Romeo Orantes Gomez
Expediente 1521/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1521/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Romeo Orantes Gomez
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta el testimonio de resolución pronunciada en la queja 198/2021, relativo al recurso de queja interpuesto contra el acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo; de la que aparece que la citada Superioridad en su único punto resolutivo declaró infundado el recurso de queja. Acúsese recibo vía interconexión. En consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. PABLO PÉREZ PACHECO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d9.6f 12/12/22 10:45:01 En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se desechó el presente juicio de amparo y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que acusa recibo del oficio remitido vía interconexión dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por medio del cual se le remitió vía electrónica el juicio de amparo 1521/2021-V y el escrito de interposición del recurso de mérito, mismo que le fue enviado por este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con motivo del recurso de queja interpuesto por el quejoso, contra el proveído de fecha veintisiete de agosto de la presente anualidad; asimismo, dicha superioridad informa que se admitió el citado recurso, quedando registrado con el número de toca 198/2021. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y la cuenta que antecede, agréguese a los mismos el escrito presentado por Rosalba Camacho, autorizada en términos restringidos del quejoso Romeo Orantes Gómez, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del proveído de veintisiete de agosto de la presente anualidad, a través del cual se desechó de plano la demanda de amparo. En mérito a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR LA PARTE RECURRENTE, toda vez que en proveído de veintisiete de agosto de la presente anualidad, se desechó de plano la demanda de amparo, al considerarse actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En tal virtud, con apoyo en el esquema de trabajo a que se refiere el artículo 281 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y toda vez que la actuación electrónica es el eje rector en la tramitación de expedientes en todas las materias e instancias, remítase vía electrónica al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, el escrito de interposición del recurso de mérito, en el que expresa sus agravios, por lo que resulta innecesario el envío de la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, ya que el traslado correspondiente podrá obtenerse digitalmente; asimismo, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal al que corresponda el conocimiento del asunto, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar la legalidad del acto impugnado. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Gustavo Pantoja García, defensor particular de ...; contra un acto que reclama del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Yucatán. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de mérito se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; por lo cual, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que establece lo siguiente: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En el caso, la suscrita estima que la demanda de amparo debe desecharse al existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de Amparo1, en razón de que la negativa de excluir los medios de prueba que considera ilegales, así como el auto de apertura a juicio de tres de agosto del año en curso, no generan una afectación irreparable, sino que se constriñe a una determinación de índole adjetiva o procesal. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La preliminar o de investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; la primera inicia con la presentación de la denuncia o su equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para la formulación de la imputación; la segunda fase comprende a partir de la formulación de la imputación, hasta que se cierra la investigación. II. La etapa intermedia o de preparación a juicio oral, que comprende la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. 1 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; III. La etapa de juicio, que alcanza desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Por su parte, el precepto 133 del Código Nacional de Procedimientos Penales2, dispone que el Juez de Control tiene competencia desde el inicio de la etapa de investigación, hasta el dictado del auto de apertura a juicio y que el tribunal de enjuiciamiento es el que preside la audiencia de juicio y dicta la sentencia. Además, el artículo 334 del Código procesal en consulta3, señala que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de pruebas, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral; esta etapa se compone de dos fases: 1.- Una escrita, que inicia con la acusación y comprende los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia; y 2.- La fase oral, la cual inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio. Así las cosas, de conformidad con lo previsto en el artículo 335 del citado código adjetivo de la materia4, en 2 "Artículo 133. Competencia jurisdiccional Para los efectos de este Código, la competencia jurisdiccional comprende a los siguientes órganos: I. Juez de control, con competencia para ejercer las atribuciones que este Código le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio; II. Tribunal de enjuiciamiento, que preside la audiencia de juicio y dictará la sentencia, y III. Tribunal de alzada, que conocerá de los medios de impugnación y demás asuntos que prevé este Código. 