Rodrigo Ruiz Cornejo

Expediente 835/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
835/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
27/09/2019

Partes del expediente

  • Rodrigo Ruiz Cornejo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, en contra del proveído de trece de septiembre del dos mil diecinueve, por el que se desechó de plano la demanda de amparo en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en relación con su numeral 2°, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de amparo. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo promovida, éste expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso ***, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que anexo a su escrito de demanda por tanto, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse al promovente previa toma de razón y copia obren en autos, autorizando para recibir a la persona que menciona.

  3. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, Director General del Diario Oficial de la Federación, todas con residencia en la Ciudad de México y Alcaldesa Municipal, Ayuntamiento Municipal, Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Director de Obras Públicas todas del Municipio de Salvatierra, Guanajuato. Los cuales estima violatorios de los derechos que se encuentran consagrados en los artículos 1, 11, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 835/2019-VI.2. Anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. Una vez analizada la demanda de amparo de cuenta, este Juzgado Federal estima que debe desecharse por su notoria e indudable improcedencia en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de que frente al acto reclamado se configura una causal de improcedencia; al efecto, dicho numeral señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En efecto, de una lectura integra de la demanda y sus anexos, se advierte que el único acto reclamado es el oficio DUMA/1032/2019 de nueve de agosto de dos mil diecinueve, suscrito por la Directora de Desarrollo Urbano y de Medio Ambiente de Salvatierra, Guanajuato, en el que se invita a la sociedad Aceros y Perfiles Batanas con domicilio en calle Fray Andrés de San Miguel, número 71, colonia Batanes a demoler o retirar la rampa ahí ubicada y no así algún otro en el que participa las autoridades Federales señaladas como responsable. Con fundamento en los artículos 61, fracción XX, 62 , 112 , 113 , de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías, ello en razón de que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad; motivo por el cual, se actualiza la causal de improcedencia aludida, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. La disposición normativa transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con idénticos alcances a los que prevé esa ley y sin exigir mayores requisitos que los que en ella se consignan para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. Señala además que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando solo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Esto es, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, consagra el principio de definitividad y la improcedencia del juicio de amparo en materia administrativa. Conforme a los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, para determinar si se surte la causa de improcedencia, se deben satisfacer estos requisitos: 1. El acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, por autoridades administrativas; 2. El acto reclamado deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda recurso, juicio o medio de defensa; 3. A través del recurso, juicio o medio de defensa pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado; 4. La norma que regule el recurso, juicio o medio de defensa permita suspender los efectos del acto reclamado; 5. La norma que regule el recurso, juicio o medio de defensa no se exijan mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, sin importar si el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido; y, 6. No exista excepción al principio de definitividad. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 115/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo. En la especie, los requisitos antes apuntados se actualizan respecto al acto reclamado en análisis, por lo siguiente. El supuesto previsto en el punto uno se encuentra satisfecho, porque el Director de Desarrollo Urbano y de Medio Ambiente, del municipio de Salvatierra, Guanajuato, mediante oficio DUMA/1032/2019 de nueve de agosto del año en curso, requirió la demolición y retiro de la rampa. Es decir, la emisión del acto reclamado en estudio, se atribuye a una autoridad administrativa distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues de manera directa se le imputa al Director de Desarrollo Urbano y de Medio Ambiente autoridad de la administración pública municipal. Por lo que respecta a los requisitos marcados en los puntos dos y tres, también se encuentran cubiertos; para ello es necesario citar que los artículos 1, 226 y 227 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, disponen: Artículo 1. Las disposiciones de este Código son de orden público e interés general y tienen por objeto regular: I. Los actos y procedimientos administrativos de las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal del Estado de Guanajuato y de sus municipios; y II. La justicia administrativa en el Estado de Guanajuato, la cual se impartirá a través del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de los Juzgados Administrativos Municipales. Artículo 226. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas podrán, a su elección, interponer el recurso de inconformidad previsto en este Título o impugnar ante la autoridad jurisdiccional. Cuando se haya interpuesto el recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá impugnar el acto o resolución de que se trate ante la autoridad jurisdiccional. Para los efectos de este Título, también tienen el carácter de interesados los servidores públicos a quienes se atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables. Artículo 227. El recurso de inconformidad tendrá por objeto la confirmación, modificación, revocación o nulidad del acto administrativo recurrido. De los numerales antes transcritos se advierte, que contra el acto y resolución administrativa -como en el caso en estudio-, procede el recurso de inconformidad o el procedimiento administrativo (también conocido como juicio de nulidad); el recurso de inconformidad tiene por objeto la confirmación, modificación, revocación o nulidad del acto administrativo recurrido, en el caso, la demolición y retiro de la rampa ubicada en calle *** de Salvatierra, Guanajuato. Los requisitos señalados en los puntos cuatro y cinco, también se encuentran satisfechos, pues para ello basta citar el artículo 234 de la codificación antes referida que señala: Artículo 234. La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto o resolución impugnado, siempre y cuando: I. Lo solicite expresamente el recurrente; II. Se admita el recurso; III. No se cause perjuicio al interés social o no se contravengan disposiciones de orden público; IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y V. Tratándose de créditos fiscales, el recurrente garantice su importe en cualquiera de las formas previstas por la legislación aplicable, cuando así lo acuerde discrecionalmente la autoridad administrativa. Numeral que no exige mayores requisitos que los previstos en el artículo 128, de la Ley de Amparo, de conformidad con la jurisprudencia 19, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, que señala: PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnada en el proceso administrativo, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, a saber: de conformidad con el artículo 268 del primero, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del numeral 130 del segundo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; el artículo 269 de la legislación local condiciona la procedencia de la medida únicamente a que no cause perjuicio evidente al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el proceso, de forma similar al artículo 128 de la ley citada; por cuanto ve al plazo para proveerla, al disponer el código que debe ser lo antes posible (artículo 268, en relación con el 275), tal expresión se traduce en que debe ser de inmediato, por lo que no excede el establecido en la norma reglamentaria (artículo 144); los numerales 270 del código y 132 de la ley, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen al tercero si no se obtiene sentencia favorable; el artículo 136 de la ley establece que la medida surte sus efectos desde que se pronuncie el acuerdo que la conceda, pero dejará de surtirlos si la garantía fijada para ello no se exhibe en el término de cinco días, precepto de similar redacción al 271 del código; finalmente, también concuerdan en que, tratándose de actos de naturaleza fiscal, los efectos de la medida están condicionados a la exhibición de la garantía del interés fiscal, la cual puede otorgarse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables (artículos 276 del código y 135 de la ley). No obsta que a diferencia del ordenamiento local, en la Ley de Amparo (artículo 136) expresamente se señale la reanudación de los efectos, aun cuando la garantía se exhiba extemporáneamente, siempre y cuando el acto reclamado no se haya ejecutado, porque tal divergencia tiene que ver con la eficacia de la suspensión, no con las condiciones de procedencia de la medida y, por ello, no incide para concluir que el código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que los establecidos para el juicio constitucional, pues ambos esquemas son similares; incluso, la legislación de la entidad federativa mencionada tiene un alcance mayor que la federal, ya que dispone, a diferencia de ésta, que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos (artículo 275). Por tanto, el proceso administrativo debe agotarse previo a promover el juicio de amparo. Finalmente, por lo que hace al punto seis, también se encuentra satisfecho, pues: a) El acto no afecta a una persona extraña al procedimiento administrativo de que se trate, pues el oficio de requerimiento de demolición y retiro de rampa fue dirigido al propietario del inmueble ubicado en calle *** Salvatierra, Guanajuato, o en su caso al responsable del negocio Aceros y Perfiles Batanas que es el quejoso ***. b) El cuerpo normativo que instituye el medio de defensa contempla la suspensión y no exige mayores requisitos ni plazos que los que prevé la Ley de Amparo para la paralización del acto, ello de conformidad con el criterio jurisprudencial antes citado. c) No se trata de un juicio de amparo contra leyes, o se promueve con motivo del primer acto de aplicación, ello es así, pues del escrito de demanda no se advierte el acto reclamado a dichas autoridades así como tampoco los conceptos de violación tendentes a evidenciar la inconstitucionalidad de algún precepto, requisito esencial en el juicio de garantías para establecer si los actos reclamados son contrarios o no a la Constitución Federal, por lo que al no estar formulados motivos de disenso ni se señalan los artículos tildados de inconstitucionales, no se advierte que se actualice la excepción al principio de definitividad, pues no se está en posibilidad legal de suplir la deficiencia de la queja. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 28/93, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 72, diciembre de 1993, página 38, que indica: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo. Cobra aplicación la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, primera parte, enero a junio de 1990, página 83, que informa: AMPARO CONTRA LEYES. AUSENCIA DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RESPECTO DEL ORDENAMIENTO COMBATIDO. SUPLENCIA DE LA QUEJA. Si se combate una ley de carácter administrativo y no se expresan conceptos de violación en relación con la misma, es procedente sobreseer en el juicio respecto del ordenamiento impugnado, conforme a la jurisprudencia sustentada por esta Suprema Corte, sin que sea válido sostener que debió suplirse la deficiencia de dichos conceptos de violación, pues conforme al artículo 76 bis de la Ley de Amparo sólo en materia penal opera la suplencia ante la ausencia de los mismos; y en la materia administrativa, cabe suplir dichas deficiencias cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, situación que no aconteció en la especie. En otras palabras, el quejoso no dice por qué estima que es inconstitucional al Reglamento de Construcción y Entorno Urbano para el Municipio de Salvatierra, Guanajuato, pues no formuló motivos tendentes a demostrar la inconstitucionalidad de algún precepto de dichos reglamentos; aun cuando esto es necesario para lo procedencia del juicio, pues solo exponiendo argumentos lógicos jurídicos, que al menos expresen la causa de pedir, este juzgador podrá realizar el estudio de la constitucionalidad del artículo reclamado, aunado a que no indica qué artículo(s) son los que tilda de inconstitucionales; máxime que, como se dijo, no se está en ninguno de los supuestos de suplencia de la queja a que hace mención el artículo 79 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues el promovente no se encuentra en ninguno de los supuestos que prevé la ley de la materia para suplir la deficiencia de la queja, pues el presente caso deriva de la aplicación del Reglamento de Construcción y Entorno Urbano para el Municipio de Salvatierra, Guanajuato, en un caso de naturaleza administrativa, el cual es de estricto derecho; por tanto, no se está reclamando un acto que se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito (fracción I); tampoco se advierte en autos que el quejoso sea menor de edad o incapaz, ni que se esté afectando el orden y desarrollo de la familia (fracción II); este asunto no es materia penal, agraria, ni laboral (fracciones III, IV y V); tampoco se advierte que haya habido en contra del promovente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1º de la ley de la materia (fracción VI); ni de autos se desprende que la parte impetrante del amparo se encuentre en condiciones de pobreza o marginación, para establecer que está en clara desventaja social para su defensa en el juicio (fracción VII). Luego entonces, el quejoso estaba obligado a presentar argumentos mínimos de impugnación, esto es, debió evidenciar, cuando menos, la causa de pedir, y al no hacerlo, resulta improcedente el presente juicio de amparo por lo que hace a la inconstitucionalidad del Reglamento de Construcción y Entorno Urbano para el Muncipio de Salvatierra, Guanajuato en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo se aclara, que este tribunal no estaba obligado a prevenir a la parte quejosa para que aclarara su demanda respecto al señalamiento de conceptos de violación dirigidos a combatir la inconstitucionalidad de los reglamentos que refiere, tal como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es aplicable al caso, por las razones que se informan, la tesis aislada 1 K , emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, que señala: Con fundamento en los artículos 61, fracción XX, 62 , 112 , 113 , de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías, ello en razón de que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad; motivo por el cual, se actualiza la causal de improcedencia aludida. En otro orden de ideas, en razón de que el promovente señala lo que denominó como los estrados de este Tribunal para recibir notificaciones de carácter personal, siendo que éstos no constituyen un domicilio propiamente dicho, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, la notificación de este auto y las subsecuentes que tengan ese carácter practíquense a la promovente por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este juzgado de la federación, conforme a las reglas que al efecto establece el diverso numeral 29 de la invocada Ley. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, señala como autorizado de su parte en términos amplios al licenciado ***, por tener registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante este Órgano Jurisdiccional, y en términos restringidos a ***, por no acreditar su registro en el referido sistema computarizado. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.

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