Rodrigo Parada Ruíz

Expediente 169/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 14 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
169/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
20/12/2022

Partes del expediente

  • Rodrigo Parada Ruíz
  • Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, cd.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con cincuenta y nueve minutos del veinte de diciembre de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yepiz Rosas, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da cuenta al juez con las constancias que obran en autos; demanda de derechos, auto admisorio, informe justificado rendido por la responsable y con las constancias de notificación practicada a la totalidad de las partes; asimismo, se da cuenta con el oficio registrado con el folio 19956. A lo que el juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. Por otra parte, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio que suscribe el jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado del Sonora, en cuanto a su contenido, y tomando en consideración que mediante proveído de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, remitió las constancias que le fueron solicitadas; se le tiene dando cumplimiento a lo requerido en auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Por otro lado, de la certificación anterior se advierte que en el auto admisorio, se estimó que dada la naturaleza del reclamo constitucional, no existían terceros interesados. Lo anterior, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta con las documentales ofertadas por la autoridad responsable; así como, con las pruebas ofertadas por la parte quejosa, a saber, las documentales y las páginas de internet mencionadas en el escrito de demanda y con las ordenadas compulsar el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo como lo indica su numeral 2, se tiene por perdido el derecho de las partes para formular alegatos, por lo que se declara cerrado dicho periodo. Acto seguido; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto ********************; y, Resultando Único. Antecedentes y trámite del juicio de amparo 1. Demanda. Por escrito recibido el tres de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido por razón de turno, al Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Sonora, ** y otros, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por el acto reclamado consistente en la negativa ficta derivada de la solicitud que presentaron ante el instituto responsable. 2. Ampliación de demanda. Después, mediante escrito recibido el diez de diciembre de dos mil veinte en aquel órgano jurisdiccional, los quejosos, ampliaron su demanda de derechos, señalando como acto reclamado las actas 672 y 705, celebradas por la junta directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; sin embargo, dicho juzgado estimó que en virtud de que cada quejoso tiene su propio expediente respecto la pensión que a cada uno le corresponde, ante una posible concesión del amparo, dicha prestación debería analizarse de manera particular, por tanto, sus pretensiones no podían ser analizadas en un solo juicio de amparo; por ello, con fundamento en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por lo que ordenó la separación de autos y remitió copia certificada de la demanda a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, a fin de que la registrara y turnara al órgano jurisdiccional correspondiente. 3. Juzgado segundo recibe demanda y ampliación por respecto a un solo quejoso. Por acuerdo de dieciséis de febrero de la presente anualidad, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, recibió copia del juicio **, del índice de su homologo federal, por medio de la Oficina de Correspondencia Común, la admitió, empero, dicho órgano estimó que el acto originalmente reclamado -respuesta negativa ficta dada a la solicitud formulada respecto el incremento en su pensión- y reclamo en el escrito de ampliación de demanda -actas 672 y 705, celebradas por la junta directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora-, no guardan estrecha vinculación entre sí, pues estos últimos son autónomos y no derivan del combatido inicialmente, pues sus efectos y naturaleza son independientes de la respuesta negativa reclamada originalmente; de ahí que ante la falta de vinculación del acto reclamado en la ampliación, el aludido juzgado remitió copia certificada del expediente, a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, a efecto de que lo turnara a quien correspondiera. 4. Se recibe juicio de amparo relativo a *** por lo que respecta al acto reclamado consistente en acta 672, celebrada por la junta directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. 5. En esa virtud, por acuerdo de uno de marzo de dos mil veintiuno, se recibió en este juzgado copia certificada del expediente relativo a R***, respecto a un acto reclamado, proveído en el cual se estimó declinar turno a favor del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, a razón de conocimiento previo, dicho órgano no acepto el turno planteado por lo que el veinticuatro de marzo siguiente, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de derechos, pidió a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; además, envió copia certificada del asunto a consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el cual el tres de mayo último, realizó diversas manifestación por lo que este juzgador optó seguir conociendo del presente asunto y continuar con la secuela procesal. 6. El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia y se dictó resolución constitucional, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio. 7. Recurso de revisión. Inconforme con dicho fallo, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual fue radicado con el número de toca 785/2021, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. 8. Trámite de reposición y audiencia constitucional. Posteriormente, el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo en la que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, revocó la sentencia recurrida y ordenó reponer el procedimiento, por lo que en acatamiento a lo determinado por el tribunal de alzada, se proveyó en relación con la prueba de inspección judicial ofrecida en autos por la solicitante de amparo, misma que fue desechada en dicha data y se requirió por diversas documentales a la autoridad responsable Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, requerimiento que se tuvo por cumplido al tenor del acta que antecede al haberse recibido las documentales solicitadas, mediante proveído de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. 9. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes: Considerandos I. Competencia 10. Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que el acto que se impugna es atribuido a una autoridad cuya residencia se encuentra dentro de la circunscripción territorial de este juzgado de Distrito. II. Precisión del acto reclamado. 11. Del estudio integral del expediente, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: - Acuerdo J.D.S.O.672/08, adoptado durante la sesión ordinaria celebrada por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, relativo al incremento para el año de dos mil dieciocho. III. Existencia del acto combatido 12. Es cierto el acto atribuido a la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, pues así se advierte de la lectura de su informe justificado. 13. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." IV. Causa de improcedencia actualizada. 14. En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, quien resuelve se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. 15. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." 16. En el presente asunto, este juzgador estima actualizada la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" 17. De dicha causa de improcedencia, se pueden actualizar dos supuestos, a saber: a) Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación); y, b) Cuando se da la sustitución de actos procesales, que conlleva a que uno queda en suspenso hasta en tanto se decide el otro, por la relación que guardan entre sí, en donde la resolución del segundo da firmeza a los actos del proceso dictados previamente, esto es, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). 18. En el primero de los precitados supuestos se indica que los efectos de un acto reclamado no cesan sino hasta cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. 19. En otras palabras, de acuerdo al supuesto en análisis, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la destrucción definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, lo cual puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, merced a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. 20. Lo anterior, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." 21. En cuanto a la hipótesis indicada en el inciso b), relativa a la sustitución procesal, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo, esto es, cada nuevo acto que se relaciona con el anterior, en su caso, lo sustituye procesalmente y le da firmeza. 22. Ilustra lo anterior, la tesis I.3o.C.92 K, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." 23. En el caso a estudio, se actualiza la segunda de las hipótesis antes reseñadas -sustitución-, pues el peticionario de amparo combate el acuerdo J.D.S.O.672/08, adoptado durante la sesión ordinaria celebrada por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. 24. Ahora bien, mediante acta 700, aprobada en sesión ordinaria de siete de febrero de dos mil veinte, se emitió el acuerdo N°7.lllBis-2020-SO-700, en el que se autorizó el incremento para el año de dos mil dieciocho de los pensionados y jubilados del magisterio, por concepto de ajuste de la nómina del ejercicio de ese año, lo que se encuentra corroborado con las constancias que obran agregadas en el presente juicio derechos, y que fueron valoradas en el apartado precedente. 25. En esa virtud, se concluye que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, en virtud de que mediante la citada acta 700, de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, se aprobó el acuerdo N°7.lllBis-2020-SO-700, relacionado anteriormente, por lo que con tal actuación sobrevino un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, por lo que no se puede entrar al estudio de fondo del acto aquí reclamado sin afectar la nueva situación jurídica imperante para el quejoso ante la autoridad responsable. 26. Por ende, ello constituye la cesación de sus efectos, al haber sido sustituido el acuerdo J.D.S.O.672/08, por el diverso N°7.lllBis-2020-SO-700, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, en vía de consecuencia, el sobreseimiento del presente juicio de derechos. 27. Sirve de apoyo, por las razones que la contienen, la tesis V.5o.1 K, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." V. Decisión. 28. En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, en términos del numeral 63, fracción V, en relación con el diverso 61 fracción XXl, ambos de la ley de la materia, procede sobreseer en el presente juicio de derechos. 29. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: Resuelve 30. Único. Se sobresee en el presente juicio de derechos promovido por ********************por las razones y fundamentos expuestos en el considerando IV de este fallo. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, siete de diciembre de dos mil veintidós. Actos tendentes. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la autoridad responsable, en el que informa los actos tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Se requiere cumplimiento. No obstante, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que en el plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita constancia fehaciente que acredite la entrega del cheque correspondiente a la pensión otorgada al aquí quejoso Rodrigo Parada Ruíz. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de incumplir, con lo anterior, se le impondrá multa a cada una equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 258 de la ley de la materia, y se remitirá el expediente al tribunal colegiado en turno, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis IX.1o.6K, consultable en la página 883, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, de la Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. Fabián

