Romulo Gallegos Sánchez
Expediente 1067/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1067/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 26/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Romulo Gallegos Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
El veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, el suscrito Juan García Trejo secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado Certifico: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para el quejoso del veintiocho de febrero al trece de marzo del año en curso, sin que haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiuno de febrero actual, dentro del juicio de amparo número 1067/2017-7; Sí existen constancias que devolver a la autoridad responsable. Se tramitó incidente de suspensión, en el que se negó la suspensión definitiva y la parte quejoso no exhibió billete de depósito. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de marzo dos mil dieciocho. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de marzo dos mil dieciocho Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiuno de febrero del año en curso, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN y de igual forma el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, dado que este juzgado considera que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, primera parte, del citado acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN toda vez que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Zacatecas, el expediente laboral 216/2013, que remitió en apoyo a su informe justificado y que obra por separado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. FabiMtz*.
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 1067/2017; y, RESULTANDO: I. En escrito presentado el seis de septiembre de dos mil diecisiete, por conducto del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, remitido posteriormente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, Rómulo Gallegos Sánchez, Juan José Tovar Zavala y Albertico Colunga Juárez, a través de su apoderado Oswaldo Beltrán Saucedo, promovieron demanda de amparo directo contra la citada autoridad, por el acto que hicieron consistir en: El auto de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete (se aclara que el antes indicado es el día correcto y no veintiuno que refieren los quejosos en su demanda), dictado por el citado tribunal laboral, en el que decretó que al no haber materia pendiente que resolver, determinó remitir al archivo definitivo el expediente laboral 216/2013 como asunto totalmente concluido. II. Por acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, el citado órgano colegiado admitió a trámite la demanda, quedando registrado el expediente como amparo directo laboral 1016/2017; y posteriormente, en ejecutoria pronunciada el treinta de noviembre del año citado, determinó carecer de competencia legal para conocer de la misma; por lo que ordenó remitirla con sus anexos al Juzgado de Distrito en el Estado de Zacatecas, en turno. III. El expediente de amparo se turnó a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; y en proveído el catorce de diciembre de dos mil diecisiete asumió el conocimiento del asunto, se registró con el consecutivo 1067/2017 y se admitió a trámite, sin que se requiriera a la autoridad responsable su informe justificado, toda vez que ya lo había rendido ante el Tribunal Colegiado, como también ya se había llevado a cabo el emplazamiento del tercero interesado Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Zacatecas; asimismo, se dio la intervención legal que por derecho corresponde a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita. Seguido el juicio por sus trámites legales, se citó a las partes para la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de esta resolución; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción V de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en razón de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a establecer la certeza del acto reclamado, debe precisarse en qué consiste, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004 . En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado consiste en el auto de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, dictado por el tribunal laboral señalado como responsable, en el que decretó que al no haber materia pendiente que resolver, determinó remitir al archivo definitivo el expediente laboral 216/2013 y sus acumulados como asunto totalmente concluido. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto que se atribuye al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, pues así lo reconoció su magistrada presidenta en su informe justificado (foja 33). Además, la existencia del referido acto se corrobora con las constancias que integran el juicio laboral 216/2013 y acumulados, que la citada responsable remitió en apoyo a su informe justificado; documentales a las que se confiere pleno valor probatorio, conforme lo disponen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, en términos del numeral 2°, párrafo segundo de ésta legislación. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. De conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, cuando se advierta la actualización de alguna causa de improcedencia, este órgano jurisdiccional tiene la obligación de pronunciarse de oficio, o bien, cuando así lo argumente alguna de las partes. En ese sentido, para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales se denominan causas de improcedencia. Luego, la improcedencia es una institución jurídica por la que, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide analizar en cuanto al fondo el asunto de que se trate; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa, no sería legalmente posible el examen de la litis constitucional planteada. En el presente asunto, este juez de Distrito de oficio advierte que en relación con el acto que se reclama se actualiza el supuesto de improcedencia previsto 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 217 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado criterio sobre los actos derivados de consentidos, mismo que resulta obligatorio para este resolutor, en términos de lo dispuesto en el citado artículo 217, en relación con el sexto transitorio de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual se encuentra publicado en la página 12 del Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, del Apéndice de 1995, que señala lo siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". De lo anterior se tiene que, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto que se reclama deriva de uno consentido. Los supuestos que deben darse para que se configure esta causa de improcedencia, son: a) La existencia de un acto anterior consentido y b) La existencia de un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria de aquél. En relación al primer requisito que debe acreditarse para que opere la causa de improcedencia que se invoca; es decir, la existencia de un acto anterior consentido, debe señalarse que tal consentimiento puede ser expreso o tácito. Para que exista dicho consentimiento expreso o tácito del acto origen del reclamado debe, por tanto, tratarse de un acto que sea susceptible de impugnarse en el juicio de amparo y que cause perjuicios al quejoso, porque tal afectación a su interés jurídico es lo que lo legitima para acudir a la instancia constitucional. Por lo que se refiere al segundo supuesto; esto es, a la existencia de un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria del acto anterior consentido, el sobreseimiento sólo procede cuando el acto reclamado es resultado legal forzoso del consentido; es decir, sólo debe sobreseerse cuando el acto de que es consecuencia el segundo, lleva implícito o comprendido al que fue consentido. Precisado lo anterior, el acto que en este juicio de derechos se impugna, es el que