Rodrigo Elias Orozco

Expediente 452/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
452/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
02/08/2017

Partes del expediente

  • Rodrigo Elias Orozco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de dos de agosto actual, que en lo conducente dice: ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el plazo de tres días hábiles, concedido a la parte quejosa en proveído de diecinueve de julio del año en curso, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente asunto por la Titular de la Unidad Jurídica y el Subdirector de Administración del Agua de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, Guanajuato, sin que hubiese hecho manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de referencia, y conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Constitucional procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento, con base en las constancias que obran en autos. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, del contenido siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. En esas condiciones, se tiene que el dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, concediéndose el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los siguientes efectos: SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Al resultar fundado el motivo de queja en estudio, se impone conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, dé respuesta en forma fundada y motivada a la petición contenida en el escrito que presentó el promovente del amparo el veintitrés de enero de dos mil diecisiete. Con lo cual se tendría por cumplido el amparo otorgado y restituida a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, puesto que el derecho de petición quedará colmado hasta que suceda lo mencionado, sin que haya imperativo de que la respuesta sea favorable a los intereses del solicitante. REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO. Dicha determinación causó ejecutoria el siete de junio del año en curso, motivo por el cual se requirió al Director Local en Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, Guanajuato, a fin de que diera cumplimiento en los términos precisados. INFORME DEL CUMPLIMIENTO. En atención a lo anterior, el Director y el Subdirector de Derechos de Agua, adscritos a la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, Guanajuato, después de dos prórrogas de diez días que le fueron concedidas, mediante oficios recepcionados en este Juzgado Federal los días dieciocho y diecinueve de julio del año en curso, acompañaron copia certificada del oficio B00.910.01.1/004324, que contiene la resolución relativa a la petición formulada por el impetrante de amparo, así como la notificación respectiva, cuyos puntos resolutivos en lo que interesa, determinaron lo siguiente: PRIMERO.- Se declara PROCEDENTE autorizar a ***, la TRANSMISIÓN DE DERECHOS PARCIAL Y DEFINITIVA CON RELOCALIZACIÓN A OBRA EXISTENTE del título de concesión número 08GUA122657/12AMDL11, por un volumen de 5,000.00 metros cúbicos anuales, para uso Agrícola, con una vigencia de 8 años, contados a partir del 17 de Noviembre de 2010, y derivado de la prórroga por un plazo de 8 años, contados a partir del 18 de noviembre de 2018, y vence el 18 de Noviembre de 2026. SEGUNDO.- Se NIEGA autorizar a ***, la prórroga de vigencia del título de concesión número 08GUA122657/12AMDL11, por las razones vertidas en el considerando IX de la presente resolución. TERCERO. Derivado de la autorización mencionada en el resolutivo primero, se deberá emitir un nuevo título de concesión a favor de ***. ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO. Con lo anterior, se encuentra acreditado fehacientemente que la autoridad responsable dio respuesta a la solicitud de transmisión de derechos, presentada el veintitrés de enero de dos mil diecisiete; quedando notificado de lo anterior; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 196, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del tenor siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En consecuencia, una vez que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 214 de la misma, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado Federal. DEPURACIÓN DEL EXPEDIENTE. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Toda vez que el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordeno su archivo.

  2. Principal

    Por recibido el oficio y anexos de cuenta signado por el Subdirector de Administración del Agua, de la Comisión Nacional del Agua, residente en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, a través del cual informa que se ha dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo y remite copia certificada del oficio número BOO.910.01.1/0043224, de fecha trece de trece de julio del año en curso, que contiene la resolución pronunciada en atención a la petición formulada por el peticionario de amparo, así como la notificación correspondiente. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con el contenido del comunicado y anexos dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DIAS, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste lo que a su interés legal convenga al respecto, apercibida que de no hacerlo en dicho plazo, este Juzgador Federal resolverá lo que en derecho proceda, de conformidad con las constancias que obran en autos.

