Romeo Orantes Gomez
Expediente 842/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 842/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Romeo Orantes Gomez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ya obran los oficios suscritos por la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, con sede en esta ciudad y Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, compareciendo por el Director General de Registro y Control Documental de esa Institución, con sede en ciudad de México, respectivamente, con los que informaron acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria concesoria de amparo; asimismo, que el término concedido a la parte quejosa en proveído de dieciocho de mayo del año en cuso, para que manifestara lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, transcurrió sin que haya hecho manifestación al respecto; en tal virtud, esta Juzgadora procederá a resolver sobre el cumplimiento de la resolución de amparo, con base a los elementos que obran en este expediente.Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis bajo el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE 22/02/22 12:00:28 AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En este sentido, se aprecia que por sentencia dictada el treinta de octubre de dos mil veinte, por este órgano de control constitucional, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto del acto reclamado a la Delegación del Registro Agrario Nacional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida y Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México. Asimismo, por auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se declaró que causó ejecutoria la citada resolución, requiriéndose a las autoridades responsables su debido cumplimiento. De manera que la autoridad responsable estaba obligada a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: ".(EFECTOS DEL AMPARO). Por lo tanto, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a MARIO GARCÍA CÁRDENAS, para el único efecto de que la autoridad responsable Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, dentro del término de tres días contados a partir de que se le notifique que causó ejecutoria la presente resolución, realice lo siguiente: Resuelva lo conducente respecto del recurso de revisión que recibió el veinticinco de enero de dos mil diecinueve la Delegación del Registro Agrario Nacional en el estado de Yucatán, interpuesto por el quejoso MARIO GARCÍA CÁRDENAS, en caso de que no exista imposibilidad jurídica para ello; y notifique lo anterior a este último, en el domicilio señalado al efecto. 1 Tesis 2ª./26/2000 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, p.243, Novena Época.Y la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, acate lo anterior." Así, de las constancias que obran en este sumario, las que tienen valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, con sede en esta ciudad y Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, compareciendo por el Director General de Registro y Control Documental de esa Institución, con sede en ciudad de México, respectivamente, dieron debido cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo, ello en virtud de que la citada autoridad en representación del Delegado del Registro Agrario Nacional en el estado de Yucatán, por oficio RAN/YUC/SR/DJ/1097/2021, informó que mediante oficio RAN/DGRCD/3093/2020, de ocho de octubre de dos mil veinte, el Director General de Registro y Control Documental remitió Acuerdo de No Admisión del Recurso de Revisión de esa propia fecha, interpuesto por el aquí quejoso, en contra de la calificación registral negativa recaída a las solicitudes 31170011861 y 31170011934, por los motivos y fundamentos contenidos en el mismo, el cual fue ingresado en esa Unidad Administrativa con folio 000637, con fecha veintidós de febrero del año en curso; así como que el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno último, se remitió a la Encargada de Atención Técnica de dicho Registro, el oficio de notificación RAN/YUC/SR/0890/2021, del citado acuerdo de no admisión del recurso de revisión (materia de la presente litis), dirigido al quejoso Mario García Cárdenas; por lo que señaló las DOCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, a fin de que la parte quejosa se presentara a sus instalaciones para darse por notificada y que le sea entregado el referido documento. Motivo por el cual, este Juzgado ordenó que se notifique personalmente dicha determinación a la parte quejosa, haciendo de su conocimiento el contenido del oficio de la autoridad responsable, para el efecto de que en la fecha señalada, se presentara ante la responsable a darse por notificada y recoger la documentación en comento; con el apercibimiento que de no hacerlo en el día y hora señalados para ello, se entendería su falta de interés y se procederá a resolver lo que en derecho corresponda de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo; siendo que por diverso oficio RAN/YUC/SR/DJ/1260/2021, la citada Encargada comunicó que la parte quejosa no se presentó al Centro de Atención al Público de esa Delegación a la cita programada para la entrega del oficio RAN/YUC/SR/0890/2021; a pesar de encontrarse debidamente notificada para tal efecto, tal y como se desprende de las constancias actuariales de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, vía correo electrónico y lista electrónica. En ese sentido, debe decirse que este órgano de control constitucional advierte que existe un notorio desinterés de la parte quejosa, en relación al cumplimiento de la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, lo que deviene en la imposibilidad de que el mismo tenga verificativo, cuenta habida que si bien corresponde a las autoridades responsables el cumplimiento de la misma, lo cierto es que para ello es indispensable que aquélla lleve a cabo las acciones necesarias para que el fallo protector pueda cumplirse, en concreto, acudir a recepcionar el documento consistente en el oficio de notificación RAN/YUC/SR/0890/2021, del acuerdo de no admisión del recurso de revisión (materia de la presente litis). Sin embargo, como quedó reseñado con antelación, la parte quejosa ha sido completamente omisa en acudir a la cita fijada por una de las responsables, para darse por notificada y que le sea entregado el referido documento. