Rogelio Aguilar Santoyo

Expediente 905/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
905/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
26/01/2018

Partes del expediente

  • Rogelio Aguilar Santoyo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    El suscrito Juan García Trejo, secretario de juzgado CERTIFICO QUE: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la parte quejosa del nueve al veintidós de enero del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el cuatro del propio mes y año, dentro del juicio de amparo número 905/2017-5; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; No se tramitó incidente de suspensión por no haber sido solicitado, por lo que no se exhibió billete de depósito. Sí existen documentos por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de enero de dos mil dieciocho. DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días que señala el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada en fecha cuatro de enero de dos mil dieciocho, en la que se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Devuélvase al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, los tomos IV y V del duplicado de la causa penal 8/2014, así como las copias certificadas de los tomos I, II y III de dicho proceso, que remitió en apoyo a su informe justificado y que obran por separado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/5760/2017, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza. Doy fe. Bjm

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 905/2017, se encuentra en audiencia pública Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura de la demanda de amparo, del informe justificado rendido por el Juez Segundo de Distrito en el Estado (foja 16), del emplazamiento del agente del Ministerio Público adscrito a la sección penal del juzgado responsable (foja 29), así como de las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo que el juez determina: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas, el secretario da cuenta con la documental ofrecida por la autoridad responsable, consistente en las constancias relativas a la causa penal 8/2014. A lo que el juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza la probanza referida, la cuál será tomada en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos, el secretario da cuenta con los formulados por la representación social de la adscripción en el pedimento registrado con el folio 14954 (foja 25). El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse expresados los argumentos citados y perdido el derecho de las demás partes para tal efecto. Al no existir diligencias pendientes de desahogar, se procede a dictar la siguiente sentencia. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 905/2017; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el diez de octubre de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, Rogelio Aguilar Santoyo solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y acto que enseguida se señalan: Autoridades responsables: Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. Acto reclamado: Omisión de realizar actos tendentes a la rápida solución de su situación legal. Acto que, a su juicio, resulta violatorio del derecho fundamental contenido en el artículo 17 constitucional. SEGUNDO. Trámite. La demanda fue turnada al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. En auto de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, el titular de dicho órgano jurisdiccional determinó carecer de competencia legal para conocer del asunto, al haber sido señalado como autoridad responsable, por lo que ordenó remitir los autos a este órgano jurisdiccional (foja 1). En auto de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete (fojas 5 a 8), se aceptó la competencia para conocer del asunto, se registró con el expediente 905/2017, se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe con justificación, se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició al tenor de la presente acta; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclaman actos de una autoridad judicial residente en donde este juzgado ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, de la demanda, este juzgador considera que la parte quejosa reclama: 1. Del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas: - La omisión de dictar sentencia en el proceso penal 8/2014. Lo precisado en virtud de que del análisis integral de la demanda se desprende que la inconformidad toral descansa en el hecho de que no se ha resuelto su situación jurídica por una sentencia que ponga fin al proceso penal de origen, por lo que es evidente que lo reclamado se concreta en la emisión de dicha resolución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas (foja 16 del juicio de amparo), al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, no obstante dicha negativa se encuentra desvirtuada pues de las constancias que acompañó a su informe justificado se advierte que la omisión reclamada por el quejoso es cierta, toda vez que no se ha dictado sentencia en el proceso penal de origen; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el mismo. Certeza que se acredita con las copias certificadas y duplicado del proceso penal 8/2014 (en cinco tomos que obran por separado); documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. CUARTO. Concepto de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, Materia Común, registro 164618, página 830, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Estudio de fondo. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, aun suplidos en su deficiencia de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo, pues de manera contraria a lo que el inconforme manifiesta, en el caso no se transgrede el derecho fundamental contenido en el artículo 17 constitucional, como enseguida se verá. Al respecto, es pertinente transcribir el contenido de los artículos 17 y 20 inciso A, fracción VIII, de la Constitución Federal (anterior a la reforma) que establecen lo siguiente: Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Artículo 20. En todo proceso de orden penal el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: A. Del inculpado (.) VIII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años en prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa (.). De la lectura integral de los preceptos transcritos, se establecen tres supuestos en los que será juzgado el inculpado en todo proceso del orden penal, esto es, en los que se emita la resolución culminatoria del proceso penal de origen, a saber: Antes de cuatro meses si se trata de delito cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión. Antes de un año si se trata de delito cuya pena máxima exceda de dos años de prisión. En un plazo mayor de un año cuando así lo solicite para su defensa. Acorde a ello, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Adoptada en San José de Costa Rica y abierta a firma el día veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, prevé que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones, entre otros, de orden penal. El análisis de lo anterior, permite arribar al conocimiento que los tribunales en la república Mexicana, estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, mismos que deberán emitir sus resoluciones de manera pronta (dentro de los plazos legales establecidos), completa, gratuita e imparcial. El análisis sistemático de las disposiciones reproducidas permite llegar al conocimiento que toda persona tiene derecho a la administración de justicia en los plazos y términos que fijen las leyes. En materia penal la Carta Magna prevé dichos términos, cuatro meses, cuando la pena máxima no excede de dos años en prisión (procedimiento sumario), y antes de un año si la pena excede de dicho tiempo (procedimiento ordinario). En el caso, el auto de formal prisión dictado contra el quejoso en la causa penal natural fue emitido el tres de febrero de dos mil catorce (fojas 418 a 491 del tomo I de pruebas), por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, en términos de la fracción III, del numeral 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en relación con el normativo 11, incisos c y d, de ese ordenamiento, con la agravante relativa a cuando tres o más personas, integrantes de un grupo, porten armas de las comprendidas en la fracción III del artículo 83 citado, así como por el delito de posesión de cartuchos para armas de fuego de las reservadas para uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 quat, fracción II, en relación con el 11 incisos c y d de la ley federal citada. La penalidad por el delito de portación referido se establece de cuatro a quince años de prisión y la agravante deriva en aplicar el doble de la sanción que se determine dentro de ese rango; por tanto, es evidente que el procedimiento a seguir es el ordinario, dado que la pena del delito excede de dos años de prisión. Sin embargo, para estar en condiciones de dictar sentencia definitiva en un proceso penal, es necesario que el mismo se encuentre completamente integrado, lo cual implica, desde luego, que no existan pruebas pendientes por desahogar, que esté cerrada la instrucción y que se haya celebrado la audiencia de vista. Formalidades que de modo alguno deben ser soslayadas por parte del juez de instrucción, pues de lo contrario se incurriría en una violación a las leyes del procedimiento penal, que ameritaría una posible reposición del mismo, lo que se traduciría en una mayor dilación procesal en perjuicio de los procesados. Por ello, contrario a lo aducido por el quejoso, el que no se haya aún dictado sentencia, no puede considerarse procesalmente incorrecto, toda vez que para que la autoridad judicial esté en aptitud de pronunciar su fallo, tendrá que acreditarse previamente que se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento; ello, en estricto apego a los principios de legalidad y seguridad