Rodrigo Nocetti Villanueva
Expediente 765/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 26 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 765/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 18/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rodrigo Nocetti Villanueva
- Juez Cuarto de lo Civil de Primera Instancia este Distrito Judicial y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. ARCHIVO Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Devuélvanse a la autoridad responsable un tomo de prueba a la autoridad responsable Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Morelia, mismo que adjuntó a su informe justificado. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del cinco al diecinueve de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/01926/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de julio de dos mil veintidós. V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número 765/2021-II, promovido por Rodrigo Nocetti Villanueva, por propio derecho, contra actos que reclama del Juez y Secretario de Acuerdos adscritos al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Judicial de Morelia, Michoacán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el once de agosto de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Rodrigo Nocetti Villanueva, por propio derecho, promovió demanda de amparo contra el siguiente acto: "IV. ACTO RECLAMADO: De la autoridad ordenadora reclamo los autos, acuerdos, decretos, resoluciones y todo lo actuado dentro del juicio ordinario civil, marcado con el número de expediente 765/2020, en especial, la falta de llamamiento a juicio del suscrito y el auto donde se acuerda el lanzamiento y desposeimiento forzoso e ilegal, el cual se llevó a cabo mediante diligencia de fecha 6 de julio de 2021, que hizo la autoridad ordenadora del departamento identificado como letra "C", ubicado en calle Rocío, número 390, de la manzana 2, lote 3 tres, del fraccionamiento Cundagua, también conocido como Prados del Campestre, de esta ciudad, del cual soy dueño y lo tenía en posesión real y material, cumplimentando el auto donde se decreta la desocupación forzosa de mi propiedad y posesión, con el uso de cerrajero y fuerza pública para poner en posesión real y material de dicho inmueble a la parte actora de ese juicio, lo anterior por ser contrario a lo establecido en los numerales 1, 14, 16 y 17 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En ese ocurso, el quejoso narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Tramite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, por lo que, una vez desahogada la prevención que inicialmente se le formuló al quejoso, en auto de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno se registró bajo el número de expediente 765/2021, se admitió a trámite la demanda, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que previo diversos diferimientos tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época????????????? Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama en su calidad de tercero extraño, todo lo actuado en el juicio ordinario civil promovido por María Bertha Ballesteros Silva contra la persona moral denominada Coprya, Sociedad Anónima de Capital Variable, radicado con el número 765/2020, del índice del juzgado responsable, relativo a la acción de cumplimiento de convenio de extinción de adeudo de construcción, derechos y obligaciones sobre inmueble, en específico, la orden de desposeimiento y lanzamiento efectuada el seis de julio de dos mil veintiuno respecto del inmueble ubicado en calle o circuito Rocío número 390, departamento "C", manzana 2, lote 3, fraccionamiento Cundagua o Prados del Campestre, Morelia, Michoacán. Actos que atribuye al Juez responsable en su calidad de autoridad ordenadora y al Secretario adscrito a dicho órgano jurisdiccional en su carácter de ejecutora. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables al rendir su informe justificado de manera conjunta aceptaron la existencia de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, tal afirmación se corrobora con las copias certificadas de las constancias del juicio ordinario civil de origen que remitieron a dicho informe con justificación, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, al tratarse de un documento expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Aunado a lo anterior, resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. CUARTO. Sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto. Es innecesario analizar los conceptos de violación formulados por el quejoso, dado que este juzgador -de oficio- advierte, que debe sobreseerse en el juicio de amparo porque no acreditó fehacientemente su interés jurídico, pues no demostró contar con título suficiente que acredite sus derechos sobre el bien raíz cuya posesión pretende defender. Razón por la cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]????????????? XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". Por su parte, la fracción I, del artículo 5° de la Ley de la materia establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". De acuerdo con los artículos invocados, el juicio de amparo constituye un medio idóneo para controlar la constitucionalidad