Rogelio Antonio Euan Uicab

Expediente 64/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
64/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
29/05/2023

Partes del expediente

  • Rogelio Antonio Euan Uicab

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que no amparó ni protegió a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 18, del Capítulo Séptimo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que en el primer punto resolutivo de la sentencia que resolvió el presente asunto la justicia de la Unión no amparó ni protegió a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la artículo 18, fracción I, inciso b), por lo que es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el antepenúltimo párrafo del citado artículo. Asimismo, y como lo dispone el artículo 18 penúltimo párrafo del capítulo séptimo y en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto, consérvese únicamente la demanda y la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional mismas que deberán digitalizarse en términos del capítulo noveno del citado acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala el citado artículo 18. En virtud que el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente, una vez transcurrido el término de tres años señalados en el artículo 9 del Acuerdo General sin número, ya citado, éste debe ser transferido, toda vez que en el mismo se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Por otra parte, atendiendo a que en el incidente de suspensión derivado del presente juicio se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, consérvese el original por el término de tres años y, una vez transcurrido éste, deberá transferirse tal como lo establece la fracción I, inciso a), del artículo 18, Capítulo Séptimo del aludido Acuerdo General. Finalmente, de conformidad con lo previsto en el inciso a), del artículo 20, del acuerdo antes mencionado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Finalmente, dado que no existe razón legal para que continúen en este juzgado el legajo y DVD que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado, devuélvanse a su lugar de procedencia; sin que sea necesario solicitar acusar el recibo correspondiente dado que de la constancia de notificación se desprende que se recibieron dichas constancias. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán; veintisiete de abril de dos mil veintitrés. V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 64/2022-IV, promovido por******************** contra actos del Juez Especializado en Justicia Penal para Adolescentes del Sistema Acusatorio y Oral, en funciones del Juez Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Umán; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. El veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, se recibió demanda de amparo (fojas 4 a 6) presentada por******************** contra el acto atribuido al Juez Especializado en Justicia Penal para Adolescentes del Sistema Acusatorio y Oral, en funciones del Juez Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Umán, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales que precisó. SEGUNDO. Trámite del juicio. El tres de noviembre de dos mil veintidós, por razón de turno, se recibió la demanda en el Juzgado Primero de Distrito de esta entidad; por lo cual, en auto de cuatro de noviembre siguiente, se ordenó formar expediente que se registró bajo el número 2558/2022-I; se admitió a trámite; se ordenó dar la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; y, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado y de la representación social adscrita a la autoridad responsable. TERCERO. Remisión de los autos a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con motivo de su apertura. En cumplimiento a la medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en observancia al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, contenida en el punto de acuerdo 21********************/2022 aprobado por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, remitió el presente juicio de amparo para que este Juzgado de Distrito dicte la resolución, y continúe con la eventual cumplimentación y archivo definitivo. Así, mediante auto de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, se recibió el juicio amparo 2558/2022-I del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, por lo que se formó expediente 64/2022-IV, cuya audiencia constitucional se celebró el uno de febrero de dos mil veintitrés y, se turnó para dictar sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 61, fracción XVIII, inciso d), y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 4********************de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues se reclaman resoluciones en materia penal ejecutables dentro del ámbito de competencia territorial asignada a este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda en su integridad, para determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se precisan los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado a la demanda de amparo y demás constancias, se hacen consistir en: AUTORIDAD RESPONSABLE ACTOS RECLAMADOS Juzgado Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Umán. El auto de vinculación a proceso de fecha once de octubre de dos mil veintidós, dictado en su contra en la carpeta administrativa ********************, por el delito de Homicidio Calificado en Grado de Tentativa Cometido en Pandilla y en Contra de Servidor Público. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juzgado Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Umán, por conducto del Juez Especializado en Justicia Penal para Adolescentes del Sistema Acusatorio y Oral, en funciones del toda vez que así lo manifestó. Además, la certeza se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad responsable consistente en las documentales de la carpeta administrativa ********************, así como un disco compacto que contienen dos archivos de audio y video; medios que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 12********************, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues se trata de documentos públicos autentificados por una autoridad judicial. Cabe señalar que el disco en formato DVD-R remitido por la responsable, reviste el carácter de prueba documental pública, tal como lo establece la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Orden de aprehensión. El tres de octubre de dos mil veintidós el Juez Especializado en Justicia Penal para Adolescentes del Sistema Acusatorio y Oral, en funciones del Juez Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Umán, previa petición por parte de la Fiscal Investigadora y de Litigio adscrita, decretó orden de aprehensión en contra de ********************"********************" y ******************** "********************" o "********************", por su probable intervención en la comisión del delito de homicidio calificado en grado de tentativa cometido en pandilla y en contra de servidor público. Audiencia inicial. El seis de octubre de dos mil veintidós, se cumplimentó la orden de aprehensión en contra de ******************** por lo que en la propia fecha se verificó audiencia inicial quien después de verificada la formulación de imputación y abstenerse de declarar, impuso la medida de prisión preventiva "oficiosa" y, suspendió la audiencia para resolver la situación jurídica del imputado en un plazo de ciento cuarenta y cuatro horas. Auto de vinculación a proceso. El once de octubre de dos mil veintidós, se continuó la audiencia inicial y, después de agotado el debate el juzgador determinó dictar auto de vinculación a proceso por el delito de Homicidio Calificado en Grado de Tentativa Cometido en Pandilla y en contra de Servidor Público, previsto y sancionado por los numerales 368, en relación con los diversos 378, 380, fracción IV y 384, relacionados a su vez con el 17 y 84, así como 165 y 185, todos del Código Penal del Estado de Yucatán, denunciado por ********************. QUINTO. Oportunidad para ejercer la acción constitucional. La demanda de amparo se presentó oportunamente. Ello, pues se hizo dentro del plazo legal de quince días hábiles establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado se notificó el once de octubre de dos mil veintidós (en la propia audiencia que emitió el acto reclamado); notificación que surtió sus efectos al siguiente trece del citado mes y año, conforme el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en razón de que el doce de octubre es inhábil conforme al artículo 1********************de la Ley de Amparo; por lo que el plazo transcurrió del catorce de octubre al ocho de noviembre de dos mil veintidós. Lo anterior, sin tomar en cuenta los días quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de octubre, así como cinco y seis de noviembre de dos mil veintidós, por ser sábados y domingos, y ser inhábiles de conformidad con lo previsto en el artículo 1********************de la Ley de Amparo; así como el día treinta y uno de octubre y uno y dos de noviembre del citado año, conforme a la CIRCULAR 5/2022 de treinta de marzo de dos mil veintidós, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; de ahí que si la demanda se presentó el tres de noviembre de dos mil veintidós, es claro que su presentación fue oportuna. SEXTO. Procedencia del juicio de amparo. El juicio de amparo promovido contra el auto de vinculación, es procedente en virtud que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al tratarse actos emitidos en juicio. En el entendido que la parte quejosa no tenía la obligación de agotar recursos ordinarios, al actualizarse una excepción al principio de definitividad conforme al artículo 61, fracción XVIII, inciso d), de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se precisa que no opera alguna causa de improcedencia que deba estudiarse de oficio. Luego, al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia las consideraciones y razones por las que no se actualiza alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que el suscrito no tiene obligación de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de improcedencia del juicio de derechos fundamentales. Sirve de apoyo a lo anterior, al no oponerse al texto de la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia con registro 205800, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: «IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO». SÉPTIMO. Estudio de constitucionalidad. Ahora bien, tomando en consideración que la parte quejosa tiene el carácter de imputado en un juicio de amparo, con fundamento en el artículo 7********************, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, el estudio de los conceptos de violación se hará supliendo la deficiencia de la queja, en caso de ser necesario. Ahora bien, previo a calificación de los conceptos de violación expuestos respecto al acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso de once de octubre de dos mil veintidós, es oportuno reproducir el texto del artículo 1********************, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del cual se advierte lo siguiente: Ahora, la fuente Constitucional del auto de vinculación a proceso es el artículo 1********************, primer párrafo, del cual se advierte que para su dictado se deben cumplir con determinados requisitos, los cuales para el adecuado estudio de control constitucional deben dividirse en dos rubros, a saber: a) forma y b) fondo. Los requisitos de forma se circunscriben a que debe dictarse a más tardar a las setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, si se solicita la duplicidad, contados a partir de que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial y en él deben expresarse el delito que se imputa, así como las circunstancias de su ejecución. Por otro lado, los requisitos de fondo son: a) Que existan datos que establezcan que se ha realizado un hecho que la ley señala como delito y, b) Que el imputado puede haberlo cometido o participado en su ejecución. Concordante con lo anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales en los artículos 316 y 318, establece los elementos legales básicos que deberá contener el auto de vinculación a proceso. Acorde con lo reseñado, para su emisión deben reunirse los siguientes requisitos: I. Que se haya formulado la imputación. II. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. III. Que se precise el delito que se imputa y se establezca el lugar, el tiempo y las circunstancias de su ejecución. IV. Que se dicte únicamente por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, con la posibilidad de que el Juez les otorgue una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público, pero sin la valoración de aquellos. V. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. VI. Que no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Los requisitos anteriores se robustecen, con los principios de legalidad y seguridad jurídica reconocidos en el diverso artículo 16 de la Constitución Federal, que de manera imperativa dispone, que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, lo cual se traduce en la obligación del órgano judicial que emita una resolución, de citar los preceptos legales en que se funde para ello, y señalar las circunstancias especiales, razones particulares o inmediatas que haya tenido en consideración, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El citado derecho constitucional de fundamentación y motivación, si bien resulta ser técnicamente un requisito formal que la resolución combatida debe cumplir, de igual forma tiene que ver directamente con los aspectos sustanciales del mismo, pues los fundamentos y motivos que el Juez de Control plasme en su resolución, constituyen la base en que descansa la acreditación de los elementos de fondo que exige el artículo 1********************Constitucional vigente, atinentes al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. A continuación, se analizará si el acto reclamado se ajustó o no, a las exigencias para su emisión, a la vez, en el apartado relativo se estudiarán los conceptos de violación. En cuanto al primer requisito, esto es, que se haya formulado la imputación, quedó colmado en los términos que prevé el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, en la audiencia de seis de octubre de dos mil veintidós, el Fiscal del Ministerio Público formuló imputación a ********************, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley describe como el delito de Homicidio Calificado en Grado de Tentativa Cometido en Pandilla y en contra de Servidor Público, previsto y sancionado por los numerales 368, en relación con los diversos 378, 380, fracción IV y 384, relacionados a su vez con el 17 y 84, así como 165 y 185, todos del Código Penal del Estado de Yucatán, denunciado por ********************. Sustancialmente, de lo expresado por la Fiscal, se obtiene que los hechos materia de la imputación son los siguientes: "El ********************, alrededor de las ********************, el ciudadano ********************, alias "********************" o "********************", junto con otras personas de sexo masculino, realizaron acciones tendientes a privar de la vida a ********************, quien en ese momento se encontraba en funciones como servidor público perteneciente a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de la ciudad de ********************, ya que al estar realizando su labor como policía, en el cruce de las calles ********************por ********************de la colonia ********************, a un costado del campo deportivo denominado "********************" de la ciudad de *********** ******************** o ******************** alias "********************" y junto con otras dos personas de sexo masculino, de una manera amenazante y retadora le empezaron a decir: "********************" y empieza a agredirlo lanzándole patadas y puños, por lo que al ver lo anterior, la victima empieza a retroceder tratando de repeler la agresión, diciéndoles a dichos sujetos que se calmaran, pero es seguían con su actitud agresiva diciéndole "********************" por lo que agraviado siguió retrocediendo hasta llegar al camellón de la calle ********************por ********************de la citada colonia, en donde fue alcanzado por dichas personas quienes lo empiezan a golpear diversas partes de su cuerpo con puños y patadas tirándolo al suelo, siendo que en ese momento se les unen más personas de sexo masculino entre las que se encontraba ******************** alias "********************" o "********************" quien toma una rama con ella golpea a la víctima en diversas partes de su cuerpo y aprovechando que este se encontraba caído y estaba siendo golpeado por el grupo de personas, toma un objeto contundente y se lo avienta hacia la cabeza de la víctima, a tiempo que gritaba "********************" por lo que debido al golpe la víctima pierde momentáneamente el conocimiento hasta que fue auxiliado por uno de sus compañeros". Hechos que la fiscalía considera a título doloso, respecto del hecho con apariencia de delito de Homicidio Calificado en Grado de Tentativa Cometido en Pandilla y en contra de Servidor Público, previsto y sancionado por los numerales 368, en relación con los diversos 378, 380, fracción IV y 384, relacionados a su vez con 165 y 185, 17 y 84, del Código Penal del Estado de Yucatán, denunciado por ********************, en calidad coautor material, directo, en términos del artículo 15, fracción I, del referido ordenamiento legal. Con lo anterior, se evidencia que la Ministerio Público informó al aquí quejoso le hecho que le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acosador, por lo que se tiene satisfecho el primer requisito. Respecto al segundo requisito, relativo a que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar; en términos del artículo 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales, también se cumplió, ya que después de la exposición del fiscal, la Jueza se aseguró que el quejoso entendió el hecho y respecto a este, se reservó el derecho a declarar. Enseguida, la fiscal solicitó oportunidad para vincular a proceso al imputado por su probable intervención en el hecho atribuido, y expuso los datos de prueba siguientes: 1. Denuncia interpuesta ante el Fiscal Investigador, de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, por la víctima ********************. 2. Certificado médico de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, realizado a la víctima ******************** por la doctora ******************** de la Fiscalía General del Estado. 3. La entrevista realizada a ******************** de uno de octubre de dos mil veintidós ante el Fiscal Investigador, quien manifestó ser policía municipal de ********************y que el ******************** aproximadamente a las ********************, se encontraba en día de descanso y realizando unas compras en una tienda ubicada en la esquina frente al campo de fútbol "********************", ubicado en la calle ********************por ********************, colonia ******************** de dicha ciudad, cuando al escuchar ruido se percató de los golpes que un grupo de personas le daban a su compañero ********************, quien se encontraba tirado en el piso. 4. Informe policial homologado de ********************, suscrito por el policía ********************, elemento de la Policía Municipal de ********************, debidamente ratificado en la propia fecha, donde señala los hechos ocurridos el ******************** aproximadamente a las ******************** mientras se encontraba a bordo de la unidad oficial ********************, en compañía de su compañero ********************, mientras realizaba recorrido de prevención y vigilancia, sobre la avenida ********************de la colonia ********************, se percataron que el pasajero que iba en una motocicleta no contaba con casco, por lo que pidió a su compañero bajar para atender la infracción mientras estacionaba la unidad, al realizarlo e ir hacia donde estaba su compañero observó que estaba siendo golpeado por diversas personas, por lo que al observar que se veía superados pidió apoyo por frecuencia de radio solicitando una unidad de paramédicos, posteriormente al alejarse los agresores auxilió a su compañero. 5. Informe de inspección técnica de lugar, de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, realizado por el Perito Criminalista ********************, de la Fiscalía General del Estado. 6. Informe de Inspección Técnica de Objetos, de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós realizado por el Perito Criminalista ********************, quien ese día realizó la documentación de siete fotografías (indicio 1, trozo de concreto seco), así como secuencia fotográfica). 7. Secuencia Fotográfica de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós (indicio 2 memoria de almacenamiento usb color negro, marca Kingston), realizado por ******************** analista de la Información adscrito al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, relativo a dos archivos de video y diecisiete imágenes impresas donde se aprecia de la agresión de la que fue objeto la víctima del delito. 8. Oficio de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós suscrito por el Comandante ********************, de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de ********************, que señala que ******************** se desempeña como elemento activo de policía tercero de dicha institución desde el uno de julio de dos mil veintidós. ********************. Informes de Procesamiento, Fotográfico y Topográfico del lugar de Intervención, de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós realizados por el perito criminalista ********************, en el lugar de los hechos calle ********************por ********************de la colonia ******************** de ********************Yucatán, tomando fotografías y un croquis del lugar. Ahora bien, derivado de que el imputado solicitó se resolviera su situación jurídica en el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, posteriormente al señalamiento de los datos de prueba por parte de la fiscalía, el juzgador señaló nueva fecha para la continuación el once de octubre de dos mil veintidós, posteriormente ante la petición de medida cautelar, impuso la relativa a prisión preventiva oficiosa, y suspendió la audiencia, continuándose en la fecha indicada. Con relación al tercer requisito, consistente en que se precise el delito que se imputa y se establezca el lugar, el tiempo y las circunstancias de su ejecución, también se encuentra satisfecho. En efecto, al resolver sobre la vinculación a proceso, la Jueza de Control precisó que de la exposición del Ministerio Público, podía identificarse que el hecho con apariencia de delito, ocurrió mientras la víctima se encontraba en sus labores, es decir, como Agente de la Policía de Umán, estando en la unidad ******************** con el también policía ********************, alrededor de las ******************** del ********************. Respecto al lugar y circunstancias de ejecución, destacó que cuando dichos agentes llegan a la calle ********************, por ********************, colonia ********************, en la esquina del campo deportivo "********************", observa que por la calle ********************venía una pareja en una moto de color gris, a quienes les indica que se detengan por la