Rodrigo Ocejo Calderon
Expediente 611/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 611/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Rodrigo Ocejo Calderon
Actuaciones
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, emitido en el juicio de amparo ********************, por el que se desechó la demanda de amparo interpuesta por ********************; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, párrafo segundo, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Expediente principal Con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo interpuesta por ********************; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito. En el entendido que, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 20, 21, 22 y 23 del Acuerdo General citado, este juzgado procederá a la destrucción del asunto que nos ocupa.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda promovida por ******************** contra actos del Titular del Servicio Postal Mexicano, con sede en Guasave, Sinaloa y Titular del Servicio Postal Mexicano, con sede en Mexicali Baja California; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número ********************. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitid por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 198, Tomo VIII, Noviembre de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro de localización 221353, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional.". En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: TITULAR DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO, CON SEDE EN GUASAVE, SINALOA. TITULAR DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO, CON SEDE EN BAJA CALIFORNIA. ACTOS RECLAMADOS: "El acto reclamado vulnera los derechos humanos de legalidad que se consagran en los artículos 1, 14 y 16 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en virtud de que en fecha 30 de enero del 2023 envié papeles jurídicos donde yo pido la remisión parcial de la pena al Juez Tercero de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con sede en Angostura Sinaloa y el juez los remite a Mexicali Baja California y el que suscribe envié todas las copias vía Correos de México lo que dio origen al número de folio: ******************** y registro de guía ******************** con destino a la Suprema Corte de Justicia en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali acción que me restringe el goce de la garantía a enviar y hacer uso de correspondencia común con seguridad es decir el debido acceso a la comunicación con autoridades encargadas de administrar la justicia. Acto que considero viola mi esfera jurídica, pues el artículo 14 Constitucional establece que nadie puede ser privado de sus derechos aunado a lo estipulado con el artículo 16, en papeles o posesiones por lo que busco se resuelva en este juicio de amparo la efectiva diligenciación de la correspondencia antes mencionada". Establecido lo anterior, este juzgador estima que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con los numerales 1º., fracción I, y 5o., Fracción II, este último interpretado a contrario sensu todos de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que el acto que se señala como reclamado, consistente en el envío de documentos vía Correos de México, no es susceptible de impugnarse a través del juicio de amparo, en virtud que no deriva de una relación de supra a subordinación, sino de una relación entre particulares. Con el objeto de demostrar esa conclusión, es necesario conocer el texto de los artículos mencionados, en ellos se prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; "[.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. "[.]" En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por su parte, en el artículo 1°, fracción I, de la referida ley se prevé que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos; mientras que en el artículo 5°, fracción II, se establece la definición de autoridad responsable. Con base en lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, es dable concluir que en caso de que el acto u omisión reclamada no provenga de una autoridad y, como consecuencia de ello, no sea susceptible de violar algún derecho humano, entonces el juicio de amparo será improcedente, ya que el problema jurídico quedará al margen de su objeto. Lo anterior, teniendo el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. A partir de esas ideas, este órgano jurisdiccional estima que el acto reclamado por el quejoso, consistente en la omisión de notificar la recepción de los documentos enviados de folio ******************** y registro de guía ******************** depositado en treinta de enero de dos mil veintitrés, atribuidos al Servicio Postal Mexicano no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues, en el caso, la relación contractual establecida entre el Servicio Postal Mexicano y el usuario, es de coordinación y comunicación, en específico la prestación de un servicio público de correspondencia, que deriva de un servicio entre particulares; por lo que no existe una relación de supra a subordinación. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1089, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, de registro digital 161133 de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Sobre el particular, se pondera lo dispuesto en la Ley del Servicio Postal Mexicano, en la que se establece lo siguiente: "Artículo 1o. La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular todo lo relativo a la prestación del servicio público de correos y de los otros servicios que expresamente se contemplan." "Artículo 2o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: (.) SERVICIO PÚBLICO DE CORREOS.