jurídica reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna. Y si bien es verdad se ha rebasado el término de un año en que debería ser juzgado de acuerdo a lo estipulado por el artículo 20 de la Constitución Federal, lo cierto es que ello no podría considerarse incorrecto ni transgresor de los derechos fundamentales del aquí quejoso, toda vez que para que el juez de la causa esté en aptitud de dictar sentencia, se reitera, tendrá que acreditarse previamente que se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, en estricto apego a las garantías de legalidad y seguridad jurídica; lo que hasta el momento, como ya se dijo, no se encuentra satisfecho, de acuerdo con las constancias relativas al acto reclamado que remitió el juez de la causa, donde se advierte que aún existen pruebas que se encuentran pendientes de desahogar. Luego, si bien del contenido de los artículos 1° y 17 de la Constitución Federal, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que privilegian el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que no tienen el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la substanciación del procedimiento penal. Así, en la causa natural, el veinte de octubre de dos mil catorce, se dictó sentencia condenatoria contra el quejoso por los delitos imputados (fojas 1071 a 1114 del tomo II de pruebas). Inconforme con lo anterior interpuso recurso de apelación. En sentencia de tres de diciembre de dos mil catorce (fojas 1167 a 1181 del tomo II de pruebas), el entonces Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito ordenó la reposición del procedimiento para el efecto de que: 1. Se ordenara la realización de los exámenes psicológicos y médicos pertinentes, en conformidad con el Protocolo de Estambul, así como la práctica de cualquier probanza que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos de tortura denunciados por los acusados, a fin de que tengan efecto dentro del proceso y puedan valorarse al dictarse sentencia definitiva, para determinar si tienen repercusión en la validez de las pruebas de cargo, en específico, en la eficacia de las testimoniales de los agentes aprehensores, señalados como perpetradores de esas conductas violatorias de los derechos humanos. 2. Reiterara la vista que dio al agente del Ministerio Público de la Federación, a fin de que investigue la procedencia de las lesiones presentadas por los sentenciados, así como los actos de tortura que éstos denunciaron haber sufrido por parte de sus aprehensores. De lo anterior destaca que la práctica de los exámenes médicos y psicológicos referidos constituye el presupuesto para la emisión de la sentencia de la causa penal natural, pues en dicha resolución deberían valorarse a efecto de determinar la licitud de las pruebas de cargo. En ese contexto, de la causa penal natural, en lo conducente, se desprenden los siguientes antecedentes: En auto de cuatro de diciembre de dos mil catorce, se ordenó la reposición del procedimiento en los términos destacados, en particular, respecto del aquí quejoso, por lo que se ordenó la práctica de exámenes psicológicos y médicos en conformidad con el Protocolo de Estambul (fojas 1183 a 1185 del tomo II de pruebas). En proveído de ocho de diciembre de dos mil catorce, se tuvo designados peritos médicos legista y en materia de psicología, por lo que se ordenó citarlos a que aceptaran y protestaran dicho cargo ( foja 1196 del tomo II de pruebas). En acuerdo de nueve de diciembre de dos mil catorce, se ordenó regularizar el procedimiento para el efecto de que las partes manifestaran si era su deseo señalar perito en las materias en comento (foja 1202 del tomo II de pruebas). En auto de once de diciembre de dos mil catorce, se suspendió la reposición del procedimiento hasta en tanto se resolviera el juicio de amparo promovido por la defensa contra la resolución que ordenó tal insubsistencia, en virtud de que se había concedido dicha medida cautelar en la instancia constitucional referida (foja 1217 tomo II de pruebas). En auto de veinticinco de agosto de dos mil quince, se levantó la suspensión del procedimiento y se ordenó continuar con la reposición de éste, por lo que se requirió de nueva cuenta girar oficios a efecto de que se designaran peritos para la realización de los peritajes en términos del Protocolo de Estambul, en virtud de que los que habían sido designados no constaba que tuvieran los conocimientos técnicos necesarios, asimismo, se admitió la prueba pericial ofrecida por la representación social, por lo que, de igual manera, se ordenó girar oficio para que se designaran peritos en materias médico legal y psicología (fojas 1552 a 1555 del tomo II de pruebas). En determinación de tres de septiembre de dos mil quince, se ordenó girar oficio al rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas a efecto de que designara peritos en materias médico legista y psicología, en virtud de que el Subdirector de Asuntos Jurídicos de Servicios de Salud en Zacatecas había