3 "Artículo 334. Objeto de la etapa intermedia La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Esta etapa se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio. 4 "Artículo 335. Contenido de la acusación Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado, presentará la acusación. esta etapa, el Ministerio Público presentará su acusación, la que el Juez de Control ordenará sea notificada a las partes, con el objeto de que se lleve a cabo el descubrimiento probatorio, consistente en la entrega material a la defensa de los registros de la investigación, para estar en condiciones de señalar fecha para la audiencia intermedia prevista en el artículo 341 del Código Nacional de Procedimientos Penales5, cuyo desarrollo está previsto en el diverso 3446, mismo que señala que al inicio de la audiencia, el Ministerio Público realizará una exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de la víctima y el acusado; acto continuo, las partes podrán deducir cualquier La acusación del Ministerio Público, deberá contener en forma clara y precisa: I. La individualización del o los acusados y de su Defensor; II. La identificación de la víctima u ofendido y su Asesor jurídico; III. La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica; IV. La relación de las modalidades del delito que concurrieren; V. La autoría o participación concreta que se atribuye al acusado; VI. La expresión de los preceptos legales aplicables; VII. El señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así como la prueba anticipada que se hubiere desahogado en la etapa de investigación; VIII. El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que ofrece para probarlo; IX. La pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita incluyendo en su caso la correspondiente al concurso de delitos; X. Los medios de prueba que el Ministerio Público pretenda presentar para la individualización de la pena y en su caso, para la procedencia de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la misma; XI. La solicitud de decomiso de los bienes asegurados; XII. La propuesta de acuerdos probatorios, en su caso, y XIII. La solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada del proceso cuando ésta proceda. La acusación sólo podrá formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso, aunque se efectúe una distinta clasificación, la cual deberá hacer del conocimiento de las partes. Si el Ministerio Público o, en su caso, la víctima u ofendido ofrecieran como medios de prueba la declaración de testigos o peritos, deberán presentar una lista identificándolos con nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos, señalando además los puntos sobre los que versarán los interrogatorios. 5 "Artículo 341. Citación a la audiencia El Juez de control, en el mismo auto en que tenga por presentada la acusación del Ministerio Público, señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener lugar en un plazo que no podrá ser menor a treinta ni exceder de cuarenta días naturales a partir de presentada la acusación. Previa celebración de la audiencia intermedia, el Juez de control podrá, por una sola ocasión y a solicitud de la defensa, diferir, hasta por diez días, la celebración de la audiencia intermedia. Para tal efecto, la defensa deberá exponer las razones por las cuales ha requerido dicho diferimiento. Artículo 344. Desarrollo de la audiencia Al inicio de la audiencia el Ministerio Público realizará una exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de la víctima u ofendido y el acusado por sí o por conducto de su Defensor; acto seguido las partes podrán deducir cualquier incidencia que consideren relevante presentar. Asimismo, la Defensa promoverá las excepciones que procedan conforme a lo que se establece en este Código. Desahogados los puntos anteriores y posterior al establecimiento en su caso de acuerdos probatorios, el Juez se cerciorará de que se ha cumplido con el descubrimiento probatorio a cargo de las partes y, en caso de controversia incidencia relevante y, desahogado lo anterior, el juez autorizará el acuerdo probatorio. En todo caso, el Juez de Control examinará las pruebas ofrecidas, y determinará la exclusión de aquellas ilícitas, ilegales o impertinentes y antes de finalizar la audiencia, dictará auto de apertura a juicio que, en términos del artículo 347 del Código Nacional en consulta7, deberá indicar: I. El Tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de juicio, así como la fecha y hora fijadas para la audiencia; II. La individualización de los acusados; III. Las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieren realizado en ellas, así como los hechos materia de la acusación; IV. Los acuerdos probatorios a los que hubieren llegado las partes; V. Los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada; VI. Los medios de prueba que, en su caso, deban de desahogarse en la audiencia de individualización de abrirá debate entre las mismas y resolverá lo procedente. Si es el caso que el Ministerio Público o la víctima u ofendido ocultaron una prueba favorable a la defensa, el Juez en el caso del Ministerio Público procederá a dar vista a su superior para los efectos conducentes. De igual forma impondrá una corrección disciplinaria a la víctima u ofendido." 7 "Artículo 347. Auto de apertura a juicio Antes de finalizar la audiencia, el Juez de control dictará el auto de apertura de juicio que deberá indicar: I. El Tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de juicio; II. La individualización de los acusados; III. Las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieren realizado en ellas, así como los hechos materia de la acusación; IV. Los acuerdos probatorios a los que hubieren llegado las partes; V. Los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada; VI. Los medios de pruebas que, en su caso, deban de desahogarse en la audiencia de individualización de las sanciones y de reparación del daño; VII. Las medidas de resguardo de identidad y datos personales que procedan en términos de este Código; VIII. Las personas que deban ser citadas a la audiencia de debate, y IX. Las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado. El Juez de control hará llegar el mismo al Tribunal de enjuiciamiento competente dentro de los cinco días siguientes de haberse dictado y pondrá a su disposición