Rogelio Esquivel Pérez

Expediente 195/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
195/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
06/03/2019

Partes del expediente

  • Rogelio Esquivel Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    ii) Toluca, Estado de México; seis de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por Rogelio Esquivel Pérez, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    II. Toluca, Estado de México; diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Radicación. Visto el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, a través del cual remite la demanda promovida por Rogelio Esquivel Pérez, contra actos del Presidente Constitucional de Ocuilan, Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, con el número 195/2019-II. Desechamiento. De la lectura de la demanda de amparo se advierte que es notoriamente improcedente, de conformidad con la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Lo anterior, en relación con el diverso artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ordena: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de la Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." De lo antes expuesto, se colige que uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo consiste en que debe ser siempre promovido a instancia de parte agraviada, por ello la representación de quien acude ante esta vía de amparo es un presupuesto que tendrá que acreditarse en términos de lo que establecen los dispositivos citados con anterioridad. Así, es menester destacar que la demanda de amparo fue recibida en el módulo de intercomunicación habilitado por el Consejo de la Judicatura Federal, para el trámite del juicio de amparo en términos de los artículos 3, 21 y 110 de la Ley de Amparo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en cuyo caso, de conformidad con el primero de los numerales en cita, se requiere que dicha petición presente la firma electrónica del promovente, la cual producirá los mismos efectos de la autógrafa. Asimismo, conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 76, párrafo segundo, en relación con el 59 y 64, todos del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado el nueve de diciembre de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación; las demandas presentadas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quién es el quejoso o en su caso quién promovió la demanda, deben contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del promovente de amparo, lo que en la especie no acontece, ya que del libelo de demanda que se provee se advierte la firma electrónica pertenece a Rubén González Peñaloza quien fue señalado como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. En este sentido, tomando en cuenta que la firma entraña la exteriorización de la voluntad de las personas en todos los actos jurídicos, y toda vez que la demanda de amparo no cuenta con ella, debe considerarse que el promovente no exteriorizó su voluntad para acudir a la instancia constitucional. Eventualidad que no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 114 de la Ley de Amparo; ya que debe tomarse en cuenta que el artículo 6 de la ley de la materia, como se dijo, dispone que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la norma general que se reclama, por consiguiente, el juicio constitucional únicamente se sigue a instancia de parte y, por ello, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio, constituyendo esto un requisito esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante, puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna. A mayor abundamiento, cabe precisar que en este asunto, no se actualiza la excepción a que se refiere el último párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, que señala que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva conforme al numeral 15 de ese ordenamiento legal, ni aun con un grado de razonabilidad se podría advertir que se trate de esos actos, pues en el presente juicio se señalaron como actos reclamados los siguientes: La omisión de dar respuesta debidamente fundada y motivada, respecto del escrito de petición de fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis respecto del Presidente Constitucional de Ocuilan, Estado de México y el doce de diciembre de dos mil dieciocho, para el Secretario Técnico del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Ocuilan, Estado de México. En ese sentido el numeral 15 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. .". Asimismo, el artículo 6 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De los dispositivos transcritos se advierte el juicio de amparo puede promoverse: 1. Por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; por su representante legal o por su apoderado; en materia penal por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que la Ley lo permita. 