Romeo Anguiano Porras
Expediente 1334/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1334/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Romeo Anguiano Porras
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de diciembre de dos mil veintiuno. I. Causa estado desechamiento. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo conferido para hacer valer el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de uno de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo origen de este juicio, sin que se hubiese hecho valer en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y en lo conducente el diverso 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO. II. Protección de datos personales. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. III. Archivo. Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial que antecede, signada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, mediante la cual informa la imposibilidad de notificar a la parte quejosa el proveído de uno de diciembre pasado, por los motivos que expone; por lo anterior, se provee lo siguiente: Con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa, el proveído de uno de diciembre del año en curso por medio de lista electrónica, así como las subsecuentes notificaciones de carácter personal, toda vez que el domicilio que proporcionó el impetrante resulta ser inexacto. Notifíquese por lista electrónica. INSERCIÓN DE AUTO DE UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINITUNO; San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de diciembre de dos mil veintiuno. Radicación y creación del expediente. Con la demanda de amparo promovida por ***** contra actos del Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 1334/2021. Expediente Electrónico. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e. Firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS COV2, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. Análisis de demanda y desechamiento. Ahora bien, es pertinente señalar que el escrito inicial de demanda y los documentos en los que se funde, deben ser analizados en su integridad, a efecto de determinar lo que en derecho corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia siguiente: "DEMANDA EN EL JUICIO NATURAL. EL ESTUDIO INTEGRAL DEBE COMPRENDER LOS DOCUMENTOS ANEXOS. En virtud de que la demanda constituye un todo, su interpretación debe ser integral, de manera que si de su contenido se advierte que se expusieron los motivos esenciales de la causa de pedir, y en relación con ellos se hace cita de los documentos fundatorios de la acción, así como de los relacionados con el litigio, exhibiéndolos, debe considerarse que forman parte de la demanda y su contenido, integrado a ella, pues estimar lo contrario implicaría que en la demanda respectiva se tuvieran que reproducir íntegramente todas aquellas cuestiones contenidas en esos medios de convicción, lo cual resultaría tan complejo como innecesario, pues para el juzgador el estudio de la demanda no se limita al escrito inicial, sino que comprende, además, el análisis de los documentos que la acompañan, porque son parte integrante de ella. De no ser así, se podría incurrir en rigorismos tales como el tener que reproducir en el escrito inicial de demanda, tanto los documentos base de la acción como los que se relacionen con el litigio" (Jurisprudencia XVII.2o.C.T. J/6, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Tomo XXI, Mayo de 2005, Página 1265, Novena Época). Así mismo, sirve de apoyo, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXIII, página 716, que dice: "DEMANDA, ADMISIÓN DE LA. Los Jueces y tribunales están facultados para normar sus actos conforme a la ley del procedimiento, y cuidar de que las demandas se formulen con la claridad, precisión y demás requisitos de ley que los códigos exigen, cuidando, también de que la acción respectiva se ejercite en la vía y forma que legalmente procede, y cuando la demanda no se entabla en la vía legal pertinente, debe desecharse de plano, sin que obste el razonamiento de que la parte contraria no alegue esa improcedencia, toda vez que esto solamente podrá hacerlo en la forma de excepción, lo cual no es posible, puesto que no se le da entrada a la demanda." Por tanto, antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito, se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable al Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca. Y, como acto reclamado el siguiente: "La falta de contestación al escrito de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, presentado ante la dirección general de dicho instituto, en el cual solicite me expidiera una copia de mi certificado de libertad de gravamen debidamente requisitado, cuyos datos de inscripción se cuentan contenidos en dicho escrito, sin que al día de la fecha me haya hecho de mi conocimiento la respuesta a dicho ocurso. Ahora, es pertinente precisar que la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su escrito fue presentado el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, ante el Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca. En ese sentido, se advierte que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5 fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en concordancia con el arábigo 23 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca y 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que disponen: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley." Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando resulte de alguna disposición de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. En tanto que, el artículo 5 de la ley en la materia, establece lo siguiente: ".Artículo 5o. Son partes en el juicio de "amparo: "I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Luego, resulta pertinente destacar que el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala lo siguiente: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." El precepto antes citado, contempla el derecho de petición, el cual se traduce en aquella prerrogativa que tiene todo gobernado para formular una petición ante cualquier institución pública, de manera escrita, pacífica y respetuosa, ya sea de forma individual o colectiva, siempre que se encuentre relacionada con sus atribuciones. Asimismo, en términos de este precepto, si un gobernado ejerce el derecho de petición, de forma escrita, pacífica y respetuosa, surge la obligación de la autoridad a quien se ha dirigido, de dar respuesta congruente y en breve termino, además de hacer del conocimiento al promovente el resultado de la petición. Ahora, en relación al elemento consistente en la obligación de la autoridad de dar a conocer la respuesta al peticionario en breve término, se destaca que la Constitución Federal no hace alusión a lo que debe considerarse como breve término, ni tampoco establece un plazo específico en el que debe otorgarse la respuesta correspondiente; por tanto, en el caso del Estado de Oaxaca, en un principio debe atenderse a lo señalado por el artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Oaxaca, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 13- Ninguna ley ni autoridad podrá limitar el derecho de petición, con tal que ésta se formule por escrito o por medios electrónicos, de manera pacífica y respetuosa. En asuntos políticos, sólo podrán ejercerlo los ciudadanos de la República. La autoridad a quién se dirija la petición tiene la obligación de contestarla por escrito o por medio electrónico solicitado, en el término de diez días, cuando la ley no fije otro, y hacer llegar desde luego su respuesta al peticionario. A las peticiones que se realicen en lengua indígena se les dará respuesta en la misma forma, quedando a cargo del Estado la labor de traducción o interpretación." [LO RESALTADO NO ES DE ORIGEN] Dicho precepto establece que las autoridades locales deben dar respuesta a cualquier petición que se les formule, dentro del plazo de diez días. Sin embargo, el mismo precepto establece que el plazo antes señalado será aplicable siempre que la ley que regule el acto, no señale un plazo específico para emitir la respuesta; de ahí que, en el caso específico, toda vez que la petición se dirigió al Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, el cual, en términos del artículo 2 de la Ley por la que se Crea el Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, constituye un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, debe atenderse a lo señalado por la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca. Dicho ordenamiento legal, en su artículo 26, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 26- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo para algún supuesto en particular, la dependencia, entidad u organismo descentralizado, desconcentrado, paraestatal o paramunicipal deberá resolver lo conducente en un plazo no mayor a noventa días naturales. Transcurrido el plazo aplicable, sin que se haya dictado resolución, ésta se entenderá en sentido positivo o negativo al promovente, en términos de lo que disponga la Ley. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver. Igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido negativo. En el caso de que se recurra al sentido positivo o negativo según sea el caso, por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmado el sentido de la misma." [LO RESALTADO NO ES DE ORIGEN] El precepto antes citado señala que toda dependencia, entidad u organismo descentralizado, desconcentrado, paraestatal o paramunicipal, debe resolver toda petición en un plazo no mayor a noventa días naturales; por tanto, en el caso de estudio, el plazo antes señalado debe tenerse como el breve término. De lo anterior, se advierte que el acto reclamado no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, ya que entre la fecha de recepción del escrito en el que ejerció el derecho de petición reconocido en el artículo 8° Constitucional (dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno) y el día en que se presentó la demanda de amparo en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca (treinta de noviembre de dos mil veintiuno), no ha transcurrido el plazo de noventa días hábiles que prevé el artículo 26 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca; toda vez que entre las fechas en que la autoridad señalada como responsable recibió el escrito de petición y la de presentación de la demanda de amparo que se analiza, han transcurrido únicamente siete días hábiles (sin contar el de su presentación). Por lo que es evidente, que la autoridad responsable no ha tenido el tiempo legal necesario para analizar el escrito de cuya omisión de acordar se duele la parte quejosa, y estar en aptitud de emitir el acuerdo o acuerdos correspondientes y ordenar su notificación. Por tanto, en la especie aún no ha transcurrido un plazo razonable para que la autoridad responsable analice la solicitud de la parte inconforme, de contestación a la misma y notifique la respuesta; por tanto, no puede considerarse suficiente para establecer que existe una transgresión al derecho de petición reconocido por el artículo 8° Constitucional. Ilustra lo anterior por el tema que aborda, la jurisprudencia P/J. 6/2019 (10a) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Materia(s): Constitucional, página 7, con registro digital 2019190, de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN. EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUEDE INTERPRETARSE VÁLIDAMENTE Y DE FORMA COMPLEMENTARIA CON EL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA EXTRAER DE ÉSTE UN PARÁMETRO MÁXIMO A FIN DE QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES, MUNICIPALES Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA ATIENDAN AQUEL DERECHO HUMANO. El artículo 7 citado, que fija el plazo máximo de 45 días hábiles para que las autoridades del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sus Municipios y los organismos autónomos de esa entidad federativa den respuesta escrita, fundada y motivada a las instancias que les sean elevadas en ejercicio del derecho de petición, puede interpretarse válidamente y de forma complementaria con el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para