Rodrigo Parada Ruíz
Expediente 168/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 12 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 168/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 01/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Rodrigo Parada Ruíz
- Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, cd.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, uno de febrero de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso (quien son es el facultado para hacerlo) interpusiera revisión en contra de la sentencia que negó el amparo y protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, y archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Juicio de amparo 168/2021 Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del trece de enero de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con la demanda de derechos, el informe justificado rendido por la autoridad responsable, y con las constancias de notificación de la totalidad de las partes; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que se impusieran de las constancias que obran en autos del presente juicio, y finalmente, se hace constar que quedaron notificadas todas las partes del acuerdo de catorce de noviembre del año próximo pasado, mediante el cual se ordenó la reposición del procedimiento en cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria emitida el veintiuno de octubre anterior, en el amparo en revisión administrativa ***, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad; asimismo, se hace constar que el quince de noviembre de dos mil veintiuno, el quejoso fue notificado de la vista concedida para que manifestara si ampliaba o no la demanda de amparo, sin que lo haya hecho. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias, y por perdido su derecho al quejoso para que amplíe la demanda, por lo que la presente resolución únicamente se ocupará de los actos y conceptos de violación propuestos en la demanda inicial. Abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa anexas a su demanda, las páginas de internet mencionadas en la misma y la inspección judicial; así como las ordenadas compulsar por este órgano jurisdiccional en auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en relación con el acta de sesión número 708, de treinta de septiembre de dos mil veinte, agregada en el diverso juicio ***del índice de este juzgado. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las citadas probanzas, así como la inspección judicial desahogada el siete de diciembre del año próximo pasado. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 168/2021, promovido por ********************, contra actos de la Junta directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y otras autoridades, con sede esta ciudad; y, R e s u l t a n d o : Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por oficio 2537/2021, recibido el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el día siguiente hábil, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, remitió copia de la demanda de amparo 137/2021 de su índice y ampliación, promovida por ******************** en contra de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, al estimar que a virtud de que los actos reclamados en dicha ampliación no guardaba estrecha vinculación entre sí, por tanto, ordenó la separación de juicios y se remitió copia certificada del aludido expediente a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, a fin de que la registrara y la turnara al órgano jurisdiccional correspondiente, por lo que hace al acto reclamado consistente en el Acuerdo N°5.1-2020-SE-705, relativo a la corrección del incremento para el año dos mil diecinueve, misma que le tocó conocer a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Posteriormente, el diez de marzo de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional, estimó que quien debía conocer del asunto era el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, por conocimiento previo y ordenó returnar el presente asunto, a lo que el homólogo determinó devolver las constancias al disentir de las consideraciones vertidas en dicho auto. En mérito a lo anterior, mediante proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó remitir copia certificada del presente sumario en consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, a fin de que determinara por razón de turno, qué órgano debía conocer la cuestión planteada, asimismo, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Consecuentemente, en acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se agregó en autos el oficio SECNO/733/2021, por el cual la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, realizó diversas manifestaciones en torno a la consulta de turno planteada y este órgano jurisdiccional no insistió en el multicitado returno. El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional y se emitió la sentencia. Inconforme con ese fallo, el autorizado de la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual le tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, en donde se radicó con el número de amparo en revisión administrativa 640/2021, en el cual los magistrados integrantes de ese órgano colegiado, en sesión de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, determinaron revocar la sentencia y ordenar reponer el procedimiento en el presente juicio. Los efectos para los que se ordenó esa reposición fueron para que este Juzgado efectuara lo siguiente: "Ordene notificar personalmente al quejoso ********************, las documentales que ordenó agregar al juicio mediante acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno y, lo requiera para que, de estimarlo conveniente a sus intereses, dentro del plazo legal de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, amplíe la demanda de amparo, respecto al nuevo acto vinculado a los inicialmente reclamados, consistente en la acta de sesión 708 emitida el treinta de septiembre de dos mil veinte, mediante el cual la autoridad responsable Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), con sede en esta ciudad, dictó un acuerdo que regularizó y actualizó las diferencias de pensión. Provea en el sentido de admitir o desechar respecto de la prueba de inspección judicial ofrecida por el quejoso. Hecho lo anterior, continúe el juicio constitucional por sus fases procesales y, en su oportunidad, con libertad de jurisdicción, dicte resolución que en derecho corresponda." El testimonio de esa ejecutoria y los autos originales del sumario, se tuvieron por recibidos mediante acuerdo de catorce de noviembre del año próximo pasado, en el que se acató lo resuelto por el órgano colegiado y se requirió a la parte quejosa para que dentro de un plazo de quince días, manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo respecto de un nuevo