Rolando Augusto Ruiz Hernández

Expediente 66/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
66/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
04/05/2021

Partes del expediente

  • Rolando Augusto Ruiz Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. I. Acusa recibo. Agréguese a los autos el oficio ......... signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, a través del cual acusa recibo y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo remitida por este órgano jurisdiccional, por cuanto ve al acto reclamado atribuido a este juzgado federal, de lo que se toma de conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, catorce de abril de dos mil veintiuno. I. Se informa. Téngase por recibido el correo electrónico enviado por la Jefa de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, mediante el cual en atención al desechamiento parcial y a la separación de autos que tuvo lugar el pasado veintinueve de enero de dos mil veintiuno, informa que por razón de turno le corresponde el conocimiento del asunto al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales de esta ciudad. En tal virtud, previa copia certificada que se deje en autos del escrito inicial de demanda promovido vía electrónica por la parte quejosa ..., identificado con número de promoción .., remítase el original al diverso órgano jurisdiccional. Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Solicitando acusar de recibo del estilo correspondiente. Hecho que sea lo anterior, se acordará lo conducente en torno al archivo del presente sumario. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, siete de abril de dos mil veintiuno. I. Estado de autos. Vista la cuenta, se advierte que se suspendieron los plazos y términos del diecinueve de enero al quince de febrero de dos mil veintiuno, lo cual fue informado a través de las Circulares CAP/3/2020, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/9/2021. Asimismo, de conformidad con la Circular SECNO/10/2021, en relación con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, este juzgado reanudó sus labores a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en el entendido de que los días dieciséis y diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, se entenderían como días inhábiles pero laborables (régimen de transición). II. Causa estado. Asimismo, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, a través del cual se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, por cuanto ve a los actos reclamados atribuidos a la actual Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Por otra parte, de la certificación de cuenta, se obtiene que en proveído anterior, se ordenó la separación de autos, respecto al diverso acto reclamado, consistente en lo determinado en el juicio de amparo 46/2021-II, del índice de este Juzgado, promovido por el aquí quejoso, por lo cual se ordenó enviar copia certificada del escrito inicial a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Querétaro, para que la remitiera al juzgado de distrito que por razón de turno correspondiera, a fin de que determinara lo que en derecho procediera respecto del citado acto reclamado. II. Razón actuarial. En ese tenor, agréguese a los autos, la razón que suscribe la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, de la que se advierte la imposibilidad de entregar el oficio 1941/2021, dirigido a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Querétaro, por las razones que en ella asienta. III. Se reenvía oficio y se comisiona a la Actuaría. En consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, mediante oficio que derive del presente proveído, se ordena reenviar el oficio 1941/2021, dirigido a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Querétaro, para lo cual se comisiona al personal de actuaría, a fin de que remita dicha misiva, vía correo electrónico institucional, de conformidad con la circular DGGJ/0012/2020, lo anterior, a fin de que lleve a cabo el turno correspondiente y, una vez que se tenga conocimiento del órgano jurisdiccional al que le fue turnado el asunto, remítase copia certificada del escrito de demanda de amparo y copia autorizada del auto de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, a fin de que provea lo conducente en relación a los actos reclamados que el citado quejoso atribuyó a este juzgado federal. Hecho que sea lo anterior, se acordará lo conducente en torno al archivo del presente sumario. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa.