de los actos de autoridad y se sigue sólo a instancia de parte agraviada, es decir, únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto de autoridad. Consecuentemente, cuando se acude en demanda de amparo el quejoso debe acreditar fehaciente que el acto reclamado a la autoridad responsable vulnera algún derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, es decir, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo; de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio resultará improcedente. En ese sentido el juicio de amparo constituye un medio de control constitucional que tiene por efecto resolver, entre otros supuestos, las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Mexicana, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sin embargo, no cualquier persona puede promover dicho medio de defensa, pues el quejoso debe cumplir con ciertos requisitos, a saber: a) Acreditar su interés jurídico, y b) Que se agravie o afecte ese interés. Dichos elementos derivan del artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, el cual dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De acuerdo con esos numerales, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, esto es, por la persona que invoca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo. De lo que deriva que, de acuerdo a este principio, el juicio de amparo debe promoverlo aquella persona que, en su concepto, sufre un perjuicio en sus derechos humanos provocado por un acto de autoridad. No obstante, de conformidad con el precepto constitucional invocado, no basta con que una persona se ostente como agraviado, es decir, que aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, sino que es necesario que demuestre plenamente que ese acto afecta su esfera jurídica, es decir, acredite su interés. De manera que para acreditar el interés jurídico, el quejoso debe demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Con esas bases, cuando en el juicio de amparo se reclaman actos que afecten un bien inmueble respecto al cual el quejoso se ostenta como propietario o posesionario, para acreditar su interés jurídico dicho promovente deberá demostrar con justo título el origen de su derecho de propiedad o de posesión, así como la identidad entre el bien inmueble que se ha visto afectado. A más de que dicho título debe tener fecha cierta anterior a la emisión del acto, sea que se hubiera pasado ante la fe de un fedatario público o autoridad, inscrito ante el Registro Público de la Propiedad, muerto alguno de los contratantes o los testigos que signaron el convenio relativo. Orientan lo anterior por las razones que las integran los siguientes criterios jurisprudenciales: "Registro digital: 2020978 Instancia: Primera Sala Décima Época Materia(s): Civil, Común Tesis: 1a./J. 62/2019 (10a.)???????????? Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, página 329 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO CONTRA LA ORDEN DE DESPOSESIÓN DE UN BIEN INMUEBLE. PARA DEMOSTRARLO ES SUFICIENTE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA CIERTA ANTERIOR A DICHA ORDEN. La posesión protegida por el artículo 14 constitucional no es otra que la definida por el derecho común, conforme al cual es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, sin embargo, para efectos del juicio de amparo, ese derecho debe tener origen en alguna de las figuras establecidas en la ley. Así, el contrato de arrendamiento, al ser un título que se sustenta en una figura jurídica que genera el derecho a poseer, constituye una base objetiva, que fundada y razonablemente produce la convicción de que el arrendatario tiene derecho a poseer el bien de que se trate. En consecuencia, para demostrar el interés jurídico e instar el juicio de amparo indirecto contra una orden de desposesión de un bien inmueble, resulta suficiente el contrato de arrendamiento de fecha cierta anterior a la misma, esto debido a que tal característica hace que produzca efectos frente a terceros ajenos a su suscripción, y dota al quejoso del interés jurídico aludido. En el entendido de que las decisiones que el órgano de control de constitucionalidad tome en relación con la eficacia del título, tienen consecuencias exclusivas en el juicio de amparo, pues no deciden sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, lo que deberá dilucidarse ante la potestad común." "Registro digital: 2005231 Instancia: Primera Sala Décima Época Materia(s): Común, Civil Tesis: 1a./J. 123/2013 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, página 1023 Tipo: Jurisprudencia PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA Y LA FRACTURA DE CERRADURAS DERIVADO DE UNA ORDEN DE EMBARGO, EN EL INMUEBLE DE SU PROPIEDAD DONDE TIENE SU DOMICILIO. En un juicio de naturaleza civil, la persona extraña a juicio tiene interés jurídico para promover amparo indirecto contra la determinación que hace efectivo el apercibimiento contenido en una orden de embargo, en cuanto al uso de la fuerza pública y la fractura de cerraduras (en caso de oposición) sobre el inmueble de su propiedad y en el cual tiene su domicilio. Lo anterior, ya que la afectación a su esfera jurídica se produce porque con la citada orden existe la posibilidad de que se vulneren los derechos