acto reclamado y concepto de violación consistente en el contenido del acta sesión número 708, emitida el treinta de septiembre de dos mil veinte, en el que la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, regularizó y actualizó la diferencia de pensión; así como también se proveyó respecto de la admisión de la prueba de inspección judicial ofrecida por el quejoso. Una vez que se le concedió a la parte quejosa la vista para que manifestara si era su deseo o no ampliar la demanda en los términos indicados por el tribunal colegiado, quedando notificado el quejoso el quince de noviembre siguiente, sin que nada haya manifestado al respecto, por lo que la presente resolución únicamente se ocupará de los actos y conceptos de violación propuestos en su demanda inicial. Continuando con el procedimiento, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede, habiendo quedado vistos los autos del sumario para dictar la sentencia correspondiente que se emite en esta fecha en términos de los siguientes: Considerandos: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto de autoridades cuya residencia se encuentra dentro de la circunscripción territorial de este juzgado de Distrito. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral del expediente, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados se hacen consistir en lo siguiente: De la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad: El acuerdo N°5.I.2020.SE.705, contenido en el acta 705 de sesión extraordinaria de quince de julio de dos mil veinte, donde se autorizó la corrección del incremento para el año de dos mil diecinueve. Determinación que en concepto de la parte quejosa, se efectuó de conformidad con lo previsto por el artículo 59. segundo párrafo, mas no de acuerdo con lo señalado por el quinto transitorio del Decreto 211, de la Ley que rige al citado instituto, concretamente aquella que establece un aumento en igual proporción al del salario mínimo. III. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, pues así lo manifestó al rendir sus informes justificados respectivos, por conducto del jefe de la Unidad Jurídica de dicho instituto. Lo anterior se corrobora con la copia auténtica del documento relativo al Acta del Acuerdo: N°5.1-2020-SE-705, adoptado durante la sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el quince de julio de dos mil veinte, relativo a la corrección del incremento para el dos mil diecinueve. Así se considera, más aún que debe tenerse presente que los artículos 15, fracción X, del Reglamento Interior del instituto mencionado, 13 y 14 del Reglamento de Pensiones, así como los arábigos 63.04 y 63.04.02 del Manual de Organización de la Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales de la misma dependencia, le otorgan la facultad a la subdirección de Pensiones y Jubilaciones y Prestaciones, a través del Departamento correspondiente, de efectuar el cálculo de los montos pensionarios. Además, por lo que se refiere al acuerdo reclamado obra en el sumario copia certificada con la que se acredita su existencia; y, por tanto, dicho documento, cuenta con valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo autoriza su artículo 2º. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 226, sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." IV. Análisis de causal de improcedencia En este apartado debe examinarse si existe alguna causa que torne improcedente el juicio de derechos humanos, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo; de lo cual este juzgado debe ocuparse independientemente de que ese examen sea propuesto o no por la parte interesada. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia 1a./J. 3/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, con registro digital 194697, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." La Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, por conducto del Jefe de la Unidad Jurídica de dicho instituto, refiere que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, la cual resulta inatendible en el presente juicio de amparo, toda vez que el acto aquí reclamado por el quejoso, como ya ha quedado establecido con anterioridad, es el acuerdo N°5.I.2020.SE.705, contenido en el acta 705 de sesión extraordinaria de quince de julio de dos mil veinte, donde se autorizó la corrección del incremento para el año de dos mil diecinueve, y no la negativa ficta cuyos argumentos de la responsable están orientados en dicha causa de sobreseimiento que hace valer. En esa virtud, al no existir diversas causales que analizar propuestas por las parte, ni advertirse oficiosamente la actualización de alguna, este órgano jurisdiccional procede a continuación al estudio de constitucionalidad de los actos reclamados. Conceptos de violación y cuestión previa. Los conceptos de violación que hace valer el quejoso en la demanda de garantías no se trascriben con apoyo en la tesis jurisprudencial número 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante lo anterior, es menester acotar que el reclamo de la parte quejosa se ciñe a controvertir la cantidad de porcentaje anual que fue autorizado como incremento de su pensión en dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte. Bajo esa premisa, se obtiene que el problema jurídico a dilucidar es: si el cálculo del porcentaje de incremento anual a la pensión del agraviado, otorgado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora (ISSSTESON), efectuado por la responsable fue apegado o no a derecho. Al respecto, es preponderante realizar la delimitación del marco legal para la actualización de los montos de las pensiones y análisis del procedimiento llevado a cabo por las autoridades responsables para tales efectos. De conformidad con lo previsto en el quinto transitorio del Decreto 211 de la Ley 38 que rige al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, así como el artículo 26 del Reglamento de pensiones del referido Instituto, el incremento anual al monto de pensión debe otorgarse considerando el salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora. Así, los numerales cuya inobservancia delata el quejoso, disponen: LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA TRANSITORIOS DEL DECRETO 211: "ARTÍCULO QUINTO. Los montos de las pensiones y jubilaciones que actualmente cubre el Instituto y las que se autoricen en el futuro a los trabajadores que conforman a las generaciones actuales, se incrementarán en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora o, en su caso, conforme al aumento derivado de la negociación de los trabajadores del Estado con éste, el que sea mayor, con posterioridad a la fecha de su otorgamiento." REGLAMENTO DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA: "Artículo 26. Los incrementos en los montos de las pensiones otorgadas por el Instituto, serán