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, ante el manifiesto y notorio desinterés de la parte quejosa en la ejecución de la sentencia dictada en este juicio de amparo, lo procedente es declarar la imposibilidad del cumplimiento de la misma, por causas única y exclusivamente imputables a la parte impetrante.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Alfredo Murguía Berthier, en su calidad de defensor particular de Romeo Orantes Gómez, contra el acto que reclama del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de Yucatán; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. En ese sentido, primeramente, con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, téngase por reconocida la personalidad con que se ostenta el promovente, de conformidad con la copia del auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 4/2017. Una vez sentado lo anterior, se procede a proveer en relación con la demanda de amparo que nos atañe, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." Ahora bien, de la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, la determinación de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal 4/2017, en la que se declaró improcedente la petición realizada por la defensa del directo quejoso, de ampliar los medios de prueba ofertados a su favor por su anterior defensa en la etapa intermedia del proceso penal de origen. En ese sentido, esta Juzgadora Federal estima que, en relación a dicho acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V (interpretado a contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo, en razón de que la resolución que declaró la improcedencia de la solicitud de ampliación de los medios de prueba ofertados a favor del imputado, no genera una afectación irreparable, sino que se constriñe a una determinación de índole adjetiva o procesal. A efecto de dilucidar el problema planteado, debe decirse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La preliminar o de investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; la primera inicia con la presentación de la denuncia o su equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para la formulación de la imputación; la segunda fase comprende a partir de la formulación de la imputación, hasta que se cierra la investigación. II. La etapa intermedia o de preparación a juicio oral, que comprende la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. III. La etapa de juicio, que alcanza desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Por su parte, el precepto 133 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que el Juez de Control tiene competencia desde el inicio de la etapa de investigación, hasta el dictado del auto de apertura a juicio y que el tribunal de enjuiciamiento es el que preside la audiencia de juicio y dicta la sentencia. Además, el artículo 334 del Código procesal en consulta, señala que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de pruebas, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral; esta etapa se compone de dos fases: 1.- Una escrita, que inicia con la acusación y comprende los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia; y, 2.- La fase oral, la cual inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio. Así las cosas, de conformidad con lo previsto en el artículo 335 del citado código adjetivo de la materia, en esta etapa, el Ministerio Público presentará su acusación, la que el Juez de Control ordenará sea notificada a las partes, con el objeto de que se lleve a cabo el descubrimiento probatorio, consistente en la entrega material a la defensa de los registros de la investigación, para estar en condiciones de señalar fecha para la audiencia intermedia prevista en el artículo 341, del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo desarrollo está previsto en el diverso 344, mismo que señala que al inicio de la audiencia, el Ministerio Público realizará una exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de la víctima y el acusado; acto continuo, las partes podrán deducir cualquier incidencia relevante y, desahogado lo anterior, el juez autorizará el acuerdo probatorio. En todo caso, el Juez de Control examinará las pruebas ofrecidas, y determinará la exclusión de aquellas ilícitas, ilegales o impertinentes y antes de finalizar la audiencia, dictará auto de apertura a juicio que, en términos del artículo 347 del Código Nacional en consulta, deberá indicar: I. El Tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de juicio, así como la fecha y hora fijadas para la audiencia; II. La individualización de los acusados; III. Las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieren realizado en ellas, así como los hechos materia de la acusación; IV. Los acuerdos probatorios a los que hubieren llegado las partes; V. Los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada; VI. Los medios de prueba que, en su caso, deban de desahogarse en la audiencia de individualización de las sanciones y de reparación del daño; VII. Las medidas de resguardo de identidad y datos personales que procedan en términos de este Código; VIII. Las personas que deban ser citadas a la audiencia de debate, y, IX. Las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado. Importa destacar que el artículo 345, último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que el Juez de Control, en el auto de apertura a juicio, indicará los hechos que tendrán por acreditados, a los cuales deberá estarse durante la audiencia del juicio