extraer de aquél un parámetro máximo a fin de que dichas autoridades atiendan el derecho humano de petición, ya que la disposición estatal, mencionada, resulta ser una norma emitida por una autoridad que tiene facultades legislativas, de naturaleza coincidente, además de que no afecta la esfera de competencia que corresponde a las autoridades de otro orden jurídico, y sin restringir ni suspender el derecho de petición, pues generó -en principio y considerado en abstracto- un beneficio, no un perjuicio para las personas, al acotar el margen temporal de actuación de los entes obligados a observarla (hasta antes indefinido legislativamente) a un plazo máximo para que den respuesta, escrita, fundada y motivada a las peticiones que se les formulen, lo que no implica un lineamiento para que se dé respuesta en los términos señalados hasta el término de ese plazo máximo, el cual es un parámetro que constituye un límite formal y materialmente legislativo, a la dilación mayor que puede tener una autoridad de los órdenes sobre los que incide la previsión constitucional estatal en torno a la cual gira la presente contradicción de tesis, pero no es equiparable al "breve término" a que se refiere el artículo 8o. de la Ley Fundamental. Esto es, pese a que válidamente en el plano de legalidad sí pueda efectuarse la interpretación complementaria de ambas normas constitucionales (federal y estatal), no puede equipararse ese plazo máximo al concepto de "breve término" de la Constitución Federal, porque éste genera la necesidad de una eventual ponderación judicial en cada caso concreto, que debe llevarse a cabo por el juzgador federal respectivo (de primera o de segunda instancia) que conoce y debe resolver el juicio de amparo en que, en su caso, se reclama la violación al derecho humano de petición, destacándose que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirma que el concepto indicado es "aquel en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse", sustentado por la Segunda Sala del Alto Tribunal desde la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación". En esas condiciones, al quedar actualizada de manera notoria e indudable la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional, prevista en los artículos 61, fracción XXIII, 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en concordancia con el arábigo 23 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca y 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; SE DESECHA DE PLANO la demanda promovida por Romeo Anguiano Porras, contra actos del Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la citada legislación. Es aplicable, la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX del Septiembre de 2004, Materia Común, página 1631, con registro digital 180663, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no sepuede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Domicilio, autorizados y correo electrónico. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que indica en su demanda de amparo. Asimismo, téngase por autorizados únicamente en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, esto es, para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a ********y *********; la primera por no contar con registro de su cédula profesional ante el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, el restante, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Uso de medios electrónicos, gratuidad y accesibilidad. Por otra parte, aun cuando la parte quejosa no lo solicitó expresamente, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de medios electrónicos a las partes que intervendrán en este asunto. Cabe precisar, que en caso de solicitar copiar solo una parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte quejosa, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales relativos a las partes. Ilustra a lo anterior, la tesis siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional. Protección de datos personales. Con fundamento en los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se tiene a la parte quejosa, oponiéndose a la publicación de sus datos personales en este juicio; por lo que de conformidad con el artículo 30 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública, este Juzgado toma nota de dicha circunstancia, por ser el responsable de elaborar la versión pública de la información que se encuentra bajo resguardo. En tales condiciones, en las resoluciones que se emitan durante el trámite de este asunto y en las notificaciones que se practiquen se ordena suprimir los datos personales de la parte quejosa. Hágase el trámite correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. VIII. Notificaciones. Finalmente, se ordena al actuario llevador de este juicio de amparo, realice las notificaciones que deriven de este expediente en los plazos legales contenidos en el artículo 24 de la Ley de Amparo, y de conformidad al contenido del capítulo IV "Notificaciones" del ordenamiento mencionado; notificaciones que deberán ser integradas de manera inmediata al expediente electrónico. Asimismo, se autoriza al actuario, firme los oficios derivados de este juicio, y en su caso, previa revisión del expediente, los entregue de forma presencial, los remita al correo electrónico autorizado, o bien, vía fax, correo ordinario o estafeta, debiendo dejar constancia de su entrega o remisión (acuse con sello original en el cual, se haga constar en su caso la entrega de anexos y copias, guías de correo o mensajería acelerada y/o razón en la cual deberá señalar nombre, fecha y cargo de la persona con quien confirma la recepción del oficio). En caso de existir alguna imposibilidad para su entrega, deberá hacerlo del conocimiento de la secretaria encargada de la mesa, a través de la razón correspondiente. En el entendido que las constancias y razones deberán vincular al expediente electrónico de manera inmediata, y entregar físicamente a las mesas de trámite, para ser glosadas al expediente físico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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