Romeo Ramos Cervantes
Expediente 883/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 16 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 883/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 16/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Romeo Ramos Cervantes
Actuaciones
- Principal
Mesa 2.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Registro de demanda. Con la demanda de amparo que se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el quince del mes y año en curso y que se turnó a este órgano jurisdiccional el mismo día, que promovió **************** contra actos del Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 883/2020. Asimismo, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. Desechamiento. Ahora, es pertinente señalar que el escrito inicial de demanda debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar lo que en derecho corresponda. Por tanto, antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito, se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Una vez puntualizado lo anterior, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, señala como actos reclamados los siguientes: "IV. ACTOS Y OMISIÓN QUE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE RECLAMA: La conducta de negar de acceso al programa de promoción por profesionalización del personal de enfermería. La falta de respuesta, explicación, comunicación, fundamentación, motivación, seguimiento, debido proceso y resolución al proceso de selección del programa de promoción por profesionalización del personal de enfermería La negativa de informar las razones por las cuales no he sido beneficiario del programa de promoción por profesionalización del personal de enfermería Como consecuencia de lo anterior; la violación al derecho de todo trabajador de obtener los beneficio a lo que tenga derecho." En el caso, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 1°, fracción I, y 5, fracción II, con relación en el diverso 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, ya que, en el caso que nos ocupa, las autoridades señaladas como responsables 1) Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca ****************** , 2) Secretario de Salud ******************* 3) Director General de Calidad y Educación en Salud y 4) Directora General de Recursos Humanos y Organización; en atención a los actos que se les reclama, no tienen el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Los numerales citados, en lo conducente disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [...]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas [...]" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Conforme a los preceptos legales trascritos, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos, leyes, reglamentos o tratados que se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares; de tal suerte, que si los actos que se reclaman en un juicio de amparo no se atribuyen a un ente de autoridad con las características antes señaladas, éste resulta improcedente. Así, congruente con la doble personalidad del Estado, sólo podrá legalmente ser considerada autoridad para los efectos del amparo, la que actúe con imperio, como persona de derecho público, cuyo acto, satisfaga las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Es ilustrativa a lo antes puntualizado, la tesis aislada P. XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, Febrero de 1997, materia común, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". Por tanto, el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares; así, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para ello, es preciso atender a las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales, éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior frente a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Es de particular importancia destacar, que la parte quejosa, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, refiere que actualmente es enfermero y trabajador basificado de la Secretaria de Salud, comisionado en el Estado de Oaxaca. Manifiesta, que anualmente su empleador emite una convocatoria para participar en el programa de promoción de profesionalización del personal de enfermería, la cual se tramita en línea. Por lo que en el año de dos mil diecinueve, se inscribió al programa de referencia, a efecto de ser beneficiario de las prestaciones a que acceden mediante dicho programa; sin embargo, no se le informó la razón por la cual no fue seleccionado. Así las cosas, en el presente año, nuevamente se inscribió al programa de promoción de profesionalización del personal de enfermería, sin embargo, tampoco fue seleccionado para obtener las prestaciones de ley, que como refiere, nacen de la relación patrón-trabajador. Por ello, promueve el presente juicio de amparo, con la finalidad de que las autoridades responsables, tengan por cumplidos los requisitos necesarios para incorporarse al programa antes citado. Lo anterior, conduce a sostener que se trata de un acto derivado de una relación laboral, como se advierte de las propias manifestaciones de la parte quejosa. Es por ello, que si bien el Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca, el Director General de Calidad y Educación en Salud y la Directora General de Recursos Humanos y Organización, forman parte de un Organismo Descentralizado de la Administración Pública, en el caso que nos ocupa, no se configura una actuación susceptible de someterse al análisis constitucional, en tanto dichas responsables, tienen calidad de patrón frente al quejoso, y no como ente de Estado o de la Federación que vulnere los derechos humanos del solicitante de amparo. Por tanto, se considera que en la especie se está en presencia de un conflicto laboral, en la que la parte patronal actúa en un plano de igualdad; de modo que, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate junto con sus organismos alternos, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una auténtica relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido. De ahí que, las diferencias que surjan entre ellos están sujetas a la jurisdicción de los Tribunales Laborales competentes, acorde con el contenido del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, si el quejoso pretende acceder al programa de promoción por profesionalización del personal de enfermería adscrito a la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca, y acceder a los beneficios del propio programa; es evidente que las determinaciones de dicha secretaría, derivadas de tal prestación laboral, no tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la relación entre las autoridades responsables y el trabajador quejoso, es de coordinación y no de supra a subordinación. Lo anterior es así, pues los actos reclamados derivan de una relación laboral-burocrática entre el Estado como patrón (no como autoridad o ente superior) y el servidor público como trabajador. De ahí que, el conflicto existente deberá ser regulado por la legislación laboral aplicable y, en consecuencia, serán dirimidas ante los órganos jurisdiccionales competentes en esa materia, característica propia de las relaciones de coordinación. Por tanto, si el solicitante de amparo, está inconforme con la negativa de las responsables para formar parte del programa de promoción por profesionalización del personal de enfermería, en su calidad de trabajador, así como la falta de información al respecto, puede impugnarlo por la vía laboral. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 14/2020 (10a.), con número de registro 2021827, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LAS DETERMINACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, DERIVADAS DE UN CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ASCENSO A UN NIVEL O CATEGORÍA SUPERIOR PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO, CONSISTENTES EN LA NEGATIVA A OTORGAR UNA PLAZA AL QUEJOSO Y SU ENTREGA A UN TERCERO. De conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, y con diversos precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los requisitos que deben satisfacerse para considerar que un acto es de autoridad para efectos del juicio de amparo, consiste en que exista un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. Ahora bien, las determinaciones de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, derivadas de un concurso de oposición para la promoción de ascenso a un nivel o categoría superior para los trabajadores de la educación del Estado, consistentes en la negativa a otorgar una plaza al quejoso y su entrega a un tercero, no tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la relación entre dicha Secretaría y los docentes o servidores de la educación que aspiran a ser promovidos o ascendidos a un nivel más alto dentro de la misma estructura educativa estatal es de coordinación y no de supra a subordinación, pues: a) Deriva de una relación laboral-burocrática entre el Estado como patrón (no como autoridad o ente superior) y el servidor público como trabajador; y, b) Del artículo 83 de la Ley General del Servicio Profesional Docente abrogada, se advierte que las diferencias en las relaciones de trabajo que surjan entre el personal al que se refiere la propia ley y las autoridades educativas y organismos descentralizados, se rigen por la legislación laboral aplicable y, en consecuencia, serán dirimidas ante los órganos jurisdiccionales competentes en esa materia, característica propia de las relaciones de coordinación, por lo que si el quejoso no está de acuerdo con el resultado del concurso de oposición o con sus consecuencias, puede impugnarlo por la vía laboral." De igual manera, por ilustrativa se cita la tesis aislada: I.7o.A.813 A (9a.), con número de registro 160519, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5, página 3835, de rubro y texto siguiente: "PERITOS PROFESIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE NO INCLUIR A UN ASPIRANTE EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN PARA INGRESAR AL CURSO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN INICIAL RELATIVO (GENERACIÓN 2010), IMPARTIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES. En los casos en los que la litis del juicio de amparo se refiera a la determinación de no incluir a un aspirante en el proceso de reclutamiento y selección para ingresar al Curso de formación y capacitación inicial para peritos profesionales, generación 2010, impartido por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en tanto que dicha actividad académica forma parte del procedimiento para acceder al concurso de ingreso por oposición para obtener el cargo respectivo en la Procuraduría General de la República, el análisis de los criterios jurisprudenciales 2a./J. 12/2002, 2a./J. 125/2005 y 2a./J. 180/2005, de rubros: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO."; "MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. LOS ALUMNOS DEL CURSO PARA INGRESAR A ESA INSTITUCIÓN TIENEN INTERÉS PARA RECLAMAR EN AMPARO SU BAJA O SEPARACIÓN." y "UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. LA RESOLUCIÓN DE NO ADMITIR COMO ALUMNO A UN ASPIRANTE POR NO HABER APROBADO EL EXAMEN DE INGRESO CORRESPONDIENTE, NO CONSTITUYE UN ACTO IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO.", publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XV, marzo de 2002, XXII, octubre de 2005 y XXIII, enero de 2006, páginas 320, 781 y 1261, respectivamente, así como de la convocatoria respectiva, permiten determinar que la calidad de aspirante no genera vínculo alguno con la mencionada procuraduría, en tanto que al registrarse para acudir a las evaluaciones sólo se adquiere ese derecho, es decir, la posibilidad de ser evaluado; de resultar seleccionado, participar en el curso y, en caso de aprobarlo, acceder al concurso de ingreso por oposición, de suerte que al no lograr el grado de alumno, sino sólo el de aspirante, no se incorporan a la esfera del quejoso los derechos y obligaciones inherentes a su ingreso al curso y, por ende, no se genera una relación de supra a subordinación, la cual es necesaria para calificarlo como acto de autoridad; de ahí que, en la hipótesis inicialmente señalada, el juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causa prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el diverso numeral 11, aplicado en sentido contrario, ambos de la ley de la materia." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1°, fracción I, y 5, fracción II, con relación en el diverso 61, fracción XXIII y 113, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que promovió Romeo Ramos Cervantes, contra actos del Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca y otras autoridades. Domicilio y autorizados. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****************** pues cuenta con registro de cédula profesional en el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo faculta a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho. Al resto de las personas citadas, se les tiene por autorizadas para oír y recibir notificaciones en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral; por así haberlo manifestado en el escrito de demanda. Respecto a la petición de que se autorice la consulta vía internet del expediente electrónico de este juicio de amparo, así como se realicen las notificaciones por el mismo medio, tomando en consideración la certificación de cuenta, se autoriza al usuario **************** en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del juicio en que se actúa; así como para recibir las notificaciones que emanen en el presente juicio de amparo. En consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), medio por el cual se realizaran las notificaciones correspondientes. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Gratuidad en el servicio y solicitud de expedición de copias. Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas, previa solicitud y autorización por acuerdo, se hará atendiendo a las circunstancias que imperen en el momento de la petición. Notifíquese personalmente al quejoso de manera electrónica.
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