Rogelio Rojas Hurtado

Expediente 848/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
848/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
03/08/2016

Partes del expediente

  • Juzgado de Primera Instancia y Familiar del Distrito Judicial de Valparaiso
  • Rogelio Rojas Hurtado

Actuaciones

  1. Principal

    En tres de agosto de dos mil dieciséis, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió del veintiséis de julio al uno de agosto del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto del día dieciocho de julio de dos mil dieciséis, dentro del juicio de amparo 848/2016-3.- DOY FE. En la misma fecha el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a tres de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrido el auto de dieciocho de julio de dos mil dieciséis, que desechó la demanda de amparo promovida por ROGELIO ROJAS HURTADO; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, de la propia Ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Por último, devuélvanse a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Valparaíso, Zacatecas, las constancias que remitió como justificación de sus actos, consistentes en el juicio civil ordinario declarativo de propiedad 451/2014, mismos que remitió en su oportunidad como justificación de sus actos. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo proveyó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/2755/2016, así como en sesión de dieciocho de julio posterior, por la Comisión de Receso del propio Consejo, comunicada a través del diverso oficio CR./CJD./005/5268/2016, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza. Doy fe. Luis.

  2. Principal

    En dieciocho de julio de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta a la Juez con el escrito registrado con folio 13094, con anexos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de julio de dos mil dieciséis. Glósese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes el escrito de cuenta signado por el quejoso Rogelio Rojas Hurtado, por el que en cumplimiento a la prevención formulada en auto de doce de julio del año en curso, proporciona el domicilio del tercero interesado J. Jesús Robles Bañuelos y copias de su escrito aclaratorio, con lo que se le tiene por cumplida la mencionada prevención. En tales condiciones, vista la demanda de amparo que promueve, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." En ese sentido, esta resolutora considera que la presente demanda debe desecharse, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo, éste último precepto interpretado en sentido contrario, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . . . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: . . . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.". Cabe señalar que el concepto irreparable ha sido definido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la manera siguiente: Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación, para efectos del artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos del gobernado, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate. No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Resulta aplicable al caso concreto, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Así, los derechos sustantivos protegidos por la Constitución que no pueden ser reparados mediante el dictado de la sentencia definitiva son aquellos que se refieren a los derechos personales o reales de los gobernados, que surten efectos independientemente de cualquier juicio o procedimiento. Por el contrario, los derechos de naturaleza adjetiva o procesal tienen como característica que surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de este el gobernado no los tenía, y si dichos derechos fueran violados, la sentencia definitiva que se dictara en favor del gobernado agraviado podría tener como efecto su restitución, pues se repondría el procedimiento y se restablecería el derecho violado; en caso contrario, si la sentencia fuera contra el afectado y esas violaciones procesales trascendieran al resultado del fallo, el gobernado podría reclamarlas a través del juicio de amparo directo en términos de los artículos 107, fracción III, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en el presente caso, el acto reclamado consistente en el auto de veintiséis de mayo del año en curso, dictado por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Valparaíso, Zacatecas, dentro del juicio civil ordinario declarativo de propiedad tramitado por J. Jesús Robles Bañuelos en contra del ahora quejoso ROGELIO ROJAS HURTADO y otros, en el que se determinó que se dejara sin efectos el poder notarial apostillado que se envió del vecino país del norte Estados Unidos de América para otorgar personalidad jurídica a los abogados del ahora quejoso; y como consecuencia, se dejó sin efectos la contestación de la demanda promovida en el juicio de origen; acto que no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicho acuerdo sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si el quejoso obtiene sentencia favorable; máxime que el hecho de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, no implica necesariamente que se emitirá una sentencia condenatoria, porque los tribunales tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no sus elementos. En ese contexto, el acuerdo que tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo, dictado en forma ilegal, constituye una violación procesal reclamable a través del amparo directo, hasta que se dicte sentencia definitiva adversa al promovente del amparo, pues tal violación, en ese supuesto, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo. Encuentra apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del epígrafe y contenido siguiente: "DEMANDA, EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. De acuerdo con los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal y 114, fracción IV, 158 y 159 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, o sea, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia o laudo favorable. En consecuencia, el auto que tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicho acuerdo sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia o laudo favorable, máxime que el hecho de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, no implica necesariamente una sentencia o laudo condenatorio, porque las Juntas al igual que cualquier otro tribunal, tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no, sus elementos. En tal virtud, el acuerdo que tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo, dictado en forma ilegal, constituye una violación procesal reclamable a través del amparo directo, hasta que se dicte sentencia o laudo definitivo adverso al afectado, pues es innegable que tal violación, en ese supuesto, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo". En mérito a lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, está interpretado en sentido contrario; con fundamento en el artículo 113, del cuerpo de leyes invocado, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por ROGELIO ROJAS HURTADO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Luis.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS (2016), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "Glósese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes el escrito de cuenta signado por el quejoso Rogelio Rojas Hurtado, por el que en cumplimiento a la prevención formulada en auto de doce de julio del año en curso, proporciona el domicilio del tercero interesado J. Jesús Robles Bañuelos y copias de su escrito aclaratorio, con lo que se le tiene por cumplida la mencionada prevención. En tales condiciones, vista la demanda de amparo que promueve, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." En ese sentido, esta resolutora considera que la presente demanda debe desecharse, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo, éste último precepto interpretado en sentido contrario, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . . . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: . . . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.". Cabe señalar que el concepto irreparable ha sido definido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la manera siguiente: Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación, para efectos del artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos del gobernado, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate. No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Resulta aplicable al caso concreto, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Así, los derechos sustantivos protegidos por la Constitución que no pueden ser reparados mediante el dictado de la sentencia definitiva son aquellos que se refieren a los derechos personales o reales de los gobernados, que surten efectos independientemente de cualquier juicio o procedimiento. Por el contrario, los derechos de naturaleza adjetiva o procesal tienen como característica que surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de este el gobernado no los tenía, y si dichos derechos fueran violados, la sentencia definitiva que se dictara en favor del gobernado agraviado podría tener como efecto su restitución, pues se repondría el procedimiento y se restablecería el derecho violado; en caso contrario, si la sentencia fuera contra el afectado y esas violaciones procesales trascendieran al resultado del fallo, el gobernado podría reclamarlas a través del juicio de amparo directo en términos de los artículos 107, fracción III, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en el presente caso, el acto reclamado consistente en el auto de veintiséis de mayo del año en curso, dictado por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Valparaíso, Zacatecas, dentro del juicio civil ordinario declarativo de propiedad tramitado por J. Jesús Robles Bañuelos en contra del ahora quejoso ROGELIO ROJAS HURTADO y otros, en el que se determinó que se dejara sin efectos el poder notarial apostillado que se envió del vecino país del norte Estados Unidos de América para otorgar personalidad jurídica a los abogados del ahora quejoso; y como consecuencia, se dejó sin efectos la contestación de la demanda promovida en el juicio de origen; acto que no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicho acuerdo sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si el quejoso obtiene sentencia favorable; máxime que el hecho de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, no implica necesariamente que se emitirá una sentencia condenatoria, porque los tribunales tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no sus elementos. En ese contexto, el acuerdo que tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo, dictado en forma ilegal, constituye una violación procesal reclamable a través del amparo directo, hasta que se dicte sentencia definitiva adversa al promovente del amparo, pues tal violación, en ese supuesto, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo. Encuentra apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del epígrafe y contenido siguiente: "DEMANDA, EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. De acuerdo con los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal y 114, fracción IV, 158 y 159 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, o sea, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia o laudo favorable. En consecuencia, el auto que tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicho acuerdo sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia o laudo favorable, máxime que el hecho de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, no implica necesariamente una sentencia o laudo condenatorio, porque las Juntas al igual que cualquier otro tribunal, tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no, sus elementos. En tal virtud, el acuerdo que tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo, dictado en forma ilegal, constituye una violación procesal reclamable a través del amparo directo, hasta que se dicte sentencia o laudo definitivo adverso al afectado, pues es innegable que tal violación, en ese supuesto, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo". En mérito a lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, está interpretado en sentido contrario; con fundamento en el artículo 113, del cuerpo de leyes invocado, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por ROGELIO ROJAS HURTADO.".

