Rodrigo Solís Magallanes

Expediente 1079/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1079/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
14/02/2018

Partes del expediente

  • Rodrigo Solís Magallanes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    En catorce de febrero de dos mil dieciocho, se da cuenta con lo siguiente: El oficio registrado con el número 2917 y anexo que se acompaña. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos originales por devolver a la promovente del amparo. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, catorce de febrero de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la secretaria de Acuerdos adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en el estado, con residencia en esta ciudad, al que acompaña testimonio de la ejecutoria de ocho del mes y año en curso, dictada en el recurso de queja civil 5/2018-5, de cuyo punto resolutivo único se advierte que el Pleno del Tribunal Federal en mención, declaró infundado el recurso de queja interpuesto por Rodrigo Solís Magallanes , contra el auto de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, por el que se desechó de plano la demanda de amparo planteada. Acúsese el recibo correspondiente. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívense los autos. En su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe. k.

  2. Principal

    En diez de enero de dos mil dieciocho, se da cuenta con un oficio registrado con el folio 358.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diez de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que transcribe el actuario judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta capital, de cuyo contenido se desprende que la Superioridad admitió el recurso de queja que hizo valer la parte quejosa, contra el auto de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, dictado por este Juzgado Federal, dentro del juicio de amparo en que se actúa, el cual se registró bajo queja número 5/2018-5 de su índice. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe. Karla

  3. Principal

    El cuatro de enero de dos mil dieciocho, se da cuenta con los escritos registrados con los números 65 y 66, el primero con cuatro copias que se acompañan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de enero de dos mil dieciocho. Agréguense a los presentes autos para que obren como correspondan los escritos signados por el autorizado de la parte quejosa licenciado Pascual Román Villagrana; en atención al contenido del registrado con el folio 65, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja contra el auto de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, por el que se desechó la demanda promovida por Rodrigo Solís Magallanes, contra actos del juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar de Fresnillo, Zacatecas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe sobre la materia de la queja que nos ocupa en el sentido de que ES CIERTO el acto reclamado, ya que efectivamente en el juicio de amparo que se actúa, se dictó el auto recurrido. Ahora, remítase copia certificada de la demanda de garantías con que se formó el presente expediente y del auto recurrido y su respectiva notificación; lo anterior, a fin de que sea substanciado el medio de impugnación de que se habla en párrafos precedentes, debiendo acompañase el original del escrito de expresión de agravios respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, en atención al contenido del diverso ocurso registrado con el folio 66, por el que solicita la suspensión provisional a fin de que no se ejecute el acto reclamado, dígasele al ocursante que no ha lugar a acordar de conformidad la petición realizada, en razón a que mediante auto de diecinueve de diciembre pasado, se desechó la demanda promovida y, si bien es cierto tal proveído no ha sido declarado firme, lo cierto es que el incidente de suspensión deriva del juicio principal, aun cuando se lleve por cuerda separada, lo que se traduce en que sigue la suerte del principal, luego, ello impide que este órgano jurisdiccional legalmente se pronuncie respecto a su petición, por virtud de que no se admitió a trámite el juicio de amparo, y por ende, no existe posibilidad de emitir determinación en relación con la suspensión. NOTIFIQUESE. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe. Rosy