  3. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Actos tendentes. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la autoridad responsable, en el que informa los actos tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Se requiere cumplimiento. No obstante, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que en el plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita constancia fehaciente que acredite la entrega del cheque correspondiente a la pensión otorgada al aquí quejoso ********************. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de incumplir, con lo anterior, se le impondrá multa a cada una equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 258 de la ley de la materia, y se remitirá el expediente al tribunal colegiado en turno, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis IX.1o.6K, consultable en la página 883, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, de la Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. Fabián

  4. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Diferimiento de audiencia constitucional (se solicitan constancias). Visto el estado procesal que guarda los presentes autos, de los que se advierte que la autoridad responsable no ha remitido las constancias que le fueron requeridas mediante proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Requerimiento a responsable. En tal virtud, con apoyo en lo establecido en el artículo 75, párrafo tercero de la ley de la materia, requiérase de nueva cuenta a la autoridad responsable, para que dentro de un plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, se sirva remitir a este juzgado la siguiente información debidamente documentada consistente en la fecha en que se otorgó la pensión a la quejosa, los porcentajes del incremento anual del haber de retiro de la quejosa, desde su otorgamiento, además, del método empleado y el sustento para decidir cada incremento en la pensión de la parte quejosa, desde su otorgamiento. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de incumplir con el anterior requerimiento, conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Por lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las nueve horas con cincuenta y nueve minutos del veinte de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián

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