informado la imposibilidad para tal efecto (foja 1569 del tomo II de pruebas). En auto de quince de septiembre de dos mil quince, se tuvo designada a Teresa Cortés Hidalgo como perito en materia de psicología por parte del Ministerio Público y se requirió la aceptación y protesta de dicho cargo (foja 1599 del tomo II de pruebas). El quince de octubre de dos mil quince, se tuvo a Dagoberto Muñoz Álvarez como perito en medicina legal por parte del Ministerio Público y se requirió la aceptación y protesta de dicho cargo; asimismo, se requirió a los peritos Ivonne Nava García y Ezequiel Peláez Ruiz, quienes habían sido propuestos en diversas causas, para que elaboraran la cotización de honorarios respecto de los dictámenes ordenados sobre los sentenciados por los cuales se repuso el procedimiento (foja 1649 del tomo III de pruebas). El cinco de noviembre de dos mil quince, se ordenó remitir las cotizaciones honorarios solicitadas para que fueran autorizadas por el Consejo de la Judicatura Federal (foja 1733 tomo III de pruebas). El ocho de diciembre de dos mil quince, se admitieron las pruebas de inspección judicial y de informe de autoridad ofrecidas por la defensa del quejoso (foja 1774 del tomo III de pruebas). El cinco de abril de dos mil dieciséis, se requirió a los peritos designados por la representación social en relación con las pruebas periciales relativas al Protocolo de Estambul, para que en el plazo de tres días señalaran la fecha en la que examinarían a los inculpados (entre ellos al quejoso), sin que dicha fecha pudiera exceder de dos meses posteriores a que fueran notificados; además, se apercibió al agente del Ministerio Público Federal adscrita diera celeridad al desahogo de dicha probanza. Por último, se solicitó a la Secretaría Técnica de Patrimonio Inmobiliario y Asuntos Periciales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Ejecutiva del Pleno y de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal para que informara sobre la autorización o no de los peritos Ivonne Nava García y Ezequiel Peláez Ruiz (foja 1879 del tomo III de pruebas). El once de abril de dos mil dieciséis, se negaron las fechas propuestas para el desahogo de la prueba pericial en relación con los actos de tortura alegados ofrecida por la representación social, al estimarse excesivas, por lo que se requirió para que se señalara una nueva fecha, que no excediera dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la notificación de la determinación (foja 1895 del tomo III de pruebas). El dieciocho de abril de dos mil dieciséis, se determinó que no ha lugar a acordar de conformidad la imposibilidad referida por el perito del Ministerio Público Dagoberto Muñoz Álvarez, ya que desde que había aceptado el cargo se mantuvo pasivo en relación con el desahogo de la prueba y la carga de trabajo no excluía el compromiso procesal que realizó; por lo que se dio vista a la representación social de la adscripción para que diera celeridad a la prueba y se apercibió que, en caso de que los peritos oficiales rindieran sus dictámenes y se encontraran ratificados, y la defensa solicitara el cierre de instrucción, se tendría desahogada la prueba pericial únicamente con esas opiniones. Además, se tuvieron autorizados los honorarios de los peritos oficiales referidos, por lo que se les tuvo designados, se requirió la aceptación y protesta del cargo, así como la fecha en la que realizarían los estudios correspondientes, en particular, en relación con el quejoso (foja 1926 del tomo III de pruebas). El veintiuno de abril de dos mil dieciséis, se tuvo aceptado el cargo al perito Ezequiel Peláez Ruiz y se señaló el dos de mayo de dos mil dieciséis para que realizara el examen de los inculpados en el centro de reclusión varonil en Cieneguillas, Zacatecas (foja 1939 del tomo III de pruebas). El dos de mayo de dos mil dieciséis, se tuvo aceptado el cargo a la perito Ivonne Nava García y se señalaron los días diecinueve y veinte siguientes para que realizara el examen de los inculpados en el centro de reclusión varonil en Cieneguillas, Zacatecas (foja 1957 del tomo III de pruebas). El diez de mayo de dos mil dieciséis, se señaló el veinte siguiente para que el perito del Ministerio Público Dagoberto Muñoz Álvarez examinara a los inculpados, en particular, al quejoso; asimismo, en relación con la perito Teresa Cortez Hidalgo se señaló el veintiocho de ese mes y año para los efectos anteriores (fojas 1972 a 1976 del tomo III de pruebas). El diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, se tuvo rendido el dictamen del perito Ezequiel Peláez Ruiz, en relación con el quejoso, entre otros inculpados (foja 2083 del tomo III de pruebas). El siete de julio de dos mil dieciséis, se tuvo rendido el dictamen del perito Ezequiel Peláez Ruiz, en relación con el procesado Luis Hernández Bautista. El dos de agosto de dos mil dieciséis, se requirió al resto de peritos designados para que informaran si habían realizado las valoraciones encomendadas en términos