- La recepción, transportación y entrega de correspondencia. (.)" "Artículo 4o. El Gobierno Federal, por conducto del Organismo, tendrá a su cargo la recepción, transportación y entrega de la correspondencia, así como de los servicios diversos de recepción, transportación y entrega de envíos distintos a la correspondencia a que se refiere el artículo 2º., por si o a través de asociaciones públicas o privadas aprovechando el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones. De igual forma, tendrá a su cargo la planeación, establecimiento, conservación, operación, organización y administración de los servicios diversos contenidos en esta Ley. (.)" Por otra parte, el Estatuto del Servicio Postal Mexicano, que dispone: "Artículo 1. El Servicio Postal Mexicano, es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 1986, cuyo objeto principal es la prestación del servicio público de correos y de los servicios diversos que conforme a las disposiciones legales le corresponden." "Artículo 2. Son funciones del Servicio Postal Mexicano las siguientes: I. Prestar el servicio público de correos; II. Programar, organizar, operar y controlar, ajustándose a los programas sectoriales respectivos, la prestación del servicio público de correos y diversos a su cargo, que se encuentren establecidos en las leyes, normatividad, convenios internacionales vigentes y demás ordenamientos jurídicos relativos y aplicables." De lo anteriormente expuesto, se advierte que el Servicio Postal Mexicano, únicamente es un prestador de servicios públicos a la sociedad en general y no ejerce facultades de decisión que le estén atribuidas en un ordenamiento legal, lo que revela que el citado órgano descentralizado no es una autoridad para efectos del juicio de amparo. En consecuencia, del estudio de la demanda de amparo, tal como se señaló en párrafos que anteceden, la parte quejosa señaló como autoridad responsable al Titular del Servicio Postal Mexicano, con sede en Guasave, Sinaloa y otro, y como acto reclamado la omisión de notificar la recepción de los documentos enviados el treinta de enero de dos mil veintitrés bajo el folio número ******************** y registro de guía ********************. De lo que se infiere, se reclama un acto derivado del envío de documentos, celebrado con el Servicios Postal Mexicano, es decir, se relaciona directamente con las obligaciones y derechos que nacen de un contrato de correos de México y el quejoso, como se observa de la lectura integral de la demanda, concretamente en el acto reclamado. Luego entonces, es evidente que los actos reclamados, no son materia de control mediante el juicio de amparo, al no ser actos de autoridad, sino derivados de una relación contractual, al existir la relación de coordinación entre el aludido organismo y el usuario del servicio. En efecto, cuando el Servicio Postal Mexicano, emite actos u omisiones con motivo de la prestación de sus servicios, no actúa en una relación jurídica de supra a subordinación, es decir, no actúa con imperio imponiendo su voluntad en forma directa y unilateral, creando, modificando o extinguiendo por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de los particulares. Lo anterior es así, ya que la relación entre el quejoso y las autoridades señaladas como responsables, deben considerarse entre particulares y, como tal, los actos que deriven de esa relación no son susceptibles de vulnerar derechos humanos susceptibles de tutela a través del juicio de amparo, sino que, es una cuestión que se debe ventilar ante la jurisdicción ordinaria. Por tanto, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, porque es evidente que las autoridades Titular del Servicio Postal Mexicano, con sede en Guasave, Sinaloa y Titular del Servicio Postal Mexicano, con sede en Mexicali Baja California, no tienen el carácter de autoridades responsables para el presente juicio de amparo, dado que los actos que se le reclaman, derivan de una prestación de servicio que proporciona a los particulares en un plano de igualdad, esto es, como un ente sujeto derechos y obligaciones; y no, con el carácter de autoridad. En virtud de lo expuesto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1° y 5°, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por ******************** contra actos del Titular del Servicio Postal Mexicano, con sede en Guasave, Sinaloa y Titular del Servicio Postal Mexicano, con sede en Mexicali Baja California, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Cabe señalar que con la determinación alcanzada, el quejoso no queda sin defensa, pues existen medios ordinarios por los cuales puede hacer valer sus derechos, lo cual atiende a lo que establece el artículo 17 de la Constitución Federal que prevé el derecho a la tutela jurisdiccional, entendido como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Así, el hecho de que el juicio de amparo indirecto sea improcedente, en el caso concreto, no implica que no exista una vía idónea y tribunales competentes ante los cuales el particular pueda acudir a hacer valer sus derechos y plantear su reclamo. Lo anterior, toda vez que de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la quejosa tenga conocimiento desde este momento, del resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso le permite, si es el caso, acudir oportunamente a los medios ordinarios de defensa a deducir sus derechos. Determinación que se asume en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues el motivo de improcedencia advertido no podrá ser desvirtuado y además, porque se permitirá que el impetrante de amparo acuda ante la instancia correspondiente a defender sus derechos. Ahora, teniendo en consideración que el quejoso no cuenta con defensor y toda vez que la actuación de un defensor de oficio debe ser continua y sin condiciones que limiten su función, que comprende desde la carpeta de investigación, hasta la ejecución de las penas, es decir, todas las actuaciones encaminadas a procurar la defensa del afectado, por tanto, téngase como autorizado del promovente ******************** a la licenciada ******************** Defensora Pública Federal de la adscripción, para efecto de que proporcione el servicio de defensa pública al mismo, lo que deberá hacerse de su conocimiento en las oficinas que ocupa en este mismo edificio.
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