en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora, para las generaciones futuras; para las generaciones actuales o con derechos adquiridos será en los mismos términos o conforme al aumento derivado de la negociación de los trabajadores con el Estado u los Organismos afiliados, el que sea mayor. El incremento en el salario mínimo se aplicará al monto de las pensiones a partir del día primero de enero del año correspondiente, debiéndose actualizar en los casos en que se acredite ante el Instituto un incremento mayor, en los precisos términos del acuerdo correspondiente." Como se observa, de acuerdo con los dispositivos legales recién transcritos, en relación con el artículo 59 de la Ley 38 de ISSSTESON, el derecho a la obtención de una pensión por jubilación, vejez, cesantía por edad avanzada, invalidez o muerte se genera a favor del trabajador o sus familiares derechohabientes, cuando se colman determinadas exigencias legalmente previstas para tal efecto. Además, conforme al transitorio transcrito, existen dos clases de generaciones de pensionados, las actuales y las futuras, las primeras incluyen a las personas que iniciaron su prestación laboral al servicio del Estado previo a la emisión del decreto 211, en tanto que las segundas son las que ingresaron a trabajar con posterioridad al inicio de vigencia del referido decreto (veintinueve de junio de dos mil cinco). Así, las señaladas en primer término se incrementarán conforme al salario mínimo general vigente en esta Entidad Federativa o a la negociación de trabajadores con el Estado; el que sea mayor. A efecto de poner en contexto, con la mecánica disyuntiva que prevén los numerales en cita y principalmente para poder atender con suficiente información el problema jurídico planteado en el presente juicio, debemos definir la figura denominada "salario mínimo". En ese sentido, la figura económica del salario mínimo, se puede definir como la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por los trabajos que estos realizan durante un periodo determinado, misma que no puede verse disminuida ni en virtud de un convenio colectivo ni de un acuerdo individual. La finalidad de que se establezca un salario mínimo es proteger a los trabajadores contra el pago de remuneraciones escasas y que con ello se garantice el mínimo vital de la clase trabajadora. En el sistema jurídico mexicano, la figura del salario mínimo encuentra su fundamento en el artículo 123, segundo párrafo, apartado A, fracciones VI y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 90 y 94 de la Ley Federal del Trabajo. En consonancia con tales disposiciones fundamentales y, en atención a la satisfacción de necesidades normales de un jefe de familia, cada año el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (en lo sucesivo CONASAMI), previa realización de los estudios correspondientes, efectúa la actualización del valor del salario mínimo general y profesionales su misión es fijar y revisar los salarios mínimos generales y profesionales, procurando asegurar la congruencia entre lo que establece la Constitución Federal y las condiciones económicas y sociales del país, en un contexto de derecho del trabajador a una vida digna. Aquí, es importante hacer hincapié en que, la CONASAMI es un órgano constituido en la Carta Magna, cuya función, por mandato constitucional, consiste en determinar los incrementos a los salarios mínimos de acuerdo con los estudios y análisis que realice, y puede auxiliarse de comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. Por otra parte y, como referencia, para dar lugar a los incrementos del salario mínimo correspondientes a los años 2017, 2018, 2019 y 2020, es trascendente remitirse a la "Resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos por la que se crea la Comisión Consultiva para la Recuperación Gradual y Sostenida de los Salarios Mínimos Generales y Profesionales", publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil catorce, en la que se creó la Comisión Consultiva para la Recuperación gradual y sostenida de los Salarios Mínimos Generales y Profesionales. Dentro de los objetivos de esa comisión destacan los siguientes: a. Proponer las bases o elementos de una política salarial que haga posible la recuperación gradual y sostenida de los salarios mínimos generales y profesionales, en un contexto de crecimiento de la economía nacional, sustentado en el incremento de la productividad, una vez que el poder legislativo haya resuelto, en lo procedente, la desvinculación de la figura del salario mínimo de las disposiciones legales en que se le utiliza como unidad de cuenta, base o medida de referencia, lo que ha constituido una de las ataduras más importantes para que el salario mínimo avance en el cumplimiento del mandato constitucional. b. Promover la desvinculación del salario mínimo como unidad de cuenta, base o medida de referencia en las legislaciones vigentes creadas por los Congresos de las Entidades Federativas, al tener en cuenta que una nueva política para la recuperación gradual y sostenida de los salarios mínimos se establecerá a partir de haberse dado dicha desvinculación en la legislación federal; de no llevarse a cabo podría generar efectos no deseados que afecten a los trabajadores, a las empresas y a las finanzas del Estado en sus tres niveles. En concordancia, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales que incorporaron la utilización de la Unidad de Medida y Actualización que serviría como parámetro de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del entonces Distrito Federal, así como en cualquier otra disposición en el país. Posteriormente, para determinar los salarios mínimos para 2017, el Consejo de Representantes de la CONASAMI señaló en el considerando sexto de la "Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2017", lo siguiente: "Sexto. Los estudios elaborados en el seno de la Comisión Consultiva que señalan la posibilidad de que se incrementen los salarios mínimos son los siguientes: Salario mínimo e inflación de la autoría del Banco de México, en sus consideraciones finales señala: "...requiere que la interpretación que los agentes económicos den al incremento en el salario mínimo no tenga efectos negativos sobre la formación de expectativas. Para ello, es necesario que dichos incrementos, de adoptarse, sean moderados e interpretados no como un ajuste en el costo de vida, sino como un cambio en el precio relativo de la fuerza laboral con menores percepciones." Resumen Ejecutivo de los estudios sobre Salario Mínimo y Empleo, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que se específica: "No hemos detectado efectos (ni positivos ni negativos) del salario mínimo en la distribución salarial de México. Esto no es de extrañar puesto que el salario mínimo no se ha movido de su valor real en los últimos diez años, manteniéndose