Rodolfo de Jesús Ucan Rejón

Expediente 210/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
210/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
18/01/2023

Partes del expediente

  • Rodolfo de Jesús Ucan Rejón

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de enero de dos mil veintitrés.****************************************Vista la constancia de notificación de quince de enero de dos mil veintitrés, levantada por la Actuaria adscrita a este Juzgado, realizada al quejoso ********************, de la que se advierte que no ratificó la demanda de amparo promovida a su favor por ********************.****************************************En consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO, para los efectos legales correspondientes.****************************************Ahora, toda vez que de la propia actuación se advierte que el fedatario de la adscripción dio fe del estado físico y de salud del directo quejoso ******************** le manifestó que estuvo incomunicado.****************************************Por tanto, dado que con relación al tema de incomunicación, nuestro Máximo Tribunal de Justicia ha sustentado que las personas que denuncien tales actos tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada o, en su caso, examinada a través de un juicio penal; la obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país, y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso; y atento al principio pro persona, para efectos del mencionado derecho, deben considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones.****************************************El suscrito considera relevante destacar la obligación de investigar los hechos de la alegada incomunicación conforme a los estándares internacionales, a fin de realizar y proseguir de modo diligente las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidad, y en su caso, esclarecerlas como delito.****************************************En consecuencia, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 3°, 6° y 8° de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1°, 3° y 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, dese vista a la Agente del Ministerio Público adscrita para que actúe conforme a sus atribuciones constitucionales y obligaciones convencionales, así como de conformidad con los estándares internacionales precisados, en la investigación de la incomunicación del directo quejoso para lo cual instrúyase al actuario para que al momento de realizar la presente notificación le corra traslado con copia de la demanda de amparo y de las constancias actuariales de mérito.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia siguiente cuyo rubro y texto, establece:****************************************"ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 11 de junio de 2011, establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esa disposición también adopta el principio hermenéutico pro homine, según el cual, en la protección de los derechos humanos debe elegirse la interpretación más favorable para las personas. Por otro lado, los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura. Además, este derecho fundamental fue garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato. Así, del análisis de los preceptos invocados se concluye: a) Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país (en el ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso; y c) Atento al principio interpretativo pro homine, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese probable ilícito."****************************************NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    V. Mérida, Yucatán, quince de enero de dos mil veintitrés.[...] NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.[...]

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