enseguida se inserta. Ahora bien, importa destacar que entre las constancias que integran de juicio laboral de origen, obran tres diligencias que datan del veintiuno de agosto de dos mil diecisiete (fojas 225, 228 y 231 del expediente laboral), de las que se advierte que los aquí quejosos Juan José Tovar Zavala, Albertico Colunga Juárez y Rómulo Gallegos Sánchez, comparecieron ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y a cada uno de ellos se les entregó un cheque que exhibiera la parte demandada, habiendo manifestado que recibían las cantidades amparadas en esos títulos de crédito con motivo del cumplimiento total del laudo dictado en el citado sumario, por lo que solicitaron se ordenara el archivo definitivo del mismo como asunto totalmente concluido, sin reservarse ninguna acción contra el Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Zacatecas (demandado). En relación con lo anterior, en la parte final de las mismas diligencias en comento, la magistrada presidenta del mencionado tribunal del trabajo, en lo que aquí interesa, acordó: [.] "En consecuencia y en virtud de las manifestaciones del actor material que comparece, de conformidad con sus manifestaciones vertidas; este Tribunal tiene al Municipio demandado dando cumplimiento total al multicitado Laudo,." De lo anterior se obtiene que con motivo de las manifestaciones vertidas por los actores aquí quejosos en las precitadas comparecencias de veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, la magistrada presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, tuvo al Ayuntamiento demandado dando cumplimiento total al laudo dictado en el juicio laboral de origen; de lo que se sigue que el auto emitido el día veintitrés del mes y año citados, que en esta instancia constitucional se reclama, en el que el referido tribunal se pronunció en el sentido de que al no quedar materia por resolver, por ello ordenó el archivo definitivo del expediente laboral 216-2013 y sus acumulados, se dictó como consecuencia de aquél proveído en el que se tuvo a la entidad demandada cumpliendo en forma total el referido fallo; sin que obre constancia de que los quejosos hubieran promovido juicio de amparo en contra de las declaratorias de cumplimiento total que hizo la autoridad en las diligencias precisadas. En ese tenor, se tiene que si los quejosos consintieron tales decisiones, no pueden ahora impugnar en forma aislada el acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete que ordenó el archivo definitivo del expediente laboral de origen, en razón de que éste sólo es una consecuencia de aquéllas; siendo que lo pretendido por ellos, según se advierte de la demanda de amparo, radica en que se determine que no se dio cabal cumplimiento al laudo de que se trata, cuando en las precitadas diligencias verificadas el día veintiuno de ese propio mes y año manifestaron expresamente su conformidad con tal acatamiento, incluso solicitaron se ordenara el archivo definitivo del expediente como asunto totalmente concluido, sin reservarse ninguna acción contra el Ayuntamiento demandado. En las relatadas condiciones, es inconcuso que en el particular el acto reclamado en el que se determinó el archivo definitivo del juicio de mérito, es una consecuencia directa y necesaria de los referidos autos de veintiuno de agosto de dos mil diecisiete; lo que genera que en la especie se patentice la causa de improcedencia analizada; por tanto, con fundamento en la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio constitucional; lo que impide el estudio de fondo del asunto. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto, fundado y con apoyo de los artículos 73, 74, 75, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo 1067/2017, promovido por Rómulo Gallegos Sánchez, Juan José Tovar Zavala y Albertico Colunga Juárez, a través de su apoderado Oswaldo Beltrán Saucedo, contra el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, por las razones vertidas en el considerando cuarto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de José de Jesús Martínez Torres, secretario con quien actúa, hoy veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado. DOY FE. L´JJMT
- Principal
El suscrito Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas CERTIFICO: Que se encuentran señaladas las diez horas de este día, para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, dos de febrero de dos mil dieciocho. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dos de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de ocho de enero del año en curso, se difirió la audiencia constitucional a fin de dar oportunidad a que transcurrieran los quince días de que disponía la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, para rendir su informe justificado; sin embargo, atendiendo a que el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, este órgano jurisdiccional asumió la competencia planteada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, para resolver el juicio de amparo en que se actúa, en el que ya obraba el indicado informe, así como el emplazamiento al tercero interesado; por tanto, resulta innecesario que la mencionada responsable rinda otra vez su informe justificado, hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. Por otra parte, vista la certificación que antecede, se advierte que se encuentran señaladas las diez horas de este día, para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio; en consecuencia, para dar oportunidad a que las partes queden debidamente notificadas del presente proveído, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. FabiMtz*.
- Principal
El ocho de enero de dos mil dieciocho, el suscrito Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado certifico: Que se encuentran señaladas las nueve horas con treinta minutos de este día para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio. Que se encuentra transcurriendo el término de quince días que se concedió a la autoridad responsable Tribunal de conciliación y Arbitraje en el estado de Zacatecas, para rendir su informe justificado, el cual comprende del dieciocho de diciembre pasado al veintitrés de enero del año en curso, (sin contar del veintiuno de diciembre pasado al cinco de los corrientes por corresponder al periodo vacacional de dicha autoridad). Lo anterior se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el pedimento con folio 211. Conste. Zacatecas, Zacatecas, ocho de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas con treinta minutos de este día para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio; asimismo, que se encuentra transcurriendo el término de quince días que se concedió a la autoridad responsable Tribunal de conciliación y Arbitraje en el estado de Zacatecas, para rendir su informe justificado, el cual comprende del dieciocho de diciembre pasado al veintitrés de enero del año en curso, (sin contar del veintiuno de diciembre pasado al cinco de los corrientes por corresponder al periodo vacacional de dicha autoridad). Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, se DIFIERE la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS DEL DOS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Finalmente, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes, el pedimento de cuenta signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y en atención a su contenido, con fundamento en lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele formulando los alegatos que a su parte corresponden, sin perjuicio de hacer relación de ellos nuevamente en la audiencia constitucional respectiva. Por cuanto hace a su solicitud en el sentido de que se le expida copia simple de la resolución que se dicte en el presente asunto, dígasele que una vez que se pronuncie el indicado fallo, le será expedida la copia de mérito. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. FabiMtz*.
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