Rolando Augusto Ruiz Hernández

Expediente 401/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
401/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
14/05/2018

Partes del expediente

  • Rolando Augusto Ruiz Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones. Ahora, en relación a las que efectúa en torno al proveído de fecha treinta de abril actual; se le tienen, únicamente, por realizadas sin mayor proveído al respecto, toda vez que no se hace necesario realizar ninguna aclaración a sus aseveraciones. Asimismo, en relación a la petición en la que solicita se admita la demanda de amparo que inició el presente juicio, dígasele al promovente que se esté a lo acordado en el proveído por medio del cual se le desechó su demanda de amparo, el cual ya causó estado; desechamiento que, incluso, se le notificó de manera personal como se advierte de autos. Finalmente, en vista de que no existe trámite pendiente alguno por realizar, se ordena la remisión del expediente al archivo, tal y como se proveyó en el auto de diecisiete de abril de la presente anualidad...I

  2. Principal

    Téngase por recibido el escrito y anexo signado por la parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en torno a las actuaciones realizadas en el presente juicio de amparo; sin embargo, agréguese únicamente para que obre como constancia, en virtud de que el diecisiete de abril de dos mil dieciocho, causó estado el auto por el que se desechó el presente juicio constitucional. Ahora, toda vez que en el escrito de cuenta la parte quejosa no se condujo con propiedad y respeto hacia el personal que labora en este recinto judicial; con base en el artículo 236 fracción I y 237 fracción I de la Ley de Amparo se le requiere para que en lo subsecuente se conduzca con respeto, bajo el apercibimiento que de reiterar su falta de respeto en este o diverso expediente, se hará acreedor a una multa equivalente a doscientos días de salario mínimo general vigente. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. Finalmente, en vista de que no existe trámite pendiente alguno por realizar, se ordena la remisión del expediente al archivo, tal y como se proveyó en el citado auto de diecisiete de abril de la presente anualidad...I NP

  3. Principal

    V I S T O el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término que con apoyo concede el artículo 98 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para que se interpusiera recurso de queja previsto por el precepto 97 fracción I, inciso a) de la Ley en cita, en contra del auto de cuatro de abril de dos mil dieciocho, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa; en consecuencia, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales, por lo que háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, del conocimiento de las partes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por tanto y toda vez que ya se ordenó el archivo en el párrafo que antecede, con fundamento en el punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, remítase dentro del término de tres años el presente juicio al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Administración Regional, con sede en esta ciudad, para efectos de su DESTRUCCIÓN, con fundamento en el artículo vigésimo primero fracción l del citado acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito...I