oral. Ahora, en el caso, el titular de la acción constitucional se duele de que el Juez de Control responsable, declaró improcedente su solicitud de ampliar los medios de prueba que ofertó su anterior defensa. Por lo tanto, el punto medular en este asunto consiste en concluir si el auto de apertura a juicio oral y concretamente, la inadmisión de las nuevas pruebas que pretendió ofertar la parte quejosa, de conformidad con su contenido normativo, es un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo indirecto en su contra; ello, de conformidad con la definición del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En principio, debe decirse que dicha porción normativa establece que los actos dentro de juicio, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no llegue a trascender al resultado del fallo. Además, tal lesión debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de leyes adjetivas, de donde derivan dos condiciones para promover el juicio amparo indirecto contra actos de imposible reparación: a) Que afecten materialmente derechos, lo que significa que el acto de autoridad impida el ejercicio de algún derecho en forma actual o inmediata; b) Que esos derechos afectados sean de naturaleza sustantiva. Tomando en cuenta las notas distintivas apuntadas, este órgano de control constitucional concluye que el acto reclamado por la parte quejosa, en lo relativo a la improcedencia de su solicitud de ampliación de los medios de prueba ofertados primigeniamente, no es de aquellos cuya ejecución sea de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues la no admisión de las pruebas referidas, involucra cuestiones meramente procesales que conllevan derechos de naturaleza adjetiva, los que, en todo caso, están sujetos a ser desahogados y valorados en la etapa del juicio oral; es decir, aun cuando no hayan sido admitidas las probanzas que pretendió ofertar, además de las ofrecidas inicialmente, no le causan afectación a sus derechos sustantivos, toda vez que será hasta que el tribunal de enjuiciamiento dicte sentencia cuando, en todo caso, le causará una afectación de imposible reparación, donde la defensa podrá plantear argumentos que cuestionen el valor de las pruebas de la acusación que se desahoguen en la audiencia de juicio oral y que hubieran trascendido al dictado de una sentencia condenatoria, en contraposición de las que, en su caso, le hubieren sido inadmitidas. Habida cuenta que si bien es cierto la admisión o exclusión de pruebas no es un tema que pueda plantearse nuevamente en el juicio oral, resulta incuestionable que en el juicio oral la defensa sí puede cuestionar el valor de las pruebas con argumentos estrechamente vinculados con violaciones a derechos fundamentales planteados en etapas previas, especialmente puede ocurrir cuando durante el desahogo de las pruebas durante el juicio oral se revela que existió una violación a derechos fundamentales del acusado, cuando surgen dudas sobre esa cuestión o cuando se aporten elementos supervenientes que hagan suponer fundadamente que la prueba en cuestión se obtuvo a partir de una violación a derechos fundamentales, pues en estos casos, el Juez o Tribunal de enjuiciamiento deberán tomar en cuenta esa cuestión al momento de realizar la valoración probatoria en la sentencia definitiva. Circunstancias que permiten colegir fundadamente que la inadmisión de las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, por su naturaleza, no entraña una ejecución irreparable, ya que con ello, en su caso, sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, pues no se advierte privación alguna de sus derechos de defensa o alteración a los hechos materia de litis, sino que sus consecuencias son de orden eminentemente formal y procesal, pudiendo, en caso de trascender al resultado del fallo, cuestionar tal circunstancia. Se afirma lo anterior porque, en primer término, no se afecta un derecho sustantivo, además de que en todo caso, la legalidad o ilegalidad de la valoración es un aspecto que sólo puede darse en la etapa de juicio al momento del dictado de la sentencia, por lo que en este momento procesal, como se sostiene, no se considera que violente derechos sustantivos. Habida cuenta que puede acontecer que dentro de la etapa de juicio se estimen suficientes las pruebas de descargo ofertadas por la defensa o no se desahoguen o se controvierta el valor probatorio de las pruebas de la parte acusadora y, por ende, no sean tomadas en consideración, con lo que existe la posibilidad de que no se afecte al justiciable; en caso contrario, tal acto sí es factible controvertirse a través del amparo directo que, en su caso, puedan promover en contra de la resolución de fondo que se llegue a emitir en el asunto de origen. Así las cosas, es inconcuso que no pueden ser considerados de imposible reparación por no afectar derechos sustantivos los actos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son únicamente formales y pueden repararse si el afectado obtiene una sentencia favorable, lo cual si bien no es una certeza, existe esa posibilidad, por lo que sí es susceptible de reparación en ese supuesto, toda vez que hasta ese momento conocerá la valoración que se le dé al cumulo probatorio. Luego, la inadmisión de las pruebas ofrecidas por la parte imputada, aquí quejosa, incide únicamente en el ejercicio de un derecho procesal como lo es que se admitan las pruebas que la parte quejosa considera no fueron ofertadas oportunamente por su anterior defensa, las cuales constituyen los elementos para acreditar su versión exculpatoria en la causa penal de origen. Lo anterior encuentra sustento en la tesis visible en la página 947, del Libro 76, Marzo de 2020, Tomo II, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. ES MANIFIESTA E INDUDABLE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO PORQUE NO CAUSA EFECTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, SI EL ACTO RECLAMADO SE EMITE