Romeo Alberto Vásquez García

Expediente 1167/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1167/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
25/11/2022

Partes del expediente

  • Romeo Alberto Vásquez García

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 86, párrafo primero de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión, contra el auto dictado el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, que promovió ******************** a favor de ********************(única parte a quien puede afectar dicha determinación), sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, se declara que ha causado estado el referido auto; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Publicación de datos personales. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que, si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Archivo. Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Destino. De acuerdo a la interpretación de la fracción I, inciso a), del artículo 18 del citado Acuerdo General, dado que en el presente asunto se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa, este expediente resulta DEPURABLE, por lo que, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, conforme al numeral 18 del Acuerdo General en cita, se conservará por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se emite este proveído. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se depurará el expediente conforme a lo señalado en el referido Acuerdo. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y anexo, signado por el Juez Calificador del Segundo Turno del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca; en atención a su contenido, téngasele rindiendo su informe sobre la suspensión de plano decretada en este juicio. En términos del numeral 119 de la ley invocada, se le tiene ofreciendo como prueba documental de su parte, la copia digital de la orden de libertad, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora, del estado que guardan los autos y de las constancias que integran este juicio de amparo, se advierte que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ART. 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". Como puede verse, el precepto transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado ha cesado en sus efectos y las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, ya sea que la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, cuando éste tenga el carácter de positivo, o bien, cuando realice la acción que se le reclama, en el caso de los de índole negativo, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie al quejoso. Lo anterior, porque el juicio no tiene razón de ser cuando su objetivo ha desaparecido, que en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, es restituir a la peticionaria en el pleno goce y respeto del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión; así, para que dicha causa de improcedencia se actualice, es necesario que todos los efectos del acto o actos reclamados, se hayan destruido en forma total o incondicional, por parte de las autoridades que participaron en su creación. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 2 / J 59 / 99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso particular, como se precisó la parte quejosa señala como acto reclamado la detención fuera de procedimiento, lo cual aduce resulta violatorio de su derechos constitucionales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 22. Luego de la documental remitida por la autoridad responsable Juez Calificador del Segundo Turno del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, al rendir su informe sobre la suspensión de plano decretada (folio 15353), se advierte que el seis de octubre de dos mil veintidós, emitió el oficio sin número, dentro del expediente * * * * ** , dirigido al Comandante en Turno de la Policía Municipal del Ayuntamiento antes citado, por el cual ordenó la inmediata libertad del aquí quejoso * * * * * * , mismo que se encontraba bajo el arresto administrativo de veinticuatro horas. Lo anterior, se corrobora con la firma que estampó la parte quejosa, al calce del referido oficio, en el que asentó que recibió sus pertenencias. Por ello, se deduce que han cesado los efectos de la omisión reclamada; toda vez que, si bien la autoridad responsable emitió el oficio sin número por el que ordenó se dejara en libertad al quejoso, quien adujo que dicha detención, fue realizada fuera de procedimiento, los alcances por los que se hubiera llegado a otorgar la protección constitucional, en su caso, se delimitarían en función del acto reclamado, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias. Es ilustrativa, por la razón jurídica que contiene la jurisprudencia 2 a . / J . 36 / 99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Mayo de 1999, página 469, de rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes". Por lo cual, es inconcuso, que la violación constitucional reclamada quedó sin efecto, sin dejar huella en la esfera jurídica de la parte peticionaria. Así, se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación aducida, como si no hubiera existido; por tanto, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de dicho acto, el que, como se dijo, quedó insubsistente sin dejar huella alguna en su esfera jurídica. De ahí que, al haber cesado los efectos de las omisiones reclamadas, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA este juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Dado el sobreseimiento decretado en este juicio constitucional, existe imposibilidad jurídica para estudiar el fondo del asunto, atento al 6 transitorio de la ley de la materia, la jurisprudencia cuyo rubro y texto, son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En el entendido que, el sobreseimiento decretado fuera de audiencia no causa ningún agravio a la parte quejosa, ni la priva de defensas, pues el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, esto es sobreseer este juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002, visible en la página 386, tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, competa e imparcial" En esas condiciones, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta y dos minutos del dieciséis de noviembre del año en curso. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de seis de octubre del año en curso, entre otros aspectos, se ordenó requerir al Juez Calificador de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, su informe sobre la suspensión de plano decretada en este asunto. De igual manera, en diverso de siete de octubre de la presente anualidad, se requirió su informe justificado. Y de la revisión al expediente electrónico, se dilucida que los oficios por los que se notificaron dichos proveídos fueron entregados el seis y once de octubre del año en curso, respectivamente. Ahora, de la revisión a las constancias que integran el presente asunto, no se advierte que haya rendido su informe respecto al cumplimiento de la suspensión de plano; por lo tanto, toda vez que en el diverso juicio de amparo * * * * * del índice de este Juzgado, se advierte que * * * * * * * quien se ostentó como hermana del aquí quejoso, señaló bajo protesta de decir verdad, en los antecedentes del acto reclamado, específicamente en el inciso d), que en razón de que en el juicio de amparo 1167/2022 del índice de este órgano jurisdiccional, se concedió la suspensión de plano, se liberó al quejoso * * * * * * * * al día siguiente - seis de octubre del año en curso-, lo que se tiene como hecho notorio, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo; por lo tanto, por última ocasión se requiere al Juez Calificador de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, informe a este órgano jurisdiccional sobre el cumplimiento dado a la referida suspensión, apercibido que de no cumplir con lo ordenado se le impondrá multa por la cantidad equivalente a doscientas unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de amparo. En tanto que, respecto al plazo concedido para que rinda su informe justificado, el mismo se encuentra transcurriendo. En tales condiciones, la audiencia constitucional que estaba señalada para el día de hoy se difiere y en su lugar se fijan las diez horas con cuarenta y dos minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para su celebración misma que podrá ser vía remota. Notifíquese por lista electrónica.