  4. Principal

    REGISTRO DE EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo promovida *********; por violación a los derechos humanos, así como a las garantías para su protección contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente respectivo, bajo el número 401/2018-I; y, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno que al efecto se lleva. Ahora, previo al análisis de la presente demanda cabe destacar que de las copias certificadas de cuenta relativas a diversas constancias que integran el juicio de amparo 1964/2016-VI del índice de este juzgado, que se ordenan agregar a este expediente, se advierte que, tal como lo señala la parte quejosa, la causa penal de origen se encuentra en suspenso por encontrarse el quejoso *************, sustraído de la acción de la justicia conforme al artículo 296, fracción I, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Querétaro -aplicable a la causa penal de génesis-, que dice: "Artículo 296 (Suspensión del procedimiento).- Iniciado el procedimiento judicial, no podrá suspenderse sino en los casos siguientes: I.- Cuando el imputado se hubiere sustraído a la acción de la justicia; [.]". Documentales que constituyen un hecho notorio para este juzgador de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable, la tesis (V Región)3o.2 K (10a.), emitida por la Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, Décima Época, con número de registro 2009758, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, visible en la página 2181, que a la letra dice: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA. De acuerdo con la doctrina, cabe considerar notorios a aquellos hechos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal o general propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión, excluyendo de éstos las características de universalidad, conocimientos absoluto y efectivo, así como la permanencia del hecho, pues no se requiere que éste sea objeto de un conocimiento multitudinario; resulta suficiente el conocimiento relativo, es decir, la posibilidad de verificar la existencia del hecho de que se trate mediante el auxilio de una simple información; es innecesaria la observación directa por todos los individuos pertenecientes al grupo social, y no obsta a la notoriedad de un hecho la circunstancia de haber acontecido con anterioridad, por considerarse que éste sea, al momento de desarrollarse el proceso, respectivamente. Por su parte, tratándose de los tribunales, los hechos notorios se definen como aquellos que el órgano judicial conoce institucionalmente con motivo de su propia actividad profesional; situación esta última que coincide con lo asentado en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2007-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, junio de 2007, página 285, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", que determinó que un hecho notorio para un tribunal, es aquel del que conozca por razón de su propia actividad jurisdiccional y en la cual se dejó abierta la posibilidad de que un juzgador podía invocar como hecho notorio una ejecutoria recaída a un anterior juicio de amparo relacionado, pero del índice de un diverso órgano judicial, si se cuenta con la certificación previa de las constancias relativas, lo que permitiría sustentar una causa de improcedencia en la existencia de aquél. Ahora bien, en los Acuerdos Generales 28/2001 y 29/2007, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció la instauración del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como programa automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y se indicó la obligatoriedad de utilizar el módulo "Sentencias" del referido sistema para la captura y consulta de las sentencias que dicten los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, respectivamente, y señala con precisión que la captura se realizaría el mismo día de su publicación, y sería supervisada y certificada por el secretario que al efecto designaran los titulares; por tanto, se concluye que la captura obligatoria y consulta de la información que los tribunales federales realizan a dicho sistema electrónico, si bien no sustituye a las constancias que integran los expedientes en que éstas se dictan, lo cierto es que genera el conocimiento fidedigno y auténtico de que la información obtenida, ya sea que se trate de autos o sentencias, coincide fielmente con la agregada físicamente al expediente; de ahí que la información almacenada en dicha herramienta pueda ser utilizada en la resolución de asuntos relacionados pertenecientes a órganos jurisdiccionales distintos, contribuyendo así al principio de economía procesal que debe regir en el proceso, a fin de lograr el menor desgaste posible de la actividad judicial y, como consecuencia, evitar el dictado de sentencias contradictorias, máxime que la información objeto de consulta en el referido sistema reúne, precisamente, las características propias de los hechos notorios en general, pues ésta es del conocimiento de las partes intervinientes en el juicio; es posible su verificación a través de la consulta en dicho sistema automatizado; para su validez es innecesaria la observación o participación directa de todos los intervinientes; y su captura aconteció en el momento en que se produjo la decisión." DESECHAMIENTO Precisado lo anterior, en primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiere causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda, sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: 1.- Que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este causa sea manifiesta e indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo, del escrito aclaratorio o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción, de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVII.2o. J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." ACTOS RECLAMADOS La parte quejosa, hace consistir esencialmente los actos reclamados en: 1.- La inminente ejecución de la orden de reaprehensión emitida dentro de la causa penal 60/2016 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal de San José el Alto, Querétaro. 2.