fundamentales a la propiedad e inviolabilidad del domicilio injustificadamente; de ahí que resulte procedente el juicio de amparo indirecto, cuando la persona extraña a juicio demuestra ser propietaria del inmueble y tener su domicilio en éste, sin que ello prejuzgue sobre el fondo del asunto, toda vez que la determinación de hacer efectivo dicho apercibimiento constituye la materia del amparo en el que habrá de dilucidarse si esa autorización se encuentra ajustada a derecho. Por otra parte, es importante establecer que para efectos del juicio de amparo la persona extraña a juicio es, en principio, aquella que no ha figurado en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o durante la etapa de ejecución de las resoluciones recaídas en dicho sumario, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Sobre el particular resulta ilustrativa la Jurisprudencia P./J.7/98, de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 196932 Instancia: Pleno Novena Época Materia(s): Común Tesis: P./J. 7/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Enero de 1998, página 56 Tipo: Jurisprudencia PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente" . Del criterio anterior se desprenden dos tipos de tercero extraño a juicio:?????????????? a. En estricto sentido: aquel que no fue emplazado. b. Por equiparación: quien fue emplazado incorrectamente. Ahora bien, quien acude al juicio de amparo como tercero extraño en escrito sentido a una contienda judicial, reclamando la afectación que sufrió de un bien respecto del cual se ostenta como poseedor o propietario, con el objetivo de desvincularlo del procedimiento de origen a través del juicio constitucional, debe acreditar la existencia de un título justo y bastante que sustente su posesión o propiedad, esto es, que se funde en un documento bajo una figura jurídica prevista por la ley que genere el derecho defendido. Apoya a lo anterior la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito de rubro y texto: "Registro digital: 199708 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materia(s): Común Tesis: XXI.1o.48 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Enero de 1997, página 521 Tipo: Aislada PROPIEDAD, PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA VIOLACIONES AL DERECHO DE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia, en el sentido de que las cuestiones de propiedad no pueden decidirse en el juicio de garantías, sin que antes hayan sido resueltas por las autoridades judiciales correspondientes; esto significa que en aquél no puede determinarse a quién de las dos partes contendientes corresponde la propiedad de un bien cuestionado; en tal circunstancia el contrato de compraventa respecto a bienes embargados, de fecha posterior a la diligencia respectiva practicada sobre éstos, es indudable que es un título apto para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo, sin que se deba analizar su validez o eficacia contra terceros, pues esto no es propio en la vía constitucional, la que tiene por objeto no el reconocimiento del derecho de propiedad, sino el impedir que sin juicio se desconozcan derechos de tal naturaleza." En ese orden de ideas, el quejoso primero debe de justificar plenamente que le asiste el carácter que invoca, en tanto que lo actuado en el juicio natural es de orden público, por lo que se afectaría con la intervención de un tercero los derechos reconocidos en favor de quien reclamó la posesión del bien defendido en el juicio natural, por lo que es necesario que el tercero extraño justifique el derecho de propiedad o posesión que detenta con fundamento en un título que le dio origen. Sólo así se tendría una base objetiva que produzca la certeza de que el quejoso tiene un derecho jurídicamente tutelado sobre el bien controvertido, como la identidad entre dicho bien y el afectado en la contienda de origen, y ameritara la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J.1/2002 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "Registro digital: 187733 Instancia: Pleno Novena Época Materia(s): Civil Tesis: P./J. 1/2002 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Febrero de 2002, página 5 Tipo: Jurisprudencia POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al?????????????? juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." En el caso, se insiste, el quejoso reclama en su carácter de tercero extraño en estricto sentido, la orden de lanzamiento y/o desposeimiento del inmueble ubicado en calle Rocío, número 390, departamento "C", manzana 2, lote 3, fraccionamiento Cundagua, Morelia, Michoacán, emitida en el juicio ordinario civil 765/2020, del índice del juzgado responsable. Procedimiento relativo a la acción de cumplimiento de convenio de extinción de adeudo de construcción, derechos y obligaciones sobre inmueble, promovido por la aquí tercero interesada María Bertha Ballesteros Silva contra la persona moral denominada Coprya, Sociedad Anónima de Capital Variable, a quien también le corresponde la calidad de tercera interesada. Cabe señalar que en dicho juicio, la accionante medularmente reclamó el cumplimiento de un convenio celebrado con la demandada ante fedatario público el dieciocho de febrero de dos mil veinte, en el que se hizo constar lo