Rodolfo Sierra Archuleta
Expediente 407/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 407/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Rodolfo Sierra Archuleta
Actuaciones
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Visto el oficio firmado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual devuelve los autos del juicio de amparo 407/2021-2B y remite copia certificada de la resolución de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de queja número 105/2021 en la cual se resuelve: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja, interpuesto por Rodolfo Sierra Archuleta, contra el acuerdo de dos de julio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo indirecto 407/2021 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Los Mochis, Sinaloa, por las consideraciones precisadas en el considerando quinto de esta ejecutoria."; agréguese a los autos para los efectos legales y acúsese recibo. Glósese el cuaderno de antecedentes al presente juicio, con excepción de las constancias que constituyen reproducción fiel de las que ya obran en este asunto, para evitar agregarlas innecesariamente, púes únicamente duplicarían las ya existentes, lo que dificultaría el manejo del expediente al tornarse muy voluminoso. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por proveído de dos de julio de dos mil veintiuno, el presente juicio de amparo se desechó; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. De la misma manera, con apoyo en el mencionado numeral 21, inciso a), penúltimo párrafo de dicho acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, procederá a destruir este cuaderno principal, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no encuadra en aquéllos expedientes donde se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni los generados por los Plenos de Circuito, ni versa sobre materia agraria, ni se trata de un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva.
- Principal
Visto el oficio de cuenta suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal, del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, con el que informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso Rodolfo Sierra Archuleta, y en relación a lo anterior se formó el recurso de queja número 105/2021; agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales.
- Principal
Vista la notificación realizada por la actuaria adscrita a este juzgado, de siete de julio del presente año, de la que se advierte que al notificarle al quejoso Rodolfo Sierra Archuleta, el proveído de dos de julio de dos mil veintiuno, en la que interpone recurso de queja en contra del citado acuerdo, y solicita se le de vista a su defensora para que formule los agravios correspondientes; agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo se les tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer el promovente y en su oportunidad remítanse los presentes autos, el acta de notificación y una copia para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, para la substanciación del medio de impugnación hecho valer. Con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso a) y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, y teniendo en considerando que el quejoso Rodolfo Sierra Archuleta, se encuentra interno en el centro penitenciario de referencia, se comisiona al actuario judicial adscrito a este Juzgado de Distrito, para el efecto de que notifique el presente acuerdo al citado quejoso, lo que deberá llevar a cabo en cuanto a sus labores lo permitan, en el entendido de que deberá identificar plenamente al mismo, y en caso de que carezca de la documentación idónea deberá requerir al funcionario competente del establecimiento penitenciario en que se encuentra interno el inconforme que nos ocupa, para que proceda a su plena identificación; por lo que, con fundamento en lo establecido por el artículo 156, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese el aviso correspondiente al Consejo de la Judicatura Federal. Orienta el criterio, la Tesis VI.1o.P.209, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 1028 del Tomo XVII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 2003, Materia Penal, Novena Época, que dice: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD. INVARIABLEMENTE DEBEN EFECTUARSE EN FORMA PERSONAL, CUANDO CAREZCAN DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, O NO HUBIESEN DESIGNADO PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIRLAS. El artículo 28 de la Ley de Amparo, en su fracción II dispone: "... Las notificaciones en los juicios de amparo de la competencia de los Juzgados de Distrito, se harán: ... II. Personalmente, a los quejosos privados de su libertad, ya sea en el local del juzgado o en el establecimiento en que se hallen recluidos, si radican en el lugar del juicio; o por medio de exhorto o despacho si se encontraren fuera de él. Lo anterior se observará, salvo el caso de que los quejosos hubiesen designado persona para recibir notificaciones o tuviesen representante legal o apoderado. También deberán notificarse personalmente a los interesados los requerimientos o prevenciones que se les formulen.". De lo que se deduce que todos los acuerdos emitidos durante la sustanciación del juicio de garantías, entre otros, el de la admisión, aquellos por los que se difiere la audiencia constitucional y señala nueva fecha para su celebración, vista respecto de los informes previos y justificados, el que recae a la solicitud de admitir, desechar o preparar pruebas, etc., deben invariablemente notificarse en forma personal a los quejosos que están privados de su libertad y que no hubiesen designado a alguien para recibirlas.". Además, considerando que el quejoso no cuenta con defensor y toda vez que la actuación de un defensor de oficio debe ser continua y sin condiciones que limiten su función, que comprende desde la averiguación previa hasta la ejecución de las penas, es decir, todas las actuaciones encaminadas a procurar la defensa del afectado; por tanto, téngase como autorizada legal del quejoso, a la licenciada Leticia Ortiz Santiago y en su ausencia al licenciado José Orozco Carrillo, Defensores Públicos Federales de la adscripción, con sede en esta ciudad, a fin de que proporcionen el servicio de defensa pública al mismo, y dese vista con la notificación realizada al quejoso de que se trata, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
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