2. Por cualquier persona, aunque sea menor de edad; cuando: a) Se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y b) El agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Sin embargo, en la especie no se cumplen ninguno de los dos requisitos antes indicados. Lo anterior toda vez que, no se advierte que Rogelio Esquivel Pérez, se encuentre impedido para instar acción constitucional por sí mismo, circunstancia que efectivamente permitiría a diversa persona hacerlo, ya que el sólo hecho de que se reclamen actos que posiblemente afecten la libertad del quejoso en modo alguno le impide a éste firmar y hacer llegar a este órgano de control de la constitucionalidad, por conducto de cualquier persona, el escrito por el cual solicite la protección constitucional, al no estar impedido física y legalmente para hacerlo y no reclamarse alguno de los actos mencionados en el inciso a), antes indicado. No se desatiende que en términos del artículo 6 de la ley de la materia, el juicio de amparo puede ser promovido por el representante legal o apoderado de la persona directamente afectada, o bien por su defensor en materia penal; sin embargo, de la demanda no se advierte que el autorizado Rubén González Peñaloza-el cual plasmó su firma electrónica- inste el amparo con algún carácter de los descritos; pues en el escrito inicial fue categórico en decir que lo promovió Rogelio Esquive Pérez y no Rubén González Peñaloza como defensor, además de que no se acompañó documento alguno que permitiera comprobar dicha circunstancia, ni tampoco refirió que tuviera esa calidad demostrada ante la autoridad responsable. En consecuencia, se pone de manifiesto que no se actualiza alguna circunstancia excepcional para que la demanda de amparo sea promovida por una persona que no tiene el carácter de defensor, representante legal o apoderado del quejoso, como en el caso, la promovente no aduce contar con alguno de ellos. Sin que en el caso resulte aplicable la jurisprudencia 24/2018 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deriva de la contradicción de tesis 76/2017, aprobada en sesión privada de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, página 699, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CUANDO CARECE DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL), SE DEBE PREVENIR A LA QUEJOSA. DE CONFORMIDAD CON LA JURISPRUDENCIA 1A./J. 90/2017 (10A.), DE RUBRO: "DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN.", EL DERECHO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN ESTÁ CONDICIONADO A QUE, CUALESQUIERA QUE SEAN LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE UNA ACCIÓN, ÉSTOS NO SE ERIJAN COMO IMPEDIMENTOS JURÍDICOS O FÁCTICOS QUE RESULTEN CARENTES DE RACIONALIDAD, PROPORCIONALIDAD O QUE RESULTEN DISCRIMINATORIOS. AL RESPECTO, EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE AMPARO PREVÉ LA POSIBILIDAD DE ACTUAR ANTE EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN MEDIANTE EL EMPLEO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, PARTICULARMENTE EN USO DE UNA FIRMA ELECTRÓNICA, CUYA REGULACIÓN SE ENCOMENDÓ AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE, ACTUANDO CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EXPIDIÓ TRES ACUERDOS QUE REGULAN EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA. ASÍ, DE LA LECTURA ARMÓNICA DE LOS ARTÍCULOS 3, 5, 6 Y 10 DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO 1/2013, 17 DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO 1/2014, Y 64 Y 72 DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO 1/2015 SE DESPRENDE QUE: (1°) LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL), EQUIPARABLE A UN DOCUMENTO DE IDENTIDAD, ES EL INSTRUMENTO A TRAVÉS DEL CUAL SE INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA ACTUAR EN LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DEL TRIBUNAL ELECTORAL, DE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y DE LOS JUZGADOS, CON EFECTOS IDÉNTICOS A LOS DE LA FIRMA AUTÓGRAFA; (2°) LA REVOCACIÓN O PÉRDIDA DE VIGENCIA DEL CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRÓNICA TIENE COMO CONSECUENCIA LA IMPOSIBILIDAD DE INGRESAR A LOS EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS; (3°) EL ACCESO AL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN REQUIERE QUE LAS PERSONAS CUENTEN CON LA FIREL Y QUE SE REGISTREN PERSONALMENTE EN EL SISTEMA, INTRODUCIENDO SU NOMBRE, CORREO ELECTRÓNICO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, CLAVE ÚNICA DEL REGISTRO DE POBLACIÓN, "NOMBRE DE USUARIO", "CONTRASEÑA", Y VINCULACIÓN DEL REGISTRO A LA FIREL; Y (4°) LA PRESENTACIÓN DE DEMANDAS DE MANERA ELECTRÓNICA EXIGE QUE LAS Y LOS USUARIOS INGRESEN NOMBRE DE USUARIO Y CONTRASEÑA, O QUE ACTÚEN A TRAVÉS DE LA FIREL. EN ESTOS TÉRMINOS, LA FALTA DE FIRMA ELECTRÓNICA EN LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO DEBE CONSIDERARSE COMO UNA DE LAS "IRREGULARIDADES EN EL ESCRITO" AL QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, RAZÓN POR LA CUAL LAS Y LOS JUECES DE DISTRITO DEBERÁN REQUERIR A LA PARTE PROMOVENTE PARA QUE, EN EL PLAZO DE CINCO DÍAS, SUBSANE LA OMISIÓN. ESTO SE DEBE A QUE LA OMISIÓN DE REFERENCIA NO PODRÍA DAR LUGAR A NEGAR DE MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE LA IDENTIDAD DE QUIEN PROMUEVE, PUES LOS ACUERDOS GENERALES CONJUNTOS REGULAN UNA SERIE DE SALVAGUARDAS QUE ASEGURAN EL CONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE QUIEN ACTÚA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. EN ESTOS TÉRMINOS, EL JUZGADOR DE AMPARO ÚNICAMENTE PODRÁ DESECHAR LA DEMANDA QUE CARECE DE FIRMA ELECTRÓNICA CUANDO NO SE DESAHOGUE EL REQUERIMIENTO PARA QUE SE SUBSANE SU IRREGULARIDAD. LO ANTERIOR GARANTIZA EL DERECHO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN, AL NO ENTENDER LA AUSENCIA DE FIRMA ELECTRÓNICA DESDE UNA PERSPECTIVA ESTRICTAMENTE FORMALISTA Y DESVINCULADA DEL PROCEDIMIENTO QUE RIGE LA ACTUACIÓN EN EL CITADO PORTAL DE SERVICIOS. ESTE CRITERIO NO ES APLICABLE TRATÁNDOSE DE LA HIPÓTESIS EXPRESAMENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DE AMPARO, CONFORME AL CUAL SERÁ INNECESARIA LA FIRMA ELECTRÓNICA CUANDO EL JUICIO DE AMPARO SE PROMUEVA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 15 DE LA REFERIDA LEY." Lo subrayado es propio. Lo anterior, en razón de que dicho criterio refiere que se ordenará ratificar la demanda de amparo cuando ésta no tiene firma electrónica no obstante de haberse presentado mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en el presente asunto, la demanda de amparo de cuenta, si contiene firma electrónica pero pertenece a diversa persona del quejoso; por tanto, en el caso que nos ocupa no es procedente prevenir a la parte quejosa en tales términos. Sirve de apoyo, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes 11 de enero de 2019 10:12 h, con número de registro 2018943, que reza: DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y LA UTILIZACIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA A QUE HACEN REFERENCIA EL ARTÍCULO 3O. DE LA LEY DE AMPARO, EL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2013 DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) Y AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL ACUERDO GENERAL CONJUNTO 1/2015 DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS RELATIVOS A LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DEL JUICIO DE AMPARO, LAS COMUNICACIONES OFICIALES Y LOS PROCESOS DE ORALIDAD PENAL EN LOS CENTROS DE JUSTICIA PENAL FEDERAL, PARA PRESENTAR DEMANDAS, RECURSOS, PROMOCIONES Y DOCUMENTOS, RECIBIR COMUNICACIONES, NOTIFICACIONES OFICIALES Y CONSULTAR EXPEDIENTES, ACUERDOS, RESOLUCIONES Y SENTENCIAS RELACIONADOS CON LOS ASUNTOS DE LA COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL CONSEJO Y DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, NO IMPLICARON SOSLAYAR EL PRINCIPIO DE "INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA" CONTENIDO EN LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 6O. DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE ÚNICAMENTE TUVIERON COMO OBJETIVOS FUNDAMENTALES, ENTRE OTROS, SIMPLIFICAR LA ACTUACIÓN PROCESAL DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y MODERNIZAR EL SISTEMA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, AL OTORGAR VALIDEZ A LAS PROMOCIONES JUDICIALES REALIZADAS A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES COMO EL CORREO ELECTRÓNICO Y LA FIRMA ELECTRÓNICA, CON LOS MISMOS EFECTOS JURÍDICOS QUE LOS COMUNICADOS OFICIALES Y LAS FIRMAS AUTÓGRAFAS. EN ESE SENTIDO, CUANDO SE PRESENTA UNA DEMANDA DE AMPARO EN EL PORTAL INDICADO, FIRMADA ELECTRÓNICAMENTE CON LA FIREL DE LA PERSONA QUE EL QUEJOSO SEÑALA COMO SU AUTORIZADO EN EL ESCRITO DE DEMANDA, NO PUEDE CONSIDERARSE UNA IRREGULARIDAD DE LAS PREVISTAS EN EL NUMERAL 114 DE LA LEY DE AMPARO QUE DÉ LUGAR A REQUERIR O PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE COMPAREZCA A RATIFICAR EL ESCRITO DE DEMANDA, PUES AL NO CONTENER SU FIRMA ELECTRÓNICA NO SE APRECIA LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE, ES DECIR, NO HAY INSTANCIA DE PARTE Y, CONSECUENTEMENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO. Determinación. En tal virtud, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo presentada vía electrónica, en la que se señala como quejoso a Rogelio Esquive Pérez, contra los actos del Presidente Constitucional de Ocuilan, Estado de México y otras autoridades. Domicilio. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 26, fracción III, de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa y no así el correo electrónico, pues este no está estipulado para oír y recibir notificaciones en la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Con apoyo en el arábigo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Autorizados. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se autoriza en términos amplios a César Elpidio Hernández Guzmán y Rubén González Peñaloza, por contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a los demás en términos restringidos. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    II. (CITATORIO PARTE QUEJOSA) Toluca, Estado de México; diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Radicación. Visto el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, a través del cual remite la demanda promovida por Rogelio Esquivel Pérez, contra actos del Presidente Constitucional de Ocuilan, Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, con el número 195/2019-II. Desechamiento. De la lectura de la demanda de amparo se advierte que es notoriamente improcedente, de conformidad con la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Lo anterior, en relación con el diverso artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ordena: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de la Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." De lo antes expuesto, se colige que uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo consiste en que debe ser siempre promovido a instancia de parte agraviada, por ello la representación de quien acude ante esta vía de amparo es un presupuesto que tendrá que acreditarse en términos de lo que establecen los dispositivos citados con anterioridad. Así, es menester destacar que la demanda de amparo fue recibida en el módulo de intercomunicación habilitado por el Consejo de la Judicatura Federal, para el trámite del juicio de amparo en términos de los artículos 3, 21 y 110 de la Ley de Amparo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en cuyo caso, de conformidad con el primero de los numerales en cita, se requiere que dicha petición presente la firma electrónica del promovente, la cual producirá los mismos efectos de la autógrafa. Asimismo, conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 76, párrafo segundo, en relación con el 59 y 64, todos del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado el nueve de diciembre de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación; las demandas presentadas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quién es el quejoso o en su caso quién promovió la demanda, deben contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del promovente de amparo, lo que en la especie no acontece, ya que del libelo de demanda que se provee se advierte la firma electrónica pertenece a Rubén González Peñaloza quien fue señalado como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. En este sentido, tomando en cuenta que la firma entraña la exteriorización de la voluntad de las personas en todos los actos jurídicos, y toda vez que la demanda de amparo no cuenta con ella, debe considerarse que el promovente no exteriorizó su voluntad para acudir a la instancia constitucional. Eventualidad que no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 114 de la Ley de Amparo; ya que debe tomarse en cuenta que el artículo 6 de la ley de la materia, como se dijo, dispone que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la norma general que se reclama, por consiguiente, el juicio constitucional únicamente se sigue a instancia de parte y, por ello, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio, constituyendo esto un requisito esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante, puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna. A mayor abundamiento, cabe precisar que en este asunto, no se actualiza la excepción a que se refiere el último párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, que señala que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva conforme al numeral 15 de ese ordenamiento legal, ni aun con un grado de razonabilidad se podría advertir que se trate de esos actos, pues en el presente juicio se señalaron como actos reclamados los siguientes: La omisión de dar respuesta debidamente fundada y motivada, respecto del escrito de petición de fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis respecto del Presidente Constitucional de Ocuilan, Estado de México y el doce de diciembre de dos mil dieciocho, para el Secretario Técnico del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Ocuilan, Estado de México. En ese sentido el numeral 15 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. .". Asimismo, el artículo 6 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De los dispositivos transcritos se advierte el juicio de amparo puede promoverse: 1. Por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; por su representante legal o por su apoderado; en materia penal por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que la Ley lo permita. 2. Por cualquier persona, aunque sea menor de edad; cuando: a) Se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y b) El agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Sin embargo, en la especie no se cumplen ninguno de los dos requisitos antes indicados. Lo anterior toda vez que, no se advierte que Rogelio Esquivel Pérez, se encuentre impedido para instar acción constitucional por sí mismo, circunstancia que efectivamente permitiría a diversa persona hacerlo, ya que el sólo hecho de que se reclamen actos que posiblemente afecten la libertad del quejoso en modo alguno le impide a éste firmar y hacer llegar a este órgano de control de la constitucionalidad, por conducto de cualquier persona, el escrito por el cual solicite la protección constitucional, al no estar impedido física y legalmente para hacerlo y no reclamarse alguno de los actos mencionados en el inciso a), antes indicado. No se desatiende que en términos del artículo 6 de la ley de la materia, el juicio de amparo puede ser promovido por el representante legal o apoderado de la persona directamente afectada, o bien por su defensor en materia penal; sin embargo, de la demanda no se advierte que el autorizado Rubén González Peñaloza-el cual plasmó su firma electrónica- inste el amparo con algún carácter de los descritos; pues en el escrito inicial fue categórico en decir que lo promovió Rogelio Esquive Pérez y no Rubén González Peñaloza como defensor, además de que no se acompañó documento alguno que permitiera comprobar dicha circunstancia, ni tampoco refirió que tuviera esa calidad demostrada ante la autoridad responsable. En consecuencia, se pone de manifiesto que no se actualiza alguna circunstancia excepcional para que la demanda de amparo sea promovida por una persona que no tiene el carácter de defensor, representante legal o apoderado del quejoso, como en el caso, la promovente no aduce contar con alguno de ellos. Sin que en el caso resulte aplicable la jurisprudencia 24/2018 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deriva de la contradicción de tesis 76/2017, aprobada en sesión privada de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, página 699, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CUANDO CARECE DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL), SE DEBE PREVENIR A LA QUEJOSA. DE CONFORMIDAD CON LA JURISPRUDENCIA 1A./J. 90/2017 (10A.), DE RUBRO: "DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN.", EL DERECHO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN ESTÁ CONDICIONADO A QUE, CUALESQUIERA QUE SEAN LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE UNA ACCIÓN, ÉSTOS NO SE ERIJAN COMO IMPEDIMENTOS JURÍDICOS O FÁCTICOS QUE RESULTEN CARENTES DE RACIONALIDAD, PROPORCIONALIDAD O QUE RESULTEN DISCRIMINATORIOS. AL RESPECTO, EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE AMPARO PREVÉ LA POSIBILIDAD DE ACTUAR ANTE EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN MEDIANTE EL EMPLEO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, PARTICULARMENTE EN USO DE UNA FIRMA ELECTRÓNICA, CUYA REGULACIÓN SE ENCOMENDÓ AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE, ACTUANDO CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EXPIDIÓ TRES ACUERDOS QUE REGULAN EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA. ASÍ, DE LA LECTURA ARMÓNICA DE LOS ARTÍCULOS 3, 5, 6 Y 10 DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO 1/2013, 17 DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO 1/2014, Y 64 Y 72 DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO 1/2015 SE DESPRENDE QUE: (1°) LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL), EQUIPARABLE A UN DOCUMENTO DE IDENTIDAD, ES EL INSTRUMENTO A TRAVÉS DEL CUAL SE INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA ACTUAR EN LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DEL TRIBUNAL ELECTORAL, DE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y DE LOS JUZGADOS, CON EFECTOS IDÉNTICOS A LOS DE LA FIRMA AUTÓGRAFA; (2°) LA REVOCACIÓN O PÉRDIDA DE VIGENCIA DEL CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRÓNICA TIENE COMO CONSECUENCIA LA IMPOSIBILIDAD DE INGRESAR A LOS EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS; (3°) EL ACCESO AL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN REQUIERE QUE LAS PERSONAS CUENTEN CON LA FIREL Y QUE SE REGISTREN PERSONALMENTE EN EL SISTEMA, INTRODUCIENDO SU NOMBRE, CORREO ELECTRÓNICO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, CLAVE ÚNICA DEL REGISTRO DE POBLACIÓN, "NOMBRE DE USUARIO", "CONTRASEÑA", Y VINCULACIÓN DEL REGISTRO A LA FIREL; Y (4°) LA PRESENTACIÓN DE DEMANDAS DE MANERA ELECTRÓNICA EXIGE QUE LAS Y LOS USUARIOS INGRESEN NOMBRE DE USUARIO Y CONTRASEÑA, O QUE ACTÚEN A TRAVÉS DE LA FIREL. EN ESTOS TÉRMINOS, LA FALTA DE FIRMA ELECTRÓNICA EN LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO DEBE CONSIDERARSE COMO UNA DE LAS "IRREGULARIDADES EN EL ESCRITO" AL QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, RAZÓN POR LA CUAL LAS Y LOS JUECES DE DISTRITO DEBERÁN REQUERIR A LA PARTE PROMOVENTE PARA QUE, EN EL PLAZO DE CINCO DÍAS, SUBSANE LA OMISIÓN. ESTO SE DEBE A QUE LA OMISIÓN DE REFERENCIA NO PODRÍA DAR LUGAR A NEGAR DE MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE LA IDENTIDAD DE QUIEN PROMUEVE, PUES LOS ACUERDOS GENERALES CONJUNTOS REGULAN UNA SERIE DE SALVAGUARDAS QUE ASEGURAN EL CONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE QUIEN ACTÚA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. EN ESTOS TÉRMINOS, EL JUZGADOR DE AMPARO ÚNICAMENTE PODRÁ DESECHAR LA DEMANDA QUE CARECE DE FIRMA ELECTRÓNICA CUANDO NO SE DESAHOGUE EL REQUERIMIENTO PARA QUE SE SUBSANE SU IRREGULARIDAD. LO ANTERIOR GARANTIZA EL DERECHO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN, AL NO ENTENDER LA AUSENCIA DE FIRMA ELECTRÓNICA DESDE UNA PERSPECTIVA ESTRICTAMENTE FORMALISTA Y DESVINCULADA DEL PROCEDIMIENTO QUE RIGE LA ACTUACIÓN EN EL CITADO PORTAL DE SERVICIOS. ESTE CRITERIO NO ES APLICABLE TRATÁNDOSE DE LA HIPÓTESIS EXPRESAMENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DE AMPARO, CONFORME AL CUAL SERÁ INNECESARIA LA FIRMA ELECTRÓNICA CUANDO EL JUICIO DE AMPARO SE PROMUEVA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 15 DE LA REFERIDA LEY." Lo subrayado es propio. Lo anterior, en razón de que dicho criterio refiere que se ordenará ratificar la demanda de amparo cuando ésta no tiene firma electrónica no obstante de haberse presentado mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en el presente asunto, la demanda de amparo de cuenta, si contiene firma electrónica pero pertenece a diversa persona del quejoso; por tanto, en el caso que nos ocupa no es procedente prevenir a la parte quejosa en tales términos. Sirve de apoyo, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes 11 de enero de 2019 10:12 h, con número de registro 2018943, que reza: DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y LA UTILIZACIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA A QUE HACEN REFERENCIA EL ARTÍCULO 3O. DE LA LEY DE AMPARO, EL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2013 DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) Y AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL ACUERDO GENERAL CONJUNTO 1/2015 DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS RELATIVOS A LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DEL JUICIO DE AMPARO, LAS COMUNICACIONES OFICIALES Y LOS PROCESOS DE ORALIDAD PENAL EN LOS CENTROS DE JUSTICIA PENAL FEDERAL, PARA PRESENTAR DEMANDAS, RECURSOS, PROMOCIONES Y DOCUMENTOS, RECIBIR COMUNICACIONES, NOTIFICACIONES OFICIALES Y CONSULTAR EXPEDIENTES, ACUERDOS, RESOLUCIONES Y SENTENCIAS RELACIONADOS CON LOS ASUNTOS DE LA COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL CONSEJO Y DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, NO IMPLICARON SOSLAYAR EL PRINCIPIO DE "INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA" CONTENIDO EN LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 6O. DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE ÚNICAMENTE TUVIERON COMO OBJETIVOS FUNDAMENTALES, ENTRE OTROS, SIMPLIFICAR LA ACTUACIÓN PROCESAL DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y MODERNIZAR EL SISTEMA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, AL OTORGAR VALIDEZ A LAS PROMOCIONES JUDICIALES REALIZADAS A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES COMO EL CORREO ELECTRÓNICO Y LA FIRMA ELECTRÓNICA, CON LOS MISMOS EFECTOS JURÍDICOS QUE LOS COMUNICADOS OFICIALES Y LAS FIRMAS AUTÓGRAFAS. EN ESE SENTIDO, CUANDO SE PRESENTA UNA DEMANDA DE AMPARO EN EL PORTAL INDICADO, FIRMADA ELECTRÓNICAMENTE CON LA FIREL DE LA PERSONA QUE EL QUEJOSO SEÑALA COMO SU AUTORIZADO EN EL ESCRITO DE DEMANDA, NO PUEDE CONSIDERARSE UNA IRREGULARIDAD DE LAS PREVISTAS EN EL NUMERAL 114 DE LA LEY DE AMPARO QUE DÉ LUGAR A REQUERIR O PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE COMPAREZCA A RATIFICAR EL ESCRITO DE DEMANDA, PUES AL NO CONTENER SU FIRMA ELECTRÓNICA NO SE APRECIA LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE, ES DECIR, NO HAY INSTANCIA DE PARTE Y, CONSECUENTEMENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO. Determinación. En tal virtud, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo presentada vía electrónica, en la que se señala como quejoso a Rogelio Esquive Pérez, contra los actos del Presidente Constitucional de Ocuilan, Estado de México y otras autoridades. Domicilio. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 26, fracción III, de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa y no así el correo electrónico, pues este no está estipulado para oír y recibir notificaciones en la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Con apoyo en el arábigo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Autorizados. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se autoriza en términos amplios a César Elpidio Hernández Guzmán y Rubén González Peñaloza, por contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a los demás en términos restringidos. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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