del Protocolo de Estambul (foja 2183 del tomo III de pruebas). El trece de septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo recibido el dictamen de la perito Ma. Guadalupe Galván Pérez en relación con el procesado Jesús Humberto Gómez Ruíz (foja 2296 del tomo III de pruebas). El veintiséis siguiente de dos mil dieciséis, se tuvo rendido el peritaje de Ivonne Nava García en relación con los procesados Luis Hernández Bautista, Antonio Rodríguez Ruíz, René Cisneros Varela y el aquí quejoso (foja 2393 del tomo III de pruebas). El dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, se tuvo rendido dictamen de la perito Janice Rubio Covarrubias en relación con el procesado Jesús Humberto Gómez Ruíz o Jesús Rodríguez Ramos (foja 2623 del tomo III de pruebas) El veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, los peritos Ezequiel Peláez Ruiz e Ivonne Nava García ratificaron los dictámenes que emitieron (foja 2634 del tomo III de pruebas). Posteriormente, en auto de seis de septiembre de dos mil diecisiete, se ordenó dar vista al Coordinador General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República a efecto de que se conminara al perito Dagoberto Muñoz Álvarez a efecto de que cumpliera con la emisión de los dictámenes encomendado (foja 3432 del tomo V de pruebas). En auto de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete (foja 5392 del tomo V de pruebas), se tuvo rendido el peritaje del médico Dagoberto Muñoz Álvarez, respecto del procesado Jesús Humberto Gómez Ruíz y se ordenó su ratificación a través del método de videoconferencia Así, resulta claro que a la fecha en que el quejoso presentó la demanda de amparo (diez de octubre de dos mil diecisiete) se encontraba pendiente de desahogar las pruebas periciales relacionadas con los hechos de tortura que alegaron los inculpados, de ahí que ello constituya una imposibilidad del juez de origen de dictar la sentencia correspondiente en la causa penal referida; máxime que como se vio, la responsable ha impulsado el procedimiento a efecto de lograr el desahogo de dicha probanza, pues ha conminado a los peritos involucrados, a sus superiores jerárquicos y a la representación social para que actúen con celeridad; no obstante, se advierte que el desahogo de la prueba resulta complejo dada la pluralidad de inculpados, así como el hecho de que se encuentran en distintos lugares de reclusión y que una parte de los peritajes han tenido que ser ratificados por medio de videoconferencia. Máxime que, como se destacó, el procedimiento quedó paralizado en cuanto a su reposición por la suspensión otorgada en un amparo promovido por la defensa de los inculpados, entre ellos, el amparista. Así, en virtud de que los efectos de la reposición del procedimiento decretada conllevan principalmente la obligación de desahogar los medios de prueba destacados respecto de cada uno de los inculpados, ya que pueden incidir en la sentencia que se dicte, al tener como objetivo dilucidar la licitud de las pruebas de cargo; resulta indudable que no puede dictarse dicha resolución hasta en tanto se recaben aquéllos en los términos legales. Por tanto, sin el desahogo de los medios de prueba en comento, en su totalidad, no es posible que se dicte una sentencia. Estimar lo contrario, equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales, convencionales y legales que rigen la función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función dado que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, aunado a que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. Máxime que el desahogo de las pruebas que la ley impone como obligación al juzgador a fin de llegar a la verdad de los hechos, tiene que ver con el derecho a la defensa del procesado (pues pueden incidir en la valoración de los elementos de las pruebas de cargo), mismo que debe ser preferente en contraste con el diverso derecho de la impartición de justicia pronta y expedita; así el juzgador responsable no puede dejar de observar los principios constitucionales y legales con motivo de la aplicación del principio pro personae, pues produciría un estado de incertidumbre en los justiciables. Es ilustrativa al respecto la jurisprudencia 56/2014 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 772 del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, Décima Época, que dice: PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Aunado a que si el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece diversas garantías en favor de los acusados de la comisión de un delito, como las de defensa adecuada, debido proceso y pronta impartición de justicia. Empero, cuando en dicho procedimiento existen pruebas en beneficio del procesado cuyo desahogo está pendiente, se imposibilita el dictado de la sentencia en el plazo que señalan aquellos dispositivos, por lo que no es dable dictarla en aras de privilegiar la celeridad del procedimiento, pues el derecho fundamental de defensa adecuada prevalece sobre la