Rodrigo Zavala Orrantia

Expediente 13/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 13 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
13/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
22/03/2022

Partes del expediente

  • Rodrigo Zavala Orrantia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se desprende que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días previsto en la Ley de Amparo para que las partes en este juicio constitucional interpusieran el recurso de revisión contra la resolución de veintiocho de febrero del presente año, en la cual se sobreseyó, sin que se haya presentado alguna promoción al respecto; por tanto, con fundamento en los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que en autos no se encuentren agregadas las constancias postales con las que se acredite que las autoridades responsables Coordinador General de Unidad Especializada en Aprehensiones de la Fiscalía General del Estado y Comisario General de la Policía de Investigación del Estado, ambos con sede en Culiacán, se encuentren notificadas respecto a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, virtud a que resulta innecesario, pues carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión; en efecto, la sentencia no les perjudica, pues el sobreseimiento del amparo decretado en el presente asunto sólo podría, en su caso, agraviar a la parte quejosa, a quien ya le transcurrió el plazo para interponer el citado medio de impugnación. Es aplicable por analogía la Jurisprudencia XX. J/74, visible en la página 84 del Tomo 83 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 1994, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que al rubro dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra la sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguna a la citada autoridad recurrente.". En ese sentido, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por resolución de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, el presente juicio de amparo se sobreseyó; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Por otra parte, de conformidad con el capítulo 7, apartado 7.1.1, punto 2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera definitiva se negó la suspensión, en ese sentido, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de destrucción; en tanto, en virtud de que el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal reseñado, dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Único. Se sobresee el presente juicio de amparo, promovido por Rodrigo Zavala Orrantia, contra actos del Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte, Comandante de Policía de Investigación del Estado Zona Norte y Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Municipio de Ahome, todos con sede en esta ciudad, Coordinador General de Unidad Especializada en Aprehensiones de la Fiscalía General del Estado y Comisario General de la Policía de Investigación del Estado, ambos con sede en Culiacán, por las razones invocadas en el considerando segundo de la presente resolución.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que está transcurriendo el término concedido a las partes, para que se impongan del contenido del informe justificado rendido por el Jefe del Departamento Legal de la Policía de Investigación del Estado, en representación del Comisario General de la Policía de Investigación del Estado, con sede en Culiacán; por tanto, para dar margen a lo anterior la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere para las once horas con treinta minutos del veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Son aplicables, la Jurisprudencia 2a./J. 21/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 151 del Tomo XXVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2008, Materia Común, Novena Época, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO.". Y P./J. 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.". .

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, dos de febrero de dos mil veintidós. Visto el oficio 439/2022 con anexos de cuenta, suscrito por el licenciado Francisco Javier Espinoza Gutiérrez, Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, quien actúa en la Región Norte, con sede en el ejido Goros II, de esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento a lo solicitado en proveído de veinticuatro de enero del año en curso, en el que se le solicitó emplazar a juicio a los terceros interesados Aglaé Berenice Soto Zamorano y al licenciado Héctor Francisco Reséndiz Cruz -agente del Ministerio Público que intervino en el proceso penal de origen-; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes. En atención a lo anterior, se tiene por emplazados a juicio a los terceros interesados en mención, practicado por la actuaria adscrita al citado juzgado; y, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la primera el ubicado en calle Daniel Castillo número 2340 de la colonia Morelos, y del segundo en la oficina ubicada en calle Ignacio Zaragoza, esquina con Benito Juárez, número 223 sur, sector Centro, ambos de esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Por otra parte, intégrese al sumario el telegrama de cuenta, enviado por el Jefe del Departamento Legal de la Policía de Investigación del Estado, en representación del Comisario General de la Policía de Investigación del Estado, con sede en Culiacán, mediante el cual rinde informe justificado; agréguese al sumario para que surta sus efectos legales conducentes. En ese contexto, acorde al artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado solicitado a la responsable mencionada y dese vista a las partes para que se impongan de su contenido.

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