Rodrigo Martín Rodríguez Tahuado
Expediente 965/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 21 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 965/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 27/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rodrigo Martín Rodríguez Tahuado
- Director Regional de Carpetas de Investigación
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio promovido por Rodrigo Martín Rodríguez Tahuado, conforme a lo expuesto en el considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando cuarto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el quinto considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese a la parte quejosa en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la licenciada Maira Flor López Valencia, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones de la Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/5024/2021, de seis de diciembre de dos mil veintiuno, ante el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello, con quien actúa y da fe
- Incidental
Asimismo, se hace constar que de conformidad con los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, ninguna de las partes solicitó su celebración a través del método de videoconferencia, por lo que ante la imposibilidad de su comparecencia física ante el personal actuante, la misma se celebra sin su asistencia, en aras de proporcionar una justicia completa, ya que si bien el artículo 144 de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que las partes asistan a su celebración, tal presencia no es requisito de validez para verificarla. Acto seguido, el secretario hace relación de las constancias existentes en autos en las que destaca por su importancia las siguientes: 1. Copia de demanda; 2. Auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, en que se concedió la suspensión provisional; 3. Informes previos rendidos por el Director Regional de Carpetas de Investigación de Zamora, Michoacán, por sí y en representación por ausencia temporal del Fiscal Regional de Zamora, Michoacán, el Director de Litigación de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, la Agente del Ministerio Público adscrita al Área de Atención Temprana Mesa I, de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán y la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Inmediata IV y Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán -en sus respectivas denominaciones correctas-; 4. Acuse de recibo del oficio 25451/2021, dirigido a la autoridad responsable Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Zamora, Michoacán -recibido con fecha tres de diciembre de dos mil veintiuno-; 5. Asimismo, se da cuenta con la certificación que obra al inicio de la presente, de la cual se desprende que al rastrear la pieza de correspondencia acelerada "ESTAFETA" que contiene el oficio 25452/2021, derivado del proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, dirigido a la autoridad responsable Jefe de la Policía de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Zamora, Michoacán, por medio del cual se le requirió para que rindiera su informe previo, a través de la página https://www.estafeta.com/Herramientas/Rastreo, la cual cuenta con número de rastreo 3391481533, aparece que fue entregada el veinticinco de octubre del año en curso a las diez horas con dieciséis minutos; y, 6. Auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, por medio del cual se requirió a la parte quejosa para que aclarara la denominación correcta de las autoridades responsables Director Regional de Investigación y Análisis, con sede en Zamora, Michoacán, y Agentes Segundo y Tercero del Ministerio Público Adscritos a la Fiscalía Regional de Justicia de Zamora, Michoacán. En este sentido, el secretario hace constar que las autoridades responsables Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Zamora, Michoacán y Jefe de la Policía de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Zamora, Michoacán, fueron omisas en rendir su informe previo, no obstante encontrarse notificadas de los oficios 25451/2021 y 25452/2021, por los cuales se les requirió el mismo. LA JUEZ ACUERDA: Téngase efectuada la relación de constancias existentes en actuaciones y, a las autoridades responsables Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Zamora, Michoacán y Jefe de la Policía de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Zamora, Michoacán, por omisas en rendir su informe previo, en términos de lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de Amparo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos de los que se desprende que a esta fecha en que se celebra la audiencia incidental, la parte quejosa no aclaró la denominación correcta de las autoridades responsables, esto es, no dio cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de dos de diciembre de dos mil veintiuno, no obstante que quedó debidamente notificada del mismo con fecha nueve de diciembre pasado, máxime que, el día de hoy, fecha señalada para la celebración de la audiencia en que las partes tienen la posibilidad de comparecer directamente a expresar sus alegatos, la parte quejosa no se presentó a hacer aclaración alguna al respecto, lo que revela su desinterés en el llamamiento a juicio de las citadas autoridades bajo la denominación que les dio. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y se tienen por inexistentes, ordenándose suspender toda comunicación con las mismas; por tanto, se comisiona al analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice las anotaciones correspondientes. SE ABRE EL PERIODO PROBATORIO en que el secretario hace constar que ninguna de las partes exhibió medios de prueba. LA JUEZ ACUERDA: Con sustento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene a las partes por omisas en ofrecer medios de convicción. Enseguida, abierta LA ETAPA DE ALEGATOS, el secretario hace constar que únicamente la Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita hizo manifestaciones en esta vía. A LO QUE SE ACUERDA: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, téngase a la representante social de la adscripción por formulando alegatos, y por perdido el derecho de las demás partes de formularlos. Con lo anterior, se da por concluida esta fase de la audiencia y se procede a dictar la resolución correspondiente. RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA V I S T O S, los autos que integran el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 965/2021; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Rodrigo Martín Rodríguez Tahuado, por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENAUTORIDAD RESPONSABLESENTIDO DEL INFORME DEL INFORMN1 DIRECTOR REGIONAL DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE ZAMORA, MICHOACÁN. NEGÓ2 DIRECTOR REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS, ZAMORA, MICHOACÁN. -EN SU DENOMINACIÓN CORRECTA- INEXISTENTE 3 DIRECTOR DE LITIGACIÓN DE LA FISCALÍA REGIONAL DE ZAMORA, MICHOACÁN. -EN SU DENOMINACIÓN CORRECTA- NEGÓ 4 FISCAL REGIONAL DE ZAMORA, MICHOACÁN. NEGÓ 5 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA AL ÁREA DE ATENCIÓN TEMPRANA MESA I, DE LA FISCALÍA REGIONAL DE ZAMORA, MICHOACÁN. -EN SU DENOMINACIÓN CORRECTA- NEGÓ 6 AGENTE SEGUNDO DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA DE ZAMORA, MICHOACÁN INEXISTENTE 7 AGENTE TERCERO DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA DE ZAMORA, MICHOACÁN INEXISTENTE 8 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA IV Y ESPECIALIZADA EN DELITOS SEXUALES Y VIOLENCIA FAMILIAR DE LA FISCALÍA REGIONAL DE ZAMORA, MICHOACÁN. -EN SU DENOMINACIÓN CORRECTA- NEGÓ 9 DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, ZAMORA, MICHOACÁN. OMISA 10 JEFE DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, ZAMORA, MICHOACÁN. OMISA ACTOS RECLAMADOS: La orden de localización, presentación o detención, así como su ejecución. SEGUNDO. Mediante auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó abrir este incidente de suspensión, se proveyó respecto de la suspensión provisional y se señaló fecha para la celebración de la audiencia incidental, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Verificación de certeza de los actos reclamados. Actos inexistentes. Las autoridades responsables Director Regional de Carpetas de Investigación de Zamora, Michoacán, por sí y en representación por ausencia temporal del Fiscal Regional de Zamora, Michoacán, el Director de Litigación de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, la Agente del Ministerio Público adscrita al Área de Atención Temprana Mesa I, de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán y la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Inmediata IV y Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, al rendir sus respectivos informes previos, negaron expresamente la existencia de los actos reclamados. Mientras que la parte quejosa no aportó prueba para desvirtuar la negativa, máxime que es a ella a quien corresponde probar lo contrario, sin que ello aconteciera; por tanto, se impone negar la suspensión definitiva solicitada, al no existir materia sobre la cuál decretarla. Asimismo, dado que en esta audiencia se tuvo a las autoridades responsables Director Regional de Investigación y Análisis, con sede en Zamora, Michoacán, y Agentes Segundo y Tercero del Ministerio Público Adscritos a la Fiscalía Regional de Justicia de Zamora, Michoacán, por inexistentes; en consecuencia, se tienen por inexistentes