  4. Principal

    Querétaro, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. ADSCRIPCIÓN DE JUEZ. Vista la cuenta, se advierte que mediante oficio SEADS/52/2021 signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que en sesión ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de trece de enero de dos mil veintiuno, se acordó la readscripción del Juez Vicente de Jesús Peña Covarrubias a este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos a que haya lugar; de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia 104/2010, publicada en la página 312, del tomo XXXII, Julio de 2010, Novena Época, registro 164217, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, titulada "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." RECEPCIÓN Y DEMANDA: Téngase por recibida la demanda promovida electrónicamente por propio derecho, con su respectiva evidencia criptográfica, contra actos de este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro y la otrora Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 66/2021- II, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. ACTOS RECLAMADOS A ESTE JUZGADO DE DISTRITO. Visto el estado de demanda de amparo, promovido Por., se obtiene que en el apartado de autoridades responsables y actos reclamados, señala a la Secretaria en funciones de Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, y el acto reclamado lo hace consistir en lo determinado en el juicio de amparo 46/2021-II, promovido por el aquí quejoso. Ahora, de la certificación secretarial que antecede, se advierte que después de una búsqueda realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0), se encontró radicado en este Órgano Jurisdiccional, el juicio de amparo 46/2021-II, promovido por. , en el que previo cumplimiento a la prevención formulada en el auto inicial, se desechó plano la demanda de amparo intentada. Sin embargo, también se advierte que le atribuye a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, la resolución de trece de diciembre de dos mil dieciséis, dictada en el toca penal, de su índice, por diversas violaciones que se cometieron en perjuicio del quejoso. En ese sentido, es innegable que quien resuelve, no se encuentra facultada legalmente para conocer o realizar pronunciamiento de los actos -determinaciones judiciales- que fueron emitidos por este juzgado en el juicio de amparo que refiere en su escrito de demanda (.), en consecuencia de provee: Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, que disponen las reglas de turno, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Querétaro, copia certificada del escrito de demanda promovido por el quejoso. , a fin de que sea turnado al juzgado que por razón de turno corresponda, a fin de que provea lo conducente en relación a la misma. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razones la jurisprudencia 75/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 18, Tomo VI, Septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS RECLAMADOS EN UN SOLO AMPARO DERIVADOS DE JUICIOS DIVERSOS, DESVINCULADOS ENTRE SI, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTIAS", "SEPARACION DE JUICIOS. No procede sobreseer en el juicio cuando el tribunal de amparo, al celebrar la audiencia constitucional y dictar la correspondiente resolución, advierte que se promovió una demanda de amparo, en la que la parte quejosa reclamó actos emanados de diversos juicios, desvinculados entre sí, que provienen de una o varias autoridades, o bien, que durante la tramitación del juicio, con motivo de los informes justificados que rindan la autoridad o autoridades responsables a quienes se atribuyen dichos actos, observe que éstos emanan de juicios o procesos diversos, también desvinculados, que tienen su origen en la misma autoridad o en diversas señaladas como responsables, toda vez que ese supuesto no está contemplado específicamente como causal de improcedencia en ningún precepto. Con lo anterior, no se hacen nugatorias las reglas de la acumulación a que aluden los artículos 57 a 63 de la Ley de Amparo, porque aunque se diera esa figura jurídica, o bien acaeciera lo contrario, no sería motivo para establecer que se actualiza una causa de improcedencia, al no estar contemplada así en la ley, amén de que no es factible que durante la tramitación del juicio de amparo se hubiere promovido, de oficio o a petición de parte, la acumulación correspondiente, tan es así, que llegado el momento de resolver el debate constitucional, el tribunal de amparo se encuentra con la circunstancia de que, en un solo amparo, se reclamaron actos derivados de juicios diversos, desvinculados entre sí." Esto es, el objeto de dividir la demanda de amparo, atiende a efecto de analizar, en forma separada y autónoma, los diversos actos que son desvinculados entre sí, pero que son reclamados a las autoridades responsables en una sola demanda, lo que en el caso ocurre como se mencionó en párrafos anteriores. Por ende, lo que procede, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, es decretar la separación de plano, de la demanda intentada ordenándose la separación de ésta, al versar sobre actos distintos y de naturaleza diversa. Ello se estima así, ya que los actos que atribuye al presente órgano jurisdiccional y a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, no guardan relación entre sí, puesto que uno versa respecto de un procedimiento penal ordinario, en segunda instancia, en el que se revocó el auto de término constitucional en el que se había decretado la libertad del quejoso y otro, y dictó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en un delito; mientras que el acto que le atribuye a este juzgado tiene sustento en las determinaciones que se emitieron en el juicio de amparo 46/2021-II, del índice de este juzgado, en facultad de control constitucional. De ahí que sea factible concluir que dichos actos no guardan relación entre sí, por su naturaleza ni por competencia. Consecuentemente, remítase copia certificada a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Querétaro, para que con base en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, que disponen las reglas de turno, remita la demanda al juzgado de distrito que por razón de turno le corresponda, a fin de que determine lo que en derecho proceda únicamente respecto de los actos que., atribuye a este