Roque Montaño Solias

Expediente 1274/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1274/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
16/01/2017

Partes del expediente

  • Roque Montaño Solias

Actuaciones

  1. Principal

    En dieciséis de enero de dos mil diecisiete, la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, CERTIFICA: Que el auto de veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, fue notificado de forma personal a la parte quejosa el veintinueve siguiente (foja 20), por lo que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del dos al trece de enero actual (sin contar los días siete y ocho de dicho mes, por corresponder a sábado y domingo), sin que haya sido recurrido el citado proveído en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia. Doy fe. Asimismo se certifica lo siguiente: Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no obran documentos originales; De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión, por lo que no existe billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, a dieciséis de enero de dos mil diecisiete. Doy fe. En la misma fecha, la Secretaria licenciada Alva Ramírez Miranda da cuenta a la Juez con el estado de autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dieciséis de enero de dos mil diecisiete. Visto lo de cuenta se provee: toda vez que de la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el sobreseimiento fuera de audiencia decretado mediante acuerdo de veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 22 a 24); en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral y el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado. En tales condiciones, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por otro lado, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo General, se determina que el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN; ello en consideración a que en los autos del presente juicio de amparo se sobreseyó fuera de audiencia. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del acuerdo en cita, por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá transferirse el presente expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al citado Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese por lista a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza. Doy fe. /manuelcc

  2. Principal

    En veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, se da cuenta a la Secretaria encargada del despacho con un oficio registrado con el número 21392 y anexo que se adjunta.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Agréguese a los autos el telegrama de cuenta para que obre como corresponda; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social en Zacatecas y en representación del Consejo Consultivo Delegacional de dicha dependencia, con residencia en Guadalupe, Zacatecas. A su vez, como lo solicita dicha autoridad se le tiene por señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones y delegados los que indica en su comunicando de cuenta. De igual forma, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en consulta, téngase como pruebas de la mencionada autoridad las constancias que adjunta, consistentes en copias fotostáticas certificadas de la resolución de quince de diciembre de dos mil dieciséis, que resolvió el recurso de inconformidad planteado por el quejoso y su respectiva notificación. Ahora bien, la suscrita resolutora advierte que durante la tramitación del presente juicio de garantías se ha actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en su parte conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". En efecto, de la demanda de garantías se advierte que el quejoso reclama la omisión por parte de la autoridad responsable Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social en Zacatecas, de resolver el recurso de inconformidad establecido en el artículo 294 de la Ley del Seguro Social, presentado ante su instancia el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, toda vez que hasta la fecha de la presentación de su libelo constitucional no había pronunciado dicha resolución. Ahora bien, la mencionada autoridad en su informe justificado manifiesta que es cierto el acto que se le reclama; sin embargo, adjunto copia fotostática certificada de la resolución de quince de diciembre de dos mil dieciséis, que resolvió el recurso de inconformidad planteado por el quejoso y su respectiva notificación que se realizó de manera personal por conducto de su autorizada licenciada Sofía Navarro García, en el domicilio que ocupas las instalaciones que ocupa el Instituto Federal de Defensoría Pública, ubicado en calle lateral número 1202, colonia Cerro del Gato, Torre B, planta baja, ciudad gobierno, de esta ciudad; documentales a la que ses confiere valor probatorio pleno en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese contexto, importante resulta destacar que de las indicadas constancias se obtiene que si bien es verdad que hasta el día dos de diciembre del presente año, fecha en que el peticionario de garantías presentó su libelo constitucional, no se había dictado la resolución correspondiente al recurso de inconformidad previsto por el artículo 294 de la Ley del Seguro Social; sin embargo, con posterioridad y durante la tramitación del presente juicio Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social en Zacatecas, resolvió el recurso de inconformidad, lo cual ocurrió mediante resolución de quince de diciembre de dos mil dieciséis. Así las cosas, las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto de omisión que se reclama, dado que durante la substanciación de este juicio de amparo la autoridad responsable ha cumplido con las obligaciones que le impone el artículo 17 constitucional, que consagran las garantías relativas a la impartición de justicia pronta y expedita; por tanto, al haber procedido en los términos apuntados la referida autoridad, es inconcuso que ello se traduce en que la parte quejosa fue restituida en el pleno goce de las garantías individuales que estimó vulneradas en su perjuicio; y por ende, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Lo anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 210, Tomo VII, febrero de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto y rubro siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria en consulta, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia; lo anterior, en observancia al principio de prontitud en la impartición de justicia que se consagra en el ordinal 17, de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la Contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desviartuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; hágase la presente determinación del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, en sesión celebrada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/7984/2016, signado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. L'JMZG.