los actos reclamados a las mismas, precisados con antelación. SEGUNDO. Presunción de certeza de los actos reclamados. Ahora bien, toda vez que las autoridades responsables Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Zamora, Michoacán y Jefe de la Policía de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Zamora, Michoacán, fueron omisas en rendir su informe previo, no obstante que se encontraban notificadas de los oficios por los cuales se les requirió el mismo; por tanto, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos reclamados, únicamente por lo que a dichas autoridades respecta. TERCERO. SE CONCEDE SUSPENSIÓN. A efecto de proveer respecto de la suspensión definitiva solicitada, resulta indispensable atender los requisitos contenidos en los artículos 128 y 139 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional." El promovente del amparo solicita la suspensión del acto reclamado, por lo que se encuentra satisfecho el primer requisito. La segunda condicionante también se actualiza, habida cuenta que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, pues si bien la sociedad está interesada en que éstos se cumplan, igualmente le importa que previamente a cualquier acto de autoridad a los gobernados se les hayan respetado los derechos fundamentales, sobre todo tratándose de cuestiones relativas a la libertad personal. Por último, conviene asentar que de no conceder la suspensión solicitada se ocasionaría al peticionario, daños y perjuicios de difícil reparación, pues si se llevara a cabo se le afectaría en uno de los bienes jurídicos de mayor valía como lo es, precisamente, la libertad personal. Con fundamento en los artículos 136, 139, 162, 164 y 165 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva a Rodrigo Martín Rodríguez Tahuado, para los siguientes efectos: a) Que el citado quejoso quede a disposición de este órgano jurisdiccional, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo para la continuación del procedimiento del orden penal que se siga en su contra. b) En caso de que el acto reclamado no se haya ejecutado, para que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y no se ejecute el mandato respectivo. c) Si ya fue ejecutado y se encuentra a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de una orden de detención del mismo, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, si se trata de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea consignado ante el juez penal correspondiente o puesto en libertad, según corresponda. En el entendido de que si la privación de la libertad del quejoso es a consecuencia de su detención en flagrancia, el plazo se contará a partir de que el imputado sea puesto a disposición del Ministerio Público que corresponda. d) En el supuesto de que la detención del quejoso haya sido efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, sin demora deberá cesar la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público correspondiente. En el entendido que en este supuesto, cuando la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, deberá ser puesto en libertad. e) En cualquier caso distinto a los anteriores, en los que el Ministerio Público restringa la libertad del quejoso, deberá ponerlo en inmediata libertad o consignarlo ante un Juez, según proceda. Con fundamento en el artículo 162 de la Ley de Amparo en vigor y como medida para asegurar que el quejoso no evada la acción de la justicia se decreta que el impetrante del amparo deberá comparecer cuantas y tantas veces sea citado por el Ministerio Público, para colaborar en la investigación con la cual se encuentre relacionado y ante este órgano jurisdiccional, cuantas veces le sea exigido, apercibido que de incumplir con cualquiera de estas prevenciones, la suspensión del acto reclamado cesará en sus efectos y la autoridad responsable, previa notificación de tal evento, podrá ejecutar el acto. Lo anterior, en tanto las autoridades responsables reciban notificación sobre la suspensión definitiva y siempre que la orden que reclama no derive de casos urgentes cuando se trate de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancias, en cuyo caso, dicha autoridad deberá fundar y expresar los indicios que motiven su proceder y, además, que el quejoso no sea sorprendido en flagrante delito. CUARTO. REQUISITOS DE EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN. Para estar en condiciones de fijar los requisitos de eficacia a fin de que la presente medida cautelar surta efectos, es conveniente establecer que el imperativo 168 del cuerpo legal en consulta, establece textualmente lo siguiente: "Artículo 168. Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el órgano jurisdiccional de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes. Para fijar el monto de la garantía se tomará en cuenta: I. La naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute; II. Las características personales y situación económica del quejoso, y, III. La posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia." Como se advierte, son tres los requisitos que debe tomar en cuenta el órgano de control constitucional para la fijación de la garantía que deberá satisfacer la parte quejosa. En relación al primero "la naturaleza, modalidades y características del delito que se impute al quejoso", no se aprecia de su demanda de qué delito se trata. En cuanto al segundo de los elementos referente a las "características personales y situación económica del quejoso", se advierte que es médico general de consulta externa adscrito al Centro de Salud Zamora Niños Héroes. Respecto al tercero de los elementos consistente en valorar la "posibilidad de que el quejoso se sustraiga a la acción de la justicia", no existe ningún dato revelador de dicha circunstancia. GARANTÍA. Al tenor de las anteriores consideraciones, se estima necesario fijar de manera discrecional la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), para garantizar la suspensión definitiva de los actos reclamados, la cual deberá exhibir la parte quejosa en cualquiera de las formas permitidas por la ley, pudiendo hacerlo, en su caso, en billete de depósito expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Instituto de Banca de Desarrollo (BANSEFI), y en la inteligencia que si opta por garantizar en póliza de fianza, el documento respectivo contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este juzgado; asimismo, la vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del juicio, con la aclaración de que si fenece antes, la suspensión definitiva dejará de surtir efectos previo acuerdo; lo anterior, sin perjuicio de que pueda ser modificada. En el entendido que de no exhibirla en el plazo de CINCO DÍAS, se comunicará a las autoridades responsables que queda expedita su jurisdicción para ejecutar el acto reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, por las razones jurídicas que informa, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 377, tomo XXVIII, Octubre de 2008, Materia Penal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta , del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO PENAL QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL. ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 124 BIS DE LA LEY DE AMPARO). La facultad de fijar el monto de la garantía es de carácter discrecional, siempre que ello no implique exceder los extremos señalados por el legislador en las condiciones de aplicación de la citada norma. Así, el juez de distrito debe llevar a cabo un análisis integral en el que conjugue adecuadamente las siguientes tres condiciones legales. En primer lugar, debe tomar en cuenta el tipo de delito de que se trata, su naturaleza dolosa o culposa, el bien jurídico tutelado, etcétera, y aunque en este primer momento puede hacerse presente el monto estimado de la reparación del daño, eso no significa que la garantía fijada por el juez de amparo tenga que coincidir con dicho monto, pues aquélla no puede equipararse a la caución que se fija para decretar la libertad provisional, ya que la garantía tiene la finalidad de asegurar que el quejoso acuda al proceso, la dicta un juez de amparo y responde a los objetivos del control constitucional; mientras que la fianza o caución obedece a la necesidad de garantizar la reparación del daño, la fija un juez penal y es acorde con los fines del proceso penal. En segundo lugar, el juzgador debe indagar respecto a la situación económica del quejoso. Y finalmente, en tercer lugar, el juez debe vigilar que el monto de la garantía no permita al quejoso sustraerse a la acción de la justicia, es decir, habrá de fijar una cantidad que no invite al quejoso a realizar un cálculo utilitario que le orille a evadir la acción de la justicia. Por tanto, una primera cantidad obtenida a partir de la obligación derivada de la fracción I del artículo 124 bis de la Ley de Amparo debe modularse, por un lado, mediante la capacidad económica del quejoso (fracción II), para establecer el límite inferior de la garantía y, por el otro, a través de la precaución de no disminuirla a tal grado que se promueva una posible conducta evasiva por parte del quejoso (fracción III)". Al respecto es pertinente señalar que si la garantía fijada se exhibe en billete de depósito, este debe ser constituido ante el banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Instituto de Banca de Desarrollo (BANSEFI), de conformidad con el artículo 52, fracción I, del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. LA GARANTÍA