Rodrigo Villaseñor Aguilar

Expediente 951/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
951/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
28/02/2019

Partes del expediente

  • Talía Coria Mendoza, Delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Michoacán.
  • Rodrigo Villaseñor Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Causa ejecutoria sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal la sentencia dictada en el presente juicio; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se sobreseyó en el juicio, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otra parte, en el incidente de suspensión se negó la provisional y la definitiva; en consecuencia, dichos cuadernos son susceptibles de destrucción, por lo que una vez que transcurran seis meses, destrúyanse. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 821/2018. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. SE ADMITE LA DEMANDA. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por Rodrigo Villaseñor Aguilar, por propio derecho; contra actos de Talía Coria Mendoza, Delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otra autoridad. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Acorde con lo establecido por los artículos 5, fracción IV, 24 y 110 de la ley de la materia, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le corresponde, y déjese a su disposición copia de la demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En términos de lo establecido por el artículo 115 del cuerpo de leyes en cita, se ordena la apertura del incidente de suspensión de los actos reclamados, por duplicado y separado. INFORME JUSTIFICADO. Requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que, en términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo rindan su informe con justificación bajo los siguientes términos y condiciones: a) dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa; b) es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de audiencia constitucional; c) oportunidad en la que deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copia certificada, íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo; De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a las autoridades responsables con la aplicación de multa por el equivalente de cien Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación: I) En caso de ser omisas en proporcionar el domicilio de los terceros interesados; II) En el supuesto de que se nieguen a recibir las notificaciones derivadas del juicio; y III) Se abstengan o sea omisas en rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Esta última sanción se aplicará al resolverse el fondo del asunto con independencia de presumir ciertos los actos reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a las autoridades señaladas como responsables que si del contenido de su informe se advierte que afirmaren una falsedad o negaren la verdad; o, en su caso remitieren constancias equivocadas, podrán ser sancionada en los términos que señala el indicado artículo. Hágase del conocimiento de las partes que cuando tengan conocimiento de la actualización de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato y, de ser posible, acompañar las constancias que lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días de Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, cuyo valor fue publicado el veintiocho de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. En el mismo sentido, las partes que tengan conocimiento del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, deberán comunicarlo en forma inmediata a este órgano jurisdiccional, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 242 de la Ley de Amparo. AUTORIDAD INEXISTENTE. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a la autoridad responsable (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79, de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe al peticionario que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite, se les tendrá por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con ellas; en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable. Lo anterior en mérito a que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, lo que guarda armonía en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga lugar la audiencia constitucional en el local de este juzgado, conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la ley de la materia. NO GIRAR COMUNICACIÓN DE NUEVO SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Sin que sea necesario girar oficio a las autoridades responsables a fin de notificar el señalamiento de nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, pues dicha determinación carece de trascendencia y por tanto, no amerita la notificación personal a la que equivale una comunicación mediante oficio de ahí que, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la hora y fecha que nuevamente se señale para ese efecto, la podrán consultar en la página de internet http.//www.dgepj.cjf.gob.mx//internet/acuerdo/acuerdini.asp Es aplicable la jurisprudencia 2a./J, 176/2012 emitida por emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 1253, libro XVI, tomo 2, enero de dos mil trece, décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." TERCERO INTERESADO. En ese orden, en términos de los normativos 5°, fracción III, inciso c), 26, fracción I, inciso b) y 116 de la Ley de Amparo, se reserva proveer respecto al llamamiento a juicio del tercero interesado que pudiera surgir en el presente juicio de amparo, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, hasta en tanto se reciba el informe justificado. PRUEBAS. Con apoyo en el precepto legal 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba de su parte las documentales que anexa a su escrito de demanda, mismas que por su propia naturaleza se tienen por rendidas y desahogadas, sin perjuicio relacionarlas en la audiencia constitucional y tenerlas por recibidas en ese acto, y considerando que exhibió copias para que sean agregadas a los cuadernos incidentales, de oficio se ordena su compulsa. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como su autorizado a la persona que refiere en su escrito de demanda, únicamente para recibir notificaciones, e imponerse de los autos, hasta en tanto acredite estar facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  3. Incidental

    Morelia, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. TRÁMITE DEL INCIDENTE. En cumplimiento a lo ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con las copias de la demanda de amparo que anteceden y de los escritos de cumplimiento, con fundamento en los artículos 125, 127, 128, 138, 163 y 166 de la Ley de Amparo, fórmese y tramítese por duplicado el incidente de suspensión de los actos reclamados del juicio de amparo, promovido por Rodrigo Villaseñor Aguilar, por propio derecho, contra actos de Talía Coria Mendoza, Delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otra autoridad. INFORME PREVIO. En acatamiento a lo establecido por los diversos 138, fracción III y 140 de la ley de la materia, remítase copia de la demanda a las autoridades señaladas como responsables y requiérase su informe previo que deberán rendir en el plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS, en el que señalarán: 1. Si son ciertos o no los actos reclamados que se les atribuyen. 2. Podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión; y 3. Deberán proporcionar los datos que permitan establecer el monto de las garantías correspondientes. De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 245 y 260, fracción I, de la ley de la materia, se apercibe a las autoridades responsables con la aplicación de multa por el equivalente de cien a mil Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación: I) En caso de que se nieguen a recibir las notificaciones derivadas del juicio de amparo; o II) Se abstengan o sean omisas en rendir el informe previo o lo hagan sin remitir, en su caso, los datos solicitados en supralíneas. Esta última sanción se aplicará al celebrar la audiencia incidental con independencia de presumir ciertos los actos reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a las autoridades señaladas como responsables que si del contenido de su informe se advierte que afirmaren una falsedad o negaren la verdad; o, en su caso remitieren constancias equivocadas, podrán ser sancionadas en los términos que señala el indicado arábigo. AUTORIDADES INEXISTENTES. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79, de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la peticionaria que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indican en su demanda, sin mayor trámite, se les tendrá por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con ellas; en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables. Lo anterior en mérito a que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, lo que guarda armonía en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia incidental. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: La emisión, la notificación y la ejecución de la orden de inspección, con número expediente PFPA/22.3/2C.27.3/00064-18. PRUEBAS. En términos del artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa la documental que anexa a su escrito de demanda; la que se tiene por admitida y desahogada dada su naturaleza, sin perjuicio de recibirla en la audiencia incidental. SE NIEGA SUSPENSIÓN. Es menester precisar que para que proceda conceder la suspensión del acto reclamado, de conformidad con el dispositivo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 128 de la Ley de Amparo, se requiere tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. Que el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza sea susceptible de suspenderse; 2. Que exista la solicitud del agraviado; 3. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En ese orden, SE NIEGA a la parte quejosa la suspensión provisional que solicita, respecto de los actos reclamados referidos, toda vez que los mismos tienen el carácter de consumados, de ahí, que conceder la medida cautelar equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie. En apoyo al anterior criterio es de invocar la tesis de jurisprudencia número II.3º J/37, visible en la página 51, Tomo 60 Diciembre de 1992, Materia Común, de los Tribunales de Circuito Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "ACTOS CONSUMADOS, SUSPENSION IMPROCEDENTE.- Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios, que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

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