Rodrigo Esquer Rosas
Expediente 1077/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 26 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1077/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 20/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Rodrigo Esquer Rosas
- Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Incidental
Auto. En Hermosillo, Sonora, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de testimonio. Glósense a los autos el oficio y anexos de cuenta remitidos por la actuaria adscrita al Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, por medio del cual adjuntó el testimonio de la ejecutoria proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual en sesión de treinta de junio de dos mil veintitrés, en el incidente en revisión 140/2022 el órgano plenario, resolvió lo siguiente: "[.] PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva del acto reclamado solicitada por el quejoso Rodrigo Esquer Rosas, por los motivos, fundamentos y para los efectos expuestos en la resolución que se confirma. [.]" Acúsese el recibo de estilo del testimonio de ejecutoria pronunciado en el incidente en revisión 140/2022, del control del tribunal oficiante, así como los autos originales del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1077/2021 del propio índice. Glósense las constancias originales que formen parte del expedientillo formado con motivo del recurso de revisión. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes. Hágase de conocimiento de lo anterior a la autoridad responsable. Notifíquese; y mediante oficio al órgano revisor, así como a la autoridad responsable. Así lo acordó y firmó electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dos de enero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de los autos, se advierte que no obran las constancias de notificación del auto que tuvo por interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, a la siguiente autoridad tercera interesada: Secretaría de Salud del Gobierno Federal, con sede en Ciudad de México. En tal virtud, a efecto de integrar debidamente el presente asunto, reexpídase el respectivo oficio, vía paquetería acelerada, a saber, 27768/2022, del control de este juzgado. Cúmplase. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Interpone recurso de revisión. Glósese a los autos el escrito de cuenta suscrito por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución constitucional de tres de octubre de dos mil veintidós, dictada en el presente expediente; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación. Distribúyase entre las partes copia del escrito de interposición y expresión de agravios; en la inteligencia que la correspondiente a la representación social de la adscripción, queda a su disposición en la secretaría de este juzgado y en su oportunidad, remítanse los autos al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que corresponda, para el trámite correspondiente del citado recurso, acompañándole el original y copia del escrito de interposición y expresión de agravios. Se hace la acotación que no se dejará para consulta, copia de las constancias que integran el sumario, toda vez que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes una versión digital de este, la cual puede ser consultada por el órgano y las partes, de conformidad con la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal; lo dispuesto por el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; y, en atención al contenido del oficio CJF/VJ/6052/2011 del visitador general del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hágase la certificación correspondiente en el cuaderno de antecedentes. Notifíquese; personalmente a la representación social de la adscripción, por oficio a las autoridades responsables y terceras interesadas. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con veintisiete minutos del tres de octubre de dos mil veintidós, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1077/2021, se constituye en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien autoriza y da fe, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin la comparecencia personal de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura a todas las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, la constancia de emplazamiento de la autoridad responsable e informe justificado rendido por esta; así como el llamamiento a juicio de la parte tercero interesada. Abierto el periodo de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales exhibidas por la autoridad responsable (treinta y nueve tomos de pruebas), discos versátiles digitales (diecisiete), y una memoria USB. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia. Acto seguido, se abre la etapa de alegatos y el secretario hace constar únicamente los formulados por la representación social de la adscripción. El juez acuerda: se tienen por formulados dichos alegatos y por perdido el derecho de las demás partes para hacerlo. Acto continuo, se cierra la audiencia y a continuación se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1077/2021; y Trámite del juicio de amparo Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, remitida el siguiente día al Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Sonora, por razón de turno, Rodrigo Esquer Rosas solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto reclamado del juez Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Prevención. Mediante acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, dicho órgano jurisdiccional radicó la citada demanda de amparo, registrándola bajo el número 688/2021 y se previno al quejoso para que precisara si se había acogido o no al beneficio de la libertad provisional bajo caución ante la juez de la causa, e informara si el motivo de su comparecencia ante la juez de la causa, fue con motivo de alguna suspensión otorgada en un juicio de amparo. Admisión. Una vez que se cumplió con la citada prevención, por auto de veintinueve de junio siguiente, se admitió a trámite la demanda, motivo por el cual se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio vista a la representación social, quien formuló pedimento y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Se reconoce a terceros interesados. Mediante proveído de diez de agosto de dos mil veintiuno, se reconoció como terceros interesados a la Secretaría de Salud del Estado de Sonora, a los Servicios de Salud del Estado de Sonora, al Sindicato de Empleados de los Servicios de Salud de Sonora, a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal con sede en Ciudad de México, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, quienes quedaron emplazados. Returno. Por auto de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, el citado órgano jurisdiccional declinó a la competencia por turno a favor de este juzgado. Acepta returno. Mediante proveído de uno de octubre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional aceptó el returno de referencia y radicó el juicio de amparo bajo el número 1077/2021, y se ordenó notificar a las partes. Audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio de amparo, previos diferimientos, tuvo verificativo la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes al tenor del acta que antecede, la cual culmina con el dictado del presente fallo. Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor; en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que se promueve contra un acto con ejecución dentro del territorio en que este juzgado ejerce jurisdicción. Precisión del acto reclamado Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral del expediente, se desprende que el quejoso reclama de la autoridad responsable la resolución emitida el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en la causa penal 1/2020, en la que se decretó auto de formal prisión en su contra. Certeza del acto reclamado Es cierto el acto reclamado al juez Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, de esta localidad, pues así se desprende del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las constancias que allegó la autoridad mencionada (treinta y nueve tomos de pruebas), así como con diecisiete discos versátiles digitales y una memoria USB, relativos a la causa penal 1/2020. A las documentales mencionadas se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 2, párrafo segundo, del último ordenamiento legal citado. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". IV. Estudio de fondo De oficio este juzgador no advierte la actualización de alguna causal de improcedencia, ni aparece que las partes las hayan hecho valer; por tanto, se procederá al estudio de la cuestión constitucional planteada. En principio, se debe decir que para el estudio del presente asunto serán examinados los conceptos de violación inmersos en la demanda de amparo, razón por la que es innecesaria su transcripción. Precisado lo anterior, se debe decir que los conceptos de violación que hace valer el quejoso resultan infundados, sin que del análisis de la resolución en suplencia de la queja deficiente, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lleve a diversa consideración, como se expondrá enseguida. Se procede al análisis de la resolución en la que se decretó el auto de formal prisión de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en la causa penal 1/2020, por el juez Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, en esta ciudad. Este juzgador estima que tal determinación cumple con los requisitos que para su emisión exige el artículo 19 Constitucional, que a la letra establece: ".Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresarán: el delito que se le impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado." 19. En efecto, el referido artículo 19 y su correlativo 161 del Código Federal de Procedimientos Penales establecen que cuando una persona es detenida y puesta a disposición de una autoridad judicial, esta tiene la obligación de resolver su situación jurídica en el plazo de setenta y dos horas, o bien, el duplicado de ciento cuarenta y cuatro horas, es decir, declarar si ha lugar a que se le instaure un proceso y quede por ello formalmente preso, o bien, en el caso de no existir elementos de prueba suficientes, determinar que quede en libertad con las reservas legales, como al efecto lo hizo la responsable. 20. Lo anterior, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que tal y como lo sostiene, se acredita el cuerpo de los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, previsto y sancionado en el artículo 217, fracción I, inciso b); y el de ejercicio abusivo de funciones, previsto en el artículo 220, fracción I y sancionado en el último párrafo de este último artículo, ambos del Código Penal Federal. 21. Así, por lo que se refiere al delito de uso indebido de atribuciones y facultades, previsto y sancionado en el artículo 217, fracción I, inciso b) del Código Penal Federal, sus elementos son: a. La existencia de un servidor público. b. Una conducta típica consistente en que, el activo indebidamente otorgue licencias o autorizaciones de contenido económico. 22. Ahora bien, tal y como lo sostiene el juzgado responsable, el primero de los elementos del cuerpo del delito en mención, se acredita en el caso, en virtud de que obra en la causa penal copia certificada del nombramiento del ahora quejoso Rodrigo Esquer Rosas como Subdirector de Recursos Humanos de los Servicios de Salud Sonora a partir del veintiocho de octubre de dos mil nueve. 23. En efecto, el citado medio de convicción, tiene pleno valor demostrativo, en términos de los artículos 280 y 281 del Código Federal de Procedimientos Penales, al haber sido emitido por un servidor público en ejercicio de sus funciones. 24. Al respecto, el juzgado responsable consideró aplicable la tesis del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV, enero de 1995, página 227, antes citada con el rubro "DOCUMENTO PÚBLICO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR." 25. En relación con el segundo elemento del cuerpo del delito, la responsable hizo referencia a la frase "uso indebido de atribuciones y facultades", relacionado con la locución "indebidamente", la cual se compone de dos funciones. 26. Señala la responsable que la primera función es la de establecer que se tiene que acudir a la normatividad que rige la actuación del servidor público, para poder determinar cuáles son sus atribuciones y facultades, esto es, opera como elemento normativo de valoración jurídica, ya que se tiene que acudir a diversa normatividad, para saber qué atribuciones y facultades le corresponde ejercer al servidor público; luego el aspecto subjetivo, la frase "uso indebido de atribuciones y facultades", que se relaciona con la locución "indebidamente", funciona como un elemento de tendencia interna trascendente, que reafirma lo doloso y la ilicitud de la conducta desplegada por el servidor público; por ende, no admite la forma de realización culposa, ya que no se encuentra dentro del numerus clausus que prevé el artículo 60 del Código Penal Federal. 27. Argumentó la responsable que las palabras "indebido" e "indebidamente", que se emplean en el tipo penal, se traducen en la exigencia subjetiva que el autor tenga conocimiento de que el despliegue de las conductas que en el mismo se describen, se realizan en contravención a sus atribuciones y facultades descritas en las normas correspondientes. 28. Luego, es acertada la determinación de la responsable al precisar que el elemento subjetivo, determina lo doloso de la conducta, consistente en el conocimiento que tiene el sujeto activo del carácter indebido (indebidamente) de la conducta que está solicitando sea realizada por el servidor público al margen de sus atribuciones o facultades, y que el significado del término "indebidamente" como elemento normativo del tipo penal, alude a una conducta que se realiza en forma contraria a como está prevista en la ley; de ahí que lo "indebido" será todo aquello que, en contravención a la legislación que regula el acto específico, consistente en este caso autorizar cuarenta y tres licencias sindicales a los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud sección 43, por parte del activo. 