  3. Principal

    El veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las diez horas con diez minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. Lic. Jorge Martín Zamora González. En la misma fecha, el Secretario da cuenta a la Secretaria encargada del despacho con la certificación que antecede y con el estado de autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos se advierte que por oficio 47108, entregado a la autoridad responsable Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado, con sede en Guadalupe, Zacatecas, el siete del mes año en curso, se le solicitó rindiera el informe justificado, por lo que no ha transcurrido el término de quince días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que rinda su informe respectivo; en consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE para su verificativo. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones del titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, en sesión celebrada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/7984/2016, signado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. EMVG

  4. Principal

    CUENTA. En cinco de diciembre de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta a la Juez con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Roque Montaño Solís, registrada con el folio 20163, dos copias de ésta y anexo que se adjunta.-CONSTE. La circunstancia de que los licenciados Eduardo Hernández Ramírez y José Alberto Zárate Juárez, sí tienen registrada su cédula profesional números 4449861 y 2717879, respectivamente, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cinco de diciembre de dos mil dieciséis. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Roque Montaño Solís, contra actos del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social en Zacatecas; por considerar que transgrede en su perjuicio el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1274/2016-2, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. ADMISIÓN. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; se ADMITE a trámite la demanda de que se trata. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio. Cabe precisar que la asignación de dicha data, está supeditada a las cargas laborales del juzgado. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No se ordena su tramitación por no haber sido solicitado. INFORMES JUSTIFICADOS. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, misma que deberá rendirlo por escrito dentro del término de quince días hábiles. El cual se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de ese proveído, en el entendido que en dicho informe deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, en la inteligencia que de no hacerlo o no acompañar copia debidamente autorizada de las constancias que avalen la existencia del acto reclamado y que soporten su emisión, completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial, con fundamento en el artículo 260, fracción II, y 238 de la actual Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a la autoridad responsable rendir su informe de ley vía fax al número 01 (492) 4914800 extensión 1240. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con apoyo en los numerales 9º, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señalen. Sin que haya lugar a tener como autorizados para consultar expedientes y recibir documentos a las persona que mencionen las responsables, toda vez que esa facultad está reservada para la parte quejosa y los terceros interesados; lo anterior, con excepción de los particulares señalados como autoridades responsables. PUNTUALIZACIÓN RESPECTO DE LA DENOMINACIÓN ERRÓNEA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del numeral 79, del ordenamiento invocado), se apercibe a la parte quejosa respecto de que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, se tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con ésta y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en su denominación, tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y al principio de celeridad procesal. REQUERIMIENTO POR CONSTANCIAS SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64, de la Ley de la Materia, se requiere tanto a la autoridad señalada como responsable, como a la parte quejosa, para que comuniquen de inmediato a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de sobreseimiento. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables y a la que tenga el carácter de tercera interesada a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el quejoso téngasele señalando como autorizados de su parte en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Eduardo Hernández Ramírez (4449861) y José Alberto Zárate Juárez (2717879) quienes sí tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para recibir notificaciones a María Hildam Sughey Poblano Ibarra y Sofía Navarro García y, como domicilio para tal fin el ubicado en calle Lateral número 1202, Torre "B", Planta Baja, colonia Cerro del Gato, Ciudad Gobierno, de esta ciudad. PRUEBAS. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecida la prueba documental que anexa a su demanda, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente y valorarlas en la etapa procesal correspondiente. Por último, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la ley de amparo, dese al agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. /manuelcc

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano