Rogelio Luna Reyes y Otros.
Expediente 568/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 568/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 11/07/2016
Partes del expediente
- Rogelio Luna Reyes y Otros.
- Alejandro Rodriguez Diaz y Otros.
- Rogelio Luna Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
II. De la certificación de cuenta se evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el quejoso no recurrió la sentencia de veintiuno de junio de dos mil dieciséis (fojas 74 a la 82), donde se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2°, se declara que ha adquirido firmeza procesal para todos los efectos legales correspondientes. Las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante sentencia de veintiuno de junio de dos mil dieciséis (fojas 74 a la 82), se sobreseyó en el juicio de amparo (Punto Vigésimo Primero, inciso I), en relación con el diverso Segundo, inciso XXI). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.
- Principal
VISTOS, para resolver en los autos del juicio de amparo indirecto 568/2016-II, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Rogelio Luna Reyes, Alejandro Rodríguez Díaz, Julia Martínez Reyes, Alma Lidia Guardia Perales, Liliana Jiménez Moreno, Jorge Alberto Arriaga Naranjo y César Reyes Cruz mediante escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que se precisan a continuación: "III. La autoridad o autoridades responsables son: 1. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en su carácter de ordenadora y ejecutora. 2. Primera Sala Oral del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en su carácter de ordenadora y ejecutora. 3. Secretario auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en su carácter de ordenadora y ejecutora. 4. Secretario de Acuerdos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en su carácter de ordenadora y ejecutora. IV. El acto u omisión que de cada autoridad se reclame Se les reclama a todas y cada una de las autoridades responsables la audiencia de conciliación, depuración, procesal, ofrecimiento y admisión de pruebas de cinco de abril de 2016, llevada en los autos del expediente 223/2005 (sic) y su acumulado". SEGUNDO. Derechos humanos vulnerados. Los accionantes constitucionales estimaron violados los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Recibida que fue la demanda en este Juzgado de Distrito, por auto de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México. En el mismo proveído admisiorio, no se tuvo como autoridad responsable al Secretario de Acuerdos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, con sede en Toluca, ello de conformidad con el numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, de conformidad a lo establecido en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; ya que el acto que se reclama proviene de una autoridad del orden laboral, con sede en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Ante todo, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de amparo, conviene precisar que el acto reclamado se hace consistir en: ( La audiencia de conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisión de pruebas de cinco de abril de dos mil dieciséis, celebrada por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, dentro de los autos del juicio laboral 223/2015 y su acumulado, en la cual se declaró fundada la excepción de cosa juzgada respecto del convenio celebrado el diecinueve de noviembre de dos mil catorce. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Presidenta y en representación del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Toluca, Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó parcialmente la existencia del acto que se le atribuye, lo que se corrobora con la copia certificada del expediente laboral 223/2015 y su acumulado de su índice, documentales a las cuales se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia que propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el presente caso, este resolutor federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción V, de la Ley de Amparo este último aplicado a contrario sensu, los cuales disponen: "Artículo 61.- El Juicio de Amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.).". Así, la determinación reclamada no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en perjuicio de la quejosa algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), constitucional, el cual establece: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes en el procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados en un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la siguiente distinción: Derechos sustantivos. Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los cuales se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, mediante los llamados derechos fundamentales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio, cuando se trate de actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Derechos adjetivos. Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden en el procedimiento legal, de acuerdo a cómo se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de resolución favorable; por lo cual, sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Lo anterior evidencia, que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse en la vía constitucional, pues si se trata de aquellas que lesionan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señala el artículo 172 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, procederá el amparo directo; o bien, el indirecto si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas a juicio. Y por imposible reparación, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, en la tesis jurisprudencial visible en la página 144, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, definió lo siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), "CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo.". Y el Pleno del más Alto Tribunal de la República emitió la jurisprudencia consultable en la página 154, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. A su vez, el Pleno de nuestro máximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la Justicia Federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. Esto es así, partiendo de la premisa de que tales actos, en el momento de que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo contenido en las garantías individuales, sino que tan sólo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por esa razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo. Expuesto lo anterior, se colige el acto reclamado consiste en la audiencia de conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisión de pruebas de cinco de abril de dos mil dieciséis, celebrada por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, dentro de los autos del juicio laboral 223/2015 y su acumulado, en la cual se declaró fundada la excepción de cosa juzgada respecto del convenio celebrado el diecinueve de noviembre de dos mil catorce. Ahora, conviene precisar los antecedentes del acto reclamado que en la especie son: 1. El veinticinco de marzo de dos mil quince, Rogelio Luna Reyes, Alejandro Rodríguez Díaz, Julia Martínez Reyes, Alma Lidia Guardia Perales, Liliana Jiménez Moreno, Jorge Alberto Arriaga Naranjo y Cesar Reyes Cruz, demandaron a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México el cumplimiento de diversas prestaciones laborales, el cual se radicó ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México bajo el expediente 223/2015. 2. Mediante escrito de once de junio de dos mil quince, la parte patronal dio contestación a la demanda instaurada en su contra y la autoridad señaló fecha para la audiencia de conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisión de pruebas; una vez que llegó la fecha para su celebración se difirió en virtud de que la parte actora solicitó la acumulación del diverso asunto 300/2015, por lo cual se difirió la misma. 3. El dieciséis de diciembre de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia incidental de acumulación en la que se declaró procedente el mismo, por lo que se les citó a las partes a fin de comparecieran al desahogo de la audiencia de conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisión de pruebas, asimismo, se les hizo del conocimiento que respecto de la excepción de cosa juzgada opuesta por la demandada en el acumulado 300/2015 se pronunciaría respecto de la procedencia de la misma. 4. Previos diferimientos de la citada audiencia, en cinco de abril de dos mil dieciséis, la autoridad responsable declaró procedente la excepción de cosa juzgada planteada por la parte demandada, respecto las prestaciones reclamadas del pago de salarios caídos y sus incrementos sufridos durante el tiempo que permaneció en suspenso la relación de trabajo comprendido del uno de febrero al treinta de noviembre de dos mil catorce. Acto reclamado en esta vía constitucional. Ahora, bajo la premisa que el juicio de amparo indirecto sólo es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; y en el caso a estudio, el acto que se impugna no reúne esa característica, pues la determinación tomada, es un acto procesal que no tiene una ejecución irreparable, en la medida que la audiencia de conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisión de pruebas de cinco de abril de dos mil dieciséis, celebrada por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, dentro de los autos del juicio laboral 223/2015 y su acumulado, en la cual se declaró fundada la excepción de cosa juzgada respecto del convenio celebrado el diecinueve de noviembre de dos mil catorce, aunado a que la autoridad responsable, precisó que dicha cuestión será valorada al momento de que se emita el laudo correspondiente para el efecto de determinar sobre la absolución o condena de la acción principal y de las prestaciones reclamadas, esto no determina que se dicte sentencia en su contra, o que imposibilite que obtenga resolución favorable o bien, se resuelva de manera desfavorable a sus intereses, ni afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados por las garantías individuales, como la vida, la libertad, propiedad, posesión o cualquier otro de ese tipo, sino que, en todo caso, se está frente a un acto que produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o intraprocesal y el amparo indirecto sólo procederá cuando el acto que pretenda reclamarse tenga una ejecución que sea de imposible reparación. Es decir, no le genera un agravio en sus derechos sustantivos; de ahí que, el acto que en esta vía se reclama no se trate de un acto de imposible reparación. Lo anterior obedece a que la autoridad responsable en la audiencia de conciliación, depuración del procedimiento, ofrecimiento y admisión de pruebas, si bien declaro procedente la excepción de cosa juzgada opuesta por la parte demandada en el juicio 223/2015 y su acumulado, toda vez que estimó que dentro del juicio 300/2015 (juicio acumulado al 223/2015), se reclamaron las mismas prestaciones respecto del expediente 340/2014, y dado que en dicho procedimiento se llevó a cabo el convenio de diecinueve de noviembre de dos mil catorce, al haberse desistido los quejosos de su acción intentada, el mismo se elevó a categoría de laudo y en consecuencia, se declaró ejecutoriada; aunado a lo anterior, el Tribunal responsable estableció que la excepción planteada declarada procedente sería valorada al momento de emitir el laudo correspondiente a fin de determinar sobre la absolución o condena de la acción principal y de las prestaciones reclamadas, razón por la cual no se trata de actos de imposible reparación, pues únicamente son violaciones procesales que podrá hacer valer el quejoso, en su caso, cuando combata la sentencia definitiva que se llegue a dictar en dicho juicio sucesorio, lo cual según el criterio de nuestro máximo tribunal, sólo ocurre en la sentencia de adjudicación. Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 128/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con número de registro 160333, visible en el Libro IV, del Mes de Enero de 2012, Tomo 3, página 2679, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es de contenido y rubro siguiente: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. ES PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN VÍA AMPARO DIRECTO, AUN CUANDO LA RESOLUCIÓN QUE CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO SE HUBIERE DICTADO EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE GARANTÍAS, SI ES HASTA ESE MOMENTO QUE LA VIOLACIÓN TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO. Conforme a los artículos 158, 159, 160 y 161 de la Ley de Amparo, cuando durante la secuela del procedimiento se emite un acto considerado contrario a las reglas que lo rigen -con excepción de aquellos respecto de los que procede el amparo indirecto-, la parte que considere que el acto fue violatorio debe esperar a que el perjuicio se materialice en la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio que sea contrario a sus intereses para promover el amparo, sin que sea óbice que la sentencia en que se materializa el perjuicio se hubiere dictado en cumplimiento de una ejecutoria de garantías. Lo anterior es así, porque si como consecuencia del cumplimiento de una sentencia de amparo directo se materializa contra una de las partes el perjuicio para impugnar una violación a las leyes del procedimiento, ésta puede impugnar la resolución dictada en cumplimiento de la sentencia, pero sólo por violaciones cometidas durante el procedimiento, sin que esto sea atentatorio de la cosa juzgada, pues sólo se revisaría la violación alegada y, de concederse el amparo, sería para el único efecto de que se reponga el procedimiento y se subsane la violación cometida, sin que esto implique volver a revisar lo determinado en cuanto al fondo por el tribunal de amparo en el primer juicio de garantías. En efecto, si al reponerse el juicio y subsanarse la violación se llegare a dictar sentencia en sentido contrario a la que fue dictada en vías de cumplimiento, no se afectaría la cosa juzgada, ya que el tribunal colegiado sólo habría determinado que con los elementos aportados a juicio debía resolverse en determinado sentido; empero, si los elementos cambian en virtud de la violación procesal que se subsana, lo analizado por el tribunal colegiado en el primer amparo es distinto". Lo anterior se determina así, pues dentro de los juicios sucesorios adquiere un valor particular, puesto que dada su peculiar naturaleza, cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste procede excepcionalmente contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente, siempre y cuando sean de imposible reparación por afectar derechos sustantivos. Aunado a lo anterior, debe decirse que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pudiera calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, ello en atención a que la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, establece que la vía de amparo indirecto que intenta el accionante del amparo, se encuentra reservada a combatir aquellos actos produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia estatuida en el ordinal 61, fracción XXIII, con relación a la diversa fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo, aplicada a contrario sensu, lo procedente es, sobreseer en el presente sumario constitucional; de conformidad con la fracción V del artículo 63 del cuerpo normativo en consulta. Por lo antes expuesto y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61, 63, 73, 74, y 107, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Rogelio Luna Reyes, Alejandro Rodríguez Díaz, Julia Martínez Reyes, Alma Lidia Guardia Perales, Liliana Jiménez Moreno, Jorge Alberto Arriaga Naranjo y César Reyes Cruz contra el acto y autoridad precisado en los considerandos segundo y tercero, por los motivos establecidos en el último punto considerativo de la presente determinación. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Irma Zoraida Campos Navarro, que autoriza, firma y da fe.
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Toluca, Estado de México; veintiséis de mayo de dos mil dieciséis. CONTENIDO OFICIO. Se tiene por recibido el oficio signado por la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, mediante el cual, en cumplimiento al proveído de veinte de los actuales, remite copia certificada de todo lo actuado en el expediente laboral 223/2015, de su índice estadístico; consecuentemente, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. AGREGA OFICIO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, se agrega a los autos para los efectos legales procedentes el oficio de cuenta y sus anexos, sin perjuicio de considerarlos al momento de resolver el presente juicio de amparo. SE FORMA ANEXO POR SEPARADO. Finalmente, las constancias remitidas como anexo por la responsable al oficio que se acuerda, manténganse por cuerda separada, previa carátula que se forme para su debida identificación y certificación que obre en autos. ADSCRIPCIÓN NUEVO TITULAR. En otro orden de ideas, visto el contenido del oficio SEADS/760/2016, de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, del cual se advierte que el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunica que mediante sesión ordinaria de aquella fecha, el Pleno de dicho Órgano, acordó por unanimidad de votos, la adscripción del Juez Breyman Labastida Martínez, a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, con efectos a partir del uno de mayo de dos mil dieciséis; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 104/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312, del Tomo XXXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a julio del año dos mil diez, Novena Época, materia común, con número de registro 164217, cuyo rubro establece: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Finalmente, este Juzgador ordena se notifique por medio de oficio la presente determinación a las autoridades responsables, así como las determinaciones que tienen trascendencia procesal, lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se le notificara por medio de lista. Lo anterior, en atención a lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, registrada con el ordinal 2002576, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese. Así lo acordó y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Nicolas de Luna Gonzalez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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Toluca, Estado de México; veinte de mayo de dos mil dieciséis. ESTADO DE AUTOS. El estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse hoy a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos, tal como se estableció en auto admisorio de veintisiete de abril de dos mil dieciséis (fojas 12 a la 16); sin embargo, mediante proveído de once de los actuales se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, por lo que a la fecha no ha fenecido el plazo de 8 días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan de su contenido. Aunado a lo anterior, se advierte que dicha responsable únicamente anexó copia certificada de diversas actuaciones llevadas a cabo en el expediente laboral 223/2015; sin embargo, este órgano jurisdiccional considera que son necesarias la totalidad de las constancias de donde deriva el acto reclamado para resolver el presente asunto. REQUERIMIENTO DE CONSTANCIAS. En consecuencia, con fundamento en los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, para que en el término de tres días legales contados a partir de su notificación remita la totalidad de las constancias que integran el expediente laboral 223/2015, de su índice estadístico, a fin de estar en aptitud de resolver en definitiva el presente asunto. APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento en los términos indicados, se les impondrá la multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en el artículo, de conformidad con los artículos 237, 238 y 259, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J.163/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tomo XXIII, del Mes de Enero de 2006, visible en la página 319, número de registro 176291, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto". Así como la diversa jurisprudencia 1.2o.A.J/11, publicada en la página 643, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, Octava Época, cuyo rubro es el siguiente: "ACTO RECLAMADO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTAN FACULTADOS PARA RECABAR DE OFICIO EL DOCUMENTO QUE LO CONTENGA, ATENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 78, PARRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. La facultad conferida a los jueces de Distrito en el artículo 78, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para recabar de oficio las pruebas rendidas ante la responsable que no obren en autos y que estimen necesarias para la resolución del asunto, debe ejercerse, por igualdad de razón, cuando se trata del documento que contenga el acto reclamado, por ser esta constancia necesaria para analizar su constitucionalidad; máxime cuando el propio juzgador, expresamente, haya tenido como cierto el susodicho acto." DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA. Finalmente, para dar tiempo a que se cumplimente lo anterior, la audiencia constitucional prevista para celebrarse en esta fecha se difiere y en su lugar se fijan las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintiuno de junio de dos mil dieciséis, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Nicolás de Luna González, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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