Romulo Antonio Bonilla Castañeda
Expediente 1854/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1854/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Romulo Antonio Bonilla Castañeda
Actuaciones
- Incidental
MESA IV.- Como está ordenado en el auto de esta fecha, dictado en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, promovido por RÓMULO ANTONIO BONILLA CASTAÑEDA, contra los actos que reclaman del Congreso del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades responsables; con fundamento en los artículos 128, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, se tramita el incidente de suspensión solicitado sin necesidad de formar su duplicado de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales adicionado el siete de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el numeral 138 de la citada ley, entréguese copia simple de la demanda de amparo a las autoridades responsables y pídase su informe previo, el que deberán rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído, apercibidas que de no hacerlo dentro del término fijado, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de acuerdo con los numerales 238 y 260, fracción I, de la referida ley de la materia. Se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que podrán remitir el informe solicitado, vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión; el cual se tendrá por rendido una vez que éste órgano emita el acuse de recibo correspondiente. Para la celebración de la audiencia incidental se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, de conformidad con el artículo 138, fracción II, de la ley en comento; en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas la cual no se pueda presentar de manera electrónica; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 144 de la Ley de Amparo y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Determinación que no depara afectación a las partes, al estar en posibilidad de presentar sus alegatos de manera escrita. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a las autoridades, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia incidental, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, la podrá consultar en la página de internet el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2./J 176/2012 (10), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Ahora bien, en cuanto a la suspensión provisional solicitada por el quejoso, respecto de los actos reclamados, consistentes en; 1. La inconstitucionalidad del artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán. 2. La resolución de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, en la que no se le ratificó como Juez de Control de Oralidad Penal del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado. Al respecto, procede negar la suspensión que se solicita, habida cuenta que de hacerlo, dada la naturaleza de consumados, equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente. Tiene aplicación al caso, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia con el rubro siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie." Aunado a lo anterior, es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de las leyes, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a los quejosos, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión. Sirve también de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia cuyos rubros y texto dicen: "LEYES, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA EXPEDICIÓN Y PROMULGACIÓN DE LAS. No puede concederse la suspensión contra la promulgación y expedición de las leyes, si aquéllas ya se llevaron a cabo." "SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY. Es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de las leyes, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a los quejosos, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión." Por otra parte, en relación con los efectos y consecuencias derivadas del acto que por esta vía reclama, conviene señalar si éstos permiten su paralización, dado que se traducen en actos positivos susceptibles de suspenderse. Lo anterior pues si bien el acto de aplicación de la norma impugnada se trata de una resolución en la que no se le ratificó de su encargo como Juez de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con sede en Mérida, y que pudiera traducirse en un acto negativo, ésta no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar. En efecto, es menester señalar que el Máximo Tribunal del País, emitió la jurisprudencia 1./J. 70/2019 (10.) cuyos datos se citarán posteriormente, en la que consideró que la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar. Consideró que la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el artículo 147 de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado, por lo que la naturaleza negativa de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. Concluyo que la suspensión permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, por lo que lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. La jurisprudencia 1./J. 70/2019 (10) fue emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro: 2021263, fuente Semanario Judicial de la Federación, Materia(s): (Común), publicada el viernes 06 de diciembre de 2019 y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de diciembre de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013 y señala lo siguiente: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: la apariencia del buen derecho; las posibles afectaciones al interés social; y la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un actor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior.Así, en cuanto a la suspensión solicitada por la parte quejosa respecto del aludido acto reclamado, previamente se debe analizar si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial." "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente: Por tanto, conforme al citado dispositivo de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario que la solicite el agraviado, lo cual es de fácil apreciación objetiva, pues solamente implica que así se haga saber al promoverse la demanda respectiva. De acuerdo a lo establecido en la fracción II, otro de los requisitos para conceder la medida cautelar es que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, cuyos postulados de manera enunciativa y no limitativa se contemplan en el artículo 129 de la ley de la materia. En este punto, es menester precisar que por orden público se entiende al sistema de normas de mayor importancia para conservar y encauzar el orden en la sociedad y, por interés social, se entiende la atención, cuidado o tendencia que tiene la sociedad, o algún grupo de ella, en que no se le causen daños o perjuicios que, inclusive, puedan llegar a ser irreparables y, por ende, conseguir que existan las condiciones esenciales para su desarrollo armónico. Así, el orden público constituye la máxima expresión de interés social. Aunado a lo anterior, cabe precisar que a fin de proveer respecto de la suspensión de la ejecución del acto reclamado solicitada en un juicio de amparo indirecto, debe ponderarse en forma simultánea la apariencia del buen derecho con el perjuicio al interés social o al orden público, esto es, deben sopesarse las consecuencias que la ejecución del acto reclamado pudiera ocasionar en la esfera jurídica de la parte quejosa, para el caso de que el acto impugnado resultara inconstitucional, a la par de la afectación al interés social y orden público que la suspensión generaría.En ese contexto, cabe precisar que conforme al principio de la apariencia del buen derecho que debe considerarse al resolver sobre la medida cautelar, es posible que ante un acto de autoridad que impide el ejercicio de un derecho y que al prolongarse en el tiempo puede causar un daño irreparable a la parte quejosa, de estar acreditados los presupuestos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el resolutor conceda la medida para que se permita el libre ejercicio del derecho que se paralizó con el acto, lo que implica un adelanto provisional de los efectos de una hipotética concesión del amparo; sin perjuicio de que, de negarse la protección constitucional, la autoridad pueda continuar ejecutando el acto hasta su total cumplimiento. Así, se tiene que en el caso se encuentran satisfechos los presupuestos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Materia, puesto que la suspensión la solicita el agraviado, quien acreditó su interés suspensional con las pruebas que adjuntó a su demanda de amparo, consistentes en: Los nombramientos que obtuvo como Juez de Control que le fue otorgado por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, desde el veinticinco de octubre de dos mil once, hasta el catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Así como la resolución de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en la que no se le ratificó de su encargo como Juez de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. Documentos que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, cuenta con eficacia probatoria para demostrar los hechos ahí contenidos. De lo que se sigue que el impetrante de amparo sí demostró su interés suspensional al acreditar el nombramiento que tenía como Juez de Control del Estado de Yucatán, desde octubre del año dos mil once, al catorce de noviembre del año en curso. De igual forma se estima actualizado el diverso requisito previsto en el citado numeral 128, fracción II de la Ley de la Materia, ya que con el otorgamiento de la suspensión no se contraviene el orden público e interés social. Se afirma lo anterior, porque la ratificación de los jueces tiende a la satisfacción de una necesidad colectiva, consistente en garantizar un derecho subjetivo público de los gobernados a través del análisis de la conducta desarrollada por los juzgadores federales en el periodo para el que fueron nombrados, lo que permite decidir si tienen o no la capacidad para continuar desempeñando la labor jurisdiccional, bajo los principios que establece la Constitución, a través de los dictámenes que el Consejo de la Judicatura Federal emita, en los que se contenga un análisis detallado de los hechos relevantes de su desempeño y el conocimiento cierto de su actuación ética profesional. De lo que se sigue que, con la suspensión concedida se beneficiaría a la sociedad con la continuación en el cargo de una persona que de acuerdo a los nombramientos que exhibió, ha sido ratificado desde octubre de dos mil once a noviembre de este año, que se presume desempeñó esa función con las exigencias propias de la administración de justicia. Aspecto que, dicho sea de paso, fue ponderado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2./J. 71/2022 (11) donde se destacó que las particularidades anteriormente señaladas, revelan que con la suspensión concedida se beneficiaría a la sociedad con la continuación en el cargo de una persona que demostró desempeñar esa función con "las exigencias propias de la administración de justicia"; con el rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA EN CONTRA DE LA OMISIÓN DE TRAMITAR EL PROCEDIMIENTO DE RATIFICACIÓN EN EL CARGO DE MAGISTRADO DE SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2./J. 92/2012 (10.)]." En ese sentido, al encontrarse reunidos los requisitos previstos en la Ley de Amparo, lo procedente es conceder la suspensión provisional para el efecto de que el quejoso sea reincorporado al cargo de Juez de Control del Estado a su última adscripción, a fin de salvaguardar la continuidad en la prestación del servicio público de la administración de justicia; hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, sin necesidad de otorgar garantía alguna dado que con la concesión no se vulnera perjuicio alguno a terceros. Sin que el sentido de esta determinación abarque que se le cubran las remuneraciones por el tiempo que el quejoso no desempeñó la función de Similar criterio adoptó el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, al resolver la queja 269/2023.