a niveles muy por debajo de lo que se consideraría un salario bajo (dos tercios de la mediana). Hay por lo tanto margen para incrementar el nivel del salario mínimo en el país. Y aunque no sabemos (en agregado para la economía) el efecto que esto puede tener en el empleo, las evidencias que arrojan la reforma laboral son alentadoras: un incremento del salario mínimo, junto con políticas que palien posibles efectos negativos, pueden ser positivas para reducir la desigualdad y a la vez incrementar el empleo." Efectos del Salario Mínimo sobre la Sustentabilidad de las Empresas en México. Reporte de Investigación. Este reporte fue realizado por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), en él se concluye: "Lo anterior permite establecer conclusiones acotadas de acuerdo a la estimación del modelo econométrico. Primero, resulta factible un ajuste controlado del ingreso real de los trabajadores mediante la revisión del salario mínimo pero sujeto a una vigilancia y revisión permanente de la evolución de los otros factores que afectan la rentabilidad económica de las empresas." "El Informe Final, que contiene los Resultados de las Investigaciones y Estudios Efectuados y las sugerencias y estudios de los trabajadores y patrones" y sus Anexos (Estudios Técnicos), así como los Anexos Normativo y Operativo se entregaron a los solicitantes de esta información por instrucciones del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); por su parte, el Consejo de Representantes resolvió que toda la información señalada se hiciera del conocimiento público mediante su instalación en la página web de la Entidad. Desde el mes de noviembre del presente la información se ubicó en el siguiente sitio web de la Entidad: http:www.conasami.gob.mx" También indicó que en junio de dos mil dieciséis, el Secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal aseguró que - dadas las condiciones existentes, como estabilidad macroeconómica, aumento en la productividad laboral y una baja sensible en la informalidad- era posible un incremento al salario, sin embargo, no se concretó. Debido a ello, con el fin de recuperar de manera gradual y sostenida el poder adquisitivo de los trabajadores, se otorgaron dos incrementos al salario mínimo: uno denominado "Monto Independiente de Recuperación" de $4.00 pesos y otro consistente en un "incremento de fijación" de 3.9%. En relación con ello, la comisión enfatizó que el incremento del MIR de $4.00 pesos diarios correspondía al proceso de recuperación gradual y sostenido del salario mínimo general aplicable única y exclusivamente para beneficio de los trabajadores asalariados, inaplicable para los salarios mínimos profesionales, a quienes únicamente les correspondía el 3.9% denominado "incremento de fijación". También acentuó que el propósito del MIR era que los trabajadores asalariados que percibían un salario mínimo general recuperaran el poder adquisitivo; lo que únicamente se cumplía cuando tenían un aumento adicional que no repercutiera en los precios de los bienes y servicios que consumen las familias en las que existe por lo menos un trabajador que percibe el salario mínimo general. A su vez, dentro de la misma resolución, los sectores obrero y empresarial reiteraron que el incremento al salario mínimo general, tanto en lo que corresponde al MIR como al porcentaje de incremento de la fijación salarial, no debía ser referente para definir los aumentos de los demás trabajadores asalariados del país. Por tanto, las negociaciones de los salarios contractuales debían realizarse con la mayor libertad de las partes, dentro de las condiciones específicas de cada empresa, tomando en cuenta su productividad, competitividad y la imperiosa necesidad de generar empleos productivos, de manera tal que los incrementos otorgados no sean ni techo ni piso para la determinación de los salarios de los mexicanos. Finalmente, en el resolutivo segundo la CONASAMI concluyó: "SEGUNDO. El salario mínimo general que tendrá vigencia a partir del 1o. de enero de 2017 en el área geográfica a que se refiere el punto resolutorio anterior, se integra por tres componentes: primero, el monto del salario mínimo general vigente en 2016, $73.04 pesos diarios; segundo, el Monto Independiente de Recuperación (MIR), $4.00 pesos diarios y, tercero, el incremento de 3.9% sobre la suma de los dos componentes anteriores, $3.00 pesos diarios, lo que arroja un monto de $80.04 pesos diarios como cantidad mínima que deben recibir en efectivo los trabajadores por jornada diaria de trabajo." Un año después, en la "Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del 1o. de enero de 2018" se reiteraron los factores del MIR y el porcentaje de aumento de la fijación salarial, tal como se expuso en el considerando cuarto: "CUARTO. De acuerdo con la Resolución del H. Consejo de Representantes de esta Comisión Nacional que revisa los salarios mínimos generales y profesionales vigentes desde el 1o. de enero de 2017 y establece los que habrán de regir a partir del 1o. de diciembre de 2017, el Consejo determinó actualizar el monto del salario mínimo general, otorgándole un incremento mediante el mecanismo de Monto Independiente de Recuperación (MIR) de $5.00 pesos diarios, para llevar el salario mínimo general a un monto de $85.04 pesos diarios, sobre el cual se otorgó de manera anticipada el incremento correspondiente a la fijación salarial que entrará en vigor el 1o. de enero de 2018 de 3.9%, con lo cual el salario mínimo general que estará vigente a partir del 1o. de diciembre de 2017 será de $88.36 pesos diarios." En dicha resolución se insistió que el MIR es una cantidad absoluta en pesos, cuyo objetivo es única y exclusivamente contribuir a la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo general; y bajo ninguna circunstancia debía servir, ni en términos absolutos ni de manera proporcional, de referente para determinar los incrementos de los salarios mínimos profesionales, contractuales o de cualquier otro salario vigente en el mercado laboral. Asimismo, los sectores obrero y empresarial resaltaron que el aumento al salario mínimo general, tanto en lo que corresponde al MIR como al porcentaje de incremento de la fijación salarial no debía ser referente para definir los aumentos de los demás trabajadores asalariados del país y que las negociaciones de los salarios contractuales debían realizarse con la mayor libertad, dentro de las condiciones específicas de cada empresa, tomando en cuenta su productividad, competitividad y la imperiosa necesidad de generar empleos remunerados. De igual modo, para el año dos mil dos mil diecinueve, en la "Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2019.", en relación con la tabla de salarios mínimos publicados, se conoció que el salario mínimo para la zona general se compondría de un MIR por la cantidad de $9.43, y un porcentaje fijo del 5%. Luego mediante el dictado de la resolución que se difunde a través del Diario Oficial de la Federación, para el año dos mil veinte, se divulgó a través del mencionado medio de difusión oficial, esencialmente lo que a continuación se transcribe: "SE RESUELVE: PRIMERO. Para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República Mexicana habrá dos áreas geográficas: El área geográfica de la "Zona Libre de la Frontera Norte", integrada por los siguientes municipios: Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate y Tijuana, en el Estado de Baja California; San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, en el Estado de Sonora; Janos, Ascensión, Juárez, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, en el Estado de Chihuahua; Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo, en el Estado de Coahuila de Zaragoza; Anáhuac, en el Estado de Nuevo León; y Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, en el Estado de Tamaulipas. El área geográfica del "Resto del país", integrada por el resto de los municipios del país y las alcaldías de la Ciudad de México que no fueron listadas en el punto anterior y conforman la República Mexicana. SEGUNDO. En esta ocasión en términos generales para efectos de la fijación del salario mínimo se integran tres componentes: primero, el monto del salario mínimo general vigente a partir del 1° de enero de 2019; segundo, un Monto Independiente de Recuperación que se suma al monto del salario mínimo vigente anterior; y, tercero, un factor de aumento por fijación igual a 5% que se aplica a la suma del salario mínimo vigente anterior y al MIR; en la fijación del salario mínimo de la Zona Libre de la Frontera Norte no se aplicó el identificado como Monto Independiente de Recuperación. TERCERO. Los salarios mínimos generales que tendrán vigencia a partir del 1° de enero de 2020 será de 185.56 pesos diarios por jornada diaria de trabajo en el área geográfica de la Zona Libre de la Frontera Norte, cuyo incremento corresponde únicamente a la fijación del 5%. Para el Resto del país el salario mínimo general será de $123.22 pesos diarios por jornada diaria de trabajo, cuyo incremento corresponde a 14.67 pesos de MIR más 5% de incremento por fijación. Éstos serán los que figuren en la Resolución de esta Comisión que serán publicados en el Diario Oficial de la Federación como cantidad mínima que deberán recibir en efectivo las y los trabajadores." De esta manera, los incrementos de los años dos mil diecisiete a dos mil veinte, se componen ilustrativamente de la siguiente manera: Año Salario anterior MIR Salario Mínimo + MIR Incremento de fijación salarial Nuevo Salario Publicación en el Diario Oficial de la Federación 2017 $ 73.04 + $ 4.00 $ 77.04 (x) 3.9% = $ 80.04 19/12/2016 2018 $ 80.04 + $ 5.00 $ 85.04 (x) 3.9% = $ 88.36 21/12/2017 2019 $ 88.36 + $ 9.43 $ 97.79 (x) 5% = $ 102.68 26/12/2018 2020 $ 102.68 +14.67 $117.35 (x) 5% = 123.22 23/12/2019 De la mecánica de los años descritos, se advierte que al salario mínimo del año anterior, se le suma el MIR que la CONASAMI determinó, y la cantidad resultante se multiplica por el porcentaje de incremento salarial, cantidad que se adiciona y resulta en un nuevo salario final. Así, a diferencia de años previos, las resoluciones que fijaron el salario mínimo general vigente para los años 2017, 2018, 2019 y 2020, innovaron en la forma de cuantificarlos, pues incorporaron previo al porcentaje habitual, un monto fijo en pesos que se le denominó MIR, previo al incremento salarial. Ciertamente, la CONASAMI determinó que el MIR: Es una cantidad absoluta en pesos. 2) Su objetivo es única y exclusivamente contribuir a la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo general. 3) No debe ser utilizado como referente para fijar incrementos de los demás salarios vigentes en el mercado laboral (salarios contractuales, federales y de la jurisdicción local; salarios diferentes a los mínimos y a los contractuales; salarios para servidores públicos federales, estatales y municipales; y demás salarios del sector informal). 4) El MIR podrá ser aplicado en los procedimientos de revisión salarial o fijación salarial, en términos del artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, una vez delineado el marco económico legal del valor referente que de acuerdo con el quinto transitorio del Decreto 211 de la Ley 38 que rige al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, debe tomarse en cuenta para la actualización de los montos de las pensiones, procede atender los conceptos de violación expresados por la parte quejosa en relación con la constitucionalidad de los incrementos en la pensión Estudio de fondo Son fundados pero inoperantes los conceptos de violación que plantea la parte quejosa en relación con el acuerdo N°7.III.Bis.2020-SO-705, adoptado durante la sesión extraordinaria celebrada con fecha quince de julio de dos mil veinte. En efecto, en vía de conceptos de violación, en relación con el acuerdo señalado en el párrafo que antecede, la parte quejosa esencialmente argumenta que en los años dos mil diecinueve y veinte, el Instituto responsable omitió incrementar el monto pensionario aplicando los parámetros establecidos en el artículo quinto transitorio del Decreto 211, lo que se evidencia al tener a la vista el contenido del acuerdo de referencia reclamado, pues en el mismo se determinó, en lo que interesa, lo siguiente: N°7.III.Bis.2020-SO-705, La Junta Directiva, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, fracciones III y XIV de la Ley 38, autorizando por unanimidad de sus integrantes que se realice el pago del diferencial del 1% aplicable a las pensiones y jubilaciones de 2019, asimismo, que se afecte el presupuesto de 2020 y se programe su pago para el mes de agosto de este año; lo anterior salvo la presentación de hechos o actos supervinientes que impidan la ejecución de este acuerdo en esa fecha, las cuales se informaran a esta Junta Directiva (fojas 83 y 84 del sumario) Antecedentes. En el año de 2019 esta Junta Directiva autorizó un incremento salarial del 4% a los pensionados y jubilados; derivado del dicho acuerdo un número importante de pensionados y jubilados han acudido a los tribunales federales, solicitando a través del juicio de amparo se les reconozca un incremento salarial del 16%. A la fecha los Tribunales han empezad a resolver los juicios en el sentido de que el incremento que correspondía recibir a los pensionados durante el 2019 era el 5%. En tal sentido señalan que para el cumplimiento de las sentencias el ISSSTESON deberá pagar el 1% de diferencia a los pensionados, considerando que su Junta Directiva autorizó el 4%. 