Rogelio Tiscareño Borrego
Expediente 534/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 534/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 01/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Rogelio Tiscareño Borrego
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
CAUSA ESTADO El uno de agosto de dos mil diecisiete, el licenciado Juan García Trejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, C E R T I F I C O: Que el término de diez días que prevé el artículo 86, de la Ley de Amparo, transcurrió del trece al veintiséis de julio de dos mil diecisiete, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra del auto dictado por este Tribunal Federal el cuatro de julio del año en curso, dentro del presente juicio de amparo 534/2017. Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. Que se aperturó incidente de suspensión en el que se concedió al quejoso la definitiva solicitada; y que se exhibió el billete de depósito N 797823 valioso por la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS, 00/100 M.N.), el cual ya se le devolvió al quejoso el diecinueve de junio del año en curso (foja 38 del incidente); así como que no se encuentra pendiente algún medio de impugnación pendiente por resolver en el incidente de referencia. Que no existen pruebas por devolver a las autoridades responsables, lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, el Secretario licenciado Juan García Trejo, da cuenta al Secretario encargado del despacho con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de cuatro de julio del año en curso, en el que se decretó el sobreseimiento por cambio de situación jurídica; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes; y en atención a que el proveído de que se trata no requiere ejecución material, con fundamento en el ordinal 214, de la Ley de la Materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente expediente en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia además de que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara QUE EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RELATIVO ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; y, en atención a que se concedió la suspensión definitiva al promovente del amparo; deben conservarse las constancias relativas a la copia de la demanda de amparo con que se formó, así como de la resolución del otorgamiento de la suspensión definitiva; agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa; y el duplicado guárdese por separado para que atendiendo a lo dispuesto en la fracción III, del diverso punto vigésimo del citado acuerdo. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Por lo tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR MEDIO DE LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo proveyó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/2117/2017, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza. Doy fe. María del Carmen**
- Principal
El cuatro de julio de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta a la Juez con los oficios registrados con los folios 9145 y 9078; respectivamente. Conste. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de julio de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el primero de los oficios de cuenta signado por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad, por el cual informa que el quejoso ROGELIO TISCAREÑO BORREGO, el diecinueve de junio del año en curso se sujetó voluntariamente al procedimiento dentro de la causa penal 527/2016-III, por lo que se dejó sin efecto la orden de comparecencia girada en su contra el veintiséis de mayo del año actual, por el delito de DAÑO EN LAS COSAS CULPOSO, cometido en perjuicio de Francisco Ramírez Sánchez, fijando un plazo de cierre de investigación complementaria de dos meses, temporalidad que fenece el diecinueve de agosto de dos mil diecisiete; circunstancia de la cual se toma conocimiento. Ahora bien, la suscrita advierte que durante la tramitación del presente juicio se ha actualizado la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. En efecto, el primer párrafo de la fracción citada dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." De conformidad con lo dispuesto por dicho precepto, los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; d) Autonomía de las situaciones generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Lo anterior se obtiene de la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 183, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1997-2000, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica. Los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda." En efecto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de garantías relativa al cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4981, LXIX, quinta época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente:..."contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable." De ahí que, si durante la tramitación de un juicio de garantías concurren los anteriores requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, deberá sobreseerse. En esta instancia constitucional el quejoso combate la orden de citación para la formulación de imputación girada en su contra, lo que se concretó el diecinueve del mes y año en curso, dentro de la causa penal 527/2016-III, como se advierte del oficio de cuenta. Además, la autoridad oficiante informó que el quejoso compareció a sujetarse voluntariamente al procedimiento dentro de la causa penal 527/2016-III, por lo que dejó sin efecto la orden de comparecencia girada en su contra el veintiséis de mayo del año actual, por el delito de DAÑO EN LAS COSAS CULPOSO, fijando un plazo de cierre de investigación complementaria de dos meses, temporalidad que fenece el diecinueve de agosto de dos mil diecisiete. Lo expuesto trae como consecuencia que exista un cambio de situación jurídica en el juicio de origen que impide el análisis del acto reclamado, porque con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, como quedó asentado, compareció voluntariamente a fin de que se formulara imputación. De ahí que las posibles violaciones contenidas en la orden de citación reclamada se encuentren irreparablemente consumadas, ya que no es posible decidir sobre la constitucionalidad de ésta sin afectar la situación jurídica autónoma creada en el juicio de origen (formulación de imputación y su vinculación a proceso). En ese contexto, si el quejoso se sujetó a procedimiento y como consecuencia se vinculó a proceso, ello imposibilita el examen de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado consistente en la orden de citación para que se le formulara imputación en su contra, dado que tales actos tuvieron lugar en la preinstrucción, la cual concluyó con aquella determinación, de tal forma que no sería posible analizarlos sin afectar la nueva situación jurídica que impera. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 17/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página: 270: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". Por tanto, al ser patente que se vinculó a proceso el quejoso, con ello se genera una situación en la cual no es posible decidir ya sobre la constitucionalidad del acto reclamado (citación a fin de que se formulara imputación). Luego, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley invocada, lo que impide entrar al estudio de los conceptos de violación, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 57, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 70, octubre de 1993, correspondiente a la octava época, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XVII, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las diez horas con cincuenta minutos del veinticinco de julio del año en curso, hágase la presente determinación del conocimiento a las partes para los efectos legales conducentes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por último, se tiene recibido el segundo de los oficios de cuenta suscrito por la Agente del Ministerio Público adscrita a la unidad Especializada en la Investigación de Actos u Omisiones Culposas y motivo de Tránsito de Vehículos, residente en esta ciudad, por medio del cual en cumplimiento a lo solicitado informa que los domicilios de los terceros interesados Juan Francisco Ramírez Sánchez y Alberto Ávila Trueba; comunicado que se agrega a los autos únicamente para que obre como corresponda en razón de lo acordado anteriormente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, mediante oficio a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de la Capital (tercero interesado), así como por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. María del Carmen**
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: El cuatro de julio de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta a la Juez con los oficios registrados con los folios 9145 y 9078; respectivamente. Conste. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de julio de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el primero de los oficios de cuenta signado por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad, por el cual informa que el quejoso ROGELIO TISCAREÑO BORREGO, el diecinueve de junio del año en curso se sujetó voluntariamente al procedimiento dentro de la causa penal 527/2016-III, por lo que se dejó sin efecto la orden de comparecencia girada en su contra el veintiséis de mayo del año actual, por el delito de DAÑO EN LAS COSAS CULPOSO, cometido en perjuicio de Francisco Ramírez Sánchez, fijando un plazo de cierre de investigación complementaria de dos meses, temporalidad que fenece el diecinueve de agosto de dos mil diecisiete; circunstancia de la cual se toma conocimiento. Ahora bien, la suscrita advierte que durante la tramitación del presente juicio se ha actualizado la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. En efecto, el primer párrafo de la fracción citada dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. De conformidad con lo dispuesto por dicho precepto, los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; d) Autonomía de las situaciones generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Lo anterior se obtiene de la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 183, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1997-2000, del tenor siguiente: IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica. Los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. En efecto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de garantías relativa al cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4981, LXIX, quinta época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente:... contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable. De ahí que, si durante la tramitación de un juicio de garantías concurren los anteriores requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, deberá sobreseerse. En esta instancia constitucional el quejoso combate la orden de citación para la formulación de imputación girada en su contra, lo que se concretó el diecinueve del mes y año en curso, dentro de la causa penal 527/2016-III, como se advierte del oficio de cuenta. Además, la autoridad oficiante informó que el quejoso compareció a sujetarse voluntariamente al procedimiento dentro de la causa penal 527/2016-III, por lo que dejó sin efecto la orden de comparecencia girada en su contra el veintiséis de mayo del año actual, por el delito de DAÑO EN LAS COSAS CULPOSO, fijando un plazo de cierre de investigación complementaria de dos meses, temporalidad que fenece el diecinueve de agosto de dos mil diecisiete. Lo expuesto trae como consecuencia que exista un cambio de situación jurídica en el juicio de origen que impide el análisis del acto reclamado, porque con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, como quedó asentado, compareció voluntariamente a fin de que se formulara imputación. De ahí que las posibles violaciones contenidas en la orden de citación reclamada se encuentren irreparablemente consumadas, ya que no es posible decidir sobre la constitucionalidad de ésta sin afectar la situación jurídica autónoma creada en el juicio de origen (formulación de imputación y su vinculación a proceso). En ese contexto, si el quejoso se sujetó a procedimiento y como consecuencia se vinculó a proceso, ello imposibilita el examen de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado consistente en la orden de citación para que se le formulara imputación en su contra, dado que tales actos tuvieron lugar en la preinstrucción, la cual concluyó con aquella determinación, de tal forma que no sería posible analizarlos sin afectar la nueva situación jurídica que impera. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 17/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página: 270: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE., que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Por tanto, al ser patente que se vinculó a proceso el quejoso, con ello se genera una situación en la cual no es posible decidir ya sobre la constitucionalidad del acto reclamado (citación a fin de que se formulara imputación). Luego, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley invocada, lo que impide entrar al estudio de los conceptos de violación, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 57, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 70, octubre de 1993, correspondiente a la octava época, cuyo rubro y texto dicen: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XVII, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Consecuentemente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las diez horas con cincuenta minutos del veinticinco de julio del año en curso, hágase la presente determinación del conocimiento a las partes para los efectos legales conducentes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por último, se tiene recibido el segundo de los oficios de cuenta suscrito por la Agente del Ministerio Público adscrita a la unidad Especializada en la Investigación de Actos u Omisiones Culposas y motivo de Tránsito de Vehículos, residente en esta ciudad, por medio del cual en cumplimiento a lo solicitado informa que los domicilios de los terceros interesados Juan Francisco Ramírez Sánchez y Alberto Ávila Trueba; comunicado que se agrega a los autos únicamente para que obre como corresponda en razón de lo acordado anteriormente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, mediante oficio a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de la Capital (tercero interesado), así como por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
El veintinueve de junio de dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las nueve horas con veinte minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. El Secretario. El veintinueve de junio de dos mil diecisiete, el Secretario da cuenta a la Juez con los pedimentos registrados con los folios 8921 y 8922; así como con el estado que guardan los autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de junio de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos para que obren como corresponda los pedimentos de cuenta signados por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele formulando alegatos; sin perjuicio de hacer relación de éstos nuevamente en la audiencia respectiva. Por cuanto hace a la solicitud en el sentido de que se le expida copia simple de la resolución que se dicte en el presente juicio, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele una vez que se pronuncie dicha determinación. Por otra parte, vista la certificación que antecede de la que se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas con veinte minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional; sin embargo, atendiendo que del disco en formato DVD que el juez responsable adjuntó a su informe justificado, se advierte que al quejoso Rogelio Tiscareño Borrego, se le instruye la causa penal 527/2016, por el delito de daño en las cosas culposo, cometido en perjuicio de Alberto Ávila Trueba y Juan Francisco Ramírez Sánchez. Por tanto, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, les resulta el carácter de terceros interesados en el presente juicio de amparo a los ofendidos de dicho proceso penal; en lo que concierne al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la Capital, con sede en esta ciudad, conforme al inciso e) del citado normativo. En consecuencia, solicítese a la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Actos, Omisiones Culposas, con sede en esta ciudad, para que de no tener inconveniente, dentro del término de tres días siguiente a la legal notificación del presente proveído, informe a éste órgano jurisdiccional el domicilio que tenga de los mencionados terceros interesados, quienes figuran como victimas dentro del proceso penal 527/2016; con la finalidad de estar en aptitud de ordenar sus emplazamientos al presente juicio de amparo. Por otra parte, mediante auto de treinta de mayo de la presente anualidad (fojas 7-10), se requirió a la autoridad responsable, a fin de que en caso de que aceptara la existencia del acto reclamado, emplazara como tercero interesado al agente del Ministerio Público que tuviera intervención en el proceso penal de origen, debiendo enviar por separado la constancia respectiva; sin que lo hubiera realizado; por tanto, mediante oficio requiérasele para dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente, cumpla con esa determinación; apercibida que de no hacerlo en el plazo indicado, se le impondrá una multa equivalente a ciento cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos del artículo 258, en relación con en el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación de salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE. Lo anterior, en el entendido de que existe causa fundada y suficiente como lo requiere el artículo 115 de la nueva Ley de la Materia, para diferir la celebración de la citada audiencia en el nuevo plazo señalado. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. María del Carmen** 15665, 15666 y 15667
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