DENTRO DE ÉSTA, ANTES DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL. De conformidad con el artículo 107 de la Ley de Amparo, los actos emitidos durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto cuando afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la vida, la integridad personal, la libertad, etcétera, cuya afectación no puede ser reparada aun obteniendo sentencia favorable; lo que excluye la procedencia del amparo indirecto cuando sólo se afecten derechos adjetivos, aun cuando dicha afectación pudiera considerarse en grado predominante o superior. Ahora bien, la determinación del Juez de Control dentro de la etapa intermedia, que se ocupe de proveer aspectos vinculados con el tema de los medios de prueba de las partes, sólo genera consecuencias de índole procesal, pues no produce una afectación material e inmediata de derechos sustantivos del justiciable, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de esos derechos; lo que actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el citado 107, fracción V (en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo, que origina el desechamiento de plano de la demanda, ya que tal resolución en todo caso, podría ser susceptible de combatirse como parte de las violaciones ocurridas en el desarrollo de dicha fase, hasta el auto de apertura a juicio oral, al ser en dicha actuación en la que, entre otras cuestiones, se indican los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada, según lo establece la fracción V del artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales." Por tanto, como se indicó, respecto de la resolución de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, que declaró improcedente la petición realizada por la defensa del directo quejoso, de ampliar los medios de prueba ofertados a su favor por su anterior defensa en la etapa intermedia del proceso penal de origen, no irroga un daño irreparable actual a la parte promovente del amparo, sino que la afectación a su esfera jurídica está sujeta a factores cuya verificación se desconoce, tales como que, desde luego, el tribunal de enjuiciamiento considere las pruebas ofrecidas primigeniamente como insuficientes para justificar su versión exculpatoria. De lo anterior se colige que no es factible hablar de una afectación inmediata y actual, que conlleve a considerar que la inadmisión de dichos medios de prueba, constituyan actos de imposible reparación en contra de la parte quejosa. Ilustra a lo anterior, el criterio sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la foja 1909, del Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2014367, que señala: "ETAPA INTERMEDIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE NIEGA EXCLUIR O INADMITIR MEDIOS DE PRUEBA EN DICHA FASE, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO CONSTITUIR UN ACTO EN JUICIO, CUYOS EFECTOS SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. La etapa intermedia en el procedimiento penal acusatorio está conformada por un conjunto de actos procesales (una fase escrita y una oral), que inicia con la presentación de la acusación y culmina con la resolución que decide la apertura a juicio oral; en dicha fase procesal tiene lugar, entre otros, el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos. Bajo esta perspectiva, si el Juez de control no acuerda de conformidad la petición de una de las partes de excluir o inadmitir los medios de prueba que le son solicitados, esa determinación no constituye un acto en juicio y, además, sus efectos no son de imposible reparación, pues no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, sino que se trata de un acto de naturaleza intraprocesal (esto es, sin afectación directa e inmediata), respecto del cual, el juicio de amparo indirecto es improcedente, por lo que, en todo caso, es susceptible de impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva." Así como la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, publicada en la página 2632, del Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2012689, que dice: "AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que los actos dentro del juicio son de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando afectan materialmente derechos sustantivos, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas, por lo que tal lesión debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal. Ahora bien, de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende tres etapas: 1) La de investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; 2) La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, 3) La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Asimismo, el artículo 334 del citado código dispone que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, y que consta de dos fases, una escrita y otra oral, siendo que la segunda inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio, regulado por el artículo 347 del mismo código. Por tanto, el auto de apertura a juicio oral dictado en el proceso penal acusatorio no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues define cuestiones de carácter procesal, como los acuerdos probatorios, que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano." Por otra parte, en el caso a estudio, la suscrita considera que también se actualiza la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales concede la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." En el precepto y fracción transcrita se consigna la improcedencia del juicio de amparo, cuando no se han agotado los recursos o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, precisamente respecto de actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Asimismo, el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad transgresores de derechos fundamentales y que, por tanto, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común; mismos principios que se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se