RESPECTIVA, YA SEA EN BILLETE DE DEPÓSITO O PÓLIZA DE FIANZA, DEBERÁ CONTENER EL TEXTO SIGUIENTE EN EL APARTADO "CONCEPTO": "PARA GARANTIZAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONCEDIDA A RODRIGO MARTÍN RODRÍGUEZ TAHUADO, EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN III-965/2021". En el entendido que no se aceptará el billete si tiene inscripción diversa; asimismo, en el momento procesal en que se considere procedente la devolución de la citada garantía, el billete será endosado a nombre de la persona que aparezca como depositante; pero solo se entregará a la parte quejosa, o bien, a su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. En caso de ser cierto el acto reclamado, se impone al quejoso la obligación de presentarse ante la autoridad que acepte la existencia del acto reclamado, en un plazo de TRES DÍAS, contado a partir de que tenga conocimiento de la certeza del acto para la práctica de las diligencias correspondientes; lo anterior, sin que deba privarlo de la libertad, ello en atención a lo establecido por el artículo 162, primer párrafo, última parte, de la Ley de Amparo y la tesis cuyo rubro y texto a continuación se citan: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso". Se apercibe al quejoso que, aun y cuando haya exhibido la caución que se le exige, deberá acreditar que compareció dentro del plazo referido, ante la autoridad emisora del acto; para tal efecto, deberá exhibir constancia donde obre sello, firma, día y hora de la audiencia judicial mencionada; con el apercibimiento que, de no hacerlo, la medida suspensional otorgada dejará de surtir sus efectos y la caución exhibida se hará efectiva a favor de la Federación. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia 1a./J. 94/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, noviembre de 2001, página 26, que establece: "SUSPENSIÓN EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 138, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO AL CONCEDERLA GOZA DE LA MÁS AMPLIA FACULTAD PARA IMPONER AL QUEJOSO LA OBLIGACIÓN DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA PARA RENDIR SU DECLARACIÓN PREPARATORIA, COMO REQUISITO DE EFECTIVIDAD DE ESA MEDIDA. Del criterio sustentado por esta Primera Sala en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 16/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, mayo de 1997, página 226, así como de la exposición de motivos de la iniciativa que adicionó un segundo párrafo al artículo 138 de la Ley de Amparo, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, y de los preceptos de dicha ley que rigen la suspensión del acto reclamado, se desprende que el Juez de amparo cuenta con las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime pertinentes cuando conceda la suspensión tratándose de una orden de aprehensión emitida en contra del quejoso, entre ellas, la prevista en el citado párrafo, consistente en su comparecencia ante el Juez de la causa, como requisito para que surta efectos la suspensión concedida; medida que tiene como finalidad que el quejoso sea devuelto a la autoridad responsable en caso de que le sea negado el amparo, que no se sustraiga a la acción de la justicia, y que la concesión de la suspensión no constituya un obstáculo para la continuación del procedimiento penal, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del propio artículo 138, dicho procedimiento debe continuar para asegurar un equilibrio entre el interés particular del agraviado que solicita amparo en contra de un acto que afecta su libertad personal y el interés de la sociedad en general. De manera que aun cuando el segundo párrafo del citado precepto, no establece expresamente que la comparecencia del quejoso ante el juzgado de la causa tenga por objeto que rinda su declaración preparatoria, del análisis de los elementos antes citados se advierte que esa es precisamente su finalidad, toda vez que al ser dicha declaración parte de la instrucción, resulta necesaria para la continuación del proceso seguido en contra del quejoso, quien no puede quedar eximido de rendirla por gozar de la suspensión. Lo anterior, sin menoscabo del beneficio que en favor del gobernado prevé la fracción II del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que no podrá ser obligado a declarar, prerrogativa que puede hacer valer en el momento en que comparezca ante el Juez de la causa, al desahogo de dicha diligencia". La medida decretada no surtirá efecto en los siguientes casos: 1. Si la orden combatida tiene como propósito que el quejoso cumpla con alguna sentencia ejecutoriada dictada en su contra. 2. Si la orden de detención, fue materia de un diverso juicio de amparo en que se haya negado la protección constitucional solicitada. 