29. También es acertada la decisión del juzgador responsable al señalar que con relación a las atribuciones y facultades del activo, quien como se patentizó prestaba sus servicios en los Servicios de Salud Sonora, hizo referencia a lo establecido en el artículo 32 del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sonora, organismo público descentralizado. 30. En efecto, se advierte que el activo Rodrigo Esquer Rosas como Subdirector de Recursos Humanos de los Servicios de Salud Sonora a partir del veintiocho de octubre de dos mil nueve, dependiente de la Coordinación General de Administración de los Servicios de Salud Sonora, tenía como atribuciones o facultades, entre otras, la de coordinar, operar y supervisar los sistemas de administración y control del personal en apego a las disposiciones legales aplicables. 31. También, la responsable hizo referencia a los artículos 1 y 13 de la Ley que Crea Los Servicios de Salud de Sonora. 32. En efecto, los Servicios de Salud de Sonora, es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, de ahí que no forma parte de la administración pública centralizada ni del Poder Ejecutivo Estatal, pues pertenece a la administración pública paraestatal, por lo que las relaciones de trabajo entre ese organismo y sus trabajadores se rigen por el artículo 123 apartado A, fracción XXXI, inciso b) punto 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 33. Al respecto, como bien lo sostiene la responsable, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las relaciones laborales de un organismo público descentralizado de carácter local, deben regirse por el apartado A del artículo 123 de la Carta Magna y su ley Reglamentaria Ley Federal del Trabajo, porque atento a la naturaleza de ese organismo, no pueden incluirse en el apartado B, del citado artículo, no regirse por las leyes del trabajo que para su reglamentación expidan las Legislaturas de los Estados. 34. Dicho criterio invocado por la responsable, fue publicada en la página 117 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, abril de 1998, de rubro: "LEYES DEL TRABAJO. LAS LEGISLATURAS LOCALES SÓLO PUEDEN EXPEDIR LEYES REGLAMENTARIAS DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL." 35. Por lo anterior, adujo la responsable, que con el fin de determinar si se actualizaba el elemento "indebidamente", como antes se patentizó debía recurrirse a la legislación vigente, a las atribuciones y facultades inherentes del servicio público prestado por el activo, además a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Ley Federal del Trabajo, o bien, la legislación local, que lo es la Ley que Crea los Servicios de Salud de Sonora, dado que eran los ordenamientos jurídicos que resultaban aplicables al momento de cometerse la conducta delictiva que regula el otorgamiento, realización o contratación de cualquiera de los actos administrativos relacionados con las conductas que tipifica el artículo 217 del Código Penal Federal y contrastar los hechos con lo exigido por el ordenamiento legal aplicable ya precisado. 36. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 1a. CCXXXIX/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 183, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, Noviembre de 2007; Novena Época, materia Constitucional Penal, identificada con el rubro: "USO INDEBIDO DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 217, FRACCIÓN I, INCISO D), DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, AL INCLUIR EL TÉRMINO "INDEBIDAMENTE" COMO ELEMENTO NORMATIVO DEL TIPO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL." 37. Por lo anterior, dijo la responsable, que la circunstancia de que un activo en su calidad de servidor público otorgue indebidamente licencias sindicales con goce de sueldo, es decir, de contenido económico, que constituye el segundo de los elementos del cuerpo del delito en estudio, quedó acreditado en los autos de la causa de origen, con el escrito de denuncia de dieciséis de enero de dos mil quince, presentado por Carlos Manuel González Méndez y Gustavo Adolfo Fernández Sesma, quienes se ostentaron como trabajadores de los Servicios de Salud de Sonora y miembros del Sindicato de Empleados de los Servicios de Salud, en el cual hicieron del conocimiento de la autoridad ministerial probables hechos constitutivos de delito cometidos, por el Secretario de Salud y Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud en Sonora, José de Jesús Bernardo Campillo García y/o quien resultara responsable, relativos al desvío de recursos federales provenientes del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, con número de partida 38101, destinadas a salarios de los trabajadores del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Sonora, que denuncian fueron destinados al pago de salarios de personas ajenas al organismo y personal del Órgano de Control del Estado de Sonora. 38. También, adujo la responsable, que en la denuncia se hizo referencia al desvío de recursos destinados al salario, al Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud sección 43, el cual refieren los denunciantes no puede coexistir junto con los Servicios de Salud al estar contemplados uno y otro en el apartado B y A respectivamente del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 39. Además, al probable lavado de dinero entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud sección 43, y los Servicios de Salud de Sonora. 40. Así como el probable crimen organizado por el desvío del recurso federal, de existir más de tres personas involucradas, ya que afirma se requiere del conocimiento del Subsecretario de Salud, la Dirección General Administrativa, la subsecretaría administrativa de la Secretaría de Salud, Dirección de Recursos Humanos de los Servicios de Salud y el Secretario del Sindicato ilegalmente reconocido por el Secretario de Salud y Presidente Administrativo de los Servicios de Salud de Sonora. 41. También, de tráfico de influencias entre el organismo público descentralizado y el Sindicando Nacional de Trabajadores de Salud sección 43, de enriquecimiento ilícito, ya que se realizó la compra de un condominio en la ciudad de Guaymas, Sonora, a nombre de la esposa del Secretario de Salud, con un valor estimado superior a los diez millones de pesos. 42. Se incluye también, en la denuncia, nepotismo, ya que dentro del organismo público descentralizado se otorgaron puestos de elevada envergadura, como lo es la Dirección de Recursos Humanos, cuya titular lo es María Inés Coronel Gándara y el del Secretario Particular del Secretario de Salud, Eduardo Coronel Smith, familiar de María Inés Coronel Gándara. 