- Las omisiones señalas por el impetrante, en el capítulo de actos reclamados de su demanda de amparo, respecto de la orden de reaprehensión antes mencionada. DESECHAMIENTO CONTRA EL ACTO RECLAMADO SEÑALADO EN EL PUNTO 1 Al respecto, conviene señalar que el que esto resuelve, obtiene que en el caso concreto, respecto del acto reclamado precisado en el punto 1, se actualiza la causal de improcedencia inmersa en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo texto dice: "XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;" La ratio legis de dicha disposición descansa en evitar que se tramiten tantos juicios como lo estime necesario la parte quejosa para obtener una sentencia favorable a sus intereses, con la latente posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias. De ahí que si la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto ya ha sido resuelta, negando o concediendo el amparo, la controversia no debe plantearse nuevamente, pues de ser así se abriría la posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias, y que la cosa juzgada fuera obsoleta. Cabe agregar que la fracción XI hace referencia a que la ley o acto hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, es decir, que sobre aquéllos exista pronunciamiento en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Tal redacción podría llevar a pensar que si se promovió un juicio de amparo previo, pero en el mismo se sobreseyó, no se actualiza la fracción en estudio al no existir un pronunciamiento acerca de su constitucionalidad. Sin embargo, si bien la causa de improcedencia relativa a la cosa juzgada opera cuando se ha examinado previamente la constitucionalidad del acto, lo cierto es que existen determinaciones que sin entrar al fondo de la violación impugnada, hacen imposible que ese acto deba ser sometido de nuevo a un estudio de constitucionalidad, por lo que quedará al arbitrio del juzgador de amparo, analizar si en la sentencia anterior se resuelve una situación de tal naturaleza. Cobra aplicación la siguiente tesis 1a. CCLXXVIII/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 524 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, correspondiente a la Décima época, que dice: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Ahora bien, en relación con la demanda que nos ocupa, se sabe de la existencia del juicio de amparo 1964/2016-VI del índice de este juzgado, en el cual se señalaron como actos reclamados los siguientes: a) auto de formal prisión dictado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, en el toca penal 1123/2016; y, b) la orden de reaprehensión y su cumplimiento, dictada con motivo del auto de formal prisión que se dictó en contra del quejoso de marras dentro de la causa penal 60/2016; y, en el cual, al resolverse, en su primer resolutivo se determinó sobreseer y en el segundo negar el amparo y protección de la justicia federal a **********, en términos del artículo 61 fracciones X y XI, respecto de los actos reclamados ya precisados, lo que se corrobora con las copias certificadas deducidas del citado juicio de amparo, que se tienen a la vista; documento público que merece pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Así, el aquí quejoso **********, insta la protección constitucional contra actos atribuidos al Juez Cuarto de Primera Instancia Penal de Querétaro y respecto del acto reclamado consistente en la orden de reaprehensión emitida en su contra, derivada de la causa penal 60/2016, mismos actos que también conforman la litis en el diverso procedimiento, a saber: ACTOS RECLAMADOS Auto de formal prisión dictado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, en el toca penal 1123/2016; y, La orden de reaprehensión y su cumplimiento, con motivo del auto de formal prisión que se dictó en su contra. AUTORIDADES RESPONSABLES 1) Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro 2) Juez Cuarto de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro 3) Fiscal General del Estado de Querétaro De todo lo narrado, se advierte que **********, promovió dos juicios de amparo 1964/2016-VI, y el presente, en contra de los mismos actos y autoridades responsables, siendo que en el primero, se dictó sentencia en la que se sobreseyó y negó el amparo y protección de la justicia federal, el cual fue recurrido y el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se tuvo por recibida la ejecutoria pronunciada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, a través de la cual, se confirmó la sentencia recurrida que negó el amparo y protección de la justicia federal al hoy quejoso, respecto de la citada orden de reaprehensión aquí reclamada; así las cosas, es inconcuso que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo al particular la jurisprudencia 237445 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, localizable en la página 91, volumen 181-186, tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del rubro siguiente: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." DESECHAMIENTO CONTRA LOS ACTOS RECLAMADOS SEÑALADOS EN EL PUNTO 2 Por otra parte, respecto del acto reclamado indicado como punto 2, relativo a las omisiones señalas por el impetrante, respecto de la orden de reaprehensión antes mencionada, en la especie, se actualiza la fracción XXIII, del artículo 61, en relación al artículo 107, fracciones II y V, a contrario sensu, ambos de la nueva Ley de Amparo, misma que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (.) II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)." La interpretación vigente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dado al término "ejecución de imposible reparación", es en el sentido de que lo constituyen los actos dictados dentro de juicio cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de tal modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 43 29/89, visible en la página 291, tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente reza: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus circunstancias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Lo anterior se considera así, pues el solicitante de amparo, se duele esencialmente de la omisión por parte de la responsable de investigar, sancionar y reparar las violaciones en el proceso proceso penal 60/2016, y que derivado de tal omisión, se han suscitado