los registros, así como al acusado. las sanciones y de reparación del daño; VII. Las medidas de resguardo de identidad y datos personales que procedan en términos de este Código; VIII. Las personas que deban ser citadas a la audiencia de debate, y IX. Las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado. Importa destacar que el artículo 345, último párrafo,8 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que el Juez de Control en el auto de apertura a juicio, indicará los hechos que tendrán por acreditados, a los cuales deberá estarse durante la audiencia del juicio oral. Ahora, en el caso, el titular de la acción constitucional se duele que el juez de control declaró improcedente su solicitud de excluir los medios de prueba ofrecidos por la fiscalía, consistentes en: - Indicio 1. Un arma de fuego tipo pistola calibre 45 auto nm. Marca "Colt", matrícula ilegible, sin modelo a la vista, país de origen U.S.A. estructura metálica plateada en regular estado de conservación, cachas de madera color café, con un cargador abastecido con ocho cartuchos útiles y capacidad para ocho unidades. - Indicio 2. Un arma de fuego tipo fusil, calibre 7.62 por 39 mm, marca "Norinco", matrícula K- 9437708, modelo MAK-90 sporter, país de fabricación China. - Indicio 3. Un bulto de color negro y gris de la marca "TOTTO". - 3-A. Un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 mm, marca "Taurus", matrícula TYD75388, 8 "Artículo 345. Acuerdos probatorios (.) En estos casos, el Juez de control indicará en el auto de apertura del juicio los hechos que tendrán por acreditados, a los cuales deberá estarse durante la audiencia del juicio oral. modelo PT925AF, país de origen Brasil. - 3-B. Un arma de fuego tipo pistola calibre 9 mm, (parte trasera del tubo cañón), marca "Smith & Wesson", (parte izquierda del carro corredora), matrícula 0994, (parte izquierda del armazón), sin modelo ni país de origen a la vista. - 3-C. Un arma de fuego tipo carabina, calibre .223 (5.56 mm), marca "Colt", matrícula CMH034503, modelo "MATCH TARGET, país de fabricación U.S.A. - 3-D. Un chaleco táctico de color negro. - 3-E. Un chaleco táctico de color verde. - 3-F. Un pasamontañas tipo camuflaje. - 3-G. Cuatro cargadores para cartuchos de armas de fuego, uno de calibre 7.62 x 39, dos correspondientes a 9 mm (9x 19) y uno del calibre .223. - 3-H. Sesenta y cinco cartuchos útiles clasificados de la siguiente manera: - a) Veinticinco cartuchos para armas de fuego celibre 7.62 x 39 marcas "Wolf" y "Winchester". - b) Doce cartuchos para armas de fuego calibre 9 mm (9 x 19) de las marcas "Aguila", "FC" y "GFL". - c) Veinticinco cartuchos para armas de fuego de calibre nominal .223 de las marcas "P.M.C." "WCC", y "L2A2 RG", todos con bala normal. Por lo tanto, el punto medular consiste en determinar si el auto de apertura a juicio oral y concretamente, la no declaración o exclusión de los medios de prueba referidas por la parte quejosa, de conformidad con su contenido normativo, es un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo indirecto en su contra, ello, de conformidad con la definición del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo.9 En principio, dicha porción normativa establece que los actos dentro de juicio, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no llegue a trascender al resultado del fallo. Además, tal lesión debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de leyes adjetivas, de donde derivan dos condiciones para promover el juicio amparo indirecto contra actos de imposible reparación: a) Que afecten materialmente derechos, lo que significa que el acto de autoridad impida el ejercicio de algún derecho en forma actual o inmediata; b) Que esos derechos afectados sean de naturaleza sustantiva. Tomando en cuenta las notas distintivas apuntadas, esta juzgadora concluye que el acto reclamado por la parte quejosa, en lo relativo a la no exclusión de los medios de prueba no es de aquellos cuya ejecución sea de imposible reparación, para 9 "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;(.)" efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues la admisión de las pruebas y, por ende, la no exclusión de diversas en la audiencia preliminar de que se trata, involucra cuestiones meramente procesales que conllevan derechos de naturaleza adjetiva, los que, en todo caso, están sujetos a ser desahogados y valorados en la etapa del juicio oral; es decir, aun cuando hayan sido admitidas, no le causan afectación a sus derechos sustantivos, toda vez que su valor probatorio puede ser desestimado por el tribunal de enjuiciamiento al dictarse sentencia, siendo en todo caso, hasta ese momento en que le cause una afectación de imposible reparación, donde la defensa podrá plantear argumentos que cuestionen el valor de las pruebas que se desahoguen en la audiencia de juicio oral y que hubieran trascendido al dictado de una sentencia condenatoria. Habida cuenta que si bien es cierto la admisión o exclusión de pruebas no es un tema que pueda plantearse nuevamente en el juicio oral, resulta incuestionable que en el juicio oral la defensa sí puede cuestionar el valor de las pruebas con argumentos estrechamente vinculados con violaciones a derechos fundamentales planteados en etapas previas, especialmente puede ocurrir cuando durante el desahogo de las pruebas durante el juicio oral se revela que existió una violación a derechos fundamentales del acusado, cuando surgen dudas sobre esa cuestión o cuando se aporten elementos supervenientes que hagan suponer fundadamente que la prueba en cuestión se obtuvo a partir de una violación a derechos fundamentales, pues en estos casos, el Juez o Tribunal de enjuiciamiento deberán tomar en cuenta esa cuestión al momento de realizar la valoración probatoria en la sentencia definitiva. Circunstancias que permiten colegir fundadamente que la admisión de pruebas, es un acto cuya naturaleza no entraña una ejecución irreparable, ya que con ello, en su caso, sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, pues no se advierte privación