Rodrigo Torres Arévalo

Expediente 1137/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1137/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
21/09/2023

Partes del expediente

  • Rodrigo Torres Arévalo

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés.********************FIRME DESECHADA********************Vista la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por********************en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes.********************SE ORDENA ARCHIVO********************En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo.********************Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.********************Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio.******************** Notifíquese.********************Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste.********************Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste.********************Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  2. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. TRIBUNAL DE ALZADA SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE. Por recibido el oficio de cuenta número 6617/2023, signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que se acompaña el original del juicio de amparo directo 416/2023, de su índice, formado con motivo de la demanda de garantías promovida por ********************, por conducto de su apoderado jurídico, contra actos de la Jueza de Distrito adscrita al Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Ahora, como de la determinación que se inserta al oficio de cuenta, se desprende que mediante auto de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo apuntada, en la cual se reclamó el auto de once de julio de dos mil veintitrés, dictado por la Jueza de Distrito adscrita al Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en el procedimiento ordinario laboral número ******************** que declinó competencia para conocer el asunto laboral, al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Lo anterior, por no constituir una sentencia definitiva o resolución que sin resolver el fondo del asunto ponga fin al juicio, acorde con las disposiciones de los artículos 107, fracción V, de la Constitución General de la República, 12, AVOCAMIENTO. En consecuencia, con apoyo en los artículos 45 y 107 de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, se avoca al conocimiento del asunto; acúsese el recibo de estilo correspondiente. ANALISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. Ahora bien, del análisis a la demanda de amparo y de las constancias relativas, se advierte que la parte quejosa reclama al Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad: ".el Auto de fecha 11 de julio del 2023, emitido dentro del Procedimiento Ordinario Laboral número ********************." IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. En principio, es menester señalar que los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, prevén que las causa de improcedencia son de orden público e interés social; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; por ese motivo el juez que conozca de un juicio de amparo debe analizar el escrito inicial y si advierte un motivo manifiesto e indudable que torne el juicio improcedente lo desechará de plano: El anterior razonamiento se ve robustecido por las tesis que se citan a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335." Luego, del contenido íntegro de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: El proveído de once de julio de dos mil veintitrés, dictado en el proceso y por la autoridad señalados en el párrafo que antecede; mediante el cual la autoridad responsable se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio natural y ordenó remitir los autos al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Con base en lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que la demanda de amparo en análisis resulta improcedente en sus diversos aspectos, por los motivos que se exponen a continuación. Los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" De una interpretación sistemática de las porciones normativas transcritas, se obtiene que el juicio de amparo se torna improcedente cuando se promueve contra actos intraprocesales cuyos efectos no sean de imposible reparación. En este sentido, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que de conformidad con el legislador, existen dos condiciones para que los actos se estimen de imposible reparación dentro de un procedimiento; la exigencia de que se trate de actos que "afecten materialmente derechos" de manera directa e inmediata; y, que esos derechos tengan la categoría de "sustantivos", esto es, aquellos que se encuentran reconocidos y tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, el Máximo Tribunal del País señaló que, cuando un particular reclama una afectación a su esfera jurídica en un procedimiento jurisdiccional, derivado de violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Federal, los actos reclamados no deben considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de naturaleza adjetiva, porque no se trata de una "omisión" autónoma. Sentado lo anterior, resulta claro que, en el caso, el acto reclamado estriba en el acuerdo de once de julio del año en curso, dictado en el procedimiento ordinario laboral ********************, mediante el cual la Jueza del Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de origen y ordenó la remisión de los autos al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, es menester decir que el juicio de amparo resulta improcedente. Lo anterior, debido al hecho de que el proveído en mención no es de aquellos que pueden considerarse como actos intraprocesales que vulneren en forma directa e inmediata derechos fundamentales de las partes, es decir, que sus consecuencias irroguen efectos de imposible reparación. No pasa inadvertido que la Ley de Amparo en su artículo 107, fracción VIII, prevé como supuesto de procedencia del juicio de control constitucional, que se reclamen las determinaciones de inhibir o declinar competencia; empero, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, el Pleno del Alto Tribunal estableció que dicha porción normativa debe interpretarse en el sentido de que tal decisión obtenga un carácter definitivo; lo cual, sólo puede suceder si otro órgano jurisdiccional acepta la competencia declinada. Este razonamiento, dio origen a la jurisprudencia cuyos datos de identificación, rubro y texto se reproducen en seguida: "Época: Décima Época Registro: 2009721 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/2015 (10a.) Página: 5 AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. Contradicción de tesis 239/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia de Trabajo y Segundo en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 28 de mayo de 2015. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Eduardo Medina Mora I. y Luis María Aguilar Morales; votaron en contra Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. Tesis y/o criterios contendientes: El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver la queja 122/2013, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la queja 146/2014. El Tribunal Pleno, el siete de julio en curso, aprobó, con el número 17/2015 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de julio de dos mil quince. Esta tesis se publicó el viernes 14 de agosto de 2015 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de agosto de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.". Luego, si ya quedó precisado que el acto reclamado consiste en la determinación del Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad de abstenerse del conocimiento del asunto y la remisión de los autos al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; entonces, válidamente puede concluirse que el juicio de amparo resulta improcedente; habida cuenta que dicha determinación no constituye una decisión de carácter definitivo, sino que se encuentra supeditada a que el mencionado tribunal acepte conocer del juicio natural, o bien, a que se determine en forma definitiva qué órgano jurisdiccional es el competente para resolver el asunto. Por todo lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida ********************, por conducto de su apoderado ******************** contra actos de la Jueza adscrita al Segundo Tribunal Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.

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