Rogelio Campa Ambriz

Expediente 125/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
125/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • Rogelio Campa Ambriz
  • Luz María Pérez Durán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    CAUSA ESTADO EL AUTO POR EL QUE SE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, POR LO QUE SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO.

  2. Principal

    El veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, certifica que: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del artículo 3, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Sí se tramitó incidente de suspensión, en el cual se concedió la suspensión definitiva. Si existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con el estado de autos y con el oficio registrado con el folio 3166. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que suscribe la Secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que adjunta testimonio autorizado de la resolución pronunciada por la Alzada, dentro del amparo en revisión penal 518/2022; los autos del juicio de amparo 809/2021 y dos tomos de prueba. Acúsese el recibo de estilo, agréguese el cuaderno de antecedentes, previa extracción de las constancias con que se formó y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora, mediante la ejecutoria de mérito se confirmó el fallo emitido por este juzgado, en el que se negó el amparo y protección de la justicia federal. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es DEPURABLE, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de veintiséis de agosto de dos mil veinte; en razón de que se concedió la suspensión provisional y definitiva, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por lo que una vez que transcurran los tres años, que establece el artículo 18 del precitado acuerdo, dentro de los noventa días siguientes llévese a cabo el proceso de depuración e inclúyanse en el acta de transferencia correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Respecto al duplicado, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del aludido acuerdo. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable los dos tomos de pruebas que en su momento remitió consistentes en el Toca Penal 139/2021 y cuaderno de apelación derivado de la Causa Penal 576/2017. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. REBB* En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe. 19794 y 19795 . Notifíquese.

  3. Principal

    ... "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda de amparo, se desprende en esencia que la parte quejosa señala como acto reclamado el oficio 785/2022, suscrito por la Fiscal adscrita a la Unidad de Tramitación Masiva de Casos del Distrito Judicial de la Capital, de veinte de septiembre de dos mil veintidós, dirigido al Juzgado Tercero del Ramo Mercantil del estado de Zacatecas, a fin de que le remitieran los documentos consistentes en original del pagaré base de la acción del Juicio Mercantil Ejecutivo 545/2016, promovido por Abel Rodríguez Herrera, José Juan Álvarez Ledesma y Jaime Ollervidez González, en su carácter de endosatarios en procuración de la entidad Dispersora de Crédito, Irrigación y Obras Hidráulicas, Sociedad Anónima de Capital Variable, otorgada por Alma Rosa Ollervidez González; así como la contestación de demanda de dieciséis de junio de dos mil diecisiete realizada por Rogelio Campa Ambriz, para el desahogo de un dictamen pericial grafoscópico, esto es, un acto de investigación dentro de una carpeta de investigación. Ahora bien, respecto de los citados actos reclamados, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, y 5º, fracción I, de la Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". La primera de las normas transcritas establece, entre otras cuestiones, que el juicio es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, hipótesis legal que encuentra su origen en lo establecido por la fracción I del artículo 107 constitucional, de conformidad con la cual el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que se sigue siempre a instancia de parte agraviada. Dicho principio es reglamentado por el artículo 5, fracción I, de la ley de la materia al disponer, en lo conducente, que son partes en el juicio de amparo el quejoso, es decir, la persona que aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de tal legislación y produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, cabe señalar que acorde a lo preceptuado por el numeral 21 constitucional, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. Igualmente, faculta al citado representante social para ejercer la acción penal ante los tribunales. Así, el Ministerio Público puede definirse como aquella organización de funcionarios que tanto a nivel federal como local tienen la encomienda de representar los intereses sociales en diversos procesos, y cuya actividad fundamental consiste en accionar el ejercicio de la jurisdicción para que se subsanen los daños que como consecuencia de diversas conductas haya resentido la sociedad, y esta actuación del Ministerio Público no solamente se concreta al ámbito penal, sino que su actuación también es válida en juicios civiles y familiares, donde funge como representante de menores y ausentes, y se constituye como parte principal en juicios donde se defienden los intereses patrimoniales del Estado. De lo cual es posible aseverar que el desahogo de diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado, porque el Ministerio Público, al realizar actos inherentes a su función, tales como la integración de la carpeta de investigación y la posterior judicialización mediante la solicitud de la citación para la celebración de la audiencia inicial, que se reclaman en esta instancia constitucional, no hace sino cumplir con una función de su cargo, lo cual es de orden público e interés social. Y en esa guisa, los aludidos actos reclamados por la parte quejosa, no son sino aquellos procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se reviste del carácter de acto de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de agravio al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Máxime que el quejoso refiere que no es parte en la carpeta de investigación. Robustece las razones plasmadas la tesis II.2o.P.51 P (10a.), con registro 2015368, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, octubre de 2017, Tomo IV, con el rubro y contenido siguientes. "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiene como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en en el artículo 61, fracción XII, y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo en relación a los actos reclamados, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por Roberto Genaro Campa Ambriz, por propio derecho, con fundamento en lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. ...

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas; a través del cual informa, las gestiones realizadas para lograr el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, una vez que la autoridad correspondiente dé cumplimiento total al fallo protector de amparo, se acordará lo conducente en cuanto a la vista prevista en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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