Rodrigo Santiago Márquez
Expediente 112/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 112/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rodrigo Santiago Márquez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Quejoso informa causa de sobreseimiento. Agréguese el escrito signado por el quejoso Rodrigo Santiago Márquez, mediante el cual, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, hace del conocimiento de la existencia de una causa de sobreseimiento, pues fue despedido del cargo de jefe de causa del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zitácuaro, Michoacán; por lo que refiere que no tendría caso interponer recurso de queja en contra del auto de doce de febrero pasado. Lo anterior, sin que haya lugar a mayor trámite, en razón de que mediante dicho proveído de doce de febrero, se desechó la demanda de amparo al actualizarse una causa de improcedencia. No obstante lo anterior, dígasele que una vez que transcurra el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, se proveerá lo conducente con relación al auto de desechamiento. Notifíquese a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de febrero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 112/2021. De conformidad con el Acuerdo General 37/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de octubre de dos mil veinte, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. DESECHAMIENTO. Vista la demanda de amparo promovida por Rodrigo Santiago Márquez, contra actos del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, del Consejo del Poder Judicial, y de la Directora de Gestión del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, de la Región Zitácuaro, todos con residencia en esta ciudad, a quienes reclama: El acuerdo de cuatro de febrero del año en curso, que le fue notificado mediante oficio número DG/119/2021, en el que da contestación de forma negativa a su petición de fecha tres de febrero del año en curso, a fin de que se le autorice el permiso con goce de sueldo para ausentarse de su empleo, ostentando el cargo de Jefe de Causa del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, los días 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 22 y 23 de febrero de la presente anualidad, toda vez que, padece de hipertensión arterial y ante los tiempos y crecimiento de contagios de COVID19, que existen en dicha región, tiene el temor de contagiarse, por ser una persona vulnerable y en riesgo de contagio. Como se advierte del acto reclamado, el quejoso acude a esta instancia constitucional en calidad de trabajador dependiente del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, a efecto de reclamar la negativa en el otorgamiento de una licencia con goce de sueldo por los días 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 22 y 23 de febrero de la presente anualidad; acto que se rige por los artículos 142 y 149 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, los cuales señalan: "Artículo 142. Todo servidor público que deba ausentarse temporalmente deberá contar con licencia otorgada en los términos de este capítulo. En toda solicitud de licencia deberán expresarse por escrito las razones que la motivan. Artículo 149. Las licencias de los demás servidores públicos del Poder Judicial que no excedan de diez días hábiles en el transcurso de un año, podrán ser concedidas con goce de sueldo, por el titular del órgano jurisdiccional o de la dependencia que corresponda, dando aviso a la Secretaría de Administración. Las que excedan de diez días serán acordadas por el Consejo sin goce de sueldo." Lo subrayado es propio. Precisado lo anterior, tal como lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 1°, fracción I, y 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal. Lo anterior es así, dado que en el caso concreto, las autoridades que fueron señaladas como responsables no tienen ese carácter para los efectos del juicio de amparo. Para corroborar lo anterior, conviene determinar cuándo se está en presencia de un "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" y para ello se requiere la presencia de mayores elementos, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Los elementos referidos en los anteriores incisos, no se satisfacen para tener como autoridades responsables a las señaladas, para los efectos del juicio de amparo que nos ocupa. Ello es así, tomando en cuenta que la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino constituye una contienda de índole laboral pues como lo refiere el quejoso bajo protesta de decir verdad desempeña el cargo de Jefe de Causa del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, quien conforme al organigrama del Poder Judicial del Estado de Michoacán, depende de la Dirección de Gestión del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Es decir, el quejoso pretende a través del juicio de amparo indirecto, lograr le sea otorgada una licencia con goce de sueldo reglamentada por los artículos 142 y 149 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán. En efecto, en la precisión que hace en el apartado relativo al acto reclamado refiere bajo protesta de decir verdad que mediante acuerdo de cuatro de febrero del año en curso, notificado mediante oficio número DG/119/2021, se le negó la petición que formuló el tres de febrero del año en curso, a fin de que se le autorizara permiso con goce de sueldo para ausentarse de su empleo los días 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 22 y 23 