2. Criterio normativo Con fundamento en el artículo 104, fracciones III y XIV de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, para efectos de la incorporación del porcentaje que se señala en las resoluciones de los tribunales federales relacionadas con demandas de amparo en las que se reclama el incremento de la cuantía de la pensión, se emite criterio normativo, en el sentido de que se otorgará el incremento del 1% que a la fecha han señalado los tribunales, que se aplicará de manera retroactiva al mes de enero de 2019 y hasta diciembre de ese año, una vez que se confirme el criterio mencionado. Una vez que se confirme el criterio en mención por los tribunales federales, se convocará a sesión de Junta Directiva para determinar la aplicación del criterio procedente y los términos en que se realizará el pago respectivo. Para el caso de los pensionados del magisterio, confirmándose lo anterior se les otorgará un incremento del .55%, en razón de que durante 2019 el incremento que recibieron considerando sus negociaciones salariales con el gobierno federal fue de 4.45. Respecto del ejercicio de 2020, aplicaría el mismo criterio confirmándose las hipótesis anteriores; en lo relativo a los pensionados y jubilados del magisterio el incremento con base en lo anterior podrá ser de hasta el 5%, con efectos retroactivos al mes de enero de 2020" (fojas 89 y 90 de autos). Conforme a lo anterior, los motivos de disenso resultan fundados en la parte en la que el quejoso aduce que la autoridad responsable no atendió al ejercicio disyuntivo (o análisis de las dos alternativas que podría tener el transitorio quinto del decreto 211, y que expone en su demanda), entre un incremento con base en el índice inflacionario que anualmente publica el Banco de México y el porcentaje de aumento correspondiente al salario mínimo; sin embargo, los incrementos salariales y diferencias autorizados en el citado acuerdo no ocasionó perjuicio al impetrante, como a continuación se verá. En efecto, la autoridad responsable tomó como fundamento principal para determinar el monto en el que se incrementaría la pensión a los jubilados del magisterio para el ejercicio de dos mil diecinueve, las diversas sentencias que han sido emitidas por los Juzgados de Amparo y por los Tribunales Colegiados de este Quinto Circuito al resolver los juicios y recursos de revisión interpuestos en relación con el tema, en las que se estableció que posterior a realizar el análisis conducente, el incremento para el ejercicio mencionado sería del 5% (cinco por ciento). No obstante lo anterior, se arriba a la conclusión de que, el motivo de inconformidad, si bien es fundado, resulta ineficaz por inoperante, pues tampoco en nada favorecería conceder el amparo para que la autoridad responsable realice el análisis disyuntivo en los términos que disponen los artículos 59 y quinto transitorio de Ley del ISSSTESON, cuenta habida que, como se analizó con anterioridad, el incremento que corresponde a los ejercicios de dos mil diecinueve y dos mil veinte, se determinó en el porcentaje correcto, esto es en un 5%. Al respecto, la parte quejosa sustancialmente reclama que la autoridad responsable no estuvo en lo correcto al emitir los acuerdos reclamados, al considerar que el aumento del salario mínimo -para el año dos mil diecinueve y dos mil veinte- sólo fue del cinco por ciento (5%), puesto que no refleja el concepto real en que aumentó el concepto de salario para esos años, cada uno, en relación con el inmediato anterior, pues el incremento al salario mínimo era del dieciséis punto veinte por ciento (16.20%) -este porcentaje en relación con el año dos mil diecinueve. En esencia, en sus conceptos de violación indica que el problema en el acuerdo adoptado por la autoridad responsable radica en que fue emitido dotando de un alcance restringido al parámetro del salario mínimo vigente en Hermosillo, pues el considerar que el porcentaje en que éste había aumentado era el equivalente sólo a uno de sus tres componentes que integran el concepto de salario mínimo general, excluyendo de esa manera lo relativo al monto del salario mínimo general vigente en el año inmediato anterior y al Monto Independiente de Recuperación (MIR). De ahí que a ninguna aplicación práctica llevaría conceder un amparo, como se explicó previamente, ya que contrario a lo que la parte quejosa plantea, el elemento - porcentaje (%)-, se obtiene de las propias Resoluciones del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, donde se fijan los salarios mínimos general y profesionales para el año que corresponda o en las tablas de dicha comisión, en las que se publican tales aumentos, y en los cuales se señala la fijación del porcentaje específico de incremento al salario mínimo. En la resolución que fijó el salario mínimo general para el año dos mil diecinueve (2019), la CONASAMI únicamente autorizó - en proporción a la inflación- un aumento al salario mínimo general para todo el país - incluyendo Hermosillo- del 5%, al igual que para el año dos mil veinte. De esta manera, el porcentaje en que aumentó el salario mínimo general en la zona de Hermosillo para el ejercicio dos mil diecinueve, fue del 5%, y no en los porcentajes que pretende el amparista, (16.20% para dos mil diecinueve y el resultante correspondiente para dos mil veinte); por tal razón, acorde a los artículos 59 y quinto transitorio de la Ley del ISSSTESON, el porcentaje en el que debe considerarse que se incrementó el salario mínimo general para la zona de Hermosillo es del 5%. En esa medida, la autoridad responsable regularizó lo relativo al porcentaje que corresponde del incremento a la pensión de la parte quejosa, aplicándole el 5% que corresponde para los años dos mil diecinueve y dos mil veinte, aún y cuando no hubiere atendido formalmente los parámetros establecidos por el legislador estatal en los artículos 59 y quinto transitorio de la Ley del ISSSTESON. Además y sobre todo, que indirectamente lo realizó al especificar en el acta de quince de julio de dos mil veinte y de siete de febrero de ese mismo año, que emitía la adecuación del incremento atendiendo al sentido de las múltiples ejecutorias de amparo, en las que se realizó el análisis conducente y donde se especificó el incremento que correspondía para el año dos mil veinte. Considerar lo contario implicaría aceptar de facto que la cuota pensionaria diaria se eleve en función del MIR, más el porcentaje de incremento establecido por la CONASAMI; esto es, que una vez actualizada, podría aplicarse el porcentaje de aumento del salario mínimo, lo que es jurídicamente inaceptable en la forma vista con anterioridad. Bajo ese contexto resulta inexacto el planteamiento en el que la parte quejosa afirma que el salario mínimo aumentó en un porcentaje mayor al 5%, pues como se vio, el incremento relativo sólo fue en ese porcentaje, en la inteligencia que lo demás corresponde al concepto denominado MIR, cuya naturaleza y reglas de operatividad son incompatibles con el sistema pensionario