Rolando Augusto Ruiz Hernández

Expediente 62/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
62/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
18/02/2021

Partes del expediente

  • Rolando Augusto Ruiz Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. I. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, once de febrero de dos mil veintiuno. AGREGA ESCRITO. Glósese a los autos sin dictar mayor proveído el escrito de cuenta que signa electrónicamente el quejoso, por medio del cual realiza diversas manifestaciones a modo de alegatos; sin embargo, mediante proveído anterior se desechó la demanda de amparo intentada, por lo que no ha lugar a tomarlos en consideración. Notifíquese.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. CUMPLE PREVENCIÓN: Téngase por recibido el escrito presentado electrónicamente por. , en su carácter de quejoso, con su respectiva evidencia criptográfica, en atención a su contenido se le tiene dando cumplimiento a la prevención que le fue formulada en el auto inicial. HECHO NOTORIO. Ahora, vista la certificación de cuenta, se tiene como hecho notorio que en el índice de este juzgado se radicó y resolvió el juicio de amparo., promovido por., por propio derecho, contra actos del Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y otras autoridades, en el que señaló como acto reclamado la sentencia dictada el trece de diciembre de dos mil dieciséis, en el toca penal.. Resoluciones que constituyen un hecho notorio para quien resuelve, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Es aplicable, en este punto la jurisprudencia con los siguientes datos de localización; Décima Época, Registro: 2017123, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 16/2018 (10a.), Página: 10, de rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. DESECHAMIENTO. Ahora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa, en Cinthya Danaee Romero Iturrios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b0.9a 24/01/22 11:35:30 6 virtud de que, en la especie, se actualiza causa manifiesta e indudable de improcedencia, como se explica enseguida. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, la demanda no debía ser desechada, pues se estaría privando a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debía admitirse a trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. La citada tesis Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, Registro Núm. 186605., es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En la especie, de una lectura íntegra de la demanda de amparo que nos ocupa, el escrito que presentó adjunto a su demanda y el escrito aclaratorio que en esta fecha se acuerda, se desprende que los actos reclamados, esencialmente, se hacen consistir en: a) La determinación de ejercicio de la acción penal, emitida el veinte de noviembre de dos mil quince, por el Agente del Ministerio Público Investigador del Fuero Común, con residencia en esta ciudad, dentro de la averiguación previa que se instruyó en contra de .. y otro, como probables responsables en la comisión del delito de., en grado de tentativa, cometido en agravio de., lo que dio lugar a la causa penal de la que actualmente conoce el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, con el número de expediente . b) La valoración de las pruebas aportadas por los imputados en el plazo de término constitucional, que culminó con el dictado del auto de formal prisión en contra del aquí quejoso y su coacusado, el veintiséis de noviembre de dos mil quince, por el entonces Juez Tercero de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, en la causa penal., que actualmente conoce el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, con el número de expediente .. Lo anterior, ya que el promovente del amparo en la integridad de su demanda y escritos les atribuye a dichas resoluciones múltiples violaciones a sus derechos, pues refiere que no hay pruebas suficientes para acreditar el cuerpo del delito y por consecuencia su probable responsabilidad en el hecho que se le atribuye, por lo cual considera ilegal que el juez señalado como autoridad responsable no haya advertido dichas violaciones ocasionándole un perjuicio, es decir, que la ejecución dichas determinaciones resulta ilegal al no haberse respetado las formalidades esenciales del procedimiento. Lo anterior, con independencia de los calificativos que emplea el quejoso para describirlos actos reclamados, pues no pasa por alto que refiere que les reclama a las autoridades responsables el mantener y sostener un proceso penal ilegal, en el ámbito de sus respectivas competencias, pues en realidad constituyen planteamientos a manera de conceptos de violación. Apoya lo anterior la jurisprudencia 555, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 369, Tomo VI, Parte TCC del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, 1995, con número de registro 394511 que dice: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que esta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia. Así como la jurisprudencia P.J. 40/2000, con número de registro 192097, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del numeral 61 de la referida Ley, que sobreviene respecto de los actos reclamados, consistentes en la: a) la determinación de ejercicio de la acción penal, emitida en contra del aquí quejoso en el proceso penal citado y b) la valoración de las pruebas aportadas por los imputados en el plazo de término constitucional, que culminó con el dictado del auto de formal prisión en contra del aquí quejoso y su coacusado, el veintiséis de noviembre de dos mil quince, por el entonces Juez Tercero de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, en la causa penal ., que actualmente conoce el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, con el número de expediente.. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 262, parte VIII, del Apéndice de 1985, Quinta Época, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes lo aleguen o no debe examinarse previamente la improcedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías." El artículo 61, fracción XVII, de la nueva Ley de Amparo, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deba considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." En efecto, la improcedencia del amparo es una institución jurídica por virtud de la cual el juzgado federal se encuentra imposibilitado para determinar si el acto reclamado es constitucional o inconstitucional. Su estudio es preferente, lo aleguen o no las partes. Ahora, en los procedimientos penales, una situación jurídica es el conjunto de normas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, o bien, puede ser catalogada como una etapa procesal en el juicio. Y el cambio de situación jurídica se presenta cuando se complementa una en todas sus partes, dando pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva etapa procesal o situación jurídica. En la materia que ocupa la atención, una situación jurídica se crea con motivo de la emisión del alguno de los siguientes actos, los cuales a manera de ejemplo se citan algunos, en el entendido que los actos reclamados emanan de un procedimiento penal tramitado bajo el esquema del sistema tradicional o "mixto": a) Ejercicio de la acción penal; b) Auto de término constitucional; c) Sentencia definitiva. Situaciones jurídicas concretas que se encuentran dentro de los diversos procedimientos penales, ya sea porque ahí están contenidas o porque inician o terminan con ellos; por ejemplo, el auto de término constitucional, tiene como consecuencia que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y a la determinación del ejercicio de la acción penal, al no poderse analizarse su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica que nace de la audiencia inicial, dado que, que esas situaciones jurídicas son preclusivas, esto es, el nacimiento de la segunda deja irreparablemente consumada la primera; y el de la tercera la segunda. En el caso, se tiene que el quejoso reclamó a las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias, a) la determinación del ejercicio de la acción penal en contra del aquí quejoso en el proceso penal citado y b) la valoración de las pruebas aportadas por los imputados en el plazo de término constitucional, que culminó con el dictado del auto de formal prisión en contra del aquí quejoso y su coacusado, el veintiséis de noviembre de dos mil quince, por el entonces Juez Tercero de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, en la causa penal., que actualmente conoce el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, con el número de Expediente.. Sin embargo, constituye un hecho notorio que en el juicio de amparo., del índice de este juzgado, el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, se emitió sentencia en la que por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se negó el amparo solicitado por. , por las razones que en dicha resolución se precisaron; juicio de amparo en el que se analizó el acto reclamado que el promovente hizo consistir en lo siguiente y que para mayor ilustración se transcribe: "De la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro: a). La resolución de trece de diciembre de dos mil dieciséis, dictada en el Toca Penal .del índice de la entonces Segunda Sala Penal actualmente Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, en la que modificó el auto de término constitucional de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal .del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, instruida en contra de . (éste último quejoso) como probables responsables del delito homicidio calificado en grado de tentativa, cometido en agravio de. ; y determinó decretar formal prisión a .. en la citada causa penal; así como su ejecución. (.)" En ese sentido, se tiene que en el juicio de amparo ., del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por el aquí quejoso, el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, se determinó sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado, resolución que fue confirmada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, mediante ejecutoria emitida el siete de diciembre de dos mil diecisiete, en el amparo en revisión penal., del índice la superioridad. En tales condiciones, se hace patente que existe un cambio de situación jurídica, tomando en cuenta que el trece de diciembre de dos mil dieciséis, la Segunda Sala Penal actualmente Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, modificó el auto de término constitucional de., dictado en la causa penal instruida en contra de . aquí quejoso, y otro, como probables responsables del delito homicidio calificado en grado de tentativa, cometido en agravio de.; y determinó decretar formal prisión a.., en la citada causa penal, de ahí que se estime actualizada la causa de improcedencia que se estudia. Por lo que, en el caso, se actualiza un cambio de situación jurídica del solicitante del amparo, de conformidad con la fracción XVII del artículo 61 del ordenamiento legal invocado; por tanto, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas por no poder decidirse en el procedimiento aludido, sin afectar la nueva situación jurídica originada en virtud del dictado del auto de formal prisión en contra del quejoso. Es aplicable al caso, la jurisprudencia con los siguientes datos de localización, Novena Época, Registro: 171841, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J. 95/2007, Página: 50, misma que a continuación se transcribe: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." Es aplicable al caso concreto, por analogía, la Jurisprudencia emitida en la Décima Época por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, registro 