de febrero de la presente anualidad. Todo lo anterior, pone en evidencia que el reclamo que ahora pretende el quejoso no corresponde a esta vía constitucional, ya que entre éste y las autoridades responsables existe una relación laboral que se rige por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en sus aludidos artículos 142 y 149, así como por las Condiciones Generales de Trabajo 2019-2020 del Poder Judicial local, en los artículos 14, fracción XV, 16, fracción IX y del 39 al 45; ello pues lo que pretende es una prestación laboral -licencia con goce de sueldo- reconocida por esos ordenamientos, por lo que en su caso debe resolverse en primera instancia por los Tribunales laborales, no en el juicio de amparo. Luego, es evidente que el acuerdo impugnado no reviste el carácter de acto de autoridad, toda vez que las señaladas en el presente asunto, no se ubican en una posición de supra a subordinación con la parte quejosa, pues la negativa de concederle el permiso o licencia con goce de sueldo por diez días que se duele en la presente instancia constitucional, son cuestiones que derivan de una relación laboral entre el quejoso y las responsables. Por ende, las omisiones o decisiones que se adopten en las instituciones oficiales, que tengan vinculación con este tipo de decisiones laborales, no pueden considerarse como actos de autoridad, sino como hechos o actos derivados de la relación laboral, en donde la respectiva institución actúa como patrón frente a sus empleados. Por tanto, si los actos reclamados son consecuencia del nexo laboral, entonces carecen de las particularidades para ser calificados como actos de autoridad. Por identidad jurídica, ilustra la tesis VI.2o.9 L, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, BAJA DE LOS. NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. El cese de un trabajador al servicio del Poder Judicial del Estado de Puebla por parte del titular de un juzgado, no constituye de acuerdo con su naturaleza un acto de persona de derecho público o de autoridad, sino un acto de particular, pues al darse por concluidas las relaciones de trabajo con el empleado, el mencionado juez no obró con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino como patrón; por lo que es incuestionable que el juicio de garantías en el que se reclamen actos de esa especie es improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 11 de la Ley de Amparo y 103, fracción I constitucional, así como 74, fracción III, del primero de los ordenamientos invocados." Así, resulta que el juicio de amparo no es el medio idóneo para combatir los actos que aquí se reclaman, en virtud que la inconforme tiene a su alcance la vía procesal ordinaria, tramitable ante las autoridades de trabajo competentes, para hacer valer sus derechos, de acuerdo al vínculo existente entre ella y las autoridades que señala como responsables, revistiendo en tales circunstancias el carácter de actos meramente entre particulares. Sirve de apoyo por las razones que expone, la tesis I.6o.T.26 L, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 347, tomo III, abril de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de suprasubordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito". Sin que obste a la anterior determinación el hecho de que el quejoso refiere que con la emisión del acuerdo reclamado se contraviene su derecho a la vida y a la salud, en razón de que las responsables no toman en cuenta que las razones que motivaron su petición es que padece de hipertensión arterial y ante los tiempos y crecimiento de contagios de COVID19, que existen en dicha región, tiene el temor de contagiarse, por ser una persona vulnerable y en riesgo de contagio. Para acreditar ese hecho exhibió la nota médica firmada por la doctora Yuriria Macswiney Borja adscrita al Hospital General Lázaro Cárdenas, sito en aquella ciudad, de fecha seis de febrero de dos mil veinte, de la que se advierte que es hipertenso de cinco años de evolución, así como de la constancia de asistencia de nueve de febrero de dos mil veintiuno, en la que se hace constar que el aquí quejoso compareció al servicio de medicina general por hipertensión arterial alta. Y que no toman en cuenta el Decreto suscrito por el Presidente de la República por el que se sanciona el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); en el que se dispuso: a. Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico; b. Suspender temporalmente las actividades escolares en todos los niveles, hasta el 17 de abril del 2020, conforme a lo establecido por la Secretaría de Educación Pública; y, c. Suspender temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo y hasta el 19 de abril del 2020. Asimismo se precisó que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las organizaciones de los sectores social y privado, deberán instrumentar planes que garanticen la continuidad de operaciones para el cumplimiento de sus funciones esenciales relacionadas con la mitigación y control de los riesgos para salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras, en particular los señalados en el inciso a) que antecede y de los usuarios de sus servicios. Sin embargo, debe decirse que el marco jurídico que regula la situación del quejoso frente al acto reclamado lo son los propios acuerdos emitidos por el Consejo del Poder Judicial del Estado, actualmente encontrándose vigente el Acuerdo General del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán que prorroga las acciones