juzgado. DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA CONTRA ACTOS ATRIBUÍDOS A LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO. Atendiendo a lo antes decretado, es procedente conocer y realizar pronunciamiento respecto de los actos atribuidos a la autoridad responsable que se menciona, por ende: HECHO NOTORIO. Vista la certificación de cuenta, se advierte la existencia del juicio de amparo., del índice de este Juzgado, promovido por el aquí quejoso, por propio derecho, contra actos de la actual Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro (antes Segunda Sala Penal) y otras autoridades. Resolución que constituye un hecho notorio para quien resuelve de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Es aplicable, en este punto la jurisprudencia con los siguientes datos de localización; Décima Época, Registro: 2017123, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 16/2018 (10a.), Página: 10, de rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. CUESTIONES PREVIAS. Ahora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa, en virtud de que, en la especie, se actualiza causa manifiesta e indudable de improcedencia, como se explica enseguida. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, la demanda no debía ser desechada, pues se estaría privando a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debía admitirse a trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. La citada tesis Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, Registro Núm. 186605., es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En la especie, de una lectura íntegra de la demanda de amparo que nos ocupa, se desprende que el acto reclamado lo hace consistir en diversas violaciones en la valoración y ponderación de las pruebas que el quejoso y su coimputado ofrecieron en el plazo de término constitucional, que dieron origen a la determinación judicial combatida como: La resolución de trece de diciembre de dos mil dieciséis, dictada en el Toca Penal del índice de la entonces Segunda Sala Penal, actualmente Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, en la que modificó el auto de término constitucional de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal que actualmente conoce el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, con el número de expediente., instruida en contra de .(aquí quejoso) y otro, como probables responsables del delito homicidio calificado en grado de tentativa; así como su ejecución. Lo anterior, con independencia de los calificativos que emplea el quejoso para describir su acto reclamado, pues no pasa por alto que refiere que le reclama a la sala responsable el no haber realizado una constitucional y legal ponderación de las pruebas obtenidas y aportadas por ambos imputados durante el plazo del término constitucional, así como la ilegal distorsión de los hechos denunciados, pues en realidad constituyen planteamientos a manera de conceptos de violación. Apoya lo anterior la jurisprudencia 555, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 369, Tomo VI, Parte TCC del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, 1995, con número de registro 394511 que dice: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que esta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia. Así como la jurisprudencia P.J. 40/2000, con número de registro 192097, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." DESECHAMIENTO. Dicho lo anterior, cabe destacar que en el juicio de amparo 1964/2016-VI, del índice de este juzgado, el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, se emitió sentencia en la que por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se negó el amparo solicitado. , por las razones que en dicha resolución se precisaron, juicio de amparo en el que se analizó el acto reclamado que el promovente del amparo hizo consistir en lo siguiente y que para mayor ilustración se transcribe: "De la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro: a). La resolución de trece de diciembre de dos mil dieciséis, dictada en el Toca Penal .del índice de la entonces Segunda Sala Penal actualmente Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, en la que modificó el auto de término constitucional de. , dictado en la causa penal .del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, instruida en contra de . (éste último quejoso) como probables responsables del delito homicidio calificado en grado de tentativa, cometido en agravio dey determinó decretar formal prisión a ... en la citada causa penal; así como su ejecución. (.)" Como se dijo, en el juicio de amparo 1964/2016-VI, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por el aquí quejoso, el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, se emitió sentencia en la que por una parte se sobreseyó el juicio y por otra se negó el amparo solicitado, resolución que fue confirmada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, mediante ejecutoria emitida el siete de diciembre de dos mil diecisiete en el amparo en revisión penal., del índice la superioridad. Consecuentemente, con lo antes dicho, se patentiza la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, en relación con la diversa X, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. [.]". De lo transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Atento a lo anterior, para que se configure la causal de improcedencia de mérito se requiere la actualización de una de las dos condiciones siguientes: a) Que en el anterior juicio de amparo se haya analizado y resuelto, en el fondo, la constitucionalidad del acto reclamado materia del posterior juicio de amparo. b) Si en el anterior juicio de amparo se configuró una causal de improcedencia respecto del acto reclamado, que ésta conlleve su absoluta inatacabilidad en un posterior juicio de amparo, con motivo de la existencia de circunstancias que, de manera insuperable, hagan inejercitable la acción de amparo. c) De no cumplirse alguna de las condiciones apuntadas, no se actualiza la causal de improcedencia en análisis. Cabe destacar que por regla general la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada, sin embargo, existen excepciones al respecto, siempre que la determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido sea confirmada, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de amparo promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto -a manera de ejemplo-. Lo anterior se apoya en la tesis aislada 1a. CCLXXVIII/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 524 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Materia(s): Común, Décima Época, que dice: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Así, la ratio legis de las causales invocadas descansa en evitar que se tramiten tantos juicios como lo estime necesario la parte quejosa para obtener una sentencia favorable a sus intereses, con la latente posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias. En el caso se actualiza la causal de improcedencia aludida, en virtud de que lo que el quejoso reclama en el presente asunto ya fue materia de estudio en diverso juicio de amparo, puesto que como se narró con anterioridad en el diverso amparo biinstancial., el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, se emitió sentencia en la que por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se negó el amparo solicitado a en contra la orden de reaprehensión de., dictada en contra.., dentro de la causa penal .de su índice y la resolución de trece de diciembre de dos mil dieciséis, dictada en el Toca Penal .del índice de la entonces Segunda Sala Penal actualmente Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, en la que modificó el auto de término constitucional de. Luego, si en el presente asunto, el solicitante del amparo señaló como acto reclamado la resolución de trece de diciembre de dos mil dieciséis, dictada en el Toca Penal .del índice de la entonces Segunda Sala Penal, actualmente Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, en la que modificó el auto de término constitucional de. , dictado en la causa penal de la que actualmente conoce el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, con el número de Expediente., instruida en contra de .. (aquí quejoso), es por ello que el juicio que nos ocupa resulta improcedente. Es inconcuso que al ya haber sido materia de estudio de diverso juicio de amparo, es el presente asunto resulta improcedente. Es decir, ya existe determinación firme respecto del acto que pretende reclamar; de ahí que al controvertirlo en el presente se actualice la causal de improcedencia de referencia, pues no hay posibilidad jurídica para estudiar un acto que ya fue matera de diverso asunto. Se insiste, tales consideraciones hacen patente que, ya existen sentencias ejecutoriadas en relación a sus actos reclamados (sentencia dictada en el toca penal), lo cual se corrobora con las versiones electrónicas de la sentencias, que obran en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que se invocaron como hechos notorios. Por tanto, se concluye que el acto reclamado ya fue materia de controversia en un juicio de amparo anterior, en el cual, existe pronunciamiento firme e inamovible, cuyo contenido no puede desconocerse. De ahí la improcedencia de la demanda de amparo que nos ocupa, al tratarse de cosa juzgada. De ahí la improcedencia de la demanda de amparo que nos ocupa, al tratarse de cosa juzgada, y por ende la actualización de manera patente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, en relación con la diversa X, de la Ley de Amparo. Por consecuencia, corolario de todo lo expuesto, lo procedente es desechar parcialmente la demanda de amparo de que se trata en términos del artículo 113 de la citada ley respecto del acto reclamado que le atribuye a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. Sin que sea procedente acordar de conformidad con las peticiones del quejoso, en el sentido de que no le sean aplicadas las causas de improcedencia a que se refiere el numeral 61 de la Ley de Amparo, por considerar que se vulnera su derecho de acceso a la justicia, sin embargo, como se precisó en los párrafos que anteceden, de conformidad con el Artículo 113, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, de lo que se obtiene que las causales de improcedencia deben ser estudiadas de oficio por el órgano jurisdiccional para resolver sobre la procedencia de la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 7/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Febrero de 2006, con número de registro 175753, página 7, de rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. De conformidad con el proceso legislativo que culminó con la reforma al artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1967, el fin inmediato de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara inconstitucional una ley es salvaguardar y asegurar la supremacía de la Constitución. Ahora bien, una vez integrada la jurisprudencia, si fuera el caso de suplir la queja deficiente en el juicio de amparo en términos del artículo 76 Bis, fracción I, de la ley de la materia, aquélla podrá aplicarse, pero sin soslayar las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías, ya que la suplencia de mérito opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia de todo juicio de amparo." No pasa inadvertido que el quejoso sostiene que son actos diversos al aducir diversas violaciones a las controvertidas en el diverso juicio de amparo antes precisado; sin embargo, ello se traduce en los vicios que atribuye al auto de formal prisión, no así el acto reclamado que resolvió su situación jurídica, pues la causal de improcedencia antes estudiada se actualiza no obstante que las violaciones constitucionales que refiera sean diversas a las planteadas en el distinto juicio de amparo, en virtud de que como ya se mencionó el auto de término constitucional fue materia de estudio, lo que impide jurídicamente volver a su análisis, no obstante arguya consideraciones diversas. INFORMACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y CORREO ELECTRÓNICO. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, se hace del conocimiento de las partes que únicamente a fin de obtener información y comunicaciones no procesales respecto de los juicios que lleven ante este órgano jurisdiccional, se pone a su disposición el número telefónico 442 235 7000, extensión 2501, así como el correo electrónico 5jdo22ctoajf@correo.cjf.gob.mx; en el entendido de que, solo de estimarse necesario, se conservará y certificará el registro de la comunicación correspondiente, para ser incorporadas al expediente respectivo. ATENCIÓN PRESENCIAL. En caso de que, de manera excepcional e indispensable, las partes requieran acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, deberán hacerlo a través del modelo de atención presencial basado en citas contenido en el Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido que, deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento; acudir puntualmente a sus citas y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia; y que, el incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. RECEPCIÓN DE PROMOCIONES. Se hace del conocimiento de las partes que la mecánica de la habilitación de buzones judiciales en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y de la Oficialía de Partes Común, para la recepción de promociones presentadas físicamente, así como de las promociones presentadas electrónicamente, es la siguiente: Recepción de promociones a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), instalada fuera de las instalaciones de este juzgado. 09:00 a 14:00 horas y de las 15:00 a 19:00 horas Recepción de promociones de término mediante su depósito en los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado (OCC) siguiendo las reglas para su uso (artículos 10 y 11 del Acuerdo General 21/2020) 14:01 a 20:00 horas Recepción de promociones únicamente de término a través del Secretario de guardia, entendidas como aquellas que el día en que se pretenda su presentación, sea el último para desahogar una prevención o requerimiento, que se haya decretado bajo algún apercibimiento, siguiendo las reglas para su uso (artículos 12 del Acuerdo General 21/2020) 20:01 a 00:00 horas Recepción de promociones vía electrónica 24 horas Cabe precisar a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VII del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, las promociones presentadas a través de la Oficialía de Partes Común y de los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, serán ingresadas materialmente a este Juzgado el día hábil siguiente, con independencia de la hora de su presentación. Por lo que, tratándose de promociones dirigidas a audiencias o diligencias de la propia fecha de su presentación, no podrán ser remitidas de inmediato a este órgano jurisdiccional, atento a la mecánica prevista en el Acuerdo General 21/2020 y Circular 14/2020; lo que deberán tomar en consideración para los efectos que estimen conducentes; sin perjuicio de que las promociones presentadas vía electrónica, no tienen tal restricción. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito de demanda; asimismo, se le tiene señalando como autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a.., por así haberlo solicitado expresamente el quejoso. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. CONSULTA DE JUICIO EN LÍNEA. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, en relación con el artículo 30, de la Ley de Amparo, como lo previsto en los numerales 6, 34, 35, 55 y 57 Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al usuario "..", para consultar de forma electrónica el expediente en que se actúa. En tal virtud, hágase el registro correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese a los autos la constancia respectiva. Ahora, en relación a la petición formulada por el solicitante del amparo, consistente en que se le notifique a los números telefónicos y correos electrónicos que cita, no ha lugar a acordar de conformidad, tomando en consideración que dicho medio no se encuentra en los previstos por el artículo 27 de la Ley de Amparo, el cual establece que las notificaciones podrán realizarse en forma personal, por oficio, por lista o vía electrónica, en ésta última, obteniendo previamente la Firma Electrónica. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios y secretarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. Ahora, en relación a la petición formulada por el solicitante del amparo, consistente en que se le notifique al número telefónico y correo electrónico que cita, no ha lugar a acordar de conformidad, tomando en consideración que dicho medio no se encuentra en los previstos por el artículo 27 de la Ley de Amparo, el cual establece que las notificaciones podrán realizarse en forma personal, por oficio, por lista o vía electrónica, en ésta última, obteniendo previamente la Firma Electrónica. Ahora, si lo que pretende el promovente es que las notificaciones se le hagan de forma electrónica, se acordará lo conducente hasta en tanto proporcione "Nombre de Usuario", de conformidad con la normatividad aplicable, esto es, el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, vigente a partir del dieciséis de junio de dos mil veinte. Por lo anterior, dígasele al promovente que queda expedito su derecho para solicitar expresamente que se le realice las notificaciones vía electrónica a través del Sistema Electrónico oficial, mediante el usuario que designe para tal caso. NOTIFICACIÓN Y EXHORTACIÓN. Se reitera la exhortación a las partes y a sus autorizados, para que, de acuerdo a la contingencia por el virus COVID-19 en el que el país se encuentra inmerso, realicen consulta de expedientes vía remota (expediente electrónico o listas de acuerdos a su disposición en la página www.cjf.gob.mx), para lo cual, se hace de su conocimiento que tienen expedito su derecho de solicitar el acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. También se hace la precisión de que tratándose del juicio en línea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. PUBLICACIÓN DE LISTA DE ACUERDOS Y CONTACTO CON LAS PARTES. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y, adicionalmente, se remitirán a la administración del edificio, para que se coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita, sin perjuicio de que puedan consultar el expediente electrónico a través de los usuarios autorizados. No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto en los numerales 22 y 28 del citado acuerdo general, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y/o propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Asimismo, se requiere a las partes (incluidas las autoridades responsables) para que proporcionen un número de teléfono móvil, a fin de que, en caso de ser necesario, se entable comunicación por parte del personal de este órgano jurisdiccional. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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