elegido por el legislador sonorense. Por ello, los acuerdos de siete febrero y quince de julio de dos mil veinte, donde se regularizó el incremento para el ejercicio dos mil diecinueve y se estableció que para el año dos mil veinte, podría ser un incremento al porcentaje ya indicado (5%), el cual se confirmó con el acuerdo del acta 714 de sesión de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, está ajustado a las cantidades que se encuentran plenamente establecidas para el tema en particular. En virtud de lo expuesto, resulta fundado pero inoperante el concepto de violación en la parte en la que se establece que en el acuerdo impugnado no se atendieron las previsiones establecidas en los artículos 59 y quinto transitorio de la Ley del ISSSTESON, para arribar a la cantidad que corresponde al incremento en la pensión para los años dos mil diecinueve y dos mil veinte, pues con independencia de los motivos que consideró la autoridad responsable para concluir que el porcentaje que debe tomarse en cuenta para el incremento de la pensión es el 5%; de modo que a nada práctico llevaría una concesión de amparo, en virtud de que está previamente determinado que es ese el porcentaje correcto que se debe considerar para los años dos mil diecinueve y dos mil veinte y no los que pretende el quejoso. Resulta aplicable al caso la tesis jurisprudencial sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 108 en el Apéndice 2000, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, página 85, Séptima Época, registro electrónico 917642, del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado." Bajo ese orden de ideas, ante la naturaleza del Monto Independiente de Recuperación (MIR) y sobre todo considerando la exclusión en torno a su aplicación, como ya se dijo, resulta incuestionable que este no puede hacerse extensivo al caso de las pensiones. En concreto, este juzgador concluye que los porcentajes de incremento que, en todo caso, habrá de considerar la autoridad responsable para los efectos de aumentos de pensión a que se contraen los citados numerales quinto transitorio del Decreto 211 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, así como al artículo 26 del Reglamento de pensiones del referido Instituto, son los estipulados en las resoluciones emitidas por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a que se hizo alusión en esta determinación, esto es, del 5% para el año dos mil veinte. Lo que se ve robustecido con los artículos 59, 68 y 73 de la Ley 38 del ISSSTESON donde se establece que para determinar la cuota pensionaria únicamente se debe considerar el sueldo o sueldos percibidos por los que se cotizó al instituto, sin que exista elemento alguno que permita inferir ni siquiera indirectamente que se permitió la inclusión del Monto Independiente de Recuperación (MIR) que, además, no forma parte del sueldo que percibió la persona trabajadora ahora pensionada. Bajo el anterior marco jurídico y consideraciones efectuadas, en atención al acuerdo N°7.III.BIS.2020-SO-705, adoptado durante la sesión extraordinaria de quince de julio de dos mil veinte, en el que se autorizó el pago diferencial aplicable a las pensiones y jubilaciones de dos mil diecinueve, para obtener un incremento total del 5% (cinco por ciento) respecto a dicha anualidad; de ahí, que resultan inoperantes los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, sin que en el caso se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. Ahora, con base en el estudio realizado en párrafos precedentes de este considerando, se concluyó que los porcentajes de incremento que, en todo caso, habrá de considerar la autoridad responsable para los efectos de aumentos de pensión a que se contraen los citados numerales, son los estipulados en las resoluciones emitidas por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que para los años de dos mil diecinueve y dos mil veinte fue de un 5%. Por otra parte, si bien, quedó evidenciado que la autoridad responsable al momento de determinar los aumentos de los pensionados para el año dos mil diecinueve, no atendió en literalidad al ejercicio disyuntivo entre un incremento con base en el porcentaje de aumento correspondiente al salario mínimo, no estaba constreñida a observar estrictamente el procedimiento que para el incremento de salarios debe efectuarse en relación con aquellas personas pensionadas que perciben el salario mínimo; sin embargo, lo cierto es que se otorgó a la impetrante el porcentaje que le correspondía. Es decir, la parte quejosa recibió un aumento total del cinco por ciento (5%) en su pensión por jubilación, y según lo analizado en esta resolución le correspondía un cinco por ciento (5%); de ahí, resulta inconcuso que conceder la protección constitucional para efectos de que la autoridad realice el ejercicio disyuntivo de mérito, no le aportaría ningún beneficio, por ello, lo inoperante de su motivo de disenso. En otro aspecto, cabe destacar que, contrario a lo que pretende la quejosa, la interpretación de las normas que derivan del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no tiene por efecto soslayar las reglas que imperan en el juicio de amparo o lo previsto en la legislación aplicable en cuanto al fondo del asunto. En efecto, si bien la reforma a los artículos 1 y 103, fracción I, de la Constitución Federal, en relación a los derechos humanos y a la interpretación más favorable a la persona, implicó un cambio en el sistema jurídico mexicano; también lo es que dicha circunstancia no tiene el alcance de que los juzgadores soslayen las reglas que rigen el juicio de amparo o la inobservancia de las normas jurídicas en cuanto al fondo del asunto, es decir, que dejen de cumplir con sus atribuciones y facultades. Por tanto, al no encontrar sustento jurídico lo argumentado por la parte quejosa, pues como se analizó, no hay en el ordenamiento jurídico estatal precepto normativo alguno que permita la variación de la pensión en los términos que pretende la peticionaria de amparo, ello no significa que se transgreda en su perjuicio los derechos de legalidad y previsión social. En atención a la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 906, Décima Época, materias Constitucional, Común, con registro digital 2004748, de rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Consecuentemente, ante lo fundado pero inoperante de los conceptos de violación expresado por el quejoso en relación con el acuerdo N°7.III.BIS.2020-SO-705, adoptado durante la sesión extraordinaria de quince de julio de dos mil veinte; en lo concerniente al incremento de la pensión para el año dos mil diecinueve, lo que procede es negar al quejoso el amparo solicitado. En otra vertiente, se hace la acotación de que la parte quejosa se duele de que las autoridades responsables efectuaron el pago de las diferencias derivadas de los