y medidas de carácter temporal sobre a contingencia de la propagación de la pandemia generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), derivado de la sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de fecha doce de febrero de dos mil veintiuno, en el que se emitió determinó: "(.) Acuerdo Primero. Con el objeto de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas, la propagación del virus SARS-CoV2 y romper la cadena de contagios, se prorroga la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales y en las áreas administrativas del Poder Judicial, los días 15, 16 y 17 de febrero de 2021, con excepción de los casos urgentes e inaplazables que no admiten espera, así como las actividades en materia de oralidad penal y de ejecución penal, que seguirán trabajando, sólo en modalidad de videoconferencia; al igual que el Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa. (.) Por lo que, es a esta disposición, derivada de la relación laboral que existe entre el quejoso y las responsables, la que rige la condición en la que habrá de realizar su actividad laboral el quejoso durante el plazo de suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales y en las áreas administrativas. Acuerdo del que incluso se advierte que no existe, de momento, un riesgo en la salud del quejoso, pues se declararon inhábiles los días quince, dieciséis y diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, que coincide con los relativos al permiso solicitado por el quejoso; aunado a que, si bien existe excepción para las actividades en materia de oralidad penal, estarán trabajado en modalidad de videoconferencia; de ahí que, de momento no se advierte una condición de riesgo para el quejoso. De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. Al ser improcedente la demanda de amparo, no se hace pronunciamiento sobre la suspensión de plano solicitada por el quejoso. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. Asimismo, desde este momento se instruye al actuario para que todas las notificaciones personales que resulten necesarias dentro del presente juicio, se realicen con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. ATENCIÓN A LAS PARTES. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 37/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, considerando el riesgo sanitario, se procurará encausar el procedimiento de manera que, tratándose de comunicaciones no procesales, se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. Por tanto, se les requiere para que proporcionen número telefónico y correo electrónico con el propósito de establecer contacto y generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten eficientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Asimismo, se pone a disposición de las partes el número telefónico 44 31 86 57 61, para brindar atención telefónica en el horario de 9:00 a 15:00, de lunes a viernes, exclusivamente para el trámite de su asunto, a través del mensaje de texto vía WhatsApp, para lo cual deberán proporcionar: Nombre completo y la calidad de parte; Imagen fotográfica de su identificación oficial; y, Número de expediente. La solicitud se responderá por la misma vía cuando las labores primordiales del Juzgado lo permitan. En el entendido que únicamente se atenderán los mensajes enviados por partes autorizadas para acceder a la consulta del expediente, en relación a información general del estado procesal de los autos. Cualquier otro tipo de petición no será atendida. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES Y OFICIOS. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizada (escaneado), directamente al correo electrónico del Juzgado. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del Juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda. Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Morelia, de nueva creación, la promoción u oficio, la cual está ubicada en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. PUBLICACIONES EN LISTA. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en el lugar que permita su consulta por los interesados. ATENCIÓN EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. De conformidad con las reglas previstas en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 37/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presencia física de las partes únicamente se admitirá: Cuando el órgano jurisdiccional lo determiné; y, Cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. APERCIBIMIENTOS. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubrebocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Vista la certificación de cuenta, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Roberto Lozano Vega, toda vez que tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; mientras que a los diversos José Manuel Santillán Arredondo y Karina García Pérez, únicamente para oír y recibir notificaciones hasta en tanto acrediten contar con la facultad para ejercer la profesión de abogados. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza a la parte quejosa para acceder vía internet al expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa, quien tiene como nombre de usuario "rlozanovega"; consecuentemente, comisiónese al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrito a este juzgado, a fin de que realice las gestiones correspondientes para dar la autorización respectiva con el nombre de usuario proporcionado. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. EXHORTA A LAS PARTES AL ESQUEMA DE JUICIO EN LINEA. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (Consulta de Expediente Electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberán de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 37/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifique electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. PRUEBAS. Con apoyo en el precepto legal 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba de su parte las documentales que anexa, mismas que por su propia naturaleza se tienen por rendidas y desahogadas. Notifíquese; y personalmente a las partes con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL AUTO DE DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE:Morelia, Michoacán, doce de febrero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 112/2021. De conformidad con el Acuerdo General 37/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de octubre de dos mil veinte, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. DESECHAMIENTO. Vista la demanda de amparo promovida por Rodrigo Santiago Márquez, contra actos del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, del Consejo del Poder Judicial, y de la Directora de Gestión del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, de la Región Zitácuaro, todos con residencia en esta ciudad, a quienes reclama: El acuerdo de cuatro de febrero del año en curso, que le fue notificado mediante oficio número DG/119/2021, en el que da contestación de forma negativa a su petición de fecha tres de febrero del año en curso, a fin de que se le autorice el permiso con goce de sueldo para ausentarse de su empleo, ostentando el cargo de Jefe de Causa del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, los días 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 22 y 23 de febrero de la presente anualidad, toda vez que, padece de hipertensión arterial y ante los tiempos y crecimiento de contagios de COVID19, que existen en dicha región, tiene el temor de contagiarse, por ser una persona vulnerable y en riesgo de contagio. Como se advierte del acto reclamado, el quejoso acude a esta instancia constitucional en calidad de trabajador dependiente del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, a efecto de reclamar la negativa en el otorgamiento de una licencia con goce de sueldo por los días 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 22 y 23 de febrero de la presente anualidad; acto que se rige por los artículos 142 y 149 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, los cuales señalan: "Artículo 142. Todo servidor público que deba ausentarse temporalmente deberá contar con licencia otorgada en los términos de este capítulo. En toda solicitud de licencia deberán expresarse por escrito las razones que la motivan. Artículo 149. Las licencias de los demás servidores públicos del Poder Judicial que no excedan de diez días hábiles en el transcurso de un año, podrán ser concedidas con goce de sueldo, por el titular del órgano jurisdiccional o de la dependencia que corresponda, dando aviso a la Secretaría de Administración. Las que excedan de diez días serán acordadas por el Consejo sin goce de sueldo." Lo subrayado es propio. Precisado lo anterior, tal como lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 1°, fracción I, y 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal. Lo anterior es así, dado que en el caso concreto, las autoridades que fueron señaladas como responsables no tienen ese carácter para los efectos del juicio de amparo. Para corroborar lo anterior, conviene determinar cuándo se está en presencia de un "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" y para ello se requiere la presencia de mayores elementos, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Los elementos referidos en los anteriores incisos, no se satisfacen para tener como autoridades responsables a las señaladas, para los efectos del juicio de amparo que nos ocupa. Ello es así, tomando en cuenta que la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino constituye una contienda de índole laboral pues como lo refiere el quejoso bajo protesta de decir verdad desempeña el cargo de Jefe de Causa del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, quien conforme al organigrama del Poder Judicial del Estado de Michoacán, depende de la Dirección de Gestión del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Es decir, el quejoso pretende a través del juicio de amparo indirecto, lograr le sea otorgada una licencia con goce de sueldo reglamentada por los artículos 142 y 149 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán. En efecto, en la precisión que hace en el apartado relativo al acto reclamado refiere bajo protesta de decir verdad que mediante acuerdo de cuatro de febrero del año en curso, notificado mediante oficio número DG/119/2021, se le negó la petición que formuló el tres de febrero del año en curso, a fin de que se le autorizara permiso con goce de sueldo para ausentarse de su empleo los días 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 22 y 23 de febrero de la presente anualidad. Todo lo anterior, pone en evidencia que el reclamo que ahora pretende el quejoso no corresponde a esta vía constitucional, ya que entre éste y las autoridades responsables existe una relación laboral que se rige por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en sus aludidos artículos 142 y 149, así como por las Condiciones