RODRIGO GALVAN GUERRERO y Otros.
Expediente 459/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 22 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 459/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 03/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- RODRIGO GALVAN GUERRERO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Agréguese únicamente para que obre como corresponda a los autos el oficio de referencia, signado por el director General de Procedimientos Constitucionales y Legales de la Secretaria de Economía, con sede en ciudad de México, con el cual pretende dar contestación al oficio 18366/2022 del índice de esta juzgado; sin realizar mayor pronunciamiento, dado que por auto de veintiséis de agosto de veintidós, se recibió comunicación con información similar y se proveyó lo conducente, además que mediante proveído de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, se decretó el archivo definitivo del presente expediente.
- Principal
Estado de autos. Visto el estado de los autos, se advierte que en auto de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, se decretó que causó ejecutoria el auto dictada el siete de diciembre de dos mil veintidós y se ordenó el archivo del presente expediente. Devolución de tomo de prueba. Ahora, atento a lo anterior, resulta innecesaria la retención del tomo de pruebas, formado con motivo de las copias certificadas del expediente ****, que remitió la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; en consecuencia, devuélvasele dichas constancias. Sin que sea necesario acusar recibo, siendo suficiente para tal efecto la constancia de entrega del oficio respectivo.
- Principal
Causa estado. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que no se interpuso recurso de revisión previsto por el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, contra el auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el ordinal 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, en relación con su numeral 2, se declara que dicho fallo ha causado estado. Se ordena archivo. En mérito de lo anterior, y toda vez que no existe actuación pendiente de practicarse, con apoyo en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Anotación en el libro de control. Háganse las anotaciones respectivas en el libro que para dicho efecto se lleva en este Juzgado Federal.*** Valoración de expediente. *** Destino del expediente principal. Por tanto, atendiendo al numeral 21, inciso a), del referido acuerdo general, el presente juicio de amparo deberá ser destruido en el plazo de tres años, pues se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto de los actos reclamados. En esa virtud, una vez cumplido el término señalado, dentro de los treinta días siguientes, el presente expediente se deberá destruir y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.*** Hágase constar la valoración en la carátula de los expedientes.**** Devolución de documentos y garantía. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron en el sumario.
- Principal
Vistos el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo de veinte días otorgado a la parte quejosa en proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, a efecto de que acreditara haber realizado las gestiones necesarias y pertinentes para la publicación de edictos con la finalidad de materializar el emplazamiento de la tercera interesada *******; sin que lo haya hecho. Se sobresee en el juicio de amparo. Al respecto, este órgano jurisdiccional estima oportuno señalar que la procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador incluso de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor, la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual, el juzgador federal se encuentra impedido para establecer si el acto reclamado es constitucional o no. Al margen de esto, la propia legislación prevé un catálogo en los cuales, ante la presentación de la acción constitucional, deviene incuestionable su sobreseimiento. Lo cual se aprecia del contenido del precepto 63 de la legislación en la materia. Omisión de publicar edictos Así, uno de los motivos de sobreseimiento se encuentra en el referido ordinal 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que debe ser interpretado en conjunto con el diverso numeral 27, fracción III, inciso b). De la interpretación sistemática de ambos preceptos se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando la parte quejosa no acredite, sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo, haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición. Lo anterior tiene un fin legítimo, ya que es necesario que se constituya una verdadera relación jurídico procesal y permitir a los terceros interesados comparecer a defender, en su caso, la constitucionalidad del acto reclamado. De ahí que sea necesario su emplazamiento en todo momento; sin embargo, cuando no es viable su llamamiento a juicio, una vez que se agotaron todos los medios posibles, es necesario que se le cite vía edictos. Habida cuenta que esta publicación debe hacerse dentro de un plazo prudente, puesto que, de lo contrario traería como consecuencia que el procedimiento de amparo se paralizaría al arbitrio de la parte quejosa; lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, ya que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto. Situación que no es atribuible a ya a los órganos de amparo, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, como establece el citado criterio de jurisprudencia. Análisis del caso concreto En el presente asunto, por auto de diez de junio de dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento de la moral tercera interesada ********************. No obstante ello, no se pudo realizar el llamamiento a juicio de dicha moral tercero interesada; por lo que, una vez agotados todos los medios investigación que se estimaron pertinentes para conocer el domicilio cierto y actual en el que pudiera llevarse a cabo tal diligencia, conforme el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, en proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, se ordenó su emplazamiento a través de edictos. En el proveído citado, se requirió a la parte quejosa para que en el plazo de veinte días, contados a partir de que surtiera efectos la notificación de dicho auto, recogiera los edictos, y acreditara haber realizado las gestiones necesarias y pertinentes para su publicación. Cuestión que le fue notificada el tres de noviembre del año en curso; así que, una vez que surtió efectos la notificación, dicho plazo transcurrió del siete de noviembre al cinco de diciembre de dos mil veintidós. Plazo al que, como se aprecia de la certificación secretarial con que se dio cuenta, se descontaron los días inhábiles estipulados en el numeral 19 de la Ley de Amparo; sin que de autos conste que haya presentado promoción al respecto. Así, la parte quejosa no compareció a manifestar la imposibilidad para realizar la publicación respectiva. Por ello, se actualiza la causal de sobreseimiento que se invoca, toda vez que la parte quejosa, no compareció a recoger los edictos ordenados, ni acreditó haber gestionado la publicación de los mismos, menos acreditó su incapacidad económica para realizar la publicación respectiva. Lo que demuestra su falta de interés en la tramitación del presente juicio y que, como consecuencia de su omisión, implica que el procedimiento de amparo se paralice; lo que trastoca lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal. Sin que sea óbice de lo anterior, el hecho de que no acatar el requerimiento de recoger y publicar los edictos, no conduce necesariamente al sobreseimiento, pues, en términos del referido artículo 17 constitucional, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial. Caso en el cual, se ponderará si la parte quejosa comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el gasto que implica la publicación de los edictos de mérito; tanto su afirmación, como los elementos que consten en autos. Lo que debe ser valorado para determinar si el Consejo de la Judicatura Federal a su costa deba realizar la publicación de que se trata. Lo que en el caso en particular no acontece, pues de autos se inadvierte que la parte promovente haya hecho alguna manifestación en ese sentido -insolvencia económica-. Además, inexisten datos objetivos que permitan establecer que pertenece a un grupo considerado como vulnerable, como podría ser la pertenencia a un grupo indígena, tratarse de un menor de edad o una diversa circunstancia. Bajo ese panorama, se estima actualizada la causa de sobreseimiento en estudio. Decisión. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo.*** Se deja sin efectos. En razón de lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha que se tenía contemplada para que tuviera verificativo la audiencia constitucional fijada para las diez horas con treinta minutos del veintinueve de diciembre de dos mil veintidós.
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