3. Si el quejoso es sorprendido en flagrante delito o urgencia a la que alude el artículo 16, párrafo quinto constitucional; y, 4. Si la orden reclamada fue dictada con posterioridad a la promoción de este amparo. Esta medida cautelar deberá ser acatada por las autoridades responsables, apercibidas que, en caso de desobediencia, se procederá conforme con lo dispuesto por el artículo 206 de la Ley de Amparo. Finalmente, con relación al pedimento signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, el mismo se encuentra debidamente atendido con lo plasmado en esta resolución; ello, desde luego, con entera independencia de que resulta innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente resolución incidental. Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 122 a 144 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO. Se niega a Rodrigo Martín Rodríguez Tahuado, la suspensión definitiva, en términos del considerando primero. SEGUNDO. Se concede a Rodrigo Martín Rodríguez Tahuado, la suspensión definitiva, en términos del considerando tercero. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Miguel Ángel Ramírez Argüello, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Agréguense las dos actas de imposibilidad de entrega de oficios vía correo electrónico, efectuadas por el actuario de la adscripción, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para hacer entrega de los oficios números 25418 y 25419, dirigidos a las autoridades responsables señaladas como AGENTE SEGUNDO Y TERCERO DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITOS A FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA DE ZAMORA, MICHOACÁN, toda vez que siendo las trece horas con cuarenta y seis minutos y catorce horas con seis minutos, del veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, recibió de la cuenta oficinasubzamora@hotmail.com, correo de respuesta del Maestro Hugo Verduzco Medina, Fiscal Regional de Zamora, refiriendo lo siguiente: "No es posible acusar de recibido ni tampoco dirigir a la autoridad que menciona, toda vez que no especifica a que área de esta Fiscalía Regional se refiere". Vista parte quejosa. En mérito a lo anterior, con fundamento en el artículo 14 de la Constitución Federal, y a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, dese vista por el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la legal notificación del presente acuerdo, para que precise las denominaciones correctas de las aludidas autoridades que señala como responsables. Lo anterior, bajo apercibimiento que, de no hacerlo, se tendrá a las mismas por inexistentes y se continuará el trámite únicamente con las autoridades que fueron notificadas en autos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Miguel Ángel Ramírez Argüello, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, dos de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Agréguense las tres actas de imposibilidad de entrega de oficios vía correo electrónico, efectuadas por el actuario de la adscripción, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para hacer entrega de los oficios números 25443, 25447 y 25448, dirigidos a las autoridades responsables señaladas como DIRECTOR REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS, CON SEDE EN ZAMORA, MICHOACÁN, AGENTE SEGUNDO Y TERCERO DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITOS A FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA DE ZAMORA, MICHOACÁN, toda vez que siendo las catorce horas con siete minutos, y catorce horas con once minutos, del veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, recibió de la cuenta oficinasubzamora@hotmail.com, correo de respuesta del Maestro Hugo Verduzco Medina, Fiscal Regional de Zamora, refiriendo lo siguiente: "No es posible dirigir para su acuse el presente oficio, ya que la autoridad a quien se señala, no existe", y "No es posible acusar de recibido ni tampoco dirigir a la autoridad que menciona, toda vez que no especifica a que área de esta Fiscalía Regional se refiere Vista parte quejosa. En mérito a lo anterior, con fundamento en el artículo 14 de la Constitución Federal, y a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, dese vista por el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la legal notificación del presente acuerdo, para que precise las denominaciones correctas de las aludidas autoridades que señala como responsables. Lo anterior, bajo apercibimiento que, de no hacerlo, se tendrá a las mismas por inexistentes y se continuará el trámite únicamente con las autoridades que fueron notificadas en autos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Miguel Ángel Ramírez Argüello, secretario que autoriza y da fe.
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