43. Y por último de nueva cuenta se refiere al delito de tráfico de influencias ya que el Secretario de Salud y Presidente Administrativo de los Servicios de Salud de Sonora, ha otorgado licencias sindicales en beneficio de un gremio sindical que no puede coexistir con el organismo público descentralizado Servicios de Salud del Estado de Sonora. 44. El citado escrito de denuncia, dijo la responsable, que hace las veces de testimonio que se recepcionó con las formalidades del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales, en mérito a que fue ratificado ministerialmente por Carlos Manuel González Méndez y Gustavo Adolfo Fernández Sesma, quienes hicieron suyo el contenido del citado ocurso, razón por la que se le otorga valor de indicio en términos del numeral 285 de la invocada ley procesal, y es útil para apoyar el elemento en estudio es tanto que de su contenido se advierte que en los Servicios de Salud Sonora, durante el periodo que fue Secretario de Salud la persona ahí denunciada, se han otorgado licencias sindicales en beneficio de un gremio sindical. 45. La autoridad responsable invocó como aplicable, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Segunda Parte, Sexta Época, página 69, antes citada con el rubro "DENUNCIA, VALOR PROBATORIO DE LA." 46. Y finalizó la responsable, en el sentido de que, los anteriores medios de prueba tienen pleno valor demostrativo, en términos de los artículos 280 y 281 del Código Federal de Procedimientos Penales, al haber sido emitidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, y resultan eficaces y suficientes para evidenciar que durante el ejercicio correspondiente al año dos mil nueve se otorgaron cuarenta y tres licencias sindicales con goce de sueldo, es decir, de contenido económico, a favor de trabajadores de los Servicio de Salud Sonora para formar parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud sección 43, con base en el artículo 144, fracción I, de las Condiciones Generales de Trabajo y el Acuerdo de Coordinación que celebraron por una parte los Servicios de Salud de Sonora y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 43, lo cual como se precisó en los párrafos que anteceden fue indebido, en tanto que no obstante que conforme a sus atribuciones y facultades entre otros, el activo estaba obligado a coordinar, operar y supervisar los sistemas de administración y control de personal en apego a las disposiciones legales aplicables, no las autorizó conforme a la ley aplicable, que en el caso lo era la Ley Federal de Trabajo, por tratarse los Servicios de Salud del Estado de un órgano público descentralizado, que se rige por el artículo 123 apartado A de la Constitución. 47. Por lo anterior, adujo, que el enlace lógico y natural de las constancias reseñadas y valoradas, en términos del artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, acreditaban mediante la prueba circunstancial, que alguien que tenía la calidad específica de servidor público, indebidamente otorgó durante el ejercicio correspondiente al año dos mil nueve cuarenta y tres licencias sindicales con goce de sueldo, es decir, de contenido económico, a favor de los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud sección 43, con base en el artículo 144, fracción I de las Condiciones Generales de Trabajo y el Acuerdo de Coordinación que celebraron por una parte los Servicios de Salud de Sonora y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 43, no obstante que debieron ser autorizadas conforme a la Ley Federal de Trabajo, por tratarse los Servicios de Salud del Estado un órgano público descentralizado, que se rige por el artículo 123 apartado A de la Constitución, lesionando con ello el bien jurídico tutelado, que es la seguridad en la correcta administración del servicio y de la función pública. 48. Por otra parte, los elementos que integran el cuerpo del delito de ejercicio abusivo de funciones, previsto en el artículo 220, fracción I y sancionado en el último párrafo de este último artículo, ambos del Código Penal Federal, son: a. La existencia de un servidor público. b. Una conducta típica consiste en que el activo en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, indebidamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, efectúe compras o ventas o acto jurídico que produzca beneficios económicos. 49. Aseveró la responsable, que en el caso quedó acreditado el primero de los elementos, en tanto que obra en la causa penal copia certificada del nombramiento, entre otros, de Rodrigo Esquer Rosas como Subdirector de Recursos Humanos de los Servicios de Salud Sonora a partir del veintiocho de octubre de dos mil nueve, y que el citado medio de convicción, tiene pleno valor demostrativo, en términos de los artículos 280 y 281 del Código Federal de Procedimientos Penales, al haber sido emitido por un servidor público en ejercicio de sus funciones. 50. Estimó aplicable, la tesis del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV, enero de 1995, página 227, antes citada con el rubro "DOCUMENTO PÚBLICO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR." 51. Por lo que hace al segundo elemento del cuerpo del delito, señaló el juzgador responsable, en el sentido de que el activo en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, indebidamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, efectúe compras o ventas o acto jurídico que produzca beneficios económicos a dependientes administrativamente directos, se considera oportuno precisar que la locución "indebidamente", significa "no debidamente" o bien "hacer lo no debido". Por su parte, la palabra "deber" proviene del latín debere, a su vez de habere y de "tener que", "ser necesario", "tener la obligación". Así, "deber" indica el comportamiento al que un individuo está obligado de conformidad con una regla o precepto, en el caso, del orden jurídico. 52. Que por deber jurídico se entiende el comportamiento requerido por el derecho, la conducta obligada de conformidad con una norma de un orden jurídico, todo aquello que es jurídicamente obligatorio constituye un deber jurídico. 53. Por ello, señaló que el delito en estudio que corresponde al servidor público, para que se tipifique es necesario que este cumpla con un servicio público en beneficio de la colectividad, y la desviación de ese fin, para satisfacer intereses personales o de terceros, es precisamente lo que sanciona la ley penal. 54. Aseveró, que no obstante lo anterior, no se debe confundir el actuar del funcionario público al grado de que cualquier actividad que despliegue, en el ejercicio de su función se pueda encuadrar dentro de la figura típica en análisis, pues es necesario que para ello se demuestre precisamente que su actuar fue irregular, es decir, al margen de las disposiciones legales que reglamentan su actividad. 55. Por lo que, dijo la responsable, lo "indebido" será todo aquello que, en contravención a la legislación que regula el acto específico, esto es que se hayan otorgado contratos o cualquier acto jurídico con la finalidad de beneficiar económicamente a uno o varios dependientes administrativamente directos. Por tanto, para determinar si se actualiza el elemento "indebidamente", es menester recurrir a la legislación federal vigente y en su caso la local que resulte aplicable al momento de cometerse la conducta delictiva que regula la contratación o cualquier acto jurídico y contrastar los hechos con lo exigido por el ordenamiento legal aplicable, el cual es inmutable, obligatorio para todos y oponible a criterios desviados de su interpretación. 56. Acertadamente la autoridad responsable, para efecto de patentizar que los Servicios de Salud del Estado es un organismo público descentralizado, el cual fue creado con personalidad y patrimonio propios, hizo referencia a los artículos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 y 13 de la Ley que Crea Los Servicios de Salud de Sonora. 57. Estableció la responsable, que de los artículos apenas referidos, se advierte que los Servicios de Salud del Estado es un organismo público descentralizado, el cual fue creado con personalidad y patrimonio propios, y tiene como funciones primordiales organizar y operar, los servicios de salud a población abierta en el Estado, en materia de salubridad general y de regulación y control sanitarios conforme a lo que establecen las leyes general y estatal de salud y a los acuerdos de coordinación; participar en el Sistema Estatal de Salud en los términos de la Ley General y Estatal de Salud; realizar todas aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección de la salud de los habitantes del Estado; proponer y fortalecer la participación de la comunidad en los servicios de salud; aplicar la normatividad general en materia de salud, tanto nacional como internacional, así como de proponer adecuaciones a la normatividad estatal y esquemas que logren su correcto cumplimiento; realizar todas aquellas acciones que sean necesarias para mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud. 58. Además, promover la ampliación de la cobertura en la prestación de los servicios, apoyando los programas que para tal efecto elabore la Secretaría de Salud del Gobierno Federal; promover, apoyar y llevar a cabo la formación y capacitación en la materia, de los profesionales, especialistas y técnicos; Integrar un acervo de información y documentación que facilite a las autoridades e instituciones competentes, la investigación, estudio y análisis de ramas y aspectos específicos en materia de salud; difundir a las autoridades correspondientes y a la población en general, a través de publicaciones y actos académicos, los resultados de los trabajos de investigación, estudio, análisis y de recopilación de información, documentación e intercambio que realice y, administrar los recursos que le sean asignados, las cuotas de recuperación, así como las aportaciones que reciba de otras personas o instituciones. 59. Estableció también, que el órgano máximo de dicho organismo será la Junta de Gobierno, la que estará integrada por un Presidente que será el Gobernador del Estado, un Presidente Ejecutivo que será el Secretario de Salud Pública, vocales representantes del gobierno del Estado que serán los Secretarios de Planeación del Desarrollo y Gasto Público y el de Finanzas, un representante de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, y un representante de los trabajadores que será designado por el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. 60. Y que dichos Servicios de Salud Sonora, contará con las unidades administrativas desconcentradas que sean necesarias y se justifiquen, mismas que deberán de figurar en el presupuesto y en el Reglamento del Organismo, y dentro del patrimonio del organismo, se encuentran las aportaciones Federales, Estatales y Municipales. 61. En relación con la existencia de la Coordinación General de los Servicios de Salud, la autoridad responsable hizo referencia a los artículos 24, 26 y 32 del Reglamento interior de los Servicios de Salud Sonora. 62. En efecto, como lo sostuvo la responsable, de los artículos antes invocados, se evidencia las atribuciones y facultades con las que contaba el activo del delito, como servidor público de la subdirección de recursos humanos de los Servicios de Salud Sonora, perteneciente a la Subsecretaría de Administración dependiente de la Dirección General de Administración, adscrita a la Coordinación General de Administración y Finanzas, entre ellas, las de control de recursos humanos asignados a los Servicios, de acuerdo a los lineamientos y normatividad aplicable y de control del personal en apego a las disposiciones legales aplicables. 63. Además, expuso la responsable, que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud sección 43, operaba al momento de los hechos dentro de un organismo público descentralizado como lo son los Servicios de Salud de Sonora, que conforme se patentizó en los considerandos que anteceden debe regirse por el artículo 123 apartado A, fracción XXXI numeral 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no así por el artículo 123 apartado B, de la propia Constitución; y asimismo, que de conformidad a lo establecido por los Estatutos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud sección 43, en su artículo 25 fracción I, párrafo segundo, está terminantemente prohibido, que las secciones (en el caso concreto la 43), realicen acuerdos con las autoridades locales, toda vez que es una facultad única y exclusiva del Comité Ejecutivo Nacional de dicho sindicato. 64. También precisó la responsable, que la circunstancia de que un activo que tiene la calidad específica de servidor público, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, indebidamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, efectúe compras o ventas o un acto jurídico que produzca beneficios económicos a dependientes administrativos directos, constituye el segundo de los elementos del cuerpo del delito en estudio, quedó acreditado con los siguientes medios de prueba: 65. Escrito de denuncia de dieciséis de enero de dos mil quince, presentado por Carlos Manuel González Méndez y Gustavo Adolfo Fernández Sesma, quienes se ostentaron como trabajadores de los Servicios de Salud de Sonora y miembros del Sindicato de Empleados de los Servicios de Salud, en el cual hicieron del conocimiento de la autoridad ministerial probables hechos constitutivos de delito cometidos, por el Secretario de Salud y Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud en Sonora, José de Jesús Bernardo Campillo García y/o quien resultara responsable, relativos al desvío de recursos federales provenientes del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, con número de partida 38101, destinadas a salarios de los trabajadores del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Sonora, que denunciaron fueron destinados al pago de salarios de personas ajenas al