Rodrigo Hernandez Mayorga

Expediente 598/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
598/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
01/08/2023

Partes del expediente

  • Rodrigo Hernandez Mayorga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de agosto de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de quince de junio del año en curso, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad archívese el presente expediente. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la segunda parte de la certificación que obra al rubro, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En ese orden de ideas, tomando en consideración que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 20, fracción I del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído en este juicio; empero se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE, en razón de haberse concedido la suspensión de plano; en términos del artículo 17, fracción III, inciso b), del citado acuerdo, por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintiuno de julio al cuatro de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/3021/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo V-598/2023, promovido por Rodrigo Hernández Mayorga en favor de ********************, contra actos del Director de la Policía Municipal de Tarímbaro, Michoacán y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el dieciocho de mayo del dos mil veintitrés, ante la Secretaria de guardia adscrita a este órgano jurisdiccional, Rodrigo Hernández Mayorga, promovió demanda de amparo indirecto a favor de ******************** contra las autoridades y por los actos precisados en su libelo constitucional. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Mediante proveído de dieciocho de mayo del año en curso, se tuvo por presentada la demanda de amparo promovida por Rodrigo Hernández Mayorga a favor de ******************** y se decretó la suspensión de plano. Posteriormente, en auto de diecinueve de mayo del año en curso, previa ratificación del quejoso directo de la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, dio intervención al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, solicitó los informes justificados, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue celebrada en términos de la presente actuación. CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito resulta competente por materia, grado y territorio para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto por los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 49, en relación con el 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Punto Cuarto, fracción XI, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque, en la especie, se reclaman actos cuya ejecución podrían tener verificativo dentro de la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda y demás pruebas y constancias que se allegaron a la Litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se obtiene que el quejoso, reclama en la presente vía constitucional: a) Incomunicación, malos tratos y posible privación de la vida. b) Detención y/o retención. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS IDENTIFICADOS CON EL INCISO A). Las autoridades responsables Director de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tarímbaro, Michoacán y Elementos de seguridad Pública del Municipio de Tarímbaro, Michoacán, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de todos los actos identificados con el inciso a) relativos a la incomunicación, malos tratos y posible privación d la vida, que el quejoso les atribuyó. Con esas bases, toda vez que se dio vista al peticionario del amparo con el sentido de dichos informes y éste a su vez fue omiso en alegar al respecto o bien ofrecer medio de prueba para desvirtuar tales negativas, lo conducente es tener como inexistentes los actos reclamados en la presente instancia constitucional. Ello, pues en el caso debió de demostrarse que contrario a lo narrado por las responsables, se encontraba vigente alguna afectación a los derechos fundamentales que alude violentados el solicitante del amparo. En apoyo a lo anterior se invoca, la jurisprudencia con registro digital 227634, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Además dicha negativa está corroborada con el acta de ratificación de demanda que levantó la actuaria adscrita en data dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, de la que se desprende que éste hizo saber que a partir de ese momento rompió el estado de incomunicación en que pudiese encontrarse el quejoso, cuestionándole si ha estado incomunicada o si ha sido objeto de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, consistentes en marcas, azotes, palos, tormentos, incomunicados o cualquier otro acto que contravenga su dignidad o integridad a lo que manifestó: "(.) que ni antes ni con posterioridad al acto de su detención ha recibido maltrato físico o psicológico; así también, le comunica que alrededor de las cero horas del día de hoy dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, recibí la visita de su (SIC) abogado (.) y reiteró (.) no ha sido objeto de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, pero que ignora el motivo de su detención ya que sólo le indicaron que se trataba de un homónimo". Asimismo, en la referida acta de ratificación de demanda, se desprende que la actuaria adscrita asentó lo siguiente: "(.) que sobre la superficie corporal el aquí quejoso directo ********************, no presenta huellas de violencia física; esto es sobre su rostro, cuello y brazos; del mismo modo, a cuestionamientos director por pare de la actuaria judicial, expone que no tiene daños o golpes en su cuerpo; que se encuentra íntegro y bien de salud, orientado en tiempo, lugar, situación y es cooperador al diálogo." De ahí que, se evidencia que la incomunicación y malos tratos y/o cualquier acto prohibido del artículo 22 constitucional atribuidos a las autoridades responsables son inexistentes. En tales condiciones, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en este juicio de amparo, ante la evidente inexistencia de los actos que la parte quejosa reclamó a las autoridades responsables. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia con registro digital 214593, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO IDENTIFICADO CON EL INCISO B). Las autoridades responsables, al rendir sus informes con justificación, aceptaron la existencia del acto reclamado identificado con el inciso b), relativo a la detención, toda vez que el quejoso fue detenido porque cometió una falta administrativa, por lo que en cumplimiento al artículo 36 del Reglamento de Orden y Justicia Cívica del Municipio de Tarímbaro, Michoacán. Derivado de lo anterior de forma inmediata pusieron al peticionario de amparo a disposición del Juzgado Cívico del Municipio de Tarímbaro, Michoacán, para que determinara la falta administrativa del aquí quejoso, quien mediante resolución de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, determinó que el quejoso cometió las infracciones 1) contra la Justicia Cívica; y, 2) en contra del orden público y la seguridad; por lo que solamente impuso una sanción en cuanto a la primera de las faltas administrativas, consistente en doce horas de arresto con opción de conmutar por mula de 3 UMA ($312 trescientos doce pesos 00/100 moneda nacional) a partir de las nueve horas de arresto, tomándose en cuenta que el momento de la audiencia habían transcurrido nueve horas de arresto del infractor, por lo que se concedió el beneficio de libertad mediante el pago de la multa impuesta. Por su aplicación, es de invocarse la jurisprudencia, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por otro lado, a efecto de acreditar sus aseveraciones, las autoridades responsables remitieron documentales adjuntas a sus informes justificados, mismas que obran en autos. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.´". QUINTO. ANÁLISIS DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando tercero y los antecedentes, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte TCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso concreto el quejoso reclama el acto identificado con el inciso b) relativo a la detención y/o retención. Sin embargo, del contenido de las constancias remitidas por las responsables, se advierte que ha cesado dicho acto, toda vez que el dieciocho de mayo del año en curso, dejaron libre al peticionario de amparo. En consecuencia, se omitirá el análisis de la constitucionalidad del acto identificado con el inciso b) en el considerando tercero de la presente resolución; ello, en virtud de que se advierte actualizada una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente al fondo del negocio, por ser cuestión de orden público en el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. La fracción XXI, del citado numeral 61, de la Ley de Amparo vigente, establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al agraviado en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del inconforme, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al impetrante en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho humano exija. Ante las precisiones anotadas, cabe señalar que en el caso concreto, respecto al acto reclamado identificado con el inciso b) relativo a la detención y/o retención; han cesado. Lo anterior, porque de las constancias remitidas por las autoridades responsables se advierte lo siguiente: El día diecisiete de mayo del año en curso, a las veinte horas con treinta minutos, los elementos de Seguridad Pública adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tarímbaro, Michoacán, realizaban recorridos de prevención y vigilancia en el Fraccionamiento Terranova I; y, se percataron que una persona de sexo masculino, trataba de realizar manipulación de cámaras de seguridad de dicho fraccionamiento, causando pánico y desconfianza en habitantes de ese fraccionamiento. Consecuentemente, al entrevistarse con el ciudadano, se trataba del hoy quejoso, y al seguir con el protocolo constataron en la Plataforma México, que el ciudadano ******************** cuenta con una orden de aprehensión girada por la entonces Procuraduría General de Justicia de Baja California, Tijuana, según el mandato con número de proceso 49723 derivado de la averiguación previa 47/2003, y, por ello, se verificó en el área de aprehensiones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, y se corroboró que se trataba de un homónimo. Sin embargo, el aquí quejoso, al no justificar la manipulación e instalación de las cámaras de seguridad, se determinó como una falta administrativa contemplada en el artículo 30, fracción XVI del Reglamento de Orden y Justicia Cívica del Municipio de Tarímbaro, Michoacán; y, virtud a ello de forma inmediata lo pusieron a disposición del Juzgado Cívico del Municipio de Tarímbaro, Michoacán, Derivado de lo anterior de forma inmediata pusieron al peticionario de amparo a disposición del Juzgado Cívico del Municipio de Tarímbaro, Michoacán, para que determinara la falta administrativa del aquí quejoso, quien mediante resolución de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, determinó que el quejoso cometió las infracciones 1) contra la Justicia Cívica; y, 2) en contra del orden público y la seguridad. En consecuencia, solamente se impuso una sanción en cuanto a la primera de las faltas administrativas consistente en doce horas de arresto con opción de conmutar por mula de 3 UMA ($312 trescientos doce pesos 00/100 moneda nacional) a partir de las nueve horas de arresto, tomándose en cuenta que el momento de la audiencia habían transcurrido nueve horas de arresto del infractor, por lo que se concedió el beneficio de libertad mediante el pago de la multa impuesta. En ese contexto, se corrobora que los efectos del acto reclamado identificado con el inciso b), han desaparecido totalmente, ya que éste mediante resolución de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, ordenó la libertad del quejoso, lo cual se corrobora con el certificado de egreso que obra a foja 84 de autos, con lo cual se dejó sin efectos la medida de detención impuesta; actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, pues en el caso, se ha generado una situación jurídica que definitivamente destruye a la que dio motivo al amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que estimó menoscabado. Lo expuesto se retoma de la jurisprudencia 59/99, que establece: Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, es ilustrativa al respecto la diversa jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, identificada con el número 9/98, que dispone: Época: Novena Época Registro: 196820 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210 "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En tal virtud, es inconcuso que respecto del acto identificado con el inciso b), se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, razón por la cual debe sobreseerse en el mismo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mencionado ordenamiento legal. Finalmente, con relación al pedimento formulado por la Ministerio Público, resulta innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria. Por compartirse se cita en lo sustancial el siguiente criterio: "MINISTERIO PÚBLICO SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria." Por lo expuesto, fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra de las autoridades y por los actos precisados en el considerando segundo por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de mayo de dos mil veintitrés. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos los oficios de cuenta, con el que las autoridades que los suscriben rinden informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que las autoridades responsables envían como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Leonel López Pérez Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN FORMULA ALEGATOS. Agréguese a los presentes autos el pedimento de cuenta, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Leonel López Pérez Secretario que autoriza y da fe.

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