una serie de violación a sus derechos humanos, ante la existencia de causas, que excluyen el delito de la referida causa penal, sin embargo, aun cuando el proceso en cita, se encuentra suspenso a razón de que se encuentra pendiente de ejecutar la orden de reaprehensión librada en su contra, lo cierto es que, una vez que se continúe con la secuela de la misma, el promovente estará en aptitud de ofrecer los medios de prueba que estime pertinentes y, en su caso, obtener así una sentencia absolutoria. Es aplicable, la jurisprudencia .1o.A.E. J/5 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con Residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en Toda la República, Décima Época, con número de registro 2011338, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, visible en la página 1902, que a la letra dice: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." Así como la Jurisprudencia .1o.A.E. J/4 (10a.), emitida por el precitado Tribunal, en la Décima Época, con número de registro 2011339, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, visible en la página 1903, que a la letra dice: "ACTOS O VIOLACIONES INTRAPROCESALES PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. SUS CARACTERÍSTICAS. Tratándose de actos o violaciones intraprocesales, lo decisivo para exigir una inmediata impugnación en el amparo indirecto es la imposible reparación en razón de una afectación material -real y actual- a derechos sustantivos, a diferencia de la lesión o agravio formal a disposiciones adjetivas o procedimentales. Por tanto, más que la modalidad o tipo de acto (intraprocesal o terminal), lo relevante son los efectos y agravio que puedan producir en situaciones y circunstancias concretas; esto es, pueden reclamarse de manera inmediata cuando se esté en presencia de aquellos denominados de imposible reparación o, en su caso, junto con el acto terminal al que han trascendido, y siempre que hayan generado indefensión." En otras palabras, las omisiones que reclama el quejoso en el capítulo de actos reclamados, no pueden ser considerados como de imposible reparación, pues con las pruebas que oferte en su debida oportunidad, pudiere obtener una sentencia favorable a sus intereses y, de no ser así, podrá hacer valer las violaciones de las que ahora se duele mediante el juicio de amparo directo, en términos de lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley de Amparo. Apoya a lo dicho, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, identificada bajo el número 82, consultable en la página 107, Sexta Parte, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la federación 1917 - 1985, bajo la voz: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO BIINSTANCIAL. Cuando se señalan como actos reclamados violaciones al procedimiento cometidas durante la secuela del mismo que afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, previstas en los artículos 159 y 160 de la Ley de Amparo, resulta improcedente el juicio de garantías promovido en la vía indirecta, ya que al disponer el artículo 161 de la propia ley reglamentaria del juicio constitucional, que dichas violaciones sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al interponerse la demanda contra la sentencia definitiva, se está en la hipótesis de la fracción XVIII del artículo 73 de la citada codificación, motivo por el que debe decretarse el sobreseimiento, atento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia.". Inclusive, los actos y omisiones que señala no se consideran de imposible reparación por no afectar derechos sustantivos en razón de que emanan de un proceso penal en suspenso, por lo que no puede reclamarlos de manera autónoma y destacada, por ser parte de un proceso indisociable. Siendo así las cosas, la fracción II del artículo 107 de la Ley de Amparo, no puede apreciarse aisladamente, sino en consonancia con la fracción V que permite la acción de amparo sólo cuando los actos son de imposible reparación, esto es, que afecten derechos sustantivos, lo cual en el caso no acontece. Con base en lo anterior, se actualizan de forma manifiesta e indudablemente las causales de improcedencia inmersas en el artículo 61, fracciones XI y XXIII, esta última con relación al artículo 107, fracciones II y V, a contrario sensu y el 5º y 6º, todos de la Ley de Amparo, lo que da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes" NOTIFICACIÓN PERSONAL Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo, notifíquese de forma personal a la parte promovente, con copia autorizada del presente proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere, y, con fundamento en el artículo 12 en términos amplios a la licenciada************, y, con fundamento en el artículo 12, en relación con el diverso 24 de la ley de la materia, se tiene por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse en autos a la persona nombrada en la demanda de amparo, sin perjuicio que una vez que acrediten ante este juzgado estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, se les otorguen. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite, a fin de que cualesquiera de los actuarios adscritos realicen las notificaciones personales y diligencias que se les encomienden en este asunto. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En caso de que en el presente auto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en relación con el diverso 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo de dos mil cuatro, hágase saber a las partes en este juicio, que están en aptitud de oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando este órgano jurisdiccional determine si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta si la información correspondiente es considerada o no como reservada en términos de lo previsto en los artículos 13 y 14 de la citada Ley, en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa con oportunidad, conlleva su consentimiento para que la sentencia o determinación respectiva se publique sin supresión de datos. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Como ejemplo de estas promociones son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal...i Notifíquese personalmente

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