de justicia pronta, por ser más favorable a los intereses del oferente, siendo menester desahogar las probanzas ofrecidas y admitidas, aun cuando se rebasen los plazos legales señalados en la norma adjetiva. Lo contrario, acarrearía graves perjuicios al quejoso, al verse compelido a ajustar su defensa al breve tiempo de que dispondría para ello, acorde con los plazos del procedimiento sumario, lo que a su vez infringiría la garantía de debido proceso e implicaría denegación de justicia. Es aplicable al respecto la jurisprudencia III.1o.P. J/13 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la página 980 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, de rubro y texto siguientes: DEFENSA, GARANTÍA DE. TIENE PREFERENCIA SOBRE OTRAS GARANTÍAS DEL REO. Si bien es cierto que la fracción VIII del apartado A del artículo 20 constitucional, señala que los acusados de algún delito serán juzgados antes de cuatro meses si se trata de delitos cuya pena máxima no excede de dos años de prisión y antes de un año si la pena máxima excediera de ese tiempo, también lo es que si la defensa de un procesado ofrece en favor de éste diversas pruebas cuyo periodo de desahogo hace imposible que se dicte sentencia en los plazos que señala la mencionada fracción, es claro que deberán desahogarse las probanzas ofrecidas y admitidas, aun cuando se rebasen los términos ya señalados, dado que al estar frente a dos garantías consagradas por la Constitución en favor del gobernado, como son las establecidas en las fracciones V y VIII del ya mencionado apartado A del artículo 20 de la Carta Magna, y debiendo anteponer unas a las otras, lógicamente deberán prevalecer las que favorezcan más a dicho gobernado, es decir, las de audiencia y defensa sobre la de pronta impartición de justicia, pues lo contrario acarrearía graves perjuicios en contra de éste, al verse compelido a ajustar su defensa al corto tiempo de que dispondría para ello, de acuerdo con la mencionada fracción VIII del apartado y artículo constitucional aludidos, lo que implicaría una verdadera denegación de justicia. En esas condiciones, si el retardo en el dictado de la sentencia definitiva del proceso penal natural, obedece a preservar el debido proceso y evitar alguna violación procesal que afecte al quejoso, la actuación del juez responsable no resulta ilegal, pues el derecho de defensa adecuada prevalece sobre la de justicia pronta, por ser más favorable a los intereses del oferente. Bajo esas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer y no advertir motivo alguno por el que deba suplirse la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, se impone negar el amparo y la protección de la justicia federal solicitados. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo vigente, se; RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la Unión NO Ampara ni Protege a Rogelio Aguilar Santoyo, contra el acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando segundo, por los motivos vertidos en el diverso quinto de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado CERTIFICO: Que se encuentran fijadas las nueve horas con cincuenta minutos de este día para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que el trece de diciembre de este año, se notificó a las partes el proveído de doce del propio mes y año, por el que se dio vista con las constancias remitidas por la autoridad responsable, juez Segundo de Distrito en el estado, con sede en esta ciudad. En tal virtud, para dar oportunidad a que transcurran los ocho días a que se refiere el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de dichas constancias, y no queden en estado de indefensión; SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Lo anterior encuentra apoyo, en la Jurisprudencia número P./J. 54/2000, publicada en la página 5, del Tomo XI, Abril de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Regina.

  4. Principal

    El doce de diciembre de dos mil diecisiete, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 16406 y anexos que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, doce de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio signado por el Juez Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copias certificadas de los tomos I, II y III del original del proceso penal 8/2014; por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como pruebas de la mencionada autoridad las indicadas documentales, mismas que se tienen admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza jurídica, sin perjuicio de su relación que se haga nuevamente en la etapa procesal que corresponda, con las que se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, hasta antes de la audiencia constitucional. Dado el volumen de las citadas actuaciones, para facilitar el manejo del expediente en que se actúa, se ordena formar cuaderno de pruebas por separado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Bjm

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