Generales de Trabajo 2019-2020 del Poder Judicial local, en los artículos 14, fracción XV, 16, fracción IX y del 39 al 45; ello pues lo que pretende es una prestación laboral -licencia con goce de sueldo- reconocida por esos ordenamientos, por lo que en su caso debe resolverse en primera instancia por los Tribunales laborales, no en el juicio de amparo. Luego, es evidente que el acuerdo impugnado no reviste el carácter de acto de autoridad, toda vez que las señaladas en el presente asunto, no se ubican en una posición de supra a subordinación con la parte quejosa, pues la negativa de concederle el permiso o licencia con goce de sueldo por diez días que se duele en la presente instancia constitucional, son cuestiones que derivan de una relación laboral entre el quejoso y las responsables. Por ende, las omisiones o decisiones que se adopten en las instituciones oficiales, que tengan vinculación con este tipo de decisiones laborales, no pueden considerarse como actos de autoridad, sino como hechos o actos derivados de la relación laboral, en donde la respectiva institución actúa como patrón frente a sus empleados. Por tanto, si los actos reclamados son consecuencia del nexo laboral, entonces carecen de las particularidades para ser calificados como actos de autoridad. Por identidad jurídica, ilustra la tesis VI.2o.9 L, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, BAJA DE LOS. NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. El cese de un trabajador al servicio del Poder Judicial del Estado de Puebla por parte del titular de un juzgado, no constituye de acuerdo con su naturaleza un acto de persona de derecho público o de autoridad, sino un acto de particular, pues al darse por concluidas las relaciones de trabajo con el empleado, el mencionado juez no obró con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino como patrón; por lo que es incuestionable que el juicio de garantías en el que se reclamen actos de esa especie es improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 11 de la Ley de Amparo y 103, fracción I constitucional, así como 74, fracción III, del primero de los ordenamientos invocados." Así, resulta que el juicio de amparo no es el medio idóneo para combatir los actos que aquí se reclaman, en virtud que la inconforme tiene a su alcance la vía procesal ordinaria, tramitable ante las autoridades de trabajo competentes, para hacer valer sus derechos, de acuerdo al vínculo existente entre ella y las autoridades que señala como responsables, revistiendo en tales circunstancias el carácter de actos meramente entre particulares. Sirve de apoyo por las razones que expone, la tesis I.6o.T.26 L, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 347, tomo III, abril de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de suprasubordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito". Sin que obste a la anterior determinación el hecho de que el quejoso refiere que con la emisión del acuerdo reclamado se contraviene su derecho a la vida y a la salud, en razón de que las responsables no toman en cuenta que las razones que motivaron su petición es que padece de hipertensión arterial y ante los tiempos y crecimiento de contagios de COVID19, que existen en dicha región, tiene el temor de contagiarse, por ser una persona vulnerable y en riesgo de contagio. Para acreditar ese hecho exhibió la nota médica firmada por la doctora Yuriria Macswiney Borja adscrita al Hospital General Lázaro Cárdenas, sito en aquella ciudad, de fecha seis de febrero de dos mil veinte, de la que se advierte que es hipertenso de cinco años de evolución, así como de la constancia de asistencia de nueve de febrero de dos mil veintiuno, en la que se hace constar que el aquí quejoso compareció al servicio de medicina general por hipertensión arterial alta. Y que no toman en cuenta el Decreto suscrito por el Presidente de la República por el que se sanciona el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); en el que se dispuso: a. Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico; b. Suspender temporalmente las actividades escolares en todos los niveles, hasta el 17 de abril del 2020, conforme a lo establecido por la Secretaría de Educación Pública; y, c. Suspender temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo y hasta el 19 de abril del 2020. Asimismo se precisó que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las organizaciones de los sectores social y privado, deberán instrumentar planes que garanticen la continuidad de operaciones para el cumplimiento de sus funciones esenciales relacionadas con la mitigación y control de los riesgos para salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras, en particular los señalados en el inciso a) que antecede y de los usuarios de sus servicios. Sin embargo, debe decirse que el marco jurídico que regula la situación del quejoso frente al acto reclamado lo son los propios acuerdos emitidos por el Consejo del Poder Judicial del Estado, actualmente encontrándose vigente el Acuerdo General del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán que prorroga las acciones y medidas de carácter temporal sobre a contingencia de la propagación de la pandemia generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), derivado de la sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de fecha doce de febrero de dos mil veintiuno, en el que se emitió determinó: "(.) Acuerdo Primero. Con el objeto de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas, la