siguiente: a) Que la accionante, es la legítima propietaria del departamento identificado con la letra "C", ubicado en calle o circuito Rocío, número 390, manzana 2, lote 3, fraccionamiento Cundagua o Prados del Campestre, Morelia, Michoacán. b) Que ésta reconoció adeudar a la persona moral demandada la cantidad de $2,850,000.00 (dos millones ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) con motivo de la prestación del servicio de construcción que esta última le proporcionó para la edificación de tres departamentos en el año de dos mil doce -entre ellos, el departamento al que ahora alude el solicitante del amparo-. b) Que el inmueble aludido se encontraba en posesión de la persona moral demandada con motivo de dicho adeudo, concretamente de una socia de nombre Ma. Guadalupe Villanueva Cossio o María Guadalupe Villanueva Cossio. (Hecho 4 de la demanda). c) Finalmente, que ambas partes pactaron que una vez liquidado el adeudo apuntado, la persona moral procedería a la entrega del departamento, ello con la finalidad de dar por terminada la relación jurídica entre ambas partes. Ahora, previo requerimiento, en acuerdo de trece de noviembre de dos mil veinte, la responsable admitió a trámite la demanda civil, la registró bajo el número de expediente 765/2020 de su índice y ordenó el emplazamiento de la parte demandada. Una vez hecho lo anterior, el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno la persona moral demandada compareció al juicio y reconoció la existencia del adeudo referido y que efectivamente hasta esa fecha se encontraba en posesión del bien inmueble en comento, el cual precisó, en ese momento estaba habitado por María Guadalupe Villanueva Cossio, socia de la empresa demandada. Posteriormente, por ocurso fechado el dieciséis de abril de dos mil veintiuno ambas partes presentaron convenio judicial, en el que la actora se comprometió a realizar pagos cada dos semanas para liquidar su adeudo, presentando en ese momento un cheque por la cantidad de $1,800,000.00 (un millón ochocientos mil pesos 00/100 M.N.) y la demandada accedió a entregar el inmueble de su propiedad a partir del momento en que recibiera el primer adelanto. So pena de que en caso de que la reo incumpliera con la entrega precitada, se ordenaría el desalojo forzoso. Acuerdo que fue ratificado ante el juez responsable y posteriormente elevado a categoría de cosa juzgada mediante acuerdo de veintitrés de abril de dos mil veintiuno. A fin de vigilar el cumplimiento de dicho convenio, en proveído de veintiséis de abril del mismo año, previa petición de la actora, el juez responsable solicitó a la persona moral demandada que de manera voluntaria procediera a la entrega del departamento materia del convenio, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se procedería a su ejecución forzosa. Ante la omisión de la demandada de atender dicha solicitud, previa petición de la actora, en auto de once de mayo de dos mil veintiuno se ordenó poner en posesión de la actora María Bertha Ballesteros Silva el inmueble materia de litis, previo lanzamiento y desocupación. Lo cual aconteció el seis de julio de ese mismo año. Diligencia a la que una vez iniciado el desalojo compareció directamente el quejoso para hacer manifestaciones de oposición a la diligencia, incluso, presentado a la Notaria Pública número 128, Columba Arias Solís, para dar fe de a actuación. Ahora bien, para acreditar su interés jurídico, el quejoso ofreció como medios de convicción los siguientes: - Diversas impresiones en las que obran conversaciones realizadas a través de correo electrónico que según refiere el quejoso, sostuvo con Alejandro Cárdenas?????????????? Ballesteros, hijo de la tercera interesada María Bertha Ballesteros Silva. (Fojas 14-28 y 30-32 del juicio de amparo). Con las cuales pretende demostrar lo manifestado en su demanda en el sentido de que él fue quien realizó las obras de construcción de los departamentos ubicados en calle o circuito Rocío, número 390, manzana 2, lote 3, fraccionamiento Cundagua o Prados del Campestre, Morelia, Michoacán, que ante el adeudo de María Bertha Ballesteros Silva conservó la posesión de uno de los departamentos y que a la fecha no se había formalizado el traslado de la propiedad de dicho inmueble en su favor. Impresión de diversas conversaciones que, a decir del quejoso, se realizaron por "whats app", entre el esposo de la actora en el juicio natural y aquél veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho y el veintinueve de agosto de dos mil veinte (fojas 43 a 53 ídem). - Copia simple de la licencia de construcción expedida el veintidós de abril de dos mil trece respecto del predio ubicado en calle Rocío, número 386, fraccionamiento Prados del Campestre, en el que aparece como responsable de obra el aquí quejoso, Rodrigo Nocetti Villanueva (foja 29 ídem). - Recibos de pago por servicio de telefonía e internet respecto del inmueble ubicado en calle Rocío, número 390 bis C, fraccionamiento Prados del Campestre, Morelia, Michoacán, en el que aparece como titular el aquí quejoso (fojas 33 a 42 ídem) - Copia certificada de la credencial de elector del promovente Rodrigo Nocetti Villanueva, en la que se asentó como su domicilio el ubicado en circuito del Rocío, número 390, fraccionamiento Prados del Campestre, Morelia, Michoacán (foja 49 ídem) - Documental titulada "Acuerdos de reunión vecinos Loft 390" de diecisiete de noviembre de dos mil catorce (foja 32 ídem). Con respecto a las conversaciones escritas que refiere el quejoso sostuvo con Alejandro Cárdenas Ballesteros, y por "whats app" con el esposo de la actora, en términos del artículo 210-A de la misma legislación2, quien resuelve 2 ARTÍCULO 210-A.