- Principal
MESA IV. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por el quejoso ********************, con el que cumple con la prevención realizada en acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, pues precisa los actos que por esta vía reclama, consistente en la inconstitucionalidad de artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, con motivo de su acto de aplicación en la resolución de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Por tanto, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos que reclama del Congreso del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y de otras autoridades; con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo; SE ADMITE LA DEMANDA; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables, el que deberán rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe; apercibidas que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a las autoridades responsables para que en el supuesto de que hubiera alguna causal de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a esta Juzgadora, y de ser posible, acompañen las constancias que la acredite; apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada Ley de la Materia. Se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, el informe requerido deberá rendirlo privilegiando la modalidad electrónica: por lo que se pone a su disposición de dirección oficial del correo electrónico institucional 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión; en el entendido de que, en caso de optar por remitir dicho informe vía correo electrónico, deberán contar con el acuse de recibo correspondiente, ya que, en caso contrario, el mismo no se tendrá por rendido. Se señalan las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para la celebración de la audiencia constitucional, en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Determinación que no depara afectación a las partes, al estar en posibilidad de presentar sus alegatos de manera escrita. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a las autoridades responsables ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, entregado directamente o mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a la autoridad responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, la podrán consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. " Respecto a la agente del Ministerio Público adscrita, es un hecho notorio para esta Juzgadora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la ley de Amparo, que mediante oficio DEY/4458/20, el encargado del despacho de la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República, designó a la licenciada Rossana Rosemary Rosas Ricalde como agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito, proporcionando como correo electrónico para realizarle notificaciones el siguiente rossana.rosas@pgr.gob.mx; en tal virtud, se ordena notificar a la representante social el presente acuerdo y los subsecuentes que sean necesarios durante la contingencia sanitaria, mediante el citado correo electrónico. Ahora bien, de conformidad con el multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, en el que se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el acuerdo general citado así como en el diverso 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a las autoridades responsables para que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales anexadas a su demanda de amparo, las cuales serán valoradas y tomadas en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Finalmente, con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, se ordena la apertura del incidente de suspensión solicitado, para lo cual, dese nueva cuenta con una copia de la demanda que se recibe. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe
- Principal
MESA IV. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra el acto que reclama del Congreso del Estado de Yucatán, y de otras autoridades, con sede en esta ciudad y otras autoridades, se provee: Fórmese expediente, regístrese con el número 1854/2022-IV, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso en el capítulo de acto reclamado, refiere: "Reclamo ni no ratificación como Juez de Control de Oralidad Penal del Sistema Penal Acusatorio". Sin embargo, en el tercer concepto de violación hace referencia a la inconstitucionalidad del artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán. En mérito de lo anterior, resulta patente que la presente demanda de amparo sea aclarada por el quejoso, ya que el acto reclamado, no puede estar sujeto a interpretaciones por parte de esta autoridad. Asimismo, de la revisión de la demanda de amparo, se advierte que señala como autoridades responsables al a) Congreso del Estado; b) Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; c) Gobernador del Estado; y d) Director del Diario Oficial del Estado; sin embargo, no señala en específico el acto que le atribuye a cada uno de ellos. En mérito de lo anterior, y con fundamento en el artículo 114, fracción II, en relación con el 108 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase al quejoso para que en el término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído bajo protesta de decir verdad: Aclare cuál es el acto que reclama por esta vía, esto es, si únicamente es la resolución de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, a través de la cual no se le ratificó en su encargo como Juez de Primera Instancia de Control, o bien además impugna la inconstitucionalidad del artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán; y de ser así, señale a las autoridades que participaron en el proceso legislativo de dicha ley. Además deberá precisar cuál o cuáles son los actos reclamados que atribuye a cada una de las autoridades responsables. Acompañe con copias suficientes de su escrito aclaratorio. En la inteligencia que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 de la ley de Amparo, deberá acompañar copias de su escrito aclaratorio. Tiene aplicación al caso por analogía, la Jurisprudencia que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE.." Al caso, resulta aplicable al caso por identidad de razón la jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". Con el apercibimiento que de no cumplir con lo solicitado con anterioridad en el término concedido, se tendrá por presentada la demanda de amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica para tal efecto en su demanda de amparo; y como su autorizado a las personas que señala, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. En tal virtud, toda vez que consta que el nombre de usuario ******************** que proporciona el quejoso, se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, con apoyo en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda de conformidad su solicitud, por lo que se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico del presente juicio, a la parte quejosa a través del citado usuario quedando facultado para promover en el juicio con el propio nombre de usuario. Hágase lo anterior conocimiento del oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, se tienen como correos electrónicos y números telefónicos de la parte quejosa los plasmados en la demanda de amparo, a efecto de que alternativamente le sean practicadas las notificaciones, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía. De igual manera, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Finalmente, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
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