alguna de sus derechos de defensa o alteración a los hechos materia de litis, sino que sus consecuencias son de orden eminentemente formal y procesal, en cuyo caso, están sujetas al desahogo y valoración del tribunal de enjuiciamiento, pudiendo en caso de trascender al resultado del fallo, cuestionar el valor que se le hubiere otorgado. Se dice lo anterior, porque en primer término, no afectan un derecho sustantivo, además de que en todo caso la legalidad o ilegalidad de la valoración es un aspecto que sólo puede darse en la etapa de juicio al momento del dictado de la sentencia, por lo que en este momento procesal, como se sostiene, no se considera que violente derechos sustantivos. Habida cuenta que puede acontecer que dentro de la etapa de juicio no se desahogue o se controvierta el valor probatorio de la prueba y no sea tomada en consideración, con lo que existe la posibilidad de que no afecte al justiciable; en caso contrario, tal acto sí es factible controvertirse a través del amparo directo que, en su caso, puedan promover en contra de la resolución de fondo que se llegue a emitir en el asunto de origen. Así las cosas, es inconcuso que no pueden ser considerados de imposible reparación por no afectar derechos sustantivos los actos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son únicamente formales y pueden repararse si el afectado obtiene una sentencia favorable, lo cual si bien no es una certeza, existe esa posibilidad, por lo que sí es susceptible de reparación en ese supuesto, toda vez que hasta ese momento conocerá la valoración que se le dé al cumulo probatorio. Luego, la admisión de las pruebas ofrecidas en esa etapa procesal, incide únicamente en el ejercicio de un derecho procesal como lo es que se excluyan pruebas que la parte quejosa considera impertinentes o nulas, las cuales constituyen los elementos para acreditar la participación del quejoso en los hechos delictuosos por los que se formuló acusación en su contra. De ello resulta necesario puntualizar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 907/2016 de su índice, determinó: [...] 68. Así, por la naturaleza misma del nuevo sistema de justicia penal, advertimos que para llegar al dictado de la resolución que resuelve la primera instancia, se debe transitar por tres etapas, la de investigación, la intermedia y la de juicio; como ya se ha analizado, cada una tiene una finalidad específica en el procedimiento, la primera, la de realizar una investigación tendente a esclarecer el hecho delictuoso con conocimiento e intervención de imputado y bajo la revisión judicial de un juez de control; la segunda, depurar los hechos, resolviendo excepciones o incidencias, revisar acuerdos probatorios, proveer sobre los medios de pruebas ofrecidos por las partes, y emitir el auto de apertura a juicio oral; mientras que la tercera implica el desahogo de los medios de prueba y el dictado de la sentencia. 69. En ese sentido, cada una de las etapas del procedimiento tiene un especial objetivo el cual una vez cumplido y agotados los recursos ordinarios y extraordinarios que procedan, debe considerarse concluida, de manera que los temas que en cada una se analizan, ya no podrán ser nuevamente estudiados o ser materia de debate en la etapa procesal siguiente. 70. En ese orden de ideas, la doctrina de actos de imposible reparación para los efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de un acuerdo de admisión de pruebas en el nuevo sistema de justicia penal, implica realizar un análisis que permita decidir sobre si determinado acto judicial tiene la naturaleza de irreparable, el cual deberá efectuarse partiendo de la premisa de que son actos intraprocesales y que la procedencia del amparo indirecto está supeditado a que dicho acto genere una afectación actual a un derecho fundamental que no podrá ser reparada. 71. Es decir, además de su naturaleza, debe atenderse si en efecto implica una violación a un derecho fundamental que de forma inmediata debe ser revisada y no supeditarlo a que el mismo pueda o no ser reparado en la sentencia que se dicte en la audiencia de juicio oral, porque dicha resolución se ocupará de la valoración de las pruebas desahogadas en el juicio oral y de resolver si las mismas resultan suficientes para tener por acreditada la existencia del hecho señalado por la ley como delito y si el acusado intervino en su comisión; por tanto, no se ocupará de cuestiones que deben ser analizadas, cuestionadas o debatidas en etapas previas como lo es la admisión de medios de prueba. 72. Cabe destacar que si bien el juez o tribunal oral conservaran en todo momento la facultad de analizar si alguna de las pruebas desahogadas ante su presencia, en cumplimiento al principio de inmediación, constituye prueba ilícita, tal determinación se sustentará no en un nuevo análisis sobre lo correcto o no de su admisión, sino en lo que el desahogo de la prueba misma genere, es decir, atendiendo a la información que el órgano de prueba aporte al ser interrogado y contrainterrogado por las partes, manifestaciones que permitirán advertir, en su caso, si lo que se puso en conocimiento del juzgador tuvo un origen ilícito, porque el testigo o perito, lo obtuvo a través de la violación de derechos fundamentales del acusado o de la víctima misma, en cuyo caso, el tribunal o juez de enjuiciamiento, estará en aptitud de no otorgarle valor probatorio al momento de emitir su sentencia. 73. En ese sentido, la interrogante sobre si procede el juicio de amparo indirecto contra la determinación dictada dentro de la audiencia intermedia de un procedimiento penal acusatorio, adversarial y oral que admite medios de prueba, encuentra la siguiente respuesta: el juicio de amparo indirecto, por regla general, es improcedente contra la determinación que admite un medio de prueba, por tratarse de un acto de naturaleza intraprocesal y excepcionalmente procederá esta instancia constitucional, cuando dicha resolución de admisión de algún medio de prueba, por sí misma implique un acto de imposible reparación. 