- Se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. Para valorar la fuerza probatoria de la información a que se refiere el párrafo anterior, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Cuando la ley requiera que un documento sea conservado y presentado en su forma original, ese requisito quedará satisfecho si se acredita que la información generada, comunicada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, se ha mantenido íntegra e inalterada a partir del momento considera que dichas impresiones no tienen suficiente fuerza convictiva, en la medida en que por constituir conversaciones que provienen de medios electrónicos, su fiabilidad dependerá del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada. De tal manera que si el solicitante del amparo no explicó la manera en que obtuvo dichas informaciones, ni mucho menos justificó su fiabilidad, es claro que tampoco merecen valor probatorio. Máxime que se trata de conservaciones privadas realizadas con una tercera persona, ajena al juicio natural; sin que se aprecie la autorización que obtuvo el quejoso para ofertarlas como medio de prueba en este juicio de amparo. Por otro lado, respecto de la copia simple de la licencia de construcción, en este se aprecia como propietaria del inmueble donde realiza la obra a María Bertha Ballesteros Silva; y, como responsable de la obra al quejoso. En relación con los recibos de telefonía e internet, así como de la copia certificada de la credencial de elector del quejoso, este juzgado considera que si bien constituyen un indicio para demostrar que el quejoso materialmente habita en el departamento ubicado en calle Rocío número 390, manzana 2, lote 3, fraccionamiento Cundagua, Morelia, Michoacán, junto con la licencia de construcción, sin embargo, son insuficientes para demostrar la existencia de un título a su favor que le genere el derecho a poseer ese inmueble. Debiéndose entender como título, la causa generadora de la posesión que pretende defender, la cual debe encontrarse avalada con documento que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a detentar la posesión del bien de que se trate. En efecto, respecto de los recibos de pago apuntados, estos sólo demuestran adeudos o pagos realizados por los conceptos ahí consignados, pero no son idóneos para acreditar que el solicitante del amparo cuenta con la posesión jurídica y legalmente tutelada del inmueble que defiende, en la medida en que su alcance demostrativo radica únicamente en acreditar que el aquí quejoso realizó el pago de internet y telefonía en los meses que se indican en tales recibos y que se encuentra dado de alta ante dichas personas morales como titular del contrato relativo; pero no que efectivamente haya poseído el inmueble en disputa en esos periodos. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia VI.2o. J/190e, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto: "Registro digital: 219234 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito en que se generó por primera vez en su forma definitiva y ésta pueda ser accesible para su ulterior consulta.????????????? Octava Época Materia(s): Civil Tesis: VI.2o. J/190 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 53, Mayo de 1992, página 63 Tipo: Jurisprudencia POSESION. RECIBOS DE SERVICIOS QUE NO LA PRUEBAN. Los recibos de consumo de energía eléctrica, servicio de agua potable, y el contrato con la comisión municipal de agua potable y alcantarillado, únicamente justifican haber pagado tales servicios en los meses a que tales documentos se refieren; pero de ellos no se infiere que quien los presenta a juicio haya poseído el inmueble a que aquellos se refieren." Por otro lado, respecto de la copia certificada de la credencial de elector que exhibe el quejoso, debe precisarse que esta tampoco es adecuada para demostrar el derecho a poseer que pretende defender a través del presente juicio de amparo. Lo anterior porque si bien se asentó en la identificación oficial que exhibe que su domicilio era el ubicado en calle Rocío, número 390, colonia Prados del Campestre, Morelia, Michoacán, lo cierto es que es de conocimiento general que para tramitar dicha identificación, para asentar dicha información en la identificación bastaba con la manifestación del interesado respecto de cuál era su domicilio actual, exhibir un comprobante de domicilio, incluso a nombre de diversa persona, sin que dicha dependencia exigiera que ante ella se acreditara fehacientemente que el domicilio reportado era en el que efectivamente vivía el interesado. Por ende, dicha documental tampoco es suficiente para demostrar el derecho a poseer que alude violentado la quejosa. En ese sentido existe el criterio VI.1o.C. J/26, emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que dice: "Registro digital: 167262 