  4. Principal

    En veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, se da cuenta con el escrito registrado bajo el folio 17099 y copias que se adjuntan.- Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Rodrigo Solís Magallanes, por el que a fin de dar cumplimiento a los requerimientos realizados en proveído de diecinueve del mes y año en curso, manifiesta que el acto reclamado que le atribuye al Juez Primero de Primera Instancia del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, es el auto de trece de diciembre de dos mil diecisiete. Y más adelante refiere, que el citado auto deriva de la interlocutoria de diecisiete de octubre del año dos mil dieciséis, consistente en el requerimiento de firmar una cesión de derechos respecto a un bien inmueble, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, el juez responsable lo haría. DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora bien, a juicio de quien aquí resuelve, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Rodrigo Solís Magallanes, por su propio derecho, dado que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no agotó el principio de definitividad; como se explicará a continuación. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo se reproduce: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" El precepto legal transcrito contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, conforme al cual, previo a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar los medios ordinarios de defensa que tenga a su alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues, de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior se desprende que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se han agotado los recursos ordinarios a través de los cuales se puedan modificar, revocar o anular los actos reclamados; por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones recurribles. Es respaldo de lo considerado, la jurisprudencia que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Como excepciones al principio en comento, la fracción citada establece cuatro supuestos: a) Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa a las fuerzas armadas; b) cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) cuando el amparo sea solicitado por terceros extraños al juicio; y, d) cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. A su vez el artículo 367 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas determina lo siguiente: "Artículo 367. Las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que la dicta. Los autos y proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, cuando la ley no establezca expresamente la procedencia de otro recurso, o disponga que no son recurribles". Del precepto transcrito, se obtiene que los autos y proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicte o que los substituya, sin hacer distinción sobre el momento procesal en que se emitan, es decir, es aplicable para los autos dictados dentro del juicio o bien concluido este, siempre que la ley no establezca de manera expresa la procedencia de otro recurso, o bien, que no sean recurribles. Como se indicó, el acto reclamado consiste en el proveído de trece de diciembre de dos mil diecisiete, derivado del juicio de divorcio voluntario 14/2012, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar de Fresnillo, Zacatecas. En éste, el juez da cumplimiento a la interlocutoria de diecisiete de octubre del presente año, dictada en el procedimiento de ejecución, consistente en el requerimiento de firmar una cesión de derechos respecto a un bien inmueble, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, el juez responsable lo haría. Sin embargo, contra dicho auto procede el recurso de revocación, en términos del artículo 367, del citado ordenamiento, pues no se encuentra establecido de manera expresa la procedencia de diverso medio de impugnación, de ahí que el solicitante del amparo, previo a la promoción del juicio constitucional, debió agotar ese medio de impugnación. Sin que en el caso se esté ante alguna de las excepciones al principio de definitividad, por lo siguiente: El quejoso no es tercero extraño al juicio natural, pues compareció a éste en su calidad de demandado. El auto reclamado no importa riesgo de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. El acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión; auto de vinculación a proceso; resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso (salvo la sentencia definitiva en el proceso penal). La procedencia del recurso no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para determinarla. No es óbice a lo anterior, el hecho de que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pero siempre que con anterioridad se agoten los medios ordinarios de defensa que procedan en su contra, ya que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del amparo, tal como lo establece la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la tesis aislada, que prescriben: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.- De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CONTRA ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, FUERA DE JUICIO O DESPUÉS DE CONCLUIDO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO PROCEDENTE CUANDO SEA DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, RESULTE IDÓNEO, EFICAZ Y SE RESUELVA EN UN TIEMPO RAZONABLE AUNQUE NO TENGA EL EFECTO DE SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo dispuesto en la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos jurisdiccionales cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deberán agotarse previamente los recursos que en su caso procedan, y no se establece expresamente como excepción a esta obligación legal que dichos recursos deban suspender o no el acto reclamado, como sí acontece tratándose de los actos previstos en la diversa fracción IV del mismo precepto para la materia administrativa. Por otro lado, mediante la jurisprudencia 1a./J. 44/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.", se definió que los actos de ejecución irreparable no se ubican en un supuesto de excepción al principio de definitividad. En consecuencia, se deduce que, tratándose de actos de tribunales judiciales en materia civil, previo a la promoción del juicio de amparo contra actos dictados en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deben agotarse los recursos que en su caso procedan conforme a la ley procesal que rija la actuación del órgano jurisdiccional responsable, siempre que por su forma de tramitación sea inmediata, resulte idóneo, eficaz y se resuelva en un tiempo razonable aunque no tenga como consecuencia la suspensión inmediata de la ejecución y consecuencias de la resolución materia del recurso porque sólo se admita en el efecto devolutivo y no en el suspensivo". Consecuentemente, es indudable que lo procedente es DESECHAR DE PLANO y sin mayor trámite la demanda de garantías promovida por Rodrigo Solís Magallanes, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 113, en relación con el numeral 61, fracciones XVIII de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe.

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