74. Bajo ese parámetro, es que se comparte el sentido de la resolución recurrida, en cuanto se determina que respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII en relación con el numeral 107, fracción V (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de Amparo, en razón de que la admisión de los medios de prueba que considera impertinentes y que han quedado precisadas en esta ejecutoria, no generan una afectación irreparable, sino que se constriñe a una determinación de índole adjetiva o procesal. 75. Lo mismo acontece respecto de la admisión de los medios de prueba que considera ilegales, puesto que no se advierte que por la admisión se genere una afectación irreparable que amerite análisis constitucional inmediato. 76. En efecto, respecto de la testimonial a cargo de los policías aprehensores [...] elementos de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, su admisión no irroga un daño irreparable actual al quejoso, sino que la afectación a su esfera jurídica está sujeta a factores cuya verificación se desconoce, tales como que efectivamente el medio de prueba se desahogue, la forma en que dicho desahogo se verifique, el contenido del deposado al tenor del interrogatorio y contrainterrogatorio respectivo que en ejercicio del principio de contradicción generen las partes, y desde luego, que el tribunal de enjuiciamiento lo considere como prueba de cargo en contra del procesado al emitir la sentencia en la audiencia de juicio oral. 77. De lo anterior se colige que no es factible hablar de una afectación inmediata y actual que conlleve a considerar que la admisión de dichos medios de prueba constituyan un acto de imposible reparación en contra del quejoso. 78. Lo mismo acontece respecto de las testimoniales a cargo de [...], las imágenes de video grabación contenidas en una memoria "USB"; la evidencia material consistente en [...], puesto que su admisión no implica por sí misma un acto de imposible reparación, por las razones antes expuestas. 79. Del mismo modo, la pericial en materia de genética a cargo del perito [...], en los términos en que se ofreció y fue admitida, tampoco genera afectación irreparable al quejoso, puesto que no habrá de desahogarse respecto de su información genética, pues como el propio impetrante lo refiere, la pericial no tiene el objeto de determinar si las muestras de [...] derivan de él. 80. En ese sentido, es que se concluye que la admisión de los medios de prueba que reclama el quejoso, por sí mismos no constituyen un acto de imposible reparación que pueda ser analizable en el amparo indirecto. 81. Consecuentemente, si en el caso concreto la parte quejosa se inconforma con la admisión de medios de pruebas, pero no se advierte que los actos reclamados constituyan de manera actual una afectación de características irreparables, se actualiza la causa de improcedencia que el juez de distrito consideró aplicable al caso concreto, al constituir determinaciones procesales de la etapa intermedia, que no generan en sí mismas la afectación material irreparable de un derecho fundamental. 82. Con ello, válidamente es de concluir que los medios de prueba admitidos y que el promovente estima ilegales e impertinentes, aún no repercuten negativamente en su esfera jurídica, pues su valoración, una vez desahogadas, se encuentra supeditada a la apreciación que sobre la mismas realice el juez oral en audiencia de juicio, quien evidentemente en uso de su arbitrio judicial puede determinar su eficacia probatoria, una vez que las partes hayan formulado los interrogatorios y contra interrogatorios respectivos, tendentes a demostrar su teoría del caso [...]" Lo subrayado es propio. De dichas consideraciones, se obtiene que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, ha determinado que para llegar al dictado de la sentencia de primera instancia en materia penal, se transita por tres etapas, a saber, la de investigación, la intermedia y la de juicio, cada una tiene un objetivo específico, el cual una vez cumplido y agotados los recursos ordinarios y extraordinarios que procedan, debe considerarse concluida, de manera que los temas que en cada una se analizan, ya no podrán ser nuevamente estudiados o ser materia de debate en la etapa procesal siguiente. Asimismo, la Primera Sala precisó que la doctrina de actos de imposible reparación para los efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de un acuerdo de admisión de pruebas en el nuevo sistema de justicia penal, implica realizar un análisis que permita decidir sobre si determinado acto judicial tiene la naturaleza de irreparable, lo cual deberá efectuarse partiendo de la premisa de que son actos intraprocesales y que la procedencia del amparo indirecto está supeditado a que dicho acto genere una afectación actual a un derecho fundamental que no podrá ser reparada. Además, dicho órgano colegiado determinó que además de la naturaleza del acto, debe atenderse si en efecto implica una violación a un derecho fundamental que de forma inmediata debe ser revisada y no supeditarlo a que el mismo pueda o no ser reparado en la sentencia que se dicte en la audiencia de juicio oral, porque dicha resolución se ocupará de la valoración de las pruebas desahogadas en el juicio oral y, por tanto, no se ocupará de cuestiones que deben ser analizadas, cuestionadas o debatidas en etapas previas como lo es la admisión de medios de prueba. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que el amparo indirecto, por regla general, es improcedente contra la determinación que admite un medio de prueba, por tratarse de un acto de naturaleza intraprocesal y excepcionalmente procederá esta instancia constitucional, cuando dicha resolución de admisión de algún medio de prueba, por sí misma implique un acto de imposible reparación, por afectar un derecho fundamental. En ese supuesto, la Primera Sala señaló que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 107, fracción V (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, precisó que la admisión de pruebas (incluso de aquellas que se consideran ilegales), no irroga un daño irreparable actual a la parte quejosa, sino que la afectación a su esfera jurídica está sujeta a factores cuya verificación se desconoce, tales como que efectivamente los medios de prueba se desahoguen, la forma en que dicho desahogo se verifique, verbigracia, el contenido del deposado al tenor del interrogatorio y contrainterrogatorio respectivo que en ejercicio del principio de contradicción generen las partes y, desde luego, que el tribunal de enjuiciamiento los considere como prueba de cargo en contra del procesado al emitir la sentencia en la audiencia de juicio oral. Por tanto, como se indició, respecto de la negativa del juez de control de excluir los medios de prueba ofrecidos en la etapa intermedia, no irroga un daño irreparable actual al quejoso, sino que la afectación a su ??????????? esfera jurídica está sujeta a factores cuya verificación se desconoce, tales como que efectivamente tales medios de prueba se desahoguen, la forma en que dicho desahogo se verifique y desde luego, que el tribunal de enjuiciamiento los considere como pruebas de cargo en contra del acusado al emitir la sentencia en la audiencia de juicio oral. De lo anterior se colige que no es factible hablar de una afectación inmediata y actual, que conlleve a considerar que la admisión de dichos medios de prueba y, por ende, su no exclusión, constituyan actos de imposible reparación en contra del quejoso. En ese sentido, es que se concluye que la admisión de los medios de prueba que reclama el quejoso y, por tanto, su no exclusión, por sí mismo no constituye un acto de imposible reparación que pueda ser analizable en el amparo indirecto. Consecuentemente, si en el caso concreto la parte quejosa se inconforma con la negativa de la responsable de excluir los medios de prueba ofertados, pero no se advierte que ello constituya de manera actual una afectación de características irreparables, se actualiza la causa de improcedencia de que se habla en esta resolución, al constituir determinaciones procesales de la etapa intermedia, que no generan en sí mismas la afectación material irreparable de un derecho fundamental. Con ello, válidamente es de concluir que los medios de prueba admitidos y que el promovente estima ilegales, aún no repercuten negativamente en su esfera jurídica, pues su valoración, una vez desahogadas, se encuentran supeditadas a la apreciación que sobre las mismas realice el tribunal oral en audiencia de juicio, quien evidentemente en uso de su arbitrio judicial puede determinar su eficacia probatoria, una vez que las partes hayan formulado los interrogatorios y contrainterrogatorios respectivos, tendentes a demostrar su teoría del caso. Lo anterior, tal y como lo determinó la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el diverso amparo directo en revisión 669/2015, donde sostuvo que el objeto del debate probatorio durante la etapa intermedia y el juicio oral es distinto pero complementario. También, precisó que en la etapa intermedia se discute si de los datos que arroja la investigación se advierte una violación a derechos fundamentales que dé lugar a la exclusión de algún medio de prueba del material probatorio que se va a desahogar en el juicio oral. En cambio, dijo, la finalidad de esta última etapa consiste en esclarecer los hechos sobre la existencia de un delito y la responsabilidad del acusado en su comisión a partir de los medios de prueba admitidos en la etapa intermedia. Así, determinó que con atención al principio de continuidad previsto en el primer párrafo del artículo 20 constitucional, la exclusión de pruebas no es un tema que pueda plantearse nuevamente en el juicio oral; no obstante, resaltó, aunque el debate sobre la exclusión probatoria deba agotarse en etapa intermedia, en el juicio oral la defensa puede cuestionar el valor de las pruebas con argumentos estrechamente vinculados con violaciones a derechos fundamentales planteadas en etapas previas. Así, dicho órgano colegiado concluyó, que el juez o tribunal de enjuiciamiento deberá tomar en cuenta al??????????????? momento de realizar la valoración probatoria en la sentencia definitiva si durante el desahogo de las pruebas durante el juicio oral se revela que efectivamente existió una violación a derechos fundamentales del acusado, sin perder de vista que la fracción IX del apartado A del artículo 20 constitucional establece que las pruebas obtenidas mediante violación a derechos fundamentales son nulas. El criterio que nos ocupa, quedó plasmado en la tesis: 1a. LIII/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: DIFERENCIAS EN EL DEBATE PROBATORIO DE LA ETAPA INTERMEDIA Y EL JUICIO ORAL EN RELACIÓN CON LA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. El objeto del debate probatorio durante la etapa intermedia y el juicio oral es distinto pero complementario. En la etapa intermedia se discute si de los datos que arroja la investigación se advierte una violación a derechos fundamentales que dé lugar a la exclusión de algún medio de prueba del material probatorio que se va a desahogar en el juicio oral. En cambio, la finalidad de esta última etapa consiste en esclarecer los hechos sobre la existencia de un delito y la responsabilidad del acusado en su comisión a partir de los medios de prueba admitidos en la etapa intermedia. Así, en atención al principio de continuidad previsto en el primer párrafo del artículo 20 constitucional, la exclusión de pruebas no es un tema que pueda plantearse nuevamente en el juicio oral. Con todo, aunque el debate sobre la exclusión probatoria deba agotarse en etapa intermedia, es incuestionable que en el juicio oral la defensa puede cuestionar el valor de las pruebas con argumentos estrechamente vinculados con violaciones a derechos fundamentales planteadas en etapas previas. Esto último puede ocurrir especialmente cuando durante el desahogo de las pruebas durante el juicio oral se revela que efectivamente existió una violación a derechos fundamentales del acusado, cuando surgen dudas sobre esa cuestión -por ejemplo, al