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de octubre de dos mil veintidós. Vista la razón integral integrada al expediente electrónico, se advierte que * * * * * * * * ratificó ante el actuario judicial, la demanda de amparo que presentó a su favor * * * * * * y se recibió vía electrónica, el seis de octubre del año en curso. Admisión. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I y último párrafo, 2°, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 112, 115, 116 y 117, y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda que promovió * * * * * * contra actos del Juez Calificador de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. Incidente de suspensión. Sin que se haya lugar a tramitar el incidente de suspensión; ello, en razón de que en proveído de seis del mes y año en curso, se concedió la suspensión de plano del acto reclamado. Audiencia Constitucional. Con apoyo en el numeral 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la multicitada ley, se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, misma que podrá ser vía remota; ello, con la finalidad de evitar la propagación del virus SARS COV2. Por ello, hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que con fundamento en el artículo 27, fracciones II y III del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, podrán asistir virtualmente a la citada audiencia, para lo cual, en preparación para ello, deberán: a) Manifestar su deseo de hacerlo a más tardar cinco días antes de dicha celebración; b) Contar con algún dispositivo (computadora, Tablet o teléfono inteligente), con acceso a internet (satelital, red 4G, inalámbrico o residencial) que pueda ser utilizado en el desahogo de la diligencia; y, c) Proporcionar un correo electrónico y número telefónico, a fin de agilizar el trámite para el desahogo de la diligencia señalada. Asimismo, si las partes consideran estrictamente necesario estar presente en la audiencia constitucional de manera física, deberán informarlo a este Juzgado en igual plazo -cinco días antes de la celebración de la audiencia-; a efecto de que este Juzgado programe la visita física de las partes mediante el sistema visita OJ, conforme al espacio habilitado en dicho calendario, en términos del último párrafo del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido que de no expresar su voluntad, se entenderá que no es su deseo estar presentes en la audiencia constitucional y se desahogará sin su asistencia. Solicitud de informe justificado. Se requiere a la autoridad responsable el informe con justificación, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, el cual se computará a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este acuerdo, y con una anticipación de por lo menos ocho días en relación con la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con lo establecido en los artículos 22 y 31, fracción I, y 117, de la Ley de Amparo. Expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, para lo cual acompañará, en su caso, copia certificada legible de las constancias necesarias para apoyarlo, pudiendo rendirlo a través de los medios que señala el referido arábigo. Se le apercibe que de ser omiso en rendir su informe con justificación o de rendirlos sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se hará efectiva en su perjuicio, una multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida de actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo; 26 apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 23 fracción XX Bis, del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Asimismo, se le hace saber que el aludir hechos falsos en su informe justificado, podrían actualizar el delito previsto en el artículo 262, fracción I, de la ley de la materia, el cual prevé una pena de prisión de tres a nueve años y una multa de cincuenta a quinientos días de salario que corresponda, según la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el artículo 26 apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 23 fracción XX Bis, del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; más su destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. También, se hace del conocimiento a la autoridad responsable que puede remitir su informe con justificación a través del correo electrónico institucional 4jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, debiendo confirmar la recepción del mismo al número telefónico 951-502-35-65 ext. 2101; para los efectos legales a que haya lugar. Hágase saber a las partes que en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento en relación al acto reclamado, la deberán comunicar de inmediato, y de ser posible acompañará las constancias que lo acrediten, con el apercibimiento que de omitir hacerlo, se les impondrá una multa de treinta días del valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente al que tiene el salario mínimo general vigente diario para todo el país, según lo prevén los numerales 251 de la mencionada legislación, 26 apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 23 fracción XX Bis, del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Luego, con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 17, 97, 99, 107, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a la autoridad responsable que, para el caso de exhibir documentación o información que tenga(n) el carácter de reservada o confidencial, la envíe en sobre cerrado con la leyenda respectiva, como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su conservación, para lo cual expresará las razones que lo justifiquen y el plazo de reserva; en tal caso, deberá emitir la versión pública de las constancias que tomó en cuenta para emitir los actos reclamados. Intervención al Agente del Ministerio Público adscrito. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la ley en mención, dése al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde y hágase dicha notificación, así como las subsecuentes, mediante lista de publicación de este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo en comento, y en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que aparece publicada en la página 673, del tomo II, Segunda Parte-2, julio a diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es como sigue: "NOTIFICACIONES AL MINISTERIO PUBLICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DEBEN HACERSE POR LISTA"; misma que se invoca por ser acorde a esa disposición legal, en términos del artículo sexto transitorio de la misma. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable.

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