Rogelio Lozano Carrera

Expediente 1678/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1678/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
12/12/2018

Partes del expediente

  • Rogelio Lozano Carrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    El doce de diciembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con lo siguiente: El oficio registrado con el número 24262 y anexo que se acompaña. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. Zacatecas, Zacatecas, doce de diciembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el secretario de Acuerdos adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que informa que causó estado el proveído de veintitrés de octubre del presente año, por el que se desechó el recurso de revisión interpuesto por Rogelio Lozano Carrera, en contra del auto de cinco del citado mes y año, dictado por este juzgado dentro del juicio de amparo 1678/2018, por el que se desechó de plano la demanda de derechos y adjunta el referido juicio que en su oportunidad se le remitió. Acúsese recibo de estilo; glósese el cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, éste expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Por tanto, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del referido acuerdo, remítase el citado expediente por conducto de la Administración Regional a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria de juzgado que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    En veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, se da cuenta con una promoción con folio 21634. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial Adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en el estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual transcribe el auto de veintitrés de octubre del año en curso dictado dentro del amparo en revisión civil 1153/2018-3, del que se advierte que se desechó de plano el recurso de revisión interpuesto por Rogelio Lozano Carrera, en contra del auto de cinco del mes y año en curso, dictado por este juzgado, por el que se desechó de plano la demanda de amparo planteada. Notifíquese. Así lo acordó y firma Álvaro Augusto Álvarez Rendón, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Norma Jessica Solis Muñoz, Secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. cindy*

