Rogelio Flores Salasar

Expediente 1022/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1022/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
14/08/2017

Partes del expediente

  • Rogelio Flores Salasar

Actuaciones

  1. Principal

    VII) Toluca, Estado de México; catorce de agosto de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa, dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió el auto de dieciocho de julio de dos mil diecisiete, que sobreseyó en el presente juicio de amparo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se declara que dicho auto ha quedado firme. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno. Ahora bien, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante auto de dieciocho de julio de dos mil diecisiete, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción l, párrafo primero y segundo). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma VÍctor Manuel Rendón Sosa, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    VII. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda con el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, del Valle de Toluca, Estado de México, y con las constancias descritas en el oficio de cuenta. Con el informe y constancias de mérito dése cuenta en la celebración de la audiencia constitucional. Por lo que hace a las documentales exhibidas por la autoridad antes citada, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza. Ahora, en consideración a la procedencia del juicio de amparo, que es una cuestión de orden público y de estudio preferente, debe examinarse la aleguen o no las partes, previamente a cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo y en los razonamientos que rige la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Así, del estudio de autos se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. El dispositivo legal en comento dispone: "El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Ahora, en el presente juicio el quejoso Rogelio Flores Salazar, reclama de la autoridad responsable la abstención de dictar laudo dentro del expediente J2/443/2015. Sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable en el informe, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del ordinal 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Y, la jurisprudencia publicada con el número 226, en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, tomo VI, Materia Común, de contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Se advierte que el cuatro de julio del presente año, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, del Valle de Toluca, Estado de México, emitió el laudo correspondiente dentro del expediente J2/443/2015, notificándolo a la parte quejosa el catorce posterior. En ese orden, es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado cesan, cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Ahora, en términos de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar la garantía infringida y cumplir con lo que la misma exija. En efecto, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la abstención de dictar laudo dentro del expediente J2/443/2015; sin embargo, se advierte que el cuatro de mayo del presente año, emitió el laudo respectivo notificándoselo el treinta y uno siguiente; lo anterior, evidencia la actualización de la causa de improcedencia de referencia pues han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que el presente juicio de amparo deviene improcedente, aún cuando, al momento de la presentación de la demanda, existía violación a derechos fundamentales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la fecha, éstos han cesado. Lo anterior es así, al tomar en consideración que de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que a la parte agraviada, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto negativo, los de obligar a la autoridad responsable a respetar la garantía consagrada en nuestra Ley Fundamental y, por ende, al emitir el laudo respectivo y hacerlo saber a las partes, de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia a la impetrante del amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Lo anterior se apoya en la jurisprudencia 103, publicada en las páginas 51 y 82 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así las cosas, al configurarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V de la ley en cita. En el libro de gobierno realícense las anotaciones respectivas y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para celebrarse a las diez horas con cuarenta minutos del veintisiete de julio de dos mil diecisiete, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Irma Zoraida Campos Navarro que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    VIII. (AVISO QUEJOSA).Se hace efectivo el aperbimiento a la parte quejosa, en consecuencia se le notifica por medio de lista el auto de dieciocho de julio del presente año, el cual es del tenor siguiente: "Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda con el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, del Valle de Toluca, Estado de México, y con las constancias descritas en el oficio de cuenta. Con el informe y constancias de mérito dése cuenta en la celebración de la audiencia constitucional. Por lo que hace a las documentales exhibidas por la autoridad antes citada, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza. Ahora, en consideración a la procedencia del juicio de amparo, que es una cuestión de orden público y de estudio preferente, debe examinarse la aleguen o no las partes, previamente a cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo y en los razonamientos que rige la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Así, del estudio de autos se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. El dispositivo legal en comento dispone: "El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Ahora, en el presente juicio el quejoso Rogelio Flores Salazar, reclama de la autoridad responsable la abstención de dictar laudo dentro del expediente J2/443/2015. Sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable en el informe, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del ordinal 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Y, la jurisprudencia publicada con el número 226, en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, tomo VI, Materia Común, de contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Se advierte que el cuatro de julio del presente año, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, del Valle de Toluca, Estado de México, emitió el laudo correspondiente dentro del expediente J2/443/2015, notificándolo a la parte quejosa el catorce posterior. En ese orden, es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado cesan, cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Ahora, en términos de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar la garantía infringida y cumplir con lo que la misma exija. En efecto, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la abstención de dictar laudo dentro del expediente J2/443/2015; sin embargo, se advierte que el cuatro de mayo del presente año, emitió el laudo respectivo notificándoselo el treinta y uno siguiente; lo anterior, evidencia la actualización de la causa de improcedencia de referencia pues han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que el presente juicio de amparo deviene improcedente, aún cuando, al momento de la presentación de la demanda, existía violación a derechos fundamentales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la fecha, éstos han cesado. Lo anterior es así, al tomar en consideración que de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que a la parte agraviada, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto negativo, los de obligar a la autoridad responsable a respetar la garantía consagrada en nuestra Ley Fundamental y, por ende, al emitir el laudo respectivo y hacerlo saber a las partes, de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia a la impetrante del amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Lo anterior se apoya en la jurisprudencia 103, publicada en las páginas 51 y 82 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así las cosas, al configurarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V de la ley en cita. En el libro de gobierno realícense las anotaciones respectivas y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para celebrarse a las diez horas con cuarenta minutos del veintisiete de julio de dos mil diecisiete, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Irma Zoraida Campos Navarro que autoriza, firma y da fe."

  4. Principal

    VII.- De conformidad con lo previsto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, glósese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, a través del cual hace del conocimiento de este juzgador, el contenido del proveído de veintiséis de junio de la presente anualidad, dictado en el recurso en revisión R.T. 71/2017, del cual se advierte que el expediente del cual emana dicho recurso, fue remitido al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. Atento a lo anterior, este juzgador queda en espera de que el recurso en mención, sea resuelto.

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