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materia(s): Civil Tesis: VI.1o.C. J/26 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Mayo de 2009, página 986 Tipo: Jurisprudencia DOMICILIO. NO PUEDE DEMOSTRARSE SÓLO MEDIANTE UNA CREDENCIAL DE ELECTOR. Como es un hecho notorio que para efectos de obtener una credencial de elector, la entidad respectiva no exige que ante ella se acredite fehacientemente el domicilio pues basta la simple manifestación del interesado, resulta evidente que ese medio de suyo es ineficaz para comprobar esa circunstancia, toda vez que si bien es cierto que se trata de un documento público, también lo es que debe contemplarse y valorarse a la luz de lo dispuesto por el artículo 202, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria." Con esas bases, queda de manifiesto que el quejoso no demostró que la posesión que detenta derive de un justo título expedido a su favor. Mientras que la licencia de construcción lejos de beneficiarla le perjudica, pues hace alusión a que la propietaria del inmueble era la tercero interesada y no el quejoso. En efecto, como ya se adelantó, la posesión que defiende únicamente la hace depender del hecho de que él fue quien realizó las obras de construcción de los departamentos propiedad de la tercera interesada María Bertha Ballesteros Silva y, con motivo del adeudo que dicha persona tenía con él, celebró verbalmente un contrato de "permuta" con la propietaria, por el que conservó la posesión de departamento que alude en su demanda de amparo, sin que a la fecha se hubiese formalizado el traslado de la propiedad de dicho inmueble en su favor. No obstante, del caudal probatorio que obra en autos no se advierte que para tal efecto la quejosa hubiese demostrado con documento suficiente la existencia de dicho acuerdo con motivo del adeudo de que la aquí tercera interesada tenía con él. Menos aun ofertó algún otro medio de prueba para verificar que, en fecha cierta, celebró verbalmente el pacto que refiere. Incluso, si bien con motivo de su matrimonio que el solicitante del amparo dice que sostuvo con Areli Murillo Ramírez y que ambos conformaban la sociedad demandada, Empero únicamente está justificado que le correspondía la calidad de simple ocupante del inmueble que defiende, dado que no acreditó en este juicio ningún derecho sobre el bien que pueda ser protegido a través del presente juicio de amparo. Resulta aplicable por identidad jurídica la Jurisprudencia 1a./J.47/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "Registro digital: 2018690 Instancia: Primera Sala Décima Época Materia(s): Común, Civil Tesis: 1a./J. 47/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 224 Tipo: Jurisprudencia INMUEBLE ESTABLECIDO COMO DOMICILIO CONYUGAL. PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO DE UNO DE LOS CÓNYUGES QUE SE OSTENTA COMO?????????????? TERCERO EXTRAÑO EN EL JUICIO DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, ES INSUFICIENTE LA SOLA POSESIÓN MATERIAL. El artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo establece que tratándose de actos provenientes de tribunales judiciales, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, lo que constituye la exigencia del interés jurídico. Por otra parte, en relación con el derecho de posesión y el interés jurídico, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 1/2002,(1) definió que la posesión constituye objeto de protección en el juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio del orden civil, siempre que se funde en un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer. Con base en estas premisas, resulta que la figura del domicilio conyugal remite al establecimiento de una vivienda o lugar físico en donde los cónyuges vivirán para organizar su vida en común, sin que constituya una figura que genere "el derecho a poseer" un determinado inmueble, por tanto la posesión simple o mera tenencia material que ejercen los cónyuges sobre una vivienda a partir de la designación del domicilio conyugal, no es el tipo de posesión que se tutela en el juicio de amparo indirecto contra actos provenientes de tribunales judiciales, y por ello, resulta insuficiente por sí sola para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo en el que uno de los cónyuges se ostenta tercero extraño al procedimiento judicial de arrendamiento que culminó en condena para su consorte con orden de lanzamiento del respectivo inmueble, aun cuando el domicilio conyugal se haya establecido antes de la celebración del arrendamiento. Sin embargo, cuando la prueba de la posesión del domicilio conyugal, se complementa con la prueba de algún título sustentado en una figura jurídica (diversa al contrato de arrendamiento controvertido) o en un precepto legal que genere el derecho a poseer el domicilio conyugal (como podría ser que uno de los cónyuges es propietario del inmueble), tales elementos sí podrían servir en su conjunto para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo en el que uno de los cónyuges se ostenta tercero extraño al procedimiento judicial de arrendamiento que culminó en condena para su consorte con orden de lanzamiento del respectivo inmueble y el establecimiento del domicilio conyugal fue previo a la celebración del arrendamiento. Lo anterior, sin que el