2017544, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Materia Común, Tesis XVII.1o.P.A. J/18 (10a.), página 2482, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)." Determinación que se extiende al acto de ejecución atribuido a las autoridades a quiénes se les otorgó ese carácter, de conformidad con la jurisprudencia visible en la página 647, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Séptima Época, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Sin que en el caso se estime necesario requerir al quejoso, para que manifieste si es su intención señalar como autoridad responsable a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, pues, como ya se dijo en el párrafos que anteceden, es un hecho notorio la existencia del juicio de amparo., del índice de este juzgado, en el que se analizó la constitucionalidad de la resolución de trece de diciembre de dos mil dieciséis, dictada en el Toca Penal ., del índice de dicha autoridad, lo que sería ocioso dado que no se llegaría a diversa determinación a la aquí adoptada; puesto que dicha resolución fue confirmada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, mediante ejecutoria emitida el siete de diciembre de dos mil diecisiete, en el amparo en revisión penal., del índice la superioridad, por lo cual a nada práctico conduciría el requerimiento en el sentido de que el quejoso señale como responsable a la autoridad nombrada y le atribuya el dictado de la resolución que fue materia de estudio en el juicio de amparo que se cita. Sin que sea procedente acordar de conformidad con las peticiones del quejoso, en el sentido de que no le sean aplicadas las causas de improcedencia a que se refiere el numeral 61 de la Ley de Amparo, por considerar que se vulnera su derecho de acceso a la justicia, sin embargo, como se precisó en los párrafos que anteceden, de conformidad con el Artículo 113, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, de lo que se obtiene que las causales de improcedencia deben ser estudiadas de oficio por el órgano jurisdiccional para resolver sobre la procedencia de la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 7/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Febrero de 2006, con número de registro 175753, página 7, de rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. De conformidad con el proceso legislativo que culminó con la reforma al artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1967, el fin inmediato de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara inconstitucional una ley es salvaguardar y asegurar la supremacía de la Constitución. Ahora bien, una vez integrada la jurisprudencia, si fuera el caso de suplir la queja deficiente en el juicio de amparo en términos del artículo 76 Bis, fracción I, de la ley de la materia, aquélla podrá aplicarse, pero sin soslayar las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías, ya que la suplencia de mérito opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia de todo juicio de amparo." CAPTURA DE PROVEÍDO. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL, EN ESTA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE A LA LETRA DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. ESCRITO ACLARATORIO: Téngase por recibido el escrito presentado electrónicamente por ..., en su carácter de quejoso, con su respectiva evidencia criptográfica, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención que le fue formulada en el auto inicial, sin embargo, en el caso no es dable tener por cumplido el requerimiento, de acuerdo a lo que enseguida se expone: HECHO NOTORIO. En principio de cuentas, vista la certificación que antecede, se tiene como hecho notorio que en el índice de este juzgado se radicó el juicio de amparo 804/2020-II, promovido por..., por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro y éste juzgado, en el que señaló como acto reclamado, entre otros, diversas actuaciones que motivaron el auto de formal prisión en la causa penal ..., antes causa penal ...del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro. Siendo que por auto de trece de noviembre de dos mil veinte, se tuvo a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado (de cuyo contenido se reservó proveer lo conducente) y anexando copia certificada de las constancias que integran la causa penal de origen, con las cuales se ordenó formar nueve tomos de prueba por cuerda separada. Asimismo, de los tomos de integran la causa penal de origen, en la que el aquí quejoso tiene el carácter de imputado, se desprenden las siguientes determinaciones: El veinte de noviembre de dos mil quince, el Agente del Ministerio Público Investigador del Fuero Común, con residencia en esta ciudad, ejercitó acción penal, dentro de la averiguación previa que se instruyó, en contra de... y otro, como probables responsables en la comisión del delito de homicidio calificado, en grado de tentativa, cometido en agravio de Saúl Puebla Pérez; Por acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil quince, la entonces Juez Séptimo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro (en funciones de Juez Tercero), recibió la indagatoria, formando la causa penal ..., calificó de legal la detención del aquí quejoso y del coimputado, decretó la detención judicial de los mismos y fijó fecha y hora para que estos rindieran su declaración preparatoria. El veintiuno de noviembre de dos mil quince, el aquí quejoso, rindió su declaración preparatoria, nombró a su abogado defensor y solicitó la duplicidad del término constitucional. El veintiséis de noviembre de dos mil quince, el entonces Juez Tercero de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, dictó auto de formal prisión en contra de ...y otro por el delito referido, en la causa penal .... En contra de dicha determinación, el acusado quejoso, promovió amparo indirecto, del