Rodrigo Esau Zozaya Bastarrachea

Expediente 1658/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 9 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1658/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • Rodrigo Esau Zozaya Bastarrachea
  • DANIELA ALIAS DIANELA BASTARRACHEA CASANOVA y Otros.
  • Daniela Alias Dianela Bastarrachea Casanova

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME SENTENCIA. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que negó el amparo a la parte quejosa, ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es conservable, pues se negó el amparo a la parte quejosa; por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años a que se refiere el artículo 17, fracción III, inciso a), transfiérase el presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación, para su resguardo, en términos del artículo 10 del acuerdo antes referido. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. DEVOLUCIÓN DE LEGAJOS. Finalmente, ya que no existe objeto alguno para que sigan permaneciendo en este Juzgado los legajos I y II, constantes de veinte y doscientas veintinueve fojas útiles, respectivamente, remitidos por la Magistrada Segunda y Presidenta de la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, junto con su informe justificado; en consecuencia, devuélvanse a la referida autoridad sin que sea necesario solicitar acusar el recibo correspondiente dado que de la constancia de notificación se va a desprender que se recibieron dichas constancias NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    En Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia (...) V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 1658/2023, promovido por ********************alias ******************** alias ********************y ********************, contra un acto de la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad; y, (...) SÉPTIMO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado.********************Ahora, la parte quejosa hace valer los conceptos de violación que constan en su demanda de amparo, los cuales se analizarán en la forma en que fueron planteados, al no actualizarse alguna hipótesis que permita la suplencia de la quejosa.****************************************En ese orden de ideas, en el primer concepto de violación, la parte quejosa argumenta que la Sala responsable no fundó ni motivó la resolución reclamada.****************************************Dicho argumento es infundado.****************************************En principio, se debe señalar que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su parte conducente:********************"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo."****************************************Dicho artículo impone a las autoridades la obligación constitucional de fundar y motivar los actos que emitan dentro del ámbito de sus competencias, entendiéndose por fundamentación, la cita de los preceptos legales aplicables al caso concreto y por motivación, la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se consideraron para emitir el acto; siendo necesaria, además, la adecuación entre los motivos expuestos y las normas aplicables, para estimar configurada la hipótesis normativa.****************************************Ahora, en el caso, a fin de declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria, la Sala responsable se basó en las siguientes consideraciones:****************************************A) En razón de materia, atendiendo a la naturaleza de la acción ejercida que, en el caso, fue una acción de naturaleza personal en la que se ejerció una acción pauliana, con la finalidad de que se decretara la nulidad absoluta de la escritura pública número mil trescientos treinta y cuatro de ocho de octubre de dos mil veintiuno, pasada ante la fe del Notario Público número Ochenta y Tres del Estado de Yucatán, en la que se hizo constar la donación gratuita que se realizó entre los aquí quejosos.****************************************Primero se desarrolló la naturaleza de la acción ejercida y se precisó que la acción pauliana tiene como objeto reconstruir el patrimonio del deudor para que salga de la insolvencia parcial o total en que se encuentra fraudulentamente y en perjuicio del acreedor, por lo que se instituye en defensa de este último, la cual está prevista en el Código Civil del Estado de Yucatán, por lo tanto, dado que la donación se realizó en esta ciudad, se concluyó que resulta aplicable el código citado, y el procedimiento de acuerdo con el Código de Procedimientos Civiles de Yucatán; en consecuencia, determinó que corresponde conocer a los jueces de primera instancia estatales, como lo es la Jueza Tercera Civil del Primer Departamento Judicial del Estado.****************************************B) Por razón de territorio, estimó que también resulta competente la citada Jueza, en términos del artículo 73, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, en virtud que los demandados (aquí quejosos) tienen su domicilio en esta ciudad, y la parte actora presentó la demanda en esta ciudad.****************************************C) Por razón de fuero, desestimó el argumento en torno a que debía conocer un Juzgado de Distrito Federal, dado que con base en el artículo 104, fracción II, constitucional, en relación con el diverso 58, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Juzgados Federales únicamente pueden conocer de asuntos que se susciten sobre el cumplimiento de leyes federales o tratados internacionales, y no sobre leyes locales.****************************************Aunado a que en términos del artículo 124 constitucional, al no estar reservada la aplicación de leyes locales a la Federación, se debe concluir que no le corresponde conocer de ellas.****************************************D) Finalmente, determinó que la carga de trabajo no es un argumento por el que un Juzgado pueda dejar de conocer de un asunto, sino que en todo caso sería un factor para valorar el cumplimiento de la máxima diligencia del desempeño del juzgador. ****************************************En tal contexto, contrario a lo afirmado por la parte quejosa, la Sala responsable sí fundó y motivó la resolución reclama. Dado que además de citar los fundamentos de su decisión, justificó las razones por las que resultaron aplicables al caso; de ahí lo infundado de primer concepto de violación.****************************************Por otra parte, en su segundo y tercero conceptos de violación la parte quejosa aduce que la Sala responsable no valoró las pruebas que le admitió, con lo que aduce se vulneró el debido proceso y su derecho de audiencia, así como el principio de exhaustividad.****************************************Dicho argumento, por una parte, es infundado y, por otra, inoperante.****************************************Es infundado, puesto que basta leer el tercer y cuarto considerandos para concluir que la Sala responsable sí precisó que admitió las pruebas instrumental de actuaciones y la de presunciones legales y humanas. Y, con base en ellas, realizó diversos razonamientos en torno al contenido de la acción personal que se ejerció y dio las razones de hecho y derecho por las que estimó competente a la Jueza Tercera Civil del Primer Departamento Judicial del Estado.****************************************Sin que con lo anterior se haya trastoca el principio de exhaustividad, en virtud que la Sala responsable no está obligada a valorar expresamente en sentencia, todas y cada una de las documentales que obran en el expediente, sino solamente aquellas que estimara necesarias para sostener su decisión.****************************************Asimismo, tal argumento es inoperante porque no se controvierte ninguna de las razones legales por las que se estimó competente por razón de materia, territorio y fuero a la citada Jueza. ****************************************Ello, porque no basta con alegar que se omitió valorar todas las pruebas, sino que, al no operar la suplencia de la queja, a fin de que se pueda analizar el concepto de violación, se debió señalar en forma precisa qué documental se omitió valorar y las razones por las que tal omisión podría ser relevante en el caso, cuestión que no se hizo; de ahí lo inoperante del concepto de violación.****************************************Finalmente, en su cuarto concepto de violación, la parte quejosa aduce que la carga de trabajo en un órgano jurisdiccional sí es un aspecto relevante para determinar sobre su competencia.****************************************Dicho concepto de violación es inoperante.****************************************Tal como ya quedó destacado, se advierte que la Sala responsable sí fundó y motivó su determinación que declaró improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria, por razón de materia, territorio y fuero.****************************************En ese sentido, basó su decisión de manera toral en tales razonamientos, y a mayor abundamiento dijo que la carga de trabajo no era una cuestión que pudiera definir la competencia de una autoridad jurisdiccional.****************************************En tal sentido, lo inoperante del argumento deriva de que con su argumentación propuesta no se controvierte frontalmente todas las razones legales que sustentan la decisión reclamada, dado que sólo se limita a exponer que la carga de trabajo sí es relevante, esto es, sólo se impugna la argumentación realizada a mayor abundamiento.****************************************Inclusive de estimarse que con tal forma de impugnar es suficiente para analizar la constitucionalidad de todas las razones, tampoco se podría concluir que la fundamentación y motivación de la Sala responsable sea indebida, porque por las razones ya explicadas en torno a la competencia por razón de materia, territorio y fuero, no basta con que la parte demandada considere que los Jueces Locales tienen una carga de trabajo excesiva para que en automático desaparezcan las reglas constitucionales y legales de competencia, ni para que sea quien deba fijar el fuero del tribunal que dirimirá la controversia.****************************************En consecuencia, ante lo infundado e inoperantes de los conceptos de violación, lo procedente es negar la protección constitucional.****************************************Por lo expuesto y fundado,******************** ********************S E R E S U E L V E:****************************************ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************alias ******************** alias ********************y ********************, contra el acto reclamado a la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, consistente en la resolución dictada el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, y firmada el catorce de junio siguiente, dentro del toca 7/2023, de su índice, en la que declaró improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte quejosa, dentro del juicio ordinario civil 475/2022, del índice del Juzgado Tercero Civil del Primer del Poder Judicial del Estado, por las razones expuestas último considerando de esta sentencia. ****************************************NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que se encuentra transcurriendo el término previsto en el artículo 117, de la Ley de Amparo, en relación con la vista dada en proveído de quince de agosto del año en curso, con el informe justificado rendido por la Magistrada Segunda y Presidenta de la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, así como con las constancias adjuntas. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fija para su desahogo las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Fecha que se fija fuera de la temporalidad que establece la Ley de Amparo, tomando en consideración la carga de trabajo que impera en el juzgado. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Magistrada Segunda y Presidenta de la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, y anexo que acompaña, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. Atendiendo a que la autoridad oficiante, anexó a su informe copia certificada del toca civil ******************** de su índice y del expediente ******************** del índice del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, constantes de 20 y 229 fojas, respectivamente fórmense LEGAJO I y II con dichas constancias, sin que las mismas se digitalicen y formen parte del expediente electrónico en atención a su voluminosidad para formar el expediente electrónico, quedando a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 22, último párrafo y 23, del punto Cuarto, relativo al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. NOTIFÍQUESE.

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