propagación del virus SARS-CoV2 y romper la cadena de contagios, se prorroga la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales y en las áreas administrativas del Poder Judicial, los días 15, 16 y 17 de febrero de 2021, con excepción de los casos urgentes e inaplazables que no admiten espera, así como las actividades en materia de oralidad penal y de ejecución penal, que seguirán trabajando, sólo en modalidad de videoconferencia; al igual que el Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa. (.) Por lo que, es a esta disposición, derivada de la relación laboral que existe entre el quejoso y las responsables, la que rige la condición en la que habrá de realizar su actividad laboral el quejoso durante el plazo de suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales y en las áreas administrativas. Acuerdo del que incluso se advierte que no existe, de momento, un riesgo en la salud del quejoso, pues se declararon inhábiles los días quince, dieciséis y diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, que coincide con los relativos al permiso solicitado por el quejoso; aunado a que, si bien existe excepción para las actividades en materia de oralidad penal, estarán trabajado en modalidad de videoconferencia; de ahí que, de momento no se advierte una condición de riesgo para el quejoso. De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. Al ser improcedente la demanda de amparo, no se hace pronunciamiento sobre la suspensión de plano solicitada por el quejoso. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. Asimismo, desde este momento se instruye al actuario para que todas las notificaciones personales que resulten necesarias dentro del presente juicio, se realicen con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. ATENCIÓN A LAS PARTES. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 37/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, considerando el riesgo sanitario, se procurará encausar el procedimiento de manera que, tratándose de comunicaciones no procesales, se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. Por tanto, se les requiere para que proporcionen número telefónico y correo electrónico con el propósito de establecer contacto y generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten eficientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Asimismo, se pone a disposición de las partes el número telefónico 44 31 86 57 61, para brindar atención telefónica en el horario de 9:00 a 15:00, de lunes a viernes, exclusivamente para el trámite de su asunto, a través del mensaje de texto vía WhatsApp, para lo cual deberán proporcionar: Nombre completo y la calidad de parte; Imagen fotográfica de su identificación oficial; y, Número de expediente. La solicitud se responderá por la misma vía cuando las labores primordiales del Juzgado lo permitan. En el entendido que únicamente se atenderán los mensajes enviados por partes autorizadas para acceder a la consulta del expediente, en relación a información general del estado procesal de los autos. Cualquier otro tipo de petición no será atendida. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES Y OFICIOS. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizada (escaneado), directamente al correo electrónico del Juzgado. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del Juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda. Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Morelia, de nueva creación, la promoción u oficio, la cual está ubicada en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. PUBLICACIONES EN LISTA. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en el lugar que permita su consulta por los interesados. ATENCIÓN EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. De conformidad con las reglas previstas en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 37/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presencia física de las partes únicamente se admitirá: Cuando el órgano jurisdiccional lo determiné; y, Cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. APERCIBIMIENTOS. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubrebocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Vista la certificación de cuenta, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Roberto Lozano Vega, toda vez que tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; mientras que a los diversos José Manuel Santillán Arredondo y Karina García Pérez, únicamente para oír y recibir notificaciones hasta en tanto acrediten contar con la facultad para ejercer la profesión de abogados. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza a la parte quejosa para acceder vía internet al expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa, quien tiene como nombre de usuario "rlozanovega"; consecuentemente, comisiónese al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrito a este juzgado, a fin de que realice las gestiones correspondientes para dar la autorización respectiva con el nombre de usuario proporcionado. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. EXHORTA A LAS PARTES AL ESQUEMA DE JUICIO EN LINEA. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo ...del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberán de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 37/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifique electrónicamente...
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