cual correspondió conocer a este juzgado de distrito, bajo los consecutivos ..., resolviendo conceder el amparo para los efectos que ahí se precisaron. En proveído de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, el Juez Tercero de Primera Instancia Penal se excusó de seguir conociendo de la causa penal ... y la remitió al Juzgado Cuarto del mismo ramo, quien aceptó la competencia planteada y la radicó con el número de expediente ..., de su índice. En cumplimiento al amparo concedido por este juzgado, el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, el Juez Cuarto nombrado, dictó el auto de término constitucional en el que decretó la libertad del aquí quejoso y otro. En contra de dicha resolución el Agente del Ministerio Público de Procesos y la parte ofendida interpusieron recurso de apelación, el cual resolvió la entonces Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro el trece de diciembre de dos mil dieciséis, en el toca penal ..., en el sentido de modificar el auto de término dictado, encontrando acreditada la probable responsabilidad de los acusados y decretando formal prisión en su contra. En virtud de lo anterior, el trece de diciembre de dos mil dieciséis, la Juez de la causa ordenó la reaprehensión del acusado, aquí quejoso, sin embargo, dicha orden quedó insubsistente, en razón del amparo concedido al acusado, por el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, en el juicio de amparo .... En cumplimiento al amparo citado, el uno de febrero de dos mil diecisiete, la responsable dejó insubsistente la orden de reaprehensión de trece de diciembre de dos mil dieciséis y libró una nueva, por lo cual se declaró cumplida la ejecutoria de amparo. En contra de la resolución de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, de trece de diciembre de dos mil dieciséis, en el toca penal ..., que modificó el auto de término dictado en la causa, el quejoso promovió juicio de amparo ..., del índice de este juzgado, resuelto el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, en el cual se determinó sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado, resolución que fue confirmada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, mediante ejecutoria emitida el siete de diciembre de dos mil diecisiete, en el amparo en revisión penal ..., del índice la superioridad. Resoluciones que constituyen un hecho notorio para quien resuelve, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Es aplicable, en este punto la jurisprudencia con los siguientes datos de localización; Décima Época, Registro: 2017123, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 16/2018 (10a.), Página: 10, de rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. Ahora, en el caso, se previno al quejoso para que precisara y aclarara los actos reclamados, que le atribuye a cada una de las autoridades que señala como responsables, es decir, indicara con toda claridad, el contenido de las determinaciones que constituyen el acto reclamado, y en caso de contar con ello la fecha de su emisión o conocimiento de éstas, por las razones que en la propia prevención se especificaron. Sin embargo, de una lectura íntegra del escrito aclaratorio de cuenta y del diverso que se agregó en el auto que antecede, se desprende que el quejoso es omiso en indicar de manera destaca cuál es la determinación específica que constituye el o los actos reclamados que pretende combatir en este juicio de amparo, pues lo que narra como acto reclamado se traducen en violaciones procesales, que para lograr su estudio se estima conveniente que indique en qué actuación de la autoridad responsable se reflejan o culminan con el acto de autoridad que vulnera su esfera jurídica. No pasa por alto el hecho de que refiere que le reclama al Fiscal General del Estado de Querétaro el mantener y sostener un proceso penal ilegal, señalando falsa la imputación y la inminente ejecución de la orden de reaprehensión, sin embargo dichas manifestaciones se tornan insuficientes para tener por cumplida la prevención de que se trata, puesto que la incertidumbre que se genera a quien resuelve es precisamente si su reclamo a el ejercicio de la acción penal o la determinación de auto de formal prisión que culminó con la orden de su captura. Pues se atiende a sus manifestaciones que refiere en el sentido de que los actos que pretende reclamar, derivan del expediente ..., antes causa penal ... del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, cuyo contenido constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional. Por ende, se estima necesario a fin de fijar con precisión la litis constitucional a estudio que el quejoso reclamada de la responsable, y a fin de no dejarlo en estado de indefensión es que se realiza como antecedentes de la causa penal que menciona las diversas actuaciones que lo integran, con el objeto de que esté en posibilidad jurídica de establecer el acto reclamado a la responsable. En esa virtud, subsiste en sus términos la prevención realizada al quejoso en lo términos indicados en el auto inmediato anterior, así como el término concedido para desahogarla; en el entendido de que el plazo otorgado para su cumplimiento seguirá transcurriendo una vez que se notifique de manera personal el presente proveído, pues el mismo se ha visto interrumpido por causa de la presentación de este escrito aclaratorio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 106/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de treinta de octubre de dos mil tres, que a la letra dice: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO.- De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2º, todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de estos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda." Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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