  3. Principal

    Por recibidos los oficios y anexo de cuenta signados respectivamente por la Titular de la Unidad Jurídica y el Subdirector de Administración del Agua, de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, residente en esta ciudad Celaya, Guanajuato, la primera de las citadas en suplencia y por ausencia del titular de dicho organismo, medio de los cuales informan que se encuentran realizando las gestiones necesarias a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente asunto, acompañan copia de las constancias que acreditan tal circunstancia y solicitan de nueva cuenta prórroga a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito. En virtud de lo indicado en el párrafo que antecede, hágase del conocimiento del Director Local de la Comisión Nacional del Agua Guanajuato, con sede en esta ciudad y del ingeniero *** de la Subdirección Administrativa del Agua de dicha Dirección respectivamente, que se otorga la prórroga de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído para que den cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el presente asunto. En el entendido que la protección constitucional fue para el efecto de: Al resultar fundado el motivo de queja en estudio, se impone conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, dé respuesta en forma fundada y motivada a la petición contenida en el escrito que presentó el promovente del amparo el veintitrés de enero de dos mil diecisiete. Con lo cual se tendría por cumplido el amparo otorgado y restituida a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, puesto que el derecho de petición quedará colmado hasta que suceda lo mencionado, sin que haya imperativo de que la respuesta sea favorable a los intereses del solicitante. Lo anterior, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a la ejecutoria en cita, en la prórroga concedida, se hará efectivo el apercibimiento contenido en proveído de siete de junio del año en curso; es decir, se impondrá al Director Local de la Comisión Nacional del Agua Guanajuato, con sede en esta ciudad y al ingeniero Roberto Jiménez Márquez, de la Subdirección Administrativa del Agua de dicha Dirección, una multa desde luego, y de igual forma, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para que continúe el trámite de la inejecución previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, que pude culminar con la separación del puesto y consignación de la autoridad contumaz. Es ilustrativa la Jurisprudencia 2ª./J. 103/2014 (10ª), de la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 11, octubre de 2014, Tomo I, página 1044, con número de registro 2007622, la cual indica: PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUE IMPONE MULTA A UN SERVIDOR PÚBLICO POR NO CUMPLIR UNA EJECUTORIA DE AMPARO. El artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo establece que el recurso de queja procede contra las resoluciones emitidas después de dictada la sentencia de amparo indirecto que no admitan recurso de revisión y por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar perjuicio a alguna de las partes. Por su parte, los artículos 192, 193 y 258 de la propia ley prevén que los juzgadores federales deberán imponer multa al titular de la autoridad responsable que incumpla una ejecutoria de amparo. Ahora, la multa en cuestión constituye una sanción para la persona física que desempeña el cargo respectivo, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate. Así, las personas morales oficiales carecen de legitimación para interponer el citado recurso de queja, contra la resolución emitida en un juicio de amparo indirecto que impone multa a un servidor público por no cumplir una ejecutoria de amparo, toda vez que dicha resolución no afecta sus derechos patrimoniales, pues la multa debe cubrirla la persona física a quien le fue impuesta en su carácter de servidor público y, por tanto, sólo éste es quien, por derecho propio, está legitimado para controvertir tal decisión. De igual forma, se invoca la Jurisprudencia P./J. 59/2014 (10ª), de la Décima Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 5, la cual indica: CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo.

  4. Principal

    Por recibido el oficio y anexo de cuenta signado por la Titular de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, residente en esta ciudad Celaya, Guanajuato, por medio del cual informa las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente asunto y acompaña copia de una constancia relativa a la remisión de un comunicado a la Subdirección de Administración del Agua de esa Dirección, a cargo del ingeniero Roberto Jiménez Márquez y solicita una prórroga prudente a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito. En virtud de lo indicado en el párrafo que antecede, hágase del conocimiento del Director Local de la Comisión Nacional del Agua Guanajuato, con sede en esta ciudad y del ingeniero Roberto Jiménez Márquez de la Subdirección Administrativa del Agua de dicha Dirección respectivamente, que se otorga la prórroga de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído para que den cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el presente asunto. En el entendido que la protección constitucional fue para el efecto de: Al resultar fundado el motivo de queja en estudio, se impone conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, dé respuesta en forma fundada y motivada a la petición contenida en el escrito que presentó el promovente del amparo el veintitrés de enero de dos mil diecisiete. Con lo cual se tendría por cumplido el amparo otorgado y restituida a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, puesto que el derecho de petición quedará colmado hasta que suceda lo mencionado, sin que haya imperativo de que la respuesta sea favorable a los intereses del solicitante." Lo anterior, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a la ejecutoria en cita, en la prórroga concedida, se hará efectivo el apercibimiento contenido en proveído de siete de junio del año en curso; es decir, se impondrá al Director Local de la Comisión Nacional del Agua Guanajuato, con sede en esta ciudad y al ingeniero Roberto Jiménez Márquez, de la Subdirección Administrativa del Agua de dicha Dirección, una multa desde luego, y de igual forma, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para que continúe el trámite de la inejecución previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, que pude culminar con la separación del puesto y consignación de la autoridad contumaz. Es ilustrativa la Jurisprudencia 2ª./J. 103/2014 (10ª), de la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 11, octubre de 2014, Tomo I, página 1044, con número de registro 2007622, la cual indica: PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUE IMPONE MULTA A UN SERVIDOR PÚBLICO POR NO CUMPLIR UNA EJECUTORIA DE AMPARO. El artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo establece que el recurso de queja procede contra las resoluciones emitidas después de dictada la sentencia de amparo indirecto que no admitan recurso de revisión y por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar perjuicio a alguna de las partes. Por su parte, los artículos 192, 193 y 258 de la propia ley prevén que los juzgadores federales deberán imponer multa al titular de la autoridad responsable que incumpla una ejecutoria de amparo. Ahora, la multa en cuestión constituye una sanción para la persona física que desempeña el cargo respectivo, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate. Así, las personas morales oficiales carecen de legitimación para interponer el citado recurso de queja, contra la resolución emitida en un juicio de amparo indirecto que impone multa a un servidor público por no cumplir una ejecutoria de amparo, toda vez que dicha resolución no afecta sus derechos patrimoniales, pues la multa debe cubrirla la persona física a quien le fue impuesta en su carácter de servidor público y, por tanto, sólo éste es quien, por derecho propio, está legitimado para controvertir tal decisión. De igual forma, se invoca la Jurisprudencia P./J. 59/2014 (10ª), de la Décima Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 5, la cual indica: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo."

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