contemplan el denominado por la doctrina como de definitividad, mismo que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, 61, fracciones XIV, XVIII y XX, y 107 de la Ley de Amparo; así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones ponen de manifiesto que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes, a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de alguno de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad. Expuesto lo anterior, se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, porque se ejerció el medio de control constitucional, sin colmar de forma previa, contra el acto reclamado, el principio de definitividad, que rige el juicio de amparo. Se afirma lo anterior, pues la parte quejosa, en contra de la determinación reclamada, en la que se declaró improcedente su solicitud de ampliación de los medios de prueba ofertados inicialmente por su anterior defensa, omitió agotar el recurso de apelación a que hace alusión el artículo 467, fracción XI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dice: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables. Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: I. Las que nieguen el anticipo de prueba; II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV. La negativa de orden de cateo; V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o XI. Las que excluyan algún medio de prueba." De lo anterior se colige que, en el caso particular, se debió agotar el recurso de apelación a que se refiere el citado arábigo 467, en su fracción XI, pues la declaratoria de improcedencia de la ampliación de los medios de prueba que ofertó primigeniamente, constituye una exclusión de los nuevos medios de prueba que pretendió ofrecer, por lo que estaba constreñido a, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, agotar tal recurso. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por incumplimiento del principio de definitividad, al no haberse agotado previamente a la instancia constitucional, el recurso o medio de defensa que contempla el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo que contra la determinación reclamada, procedía el recurso de apelación. Lo anterior encuentra sustento en la tesis visible en la página 2376, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto rezan: "EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA. AL NO ENCONTRARSE EN ALGUNA HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 467, FRACCIÓN XI, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. En términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones respecto de las cuales proceda algún recurso o medio de defensa legal en virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Ahora bien, contra la resolución del Juez de Control emitida en la etapa intermedia que excluya algún medio de prueba, el artículo 467, fracción XI, del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé un control jurisdiccional que constituye un recurso formal y material, cuyo efecto inmediato, en términos del artículo 472 del código mencionado, es suspender la remisión del auto de apertura a juicio al tribunal de enjuiciamiento; de ahí que al no encontrarse en el supuesto de excepción contenido en la fracción XX del artículo 61 indicado, el quejoso debe agotar ese medio ordinario de impugnación, previo a la promoción del juicio de amparo, para cumplir con el principio de definitividad que rige su procedencia." Por tales motivos, de conformidad a la técnica que rige el juicio de amparo, es obvio que la parte peticionaria debió agotar dicho recurso, antes de acudir al juicio de amparo, y si tal medio de impugnación no se agotó de manera previa, evidentemente se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del epígrafe y contenido siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que nos es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En estas condiciones, al actualizarse las causales de improcedencia antes ponderadas, de manera manifiesta e indudable, se desecha de plano la demanda promovida por Romeo Orantes Gómez, por conducto de su defensor particular Alfredo Murguía Berthier, contra el acto que reclamó del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de Yucatán. Por otra parte, como lo señala la parte quejosa, téngase como sus autorizados, a las personas expresamente designadas, con las facultades conferidas. Ahora bien, toda vez que el usuario "notificaciones.consultores" que proporciona la parte promovente, se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, con apoyo en los Acuerdos Generales 12/2020 y 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda de conformidad la solicitud del promovente, y se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico del presente juicio, a la parte quejosa, a través del citado usuario. Asimismo, toda vez que existe solicitud expresa de la parte quejosa para recibir vía electrónica a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, y proporciona para ello el citado usuario; en consecuencia, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y los artículos 39 y 55 del citado Acuerdo General 12/2020, se ordena realizar a la parte quejosa las notificaciones inherentes a este asunto por medio de la cuenta electrónica antes mencionada, para los efectos legales a que haya lugar. Hágase lo anterior del conocimiento del oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes. Finalmente, desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes
- Roman Mauricio Vazquez Garcia238/2020
- Roman Zapata Brito408/2015
- Romel Alberto Duran Lizarraga1677/2019
- Romel Garrido Suarez586/2019
- Romel Omar Valencia Heman1340/2020
- Romel Omar Valencia Heman1341/2020
- Romeo Orantes Gomez1521/2021
- Romeo Orantes Gomez2467/2021
- Romeo Orantes Lopez1276/2020
- Romualda Quez Uc784/2023
- ROMUALDO BALTAZAR CHAN ORTIZ y Otros.979/2018
- Romulo Antonio Bonilla Castañeda1854/2023