  3. Principal

    CUENTA. El cinco de octubre de dos mil dieciocho, se da cuenta con dos escritos registrados con los folios 20365 y 20305. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cinco de octubre de dos mil dieciocho. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Ténganse por recibidos los escritos signados por el quejoso, Rogelio Lozano Carrera, en cuanto al primero de los escritos da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veinticuatro de septiembre del año en curso, y en el cual anexa copia certificada del acta que contiene el desahogo de la junta de reconocimiento de herederos y nombramiento de albacea, documento con el cual acredita la personalidad con la que se ostenta. En tales condiciones se acuerda: PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como autoridad responsable y acto reclamado lo siguiente: De la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del estado, con sede en esta ciudad: Interlocutoria pronunciada el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, a través de la cual se resolvió el recurso de reposición dentro del toca civil 406/2018. DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En términos del numeral invocado, en el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de amparo, toda vez que este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, pues del ocurso de demanda se advierte que han cesado los efectos de la determinación reclamada, por sustitución procesal. El artículo y la fracción antes mencionados de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." De conformidad con lo dispuesto por dicho precepto, los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; d) Autonomía de las situaciones generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Lo anterior se obtiene de la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 183, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1997-2000, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica. Los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda." En efecto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de garantías relativa al cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. De ahí que, si se advierte que concurren los anteriores requisitos, la demanda resulta improcedente y, por tanto, deberá desecharse. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4981, LXIX, quinta época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente:..."contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable." En el caso, el peticionario de amparo reclama la interlocutoria de veintitrés de agosto del año en curso, a través del cual se resolvió el recurso de reposición, mismo que se declaró improcedente, dejando firme el auto de quince de agosto del año en curso, dictado por la autoridad responsable, por el que se citó a las partes para oir sentencia. Sin embargo, el propio quejoso manifiesta que el doce de septiembre de dos mil dieciocho, la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del estado, con sede en esta ciudad emitió resolución con motivo del recurso de apelación interpuesto por el tercero interesado José Lozano Carrera contra la sentencia definitiva, dictada por el juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Jerez de García Salinas, Zacatecas, dentro del juicio civil ordinario reivindicatorio 185/2015. Lo expuesto trae como consecuencia que exista un cambio de situación jurídica en el Toca Civil 406/2018, que impide el análisis de dicho acto reclamado, al haberse resuelto el recurso de apelación interpuesto por el tercero interesado José Lozano Carrera contra la sentencia definitiva, dictada por el juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Jerez de García Salinas, Zacatecas, dentro del juicio civil ordinario reivindicatorio 185/2015. De ahí que las posibles violaciones contenidas en la interlocutoria de veintitrés de agosto del año en curso, se encuentran irreparablemente consumadas, ya que no es posible decidir sobre la constitucionalidad de éstas sin afectar la situación jurídica autónoma creada en el juicio de origen. Es decir, no es posible analizar la legalidad en la actuación de la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del estado, con sede en esta ciudad, al dictar la interlocutoria de veintitrés de agosto del año en curso, pues no podrían repararse dichas violaciones sin afectar la nueva situación jurídica creada con la determinación que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva, emitida por el juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Jerez de García Salinas, Zacatecas, dentro del juicio civil ordinario reivindicatorio 185/2015. Por tanto, con ello se genera una situación en la cual no es posible decidir ya sobre la constitucionalidad del acto reclamado dictado por la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del estado, con sede en esta ciudad. Es aplicable, por identidad jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 95/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 50, Tomo XXVI, Agosto de 2007, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." Lo anterior, toda vez que en el presente asunto, se insiste, existió un cambio de situación jurídica. Consecuentemente, es indudable que lo procedente es DESECHAR DE PLANO y sin mayor trámite la demanda de derechos promovida, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 113, en relación con el numeral 61, fracciones XVII de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza. Doy fe. Regina.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA ROGELIO LOZANO CARRERA, LA DETERMINACIÓN DE CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "...Zacatecas, Zacatecas, cinco de octubre de dos mil dieciocho. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Ténganse por recibidos los escritos signados por el quejoso, Rogelio Lozano Carrera, en cuanto al primero de los escritos da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veinticuatro de septiembre del año en curso, y en el cual anexa copia certificada del acta que contiene el desahogo de la junta de reconocimiento de herederos y nombramiento de albacea, documento con el cual acredita la personalidad con la que se ostenta. En tales condiciones se acuerda: PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como autoridad responsable y acto reclamado lo siguiente: De la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del estado, con sede en esta ciudad: Interlocutoria pronunciada el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, a través de la cual se resolvió el recurso de reposición dentro del toca civil 406/2018. DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En términos del numeral invocado, en el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de amparo, toda vez que este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, pues del ocurso de demanda se advierte que han cesado los efectos de la determinación reclamada, por sustitución procesal. El artículo y la fracción antes mencionados de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." De conformidad con lo dispuesto por dicho precepto, los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; d) Autonomía de las situaciones generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Lo anterior se obtiene de la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 183, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1997-2000, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica. Los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda." En efecto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de garantías relativa al cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. De ahí que, si se advierte que concurren los anteriores requisitos, la demanda resulta improcedente y, por tanto, deberá desecharse. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4981, LXIX, quinta época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente:..."contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable." En el caso, el peticionario de amparo reclama la interlocutoria de veintitrés de agosto del año en curso, a través del cual se resolvió el recurso de reposición, mismo que se declaró improcedente, dejando firme el auto de quince de agosto del año en curso, dictado por la autoridad responsable, por el que se citó a las partes para oir sentencia. Sin embargo, el propio quejoso manifiesta que el doce de septiembre de dos mil dieciocho, la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del estado, con sede en esta ciudad emitió resolución con motivo del recurso de apelación interpuesto por el tercero interesado José Lozano Carrera contra la sentencia definitiva, dictada por el juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Jerez de García Salinas, Zacatecas, dentro del juicio civil ordinario reivindicatorio 185/2015. Lo expuesto trae como consecuencia que exista un cambio de situación jurídica en el Toca Civil 406/2018, que impide el análisis de dicho acto reclamado, al haberse resuelto el recurso de apelación interpuesto por el tercero interesado José Lozano Carrera contra la sentencia definitiva, dictada por el juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Jerez de García Salinas, Zacatecas, dentro del juicio civil ordinario reivindicatorio 185/2015. De ahí que las posibles violaciones contenidas en la interlocutoria de veintitrés de agosto del año en curso, se encuentran irreparablemente consumadas, ya que no es posible decidir sobre la constitucionalidad de éstas sin afectar la situación jurídica autónoma creada en el juicio de origen. Es decir, no es posible analizar la legalidad en la actuación de la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del estado, con sede en esta ciudad, al dictar la interlocutoria de veintitrés de agosto del año en curso, pues no podrían repararse dichas violaciones sin afectar la nueva situación jurídica creada con la determinación que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva, emitida por el juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Jerez de García Salinas, Zacatecas, dentro del juicio civil ordinario reivindicatorio 185/2015. Por tanto, con ello se genera una situación en la cual no es posible decidir ya sobre la constitucionalidad del acto reclamado dictado por la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del estado, con sede en esta ciudad. Es aplicable, por identidad jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 95/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 50, Tomo XXVI, Agosto de 2007, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." Lo anterior, toda vez que en el presente asunto, se insiste, existió un cambio de situación jurídica. Consecuentemente, es indudable que lo procedente es DESECHAR DE PLANO y sin mayor trámite la demanda de derechos promovida, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 113, en relación con el numeral 61, fracciones XVII de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. ..."

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