advertirse durante el contrainterrogatorio o con algún otro medio de prueba que las autoridades mintieron o incurrieron en contradicciones en relación con lo que hubieren manifestado en etapas preliminares- o cuando se aporten elementos supervenientes que hagan suponer fundadamente que la prueba en cuestión se obtuvo a partir de una violación a derechos fundamentales. En estos casos, el juez o tribunal de enjuiciamiento deberá tomar en cuenta esta cuestión al momento de realizar la valoración probatoria en la sentencia definitiva, sin perder de vista que la fracción IX del apartado A del artículo 20 constitucional establece que las pruebas obtenidas mediante violación a derechos fundamentales son nulas.10 En ese contexto, aunque en etapa intermedia se haya admitido un medio de prueba para desahogarse en la etapa de juicio oral, del que se pretenda su exclusión por violación a derechos fundamentales, nada impide que en la audiencia de debate la defensa cuestione el valor de las pruebas con argumentos estrechamente vinculados con violaciones a derechos fundamentales planteadas en etapas previas, esto es, cuando se revela que efectivamente existió una violación a derechos fundamentales del acusado, lo que deberá apreciar el tribunal de enjuiciamiento al momento de valorar la prueba. Por lo anterior, como lo estableció la Primera Sala, no se debe supeditar a que el acto reclamado pueda o no ser reparado en la sentencia definitiva que se dicte en la audiencia de juicio oral, porque dicha resolución solo se ocupará de la valoración de las pruebas desahogadas en la misma, pero no de cuestiones que debieron analizarse, cuestionarse o debatirse en etapas previas. En esa medida, en sede de juicio de amparo directo, sólo podrán ser objeto de revisión constitucional las violaciones que se actualicen durante la tramitación de la etapa de juicio oral, sin que sea posible su estudio cuando se hayan cometido durante las etapas preliminar o intermedia del procedimiento penal; esto es, la materia del juicio de amparo directo, tratándose del nuevo sistema de justicia penal, deberá consistir exclusivamente en analizar lo actuado durante la etapa de juicio oral, sin incluir decisiones tomadas en etapas previas por una autoridad jurisdiccional distinta, relativas a situaciones cuyo debate no pudo ser retomado o reabierto en aquella etapa. Ello, porque como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme al principio de continuidad previsto en el primer párrafo del artículo 2011 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el procedimiento penal acusatorio se encuentra dividido en etapas, cada una de las cuales tiene una función específica. Estas etapas se van sucediendo unas a otras, lo que significa que sólo superándose una se puede comenzar con la siguiente, sin que exista posibilidad de renovarlas o reabrirlas; de ahí que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), así como en la tesis 1a. LI/2018 (10a.), emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: 11 "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL. De acuerdo con el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución y la fracción I del artículo 170 la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas dictadas por autoridades judiciales en dos supuestos: (i) cuando la violación se cometa en sentencia definitiva; y (ii) cuando la violación se cometa durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. Con todo, esta Primera Sala estima que tratándose de una sentencia definitiva derivada de un proceso penal acusatorio, en el juicio de amparo directo no es posible analizar violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral que tengan como consecuencia la eventual exclusión de determinado material probatorio. Si bien es cierto que de una interpretación literal y aislada del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo pudiera desprenderse que sí es posible analizar en el juicio de amparo directo las violaciones a las leyes del procedimiento que hayan trascendido a las defensas del quejoso cometidas durante cualquiera de las etapas del procedimiento penal acusatorio, toda vez que la Ley de Amparo en ningún momento limita el examen de dichas violaciones a las que hayan ocurrido en una etapa determinada, esta Primera Sala estima que una interpretación conforme con la Constitución de la citada disposición permite concluir que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. En primer lugar, porque sólo con dicha interpretación adquiere plena operatividad el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide - investigación, intermedia y juicio- cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. En segundo lugar, porque dicha interpretación también es consistente con la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional. De acuerdo con dicha porción normativa, el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. En consecuencia, si el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia definitiva que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de dicho acto sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. Esta interpretación además es consistente con el artículo 75 de la Ley de Amparo, que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. PRINCIPIO DE CONTINUIDAD DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. DE SU INTERPRETACIÓN SE DESPRENDE LA OBLIGACIÓN DE LAS PARTES DE HACER VALER SUS INCONFORMIDADES EN EL MOMENTO O ETAPA CORRESPONDIENTE. El procedimiento penal acusatorio se encuentra dividido en etapas, cada una de las cuales tiene una función específica. Estas etapas se van sucediendo irreversiblemente unas a otras, lo que significa que sólo superándose una se puede comenzar con la siguiente, sin que exista posibilidad de renovarlas o reabrirlas. Esta lectura del sistema penal acusatorio se apoya en el principio de continuidad previsto en el primer párrafo del artículo 20 constitucional. En efecto, el principio de continuidad ordena que el 12 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, registro: 2018868, libro 61, diciembre de 2018, tomo I, materia(s): Común, página: 175. procedimiento se desarrolle en la mayor medida posible sin interrupciones, de tal forma que los actos procesales se sigan unos a otros en el tiempo. En este orden de ideas, del señalado principio se desprende la necesidad de que cada una de las etapas en el procedimiento penal cumpla su función a cabalidad y, una vez agotadas, se avance a la siguiente, sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente."13 Por tanto, resulta evidente que la admisión de las pruebas a que hace referencia el quejoso, no implica un acto de imposible reparación pues produce efectos intraprocesales susceptibles de desaparecer, por las razones antes expresadas. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba 13 Semanario Judicial de la Federación, décima época, registro: 2017072, viernes 01 de junio de 2018 10:07 h, materia(s): (Constitucional, Penal). ???????????? resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Finalmente, cabe señalar que la admisión de los referidos medios de prueba, tampoco implica la violación en su perjuicio del derecho a no ser juzgado con pruebas ilícitas, puesto que no es en la etapa intermedia donde se lleva a cabo la labor de enjuiciamiento, sino que esa actividad es propia de la etapa de juicio oral, en la que como ya se puntualizó, el juez que la presida tendrá siempre intocada su facultad de no otorgar valor probatorio a pruebas que, derivado de lo acontecido durante su desahogo, advierta que tienen un origen ilícito por haberse obtenido a través de la violación de derechos fundamentales de las partes, de ser el caso. Sirve de orientador a lo anterior, el criterio sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la foja 1909, del Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2014367, que señala: ETAPA INTERMEDIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE NIEGA EXCLUIR O INADMITIR MEDIOS DE PRUEBA EN DICHA FASE, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO CONSTITUIR UN ACTO EN JUICIO, CUYOS EFECTOS SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. La etapa intermedia en el procedimiento penal acusatorio está conformada por un conjunto de actos procesales (una fase escrita y una oral), que inicia con la presentación de la acusación y culmina con la resolución que decide la apertura a juicio oral; en dicha fase procesal tiene lugar, entre otros, el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos. Bajo esta perspectiva, si el Juez de control no acuerda de conformidad la petición de una de las partes de excluir o inadmitir los medios de prueba que le son solicitados, esa determinación no constituye un acto en juicio y, además, sus efectos no son de imposible reparación, pues no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, sino que se trata de un acto de naturaleza intraprocesal (esto es, sin afectación directa e inmediata), respecto del cual, el juicio de amparo indirecto es improcedente, por lo que, en todo caso, es susceptible de impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva. Así como la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, publicada en la página 2632, del Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2012689, que dice: AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que los actos dentro del juicio son de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando afectan materialmente derechos sustantivos, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas, por lo que tal lesión debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal. Ahora bien, de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende tres etapas: 1) La de investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; 2) La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, 3) La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Asimismo, el artículo 334 del citado código dispone que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, y que consta de dos fases, una escrita y otra oral, siendo que la segunda inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio, regulado por el artículo 347 del mismo código. Por tanto, el auto de apertura a juicio oral dictado en el proceso penal acusatorio no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues define cuestiones de carácter procesal, como los acuerdos probatorios, que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. En estas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de Amparo14, con 14 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.)fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, de la citada ley, se desecha de plano la demanda de amparo, respecto de los actos consistentes en la resolución mediante la cual se niega por parte del juez señalado como responsable de excluir las pruebas ofrecidas por el fiscal, en audiencia intermedia de tres de agosto del año en curso, dentro de la causa penal 4/2017; así como el auto de apertura a juicio de tres de agosto de dos mil veintiuno, emitido en la causa penal 4/2017, en la que se determinó improcedente la solicitud de exclusión de diversos medios de prueba ofrecidos por las partes. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Por otro lado, en virtud de que el promovente omitió señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, realícense las notificaciones en el presente asunto, incluyendo las que sean de manera personal, por lista de estrados. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;Por otro lado, ténganse como sus autorizados, a las personas señaladas en su escrito de demanda, en los términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo; En cuanto a su diversa solicitud, consistente en que se permita el uso de medios electrónicos para tomar fotografías del presente expediente; con apoyo en la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se accede a lo instado. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese por lista a la parte quejosa
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