  4. Principal

    En doce de julio de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta a la Juez con un oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad; registrado con el folio 12806; y anexos que se adjuntan. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Téngase por recibido el oficio de cuenta que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que remite los autos del juicio de amparo directo civil 640/2016 y el juicio civil ordinario declarativo de propiedad 451/2014. Ahora bien, toda vez que del contenido del auto de siete de julio del año en curso, dictado en el juicio de amparo directo civil 640/2016-5, se advierte que dicho órgano colegiado determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ROGELIO ROJAS HURTADO, contra actos del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Valparaíso, Zacatecas y ordena se remita a este órgano jurisdiccional, para los efectos de su competencia; en consecuencia, este Juzgado de Distrito asume el conocimiento del presente asunto; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 848/2016-3 que le corresponde, y fórmese el expediente respectivo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Hágase del conocimiento a la quejosa la radicación en este Tribunal Federal del presente asunto, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: Los artículos 114, fracción I y 108, fracción III de la Ley de Amparo vigente, establecen: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [ . ] II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad;". Con apoyo en los preceptos legales invocados, se determina requerir al promovente para que dentro del término de CINCO días contado a partir de la legal notificación de este proveído, cumpla con los requisitos siguientes: 1. De la lectura de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como acto reclamado el auto de veintiséis de mayo del año en curso, dictado por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Valparaíso, Zacatecas, dentro del juicio civil ordinario declarativo de propiedad tramitado por J. Jesús Robles Bañuelos, en contra del ahora quejoso ROGELIO ROJAS HURTADO y otros; y toda vez que en el mencionado asunto figura como actor J. Jesús Robles Bañuelos, se le requiere para que en el plazo antes indicado proporcione su domicilio, en razón de que le resulta el carácter de tercero interesado, conforme a lo dispuesto por el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la ley de la materia en consulta, a efecto de estar en condiciones de emplazarlo a este juicio de amparo. 2. Asimismo, se le requiere para que exhiba las copias suficientes para cada una de las partes de su ocurso aclaratorio, en razón de que el mismo forma parte integral del escrito inicial de demanda. Se apercibe al promovente que de no cumplir con lo anterior en el plazo conferido, se tendrá por no presentada su demanda, de conformidad con lo dispuesto por el penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley Reglamentaria en consulta. En otro aspecto, ténganse por recibidas las constancias que la autoridad responsable remitió en apoyo a su informe justificado ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, consistentes en el expediente relativo al juicio civil ordinario declarativo de propiedad 451/2014; respecto de las cuales se reserva acordar en el momento procesal oportuno y a efecto de facilitar la consulta del expediente en que se actúa, con dichas constancias fórmese cuaderno de pruebas por separado. Ténganse como autorizados del quejoso en términos del artículo 24 segundo párrafo de la ley de amparo, es decir, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a los licenciados Juan Manuel Sánchez García y/o Javier Díaz Castro, toda vez que el quejoso no les otorga de manera expresa autorización en los amplios términos que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo; y como domicilio para tal fin el ubicado en Calle San Pedro Número 13-A de la Zona Centro de Guadalupe, Zacatecas. Por último, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Luis.

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