incrementos pensionarios autorizados en los ejercicios fiscales contenidos en el acuerdo que reclama y las describe como incorrectas, partiendo de la premisa de que el incremento que se le realizó a su pensión es menor al que en su opinión le corresponde. Sin embargo, atendiendo a lo arribado en la presente sentencia, al determinarse que no le agravia el porcentaje acordado por la autoridad como incremento para el ejercicio 2019, deviene ineficaz el argumento vertido en ese aspecto. En cuanto a ello expone que el pago de las citadas diferencias le fueron realizados sin estar debidamente actualizadas. En apoyo a sus manifestaciones cita la jurisprudencia 2a./J. 135/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PENSIONES OTORGADAS POR EL ISSSTE. LAS DIFERENCIAS DERIVADAS DE LOS INCREMENTOS OMITIDOS POR EL INSTITUTO DEBEN ENTREGARSE ACTUALIZADAS." Ahora, en este criterio que invoca la parte quejosa en apoyo a sus manifestaciones, se hace referencia a que cuando el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), omite dar cumplimiento a la normativa en comento y el pensionado reclama (ya sea ante el propio Instituto o con posterioridad en el juicio contencioso), tanto los incrementos omitidos como las diferencias que de ellos deriven, en caso de resultar procedente dicho reclamo, quedará constreñido a entregar las diferencias debidamente actualizadas. En el caso particular, no se advierte que la parte quejosa se hubiera inconformado, en principio, ante el propio Instituto, cuando recibió el pago por concepto de "retroactivo" y de lo cual tuvo pleno conocimiento, como se observa de las diversas documentales públicas remitidas por las autoridades responsables, en las que se agregaron los recibos de pago a nombre de la parte quejosa donde se incluye el concepto de pago por retroactivo en su favor, los cuales no fueron debatidos con las probanzas idóneas por la impetrante, salvo con las manifestaciones plasmadas en la demanda. Sobre ese particular, no debe perderse de vista que los actos de autoridad se presumen legales salvo prueba en contrario. Por lo tanto, si la autoridad responsable remitió los comprobantes de nómina en los que se advierte el pago de retroactivo y la parte quejosa afirma que los porcentajes que en derecho le corresponde son distintos a los considerados y entregados por la autoridad, pues a su parecer no fueron entregados de forma actualizada; entonces al quejoso le correspondía demostrar sus aseveraciones, a fin de desestimar la veracidad de los porcentajes reportados por el Instituto demandado, lo que trae como consecuencia que la carga de la prueba sea compartida. De ahí lo ineficaz de sus argumentos en relación a ese tópico. En lo conducente, se invoca el criterio contenido en la tesis I.5o.A.15 A (10a.) del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 68, correspondiente al mes de Julio de 2019, Tomo III, página 2138, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA CARGA DE LA PRUEBA DE SUS INCREMENTOS DEBE SER COMPARTIDA ANTE LA INSISTENCIA DEL ACTOR EN CUANTO A QUE EXISTE UN CÁLCULO INCORRECTO. De conformidad con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia 2a./J. 93/2013 (10a.), de título y subtítulo: "PENSIÓN DEL ISSSTE. CARGA DE LA PRUEBA DE SUS INCREMENTOS EN EL JUICIO DE NULIDAD.", corresponde al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado probar los hechos en que motiva el contenido de la resolución expresa o de la que originó la negativa ficta impugnada, respecto del cálculo correcto y pago de los incrementos a la pensión jubilatoria, cuando el pensionado lo niegue lisa y llanamente; no obstante, si de las pruebas exhibidas por el instituto demandado se colige que éste aplicó los incrementos pensionarios respectivos conforme al régimen legal aplicable, y el actor insiste en que existe un cálculo incorrecto, al afirmar que los porcentajes que en derecho le corresponden son distintos a los considerados por la autoridad, entonces a aquél corresponde demostrar sus aseveraciones, a fin de desestimar la veracidad de los porcentajes reportados por ésta, lo que trae como consecuencia que la carga de la prueba en ese caso sea compartida." Decisión: En las relatadas condiciones, ante lo fundado pero inoperante de los conceptos de violación expresados por el quejoso en relación con el acuerdo N°7.III.BIS.2020-SO-705, adoptado durante la sesión extraordinaria de quince de julio de dos mil veinte; en lo concerniente al incremento de la pensión para el año dos mil diecinueve y los pagos de actualizaciones que reclama, lo que procede es negar al quejoso el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se VII. R e s u e l v e Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, respecto del acto reclamado y autoridad responsable, indicados ésta y aquélla, en los considerandos II y III, por los fundamentos, motivos y razones expuestas en los diversos apartados V y VI. de esta sentencia. Notifíquese personalmente y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, José Enrique Ayala García, secretario de Juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy fe. SENTENCIA ANALISTA JURÍDICO SISE LIBRO DE GOBIERNO CONTROL INTERNO
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de diciembre de dos mil veintidós. De la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días para que el quejoso se pueda imponer respecto del desahogo de la inspección judicial llevada a cabo a las diez horas del siete de diciembre anterior, por el actuario judicial adscrito a este juzgado. Diferimiento de audiencia constitucional. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del trece de enero de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dos de diciembre de dos mil veintidós. De la certificación que antecede y el estado de autos se advierte que por auto de catorce de noviembre de dos mil veintidós, se repuso el procedimiento del presente juicio y se admitió la inspección judicial ofertada por la parte quejosa, señalándose las once horas con treinta minutos del veintiocho de noviembre anterior, para su desahogo, prueba que a la fecha no se ha llevado a cabo. Por tanto, se comisiona al actuario judicial adscrito a fin que lleve a cabo dicha prueba ordenada por auto de catorce de noviembre anterior, por lo que se señalan las diez horas del siete de diciembre de dos mil veintidós, para su desahogo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes
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- Rodrigo Duarte Tineo1202/2022
- Rodrigo Esquer Rosas1077/2021
- Rodrigo Lucas Araujo Telles205/2020
- Rodrigo Parada Foullet365/2022
- Rodrigo Parada Ruíz169/2021
- Rodrigo Silverio Beltrán Valdez610/2020
- Roelof Bernard Elsman Zeeders955/2021
- Rogelia Navarro Navarro858/2020
- Rogelio Aguilar Medina543/2018
- Rogelio Alcaraz Gutierrez764/2016
- Rogelio Amavizca Holguin1449/2018