organismo y personal del Órgano de Control del Estado de Sonora; asimismo, del desvío de recursos destinados al salario, al Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud sección 43, el cual refieren los denunciantes no puede coexistir junto con los Servicios de Salud al estar contemplados uno y otro en el apartado B y A respectivamente del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además, al probable lavado de dinero entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud sección 43, y los Servicios de Salud de Sonora; el probable crimen organizado por el desvío del recurso federal, de existir más de tres personas involucradas, ya que afirma se requiere del conocimiento del Subsecretario de Salud, la Dirección General Administrativa, la subsecretaría administrativa de la Secretaría de Salud, Dirección de Recursos Humanos de los Servicios de Salud y el Secretario del Sindicato ilegalmente reconocido por el Secretario de Salud y Presidente Administrativo de los Servicios de Salud de Sonora; de tráfico de influencias entre el organismo público descentralizado y el Sindicando Nacional de Trabajadores de Salud sección 43, de enriquecimiento ilícito, ya que se realizó la compra de un condominio en la ciudad de Guaymas, Sonora, a nombre de la esposa del Secretario de Salud, con un valor estimado superior a los diez millones de pesos; de nepotismo, ya que dentro del organismo público descentralizado se otorgaron puestos de elevada envergadura, como lo es la Dirección de Recursos Humanos, cuya titular lo es María Inés Coronel Gándara y el del Secretario Particular del Secretario de Salud, Eduardo Coronel Smith, familiar de María Inés Coronel Gándara; y por último de nueva cuenta se refiere al delito de tráfico de influencias ya que el Secretario de Salud y Presidente Administrativo de los Servicios de Salud de Sonora, ha otorgado licencias sindicales en beneficio de un gremio sindical que no puede coexistir con el organismo público descentralizado Servicios de Salud del Estado de Sonora. 66. El citado escrito de denuncia hace las veces de testimonio que se recepcionó con las formalidades del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales, en mérito a que fue ratificado ministerialmente por Carlos Manuel González Méndez y Gustavo Adolfo Fernández Sesma, quienes hicieron suyo el contenido del citado ocurso, razón por la que se le otorga valor de indicio en términos del numeral 285 de la invocada ley procesal, ya que es eficaz para evidenciar que durante el periodo en que ejerció como Secretario de Salud la persona denunciada, se concedieron licencias sindicales en beneficio de un gremio sindical que no puede coexistir con el organismo público descentralizado Servicios de Salud del Estado de Sonora. 67. Consideró aplicable la responsable, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Segunda Parte, Sexta Época, página 69, antes citada con el rubro: "DENUNCIA, VALOR PROBATORIO DE LA." 68. Argumentó la responsable que el anterior medio de prueba tenía pleno valor demostrativo, en términos de los artículos 280 y 281 del Código Federal de Procedimientos Penales, al haber sido emitido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, y resultaban eficaces y suficientes para evidenciar que durante el ejercicio correspondiente al año dos mil nueve, servidores públicos (entre estos el quejoso) en el desempeño de su empleo realizaron actos mediante los cuales otorgaron cuarenta y tres licencias sindicales a favor de dependientes administrativos directos, a saber de trabajadores de los Servicios de Salud Sonora, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud sección 43, que les produjo beneficios económicos en tanto que se autorizaron con goce de sueldo, lo cual como se precisó en los párrafos que anteceden fue indebido, en tanto que estando obligados a coordinar, operar y supervisar los sistemas de administración y control de personal con apego a las disposiciones legales aplicables, se otorgaron con base en el artículo 144, fracción I de las Condiciones Generales de Trabajo y el Acuerdo de Coordinación que celebraron por una parte los Servicios de Salud de Sonora y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 43, cuando debieron ser autorizadas conforme a la Ley Federal de Trabajo, por tratarse los Servicios de Salud del Estado un órgano público descentralizado, que se rige por el artículo 123 apartado A de la Constitución, pero además sin que se justificara el desempeño temporal de cargo o actividad sindical conforme al Contrato Colectivo de Trabajo y a las Condiciones Generales de Trabajo. 69. Luego, concluyó la responsable que del enlace lógico y natural de las constancias reseñadas y valoradas, en términos del artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, acreditaban mediante prueba circunstancial, que alguien que tenía la calidad específica de servidor público, en el desempeño de su empleo, en tanto a que dado su carácter de subdirector de Recursos Humanos de los Servicios de Salud Sonora, al pertenecer a la Subsecretaria de Administración dependiente de la Dirección General de Administración, adscrita a la Coordinación General de Administración y Finanzas, le correspondía las funciones de control de recursos humanos asignados a los Servicios, de acuerdo a los lineamientos y normatividad aplicable y de control del personal en apego a las disposiciones legales aplicables, durante el ejercicio correspondiente al año dos mil nueve, entre otros, el ahora activo efectuaron actos mediante los cuales otorgaron cuarenta y tres licencias sindicales a favor de dependientes administrativos directos, a saber de trabajadores de los Servicios de Salud Sonora, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud sección 43, que les produjo beneficios económicos en tanto que se autorizaron con goce de sueldo, lo cual como se precisó en los párrafos que anteceden fue indebido, en tanto que se otorgaron con base en el artículo 144, fracción I de las Condiciones Generales de Trabajo y el Acuerdo de Coordinación que celebraron por una parte los Servicios de Salud de Sonora y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 43, cuando debieron ser autorizadas conforme a la Ley Federal de Trabajo, por tratarse los Servicios de Salud del Estado un órgano público descentralizado, que se rige por el artículo 123 apartado A de la Constitución, pero además sin que se justificara el desempeño temporal de cargo o actividad sindical conforme al Contrato Colectivo de Trabajo y a las Condiciones Generales de Trabajo; lesionando con ello el bien jurídico tutelado, que es la seguridad en la correcta administración del servicio y de la función pública. 70. Luego, finalizó la responsable, que atento a los razonamientos expuestos, se concluye que las pruebas allegadas, en términos de lo dispuesto en el arábigo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, evidenciaban la actualización del delito en análisis, en tanto que los hechos descritos encuadran en el tipo penal contenido en la fracción I del artículo 220 del Código Penal Federal, de tal forma que se tenía acreditado el cuerpo del delito de que se trata. 