reconocimiento del interés jurídico implique pronunciamiento alguno respecto de la cuestión de fondo, la que quedaría sujeta a que las pruebas o argumentos de la parte quejosa, arrojaran razones jurídicas para sostener que existió, o no, un derecho de audiencia que debió respetarse en el procedimiento cuya tramitación y resolución se reclama". Asimismo, también es aplicable la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 230328 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materia(s): Civil Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988, página 403 Tipo: Aislada POSESION. LA QUE DEL INMUEBLE POR LOS FAMILIARES DEL TITULAR LES DA EL CARACTER DE SIMPLES OCUPANTES, SIN DERECHO PARA DEFENDERLA EN EL JUICIO DE GARANTIAS. Es evidente que la esposa y los hijos del titular de un derecho de posesión, quiénes solamente están viviendo en el inmueble por su relación con éste, son simples ocupantes que no detentan ningún derecho propio sobre el bien, que pueda ser protegible por la justicia federal, por lo que si el titular del derecho fue demandado en el juicio de origen y con la ejecución de la sentencia se ordena la desocupación y entrega del inmueble a actor, tales actos no les deparan perjuicios que puedan reclamar mediante el juicio de garantías, el que debe sobreseerse, al surtirse la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, puesto que la cónyuge y sus menores hijos carecen de interés jurídico" . Finalmente, por cuanto hace a la documental titulada "Acuerdos reunión de vecinos Loft Rocío 390" carece de firmas o de algún otro documento que le conceda fiabilidad sobre su autenticidad y quienes pactaron ejercer su consentimiento. En ese sentido, si el quejoso, al promover el presente juicio constitucional no demostró la existencia de un justo título a su favor que le genere el derecho a poseer el inmueble que defiende, es razonable concluir que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados, motivo por el cual procede sobreseer en el juicio, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la propia ley de la materia. En atención a lo resuelto, se hace innecesario realizar el estudio de los conceptos de violación, hechos valer por el peticionario del amparo, ya que al haberse actualizado una causal de improcedencia del presente juicio, impide el examen de constitucionalidad de la materia de reclamo. Sustenta lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Registro digital: 220705 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materia(s): Común Tesis: V.2o. J/15???????????? Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, Enero de 1992, página 115 Tipo: Jurisprudencia "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". Finalmente, no pasan por alto las manifestaciones que en vía de alegatos formularon las terceras interesadas; sin embargo, éstos no forman parte de la litis y debido a ello, no existe obligación de este suscriptor de entrar al estudio de los razonamientos expresados en los escritos correspondientes, máxime atendiendo al sentido de la presente resolución. Apoya esta consideración, la jurisprudencia P./J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, del Número 80, Agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro 205449, de título "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Cabe referir que la presente determinación tiene efectos exclusivos para el presente juicio de amparo. De manera que el quejoso tiene expeditas sus derechos para acudir ante la jurisdicción ordinaria, a efecto de ejercer las acciones que estime pertinentes, de ser de su interés. QUINTO. TRANSPARENCIA. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de las partes, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por Rodrigo Nocetti Villanueva, en relación con los actos reclamados precisados en el considerando segundo y por las razones señaladas en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy trece de julio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.
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POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCION: Morelia, Michoacán, trece de julio de dos mil veintidós. V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número 765/2021-II, promovido por Rodrigo Nocetti Villanueva, por propio derecho, contra actos que reclama del Juez y Secretario de Acuerdos adscritos al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Judicial de Morelia, Michoacán; y, ... Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por Rodrigo Nocetti Villanueva, en relación con los actos reclamados precisados en el considerando segundo y por las razones señaladas en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy trece de julio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de mayo de dos mil veintidós. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el veinte de abril de dos mil veintidós se tuvo por emplazado a juicio a la tercero interesada María Bertha Ballesteros Silva, por lo que a la fecha se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para se imponga de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de garantías. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy Femmg
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