indudable que el acto que en esta vía se combate, debe substanciarse conforme a las reglas aplicables para el amparo uniinstancial regulado en el artículo 170 de la Ley de Amparo; por tanto, se estima que este Juzgado de Distrito es legalmente incompetente para conocer del presente juicio de garantías, motivo por el cual la competencia para conocer de dicho juicio corresponde al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad. Por lo que en su oportunidad deberán remitirse los autos al Tribunal Colegiado de este Circuito, para que tenga a bien determinar lo que en derecho corresponda. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido por los artículos 107 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47 y 192, de la Ley de Amparo y 37 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: R E S U E L V E PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, determina carecer de competencia legal para resolver el presente juicio de amparo promovido por ROSA CARMINA LÓPEZ SORIANO, MARISOL REYES CARRILLO, MARÍA DEL CARMEN ROSALES RAMÍREZ, MARTÍN ALVARADO ROMERO, ADRIANA ALEJANDRA LLAMAS VÁZQUEZ, RAMÓN CALDERA, ANTONIO ALBERTO MARTÍNEZ LEOS, JOSÉ REYES SAUCEDO ROBLES y MIGUEL ÁNGEL ROJAS BERNAL, por las consideraciones expuestas en el considerando único de esta sentencia. SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48, de la Ley de Amparo, remítase el juicio de garantías en que se actúa al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, a fin de que determine si acepta la competencia declinada, previa cuaderno de antecedentes que se forme con las constancias necesarias. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la Secretaria que autoriza, licenciada María Soledad Torres Muguiro. DOY FE. mtm
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En veinticuatro de abril de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Secretario encargado del despacho del Juzgado, con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinticuatro de abril de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas del día de hoy para llevar a cabo la audiencia constitucional en el juicio de amparo en que se actúa; y tomando en consideración que el Titular de este Órgano Jurisdiccional se encuentra gozando de licencia en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por tanto, y ante la ausencia de facultades del Secretario encargado del despacho Juzgado para resolver el presente asunto, la celebración de la audiencia a verificarse el día de hoy se DIFIERE y en su lugar se señalan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DOS DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, para su verificativo. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. *Rosy
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "Zacatecas, Zacatecas, a veintidós de abril de dos mil quince. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso José Reyes Saucedo Robles, mediante el cual se desiste del presente juicio de amparo; en consecuencia, a efecto de acordar lo que en derecho corresponda en relación a su solicitud; requiérasele para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación el presente auto, en hora hábil de despacho comparezca ante el personal de este órgano jurisdiccional debidamente identificado a ratificar el contenido del escrito de cuenta y reconocer como suya la firma que lo calza; apercibido que de no hacerlo en ese lapso, se tendrá por no presentado el desistimiento y se continuará con el procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente Tesis: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio.". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A JOSÉ REYES SAUCEDO ROBLES".
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