71. Por otra parte, como atinadamente lo sostiene la juez responsable, la probable responsabilidad penal del inculpado (ahora quejoso) Rodrigo Esquer Rosas, en la comisión de los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, previsto y sancionado en el artículo 217, fracción I, inciso b); y el de ejercicio abusivo de funciones, previsto en el artículo 220, fracción I y sancionado en el último párrafo de este último artículo, ambos del Código Penal Federal, quedó acreditada en autos de la causa de origen, con los mismos elementos de convicción que han quedado precisados en los apartados que anteceden al analizar los elementos de los cuerpos de los delitos mencionados, en términos del artículo 13, fracción II, del mismo ordenamiento penal, los cuales son aptos y suficientes para establecer, hasta ese momento procesal, que probablemente Rodrigo Esquer Rosas como subdirector de Recursos Humanos de los Servicios de Salud de Sonora, a partir del veintiocho de octubre de dos mil nueve, quien tenía como atribuciones o facultades, entre otras, la de coordinar, operar y supervisar los sistemas de administración y control del personal en apego a las disposiciones legales aplicables; durante el ejercicio correspondiente al año dos mil nueve, realizó actos mediante los cuales se otorgaron cuarenta y tres licencias sindicales a favor de dependientes administrativos directos, a saber, trabajadores de los Servicios de Salud de Sonora miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud sección 43, que les produjo beneficios económicos en tanto que se autorizaron con goce de sueldo, lo cual como quedó precisado en párrafos que anteceden, fue indebido, pues no obstante que estaba obligado a coordinar, supervisar y operar los sistemas de administración y control del personal, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, realizó actos mediante los cuales se otorgaron con base en el artículo 144, fracción I, de las Condiciones Generales de Trabajo y el Acuerdo de Coordinación que celebraron por una parte los Servicios de Salud de Sonora y por la otra parte el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud sección 43, cuando debieron ser autorizadas conforme a la Ley Federal del Trabajo, por tratarse los Servicios de Salud del Estado un órgano público descentralizado , que se rige por el artículo 123 apartado A de la Constitución. 72. Lo anterior, señaló la responsable, engarzando cada una de las probanzas que corren agregadas al proceso, entre las que destacan por su relevancia probatoria la copia certificada del nombramiento de Rodrigo Esquer Rosas, quien fungió como Subdirector de Recursos Humanos de los Servicios de Salud Sonora a partir del veintiocho de octubre de dos mil nueve. 73. A dicho medio de convicción, el juzgador responsable otorgó pleno valor demostrativo en términos de los artículos 280 y 281 del Código Federal de Procedimientos Penales en tanto que fue expedida por servidor público en el ejercicio de sus funciones. 74. Y consideró aplicable la tesis del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV, enero de 1995, página 227, con el rubro: "DOCUMENTO PÚBLICO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR." 75. Ahora, se reitera lo infundado de los conceptos de violación expuestos por el quejoso. 76. En efecto, en los motivos de agravio, el quejoso reclama que la autoridad responsable resolvió su situación jurídica antes del vencimiento del plazo legal y sin tomar en cuenta los alegatos presentados en forma oportuna. 77. En ese sentido, se duele el quejoso de que, no obstante haber comparecido ante la responsable a rendir declaración preparatoria el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, a las once horas con veinticinco minutos y por tanto el plazo vencía el uno de junio siguiente, a la misma hora (11:25 horas); la responsable anticipadamente resolvió su situación jurídica el treinta y uno de mayo de esa anualidad a las veinte horas, y sin tomar en cuenta los alegatos presentados el treinta y uno de mayo a las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos. 78. Lo anterior es infundado en virtud de que la juzgadora responsable al resolver la situación jurídica del ahora quejoso, en el resultando CUARTO de la resolución reclamada, estableció que en atención a la petición del indiciado, y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en la medida suspensional concedida, se señalaron las once horas con treinta y un minutos del veintiséis de mayo del año dos mil veintiuno para escucharlo en declaración preparatoria, motivo por el cual compareció a ese juzgado a las once horas con veinticinco minutos del citado día, mes y año a fin de rendir declaración preparatoria la cual se celebró con las formalidades legales en la que estuvo asistido por defensor particular que designó, en la cual, su defensor solicitó la prórroga del plazo constitucional a efecto de aportar pruebas, lo cual se acordó de manera favorable, sin que se propusiera medio de prueba alguno, por lo que procedió a resolver la situación jurídica del inculpado (ahora quejoso) sin que ello resulte violatorio de derechos fundamentales. 79. Por tal motivo, estimó aplicables los criterios enunciados, a saber, el primero relativo a la tesis XVII.2o.35 P, visible en la página 769 de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Junio de 2001, con el rubro: "TÉRMINO CONSTITUCIONAL. DUPLICIDAD. EL JUEZ DE LA CAUSA PUEDE RESOLVER LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INDICIADO ANTES DE QUE CONCLUYA LA AMPLIACIÓN SOLICITADA, SI ÉSTE NO OFRECE PRUEBAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA)"; y el segundo, consistente en la tesis I.2o.P.130 P, visible en la página 1284, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Julio de 2006, con epígrafe que apunta: "PLAZO CONSTITUCIONAL. LA AUTORIDAD JUDICIAL NO VULNERA LAS DEFENSAS DEL INDICIADO AL RESOLVER SU SITUACIÓN JURÍDICA ANTES DE QUE CONCLUYA." 80. De cuyos contenidos se puede advertir que el objeto de agotar el plazo constitucional, es el de desahogar pruebas ofrecidas por la defensa, con el objeto de desvirtuar ya sea los elementos del delito o la probable responsabilidad del indiciado; sin embargo, en la causa de origen, no fue aportada prueba alguna, por lo que acertadamente, la juez de la causa no contaba con justificación alguna para retardar el pronunciamiento del fallo correspondiente. 81. También alega el quejoso en sus conceptos de violación, que se actualiza en su favor una causa de exclusión del delito (atipicidad, artículo 15, fracción II, del Código Penal Federal); y que al conceder las licencias estimó que actuaba correctamente, por lo que existe un error invencible (error invencible de derecho -prohibición-), lo anterior, porque indebidamente la juez de la causa determinó que las relaciones de trabajo entre el organismo y sus trabajadores se rigen por el artículo 123 apartado A, fracción XXXI, inciso b) de la Constitución, y no en el apartado B. 82. Al respecto, como se precisó en apartados que anteceden, los Servicios de Salud de Sonora, es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, de ahí que no forma parte de la administración pública centralizada ni del Poder Ejecutivo Estatal, pues pertenece a la administración pública paraestatal, por lo que las relaciones de trabajo entre ese organismo y sus trabajadores se rigen por el artículo 123 apartado A, fracción XXXI, inciso b) punto 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 83. En ese sentido, señaló la responsable, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las relaciones laborales de un organismo público descentralizado de carácter local, deben regirse por el apartado A del artículo 123 de la Carta Magna y su ley Reglamentaria Ley Federal del Trabajo, porque atento a la naturaleza de ese organismo, no pueden incluirse en el apartado B, del citado artículo, no regirse por las leyes del trabajo que para su reglamentación expidan las Legislaturas de los Estados. 84. Dicho criterio invocado por la responsable, fue publicada en la página 117 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, abril de 1998, de rubro: "LEYES DEL TRABAJO. LAS LEGISLATURAS LOCALES SÓLO PUEDEN EXPEDIR LEYES REGLAMENTARIAS DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL." 85. También alega, que en el caso, no tuvo la intención de transgredir la norma (ausencia de dolo, elemento volitivo de transgredir la ley penal) como causa de inculpabilidad. 86. Al respecto, dicho estudio se abordó en apartados que anteceden, cuando se hizo referencia a que, la responsable al dictar el auto de plazo constitucional precisó que el elemento subjetivo, determina lo doloso de la conducta, consistente en el conocimiento que tiene el sujeto activo del carácter indebido (indebidamente) de la conducta que está solicitando sea realizada por el servidor público al margen de sus atribuciones o facultades, y que el significado del término "indebidamente" como elemento normativo del tipo penal, alude a una conducta que se realiza en forma contraria a como está prevista en la ley; de ahí que lo "indebido" será todo aquello que contravenga a la legislación que regula el acto específico, consistente en este caso autorizar cuarenta y tres licencias sindicales a los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud sección 43, por parte del activo. 87. De igual manera es infundado el concepto de violación que expresa el quejoso en el sentido de que existe un concurso aparente de normas, esto es, que la juez responsable debió establecer que en la especie existe concurso aparente de tipos penales con el objeto de establecer que el delito que en todo caso debe prevalecer es el de uso indebido de atribuciones, y no el del ejercicio abusivo de funciones. 88. Ahora bien, el Máximo Tribunal ha establecido que en estricto acatamiento a los principios de exacta aplicación de la ley en materia penal y de non bis in idem, previstos en los artículos 14 y 23 de la Constitución Federal, un primer momento para que el juez de la causa analice lo relativo a la operatividad del concurso aparente de tipos penales resulta ser efectivamente en el auto de procesamiento; sin embargo, tal cuestión no necesariamente se debe determinar en dicha etapa procesal, pues acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia del Alto Tribunal, para ello se debe tener la convicción que le generen los diversos elementos de prueba, pues resultaría inaceptable obligarlo a que lo realice arbitrariamente o intuitivamente, con independencia de que, si en ese momento procesal no estuvo en condiciones de hacerlo, lo pueda determinar en la sentencia, pues es cuando el juzgador en forma definitiva debe resolver al respecto, pues su decisión deberá trascender en las sanciones que en su caso llegare a imponer. 89. Dicho criterio es el relativo a la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 158/2007, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "CONCURSO APARENTE DE TIPOS PENALES. EL ESTUDIO SOBRE SU OPERATIVIDAD, PUEDE REALIZARSE TANTO EN EL AUTO DE PROCESAMIENTO COMO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. En estricto acatamiento a los principios de exacta aplicación de la ley en materia penal y de non bis in idem, previstos en los artículos 14 y 23 de la Constitución Federal, es cuando se dicta el auto de procesamiento, el primer momento en el que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de analizar lo relativo a la operatividad del concurso aparente de tipos penales, ya que ello se encuentra supeditado a los datos o pruebas con las que cuenta para determinar si los hechos que se le atribuyen al inculpado son subsumibles o no en uno de los varios supuestos de hechos típicos penales. En contrapartida, el órgano jurisdiccional al no contar con esa inicial convicción que le generan los diversos elementos de prueba, encontraría un impedimento jurídico y fáctico para poder pronunciarse al respecto, resultando inaceptable obligarlo a que lo realice arbitraria o intuitivamente, con independencia de que, si en el auto de procesamiento en forma provisional no estuvo en condiciones de hacerlo, posteriormente pueda llevar a cabo el estudio de mérito. Por otra parte, exista o no el estudio sobre la operatividad del concurso aparente de tipos en el auto de procesamiento, al momento de dictarse la sentencia es cuando el juzgador en forma definitiva debe resolver al respecto, es decir, dar sustantividad propia a los hechos, precisamente porque el resultado al que se arribe habrá de trascender en las sanciones que, como consecuencia jurídica del delito, serán impuestas al acusado. En el caso de que se haya realizado el estudio en el auto de procesamiento, al dictarse la sentencia, las pruebas aportadas pueden conducir a la misma conclusión, o bien, a variar el criterio que se sostuvo inicialmente, sin que pueda sufrir variación alguna la base fáctica de la acusación." V. Decisión 90. Consecuentemente, sin que exista suplencia de la queja que suplir en los términos indicados en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la resolución reclamada en los términos antes anotados, no infringe en perjuicio del quejoso, alguna de las garantías previstas por los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federa solicitado. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo en los artículos 76, 77 y 78, de la Ley de Amparo se: VI. Resuelve Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rodrigo Esquer Rosas, en contra del acto reclamado al juez Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando IV de la presente resolución. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario, con quien actúa legalmente, autoriza y da fe. Doy fe. Jvr
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