falta de casco de pasajero, derivado de ello, se da una sería de discusión y escala con dichos como "********************", por lo que la víctima empieza a retroceder en ese momento mientras lo hacía encontró un árbol en el camellón de la calle ********************, en ese momento se le abalanzan el grupo de personas que ahí se encontrando, en ese momento la víctima precisa que reconoció a una de las personas que lo estaban agrediendo quien traía uniforme deportivo playera que decía "********************" y que sabe su apodo "********************" y que identifica como ********************, persona a quien cuando él ya estaba tirado en el suelo por la agresión de las demás personas, lo golpea con una rama de un árbol y luego toma una piedra y se la avienta a la cabeza al tiempo que le decía "********************", pero al caer al suelo el chaleco antibalas se le sube al mentón por lo que la piedra le pegó en la parte derecha de su cabeza, es decir, dicho chaleco lo protegió del impacto, sin recordar nada más porque perdió el conocimiento pero supo que lo auxiliaron y lo llevaron al hospital. Así, el juzgador destacó que los hechos relatados la fiscalía encuadraban en el ilícito de Homicidio Calificado en Grado de Tentativa Cometido en Pandilla y en contra de Servidor Público, previsto y sancionado por los numerales 368, 378, 380, fracción IV y 384, relacionados a su vez con el 17 y 84, así como 165 y 185, todos del Código Penal del Estado de Yucatán, que disponen: "Artículo 368.- Comete el delito de homicidio quien sin derecho priva a otro de la vida. Artículo 378.- Se entiende que las lesiones o el homicidio son calificados, cuando se cometen con premeditación, ventaja, alevosía, traición o se ejecuten en lugar concurrido por personas ajenas a los hechos que en forma inminente pudieran resultar muertas o lesionadas. Artículo 380.- Se entiende que hay ventaja cuando: (.) IV. Este se halle inerme o caído y aquél armado o de pie. Artículo 384.- Al responsable de un homicidio calificado se le impondrán de veinte a cuarenta años de prisión. Artículo 17.- La tentativa será punible cuando la resolución de cometer un delito se exteriorice realizando en parte o totalmente los actos ejecutados que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquél no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente. Para imponer la sanción de la tentativa, la autoridad judicial tomará en cuenta, además de lo previsto en el artículo 74 de este Código, el mayor o menor grado de aproximación al momento consumativo del delito. Artículo 84.- La punibilidad aplicable a la tentativa será de entre una tercera parte de las mínimas y dos terceras partes de las máximas, previstas para el delito que el sujeto activo quiso realizar, pero las mínimas nunca serán menores a tres meses de prisión ni a diez días multa. Artículo 165.- Cuando se ejecuten uno o más delitos por pandilla, se aplicará a los que intervengan en su comisión hasta una mitad más de las sanciones que les correspondan por el o los ilícitos cometidos. Se entiende por pandilla para los efectos de esta disposición, la reunión habitual, ocasional o transitoria de tres o más personas que, sin estar organizadas con fines delictuosos, cometan en común algún delito. (.) Artículo 185.- A quien cometa un delito en contra de algún servidor público, a los que hace referencia el artículo ********************7 de la Constitución Política del Estado, en el acto de autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de éstas, o contra una institución pública, se le impondrá sanción de uno a cuatro años de prisión y de uno a diez días-multa, además de la que corresponda imponerle por el delito cometido. Los delitos a que se refiere este artículo siempre serán perseguidos de oficio. Por otra parte, en relación al cuarto y quinto elemento del auto de vinculación, se advierte que al resolver sobre la vinculación a proceso, el Juez de Control se limitó a la información proporcionada por las partes; valoró conjuntamente los datos de prueba y conforme el estándar probatorio exigible hasta ese momento concluyó que******************** probablemente ejecutó el hecho que la ley señala como Homicidio Calificado en Grado de Tentativa Cometido en Pandilla y en contra de Servidor Público, previsto y sancionado por los numerales 368, en relación con los diversos 378, 380, fracción IV y 384, relacionados a su vez con el 17 y 84, así como 165 y 185, todos del Código Penal del Estado de Yucatán. En relación con el cumplimiento de estos requisitos, el quejoso sostiene que fue incorrecta de decisión del Juez de Control, porque resolvió conforme a su perspectiva personal y desde su óptica, en razón de que la defensa expuso que si se actualizaba un delito, era el de lesiones y no por tentativa de homicidio, sin embargo, concluyó que sí se tenía la intención de privar de la vida al agraviado ********************, de ahí que no valoró la información de una manera libre y lógica tal y como lo señala el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de ahí que considere que no se resolvió de manera legal y acorde a la información proporcionada, vulnerando con ello el derecho a un justo y debido proceso, presunción de inocencia. Señala que la autoridad destacó que el hecho no se consumó ya que el chaleco que tenía la víctima se le subió al mentón y que eso fue lo que impidió que no fuera privado de la vida y que otra causa fue la oportuna atención médica que recibió la víctima; sin embargo, el juzgador no consideró que ese golpe con la piedra no fue en repetidas ocasiones para considerarlo como una intención de privarlo de la vida y, si bien se dijo que presentó varias lesiones, el testigo ******************** señaló que había aproximadamente diez personas más que estaban golpeando a la víctima, razones por las que solo resolvió conforme a la información que le perjudica y no lo que le beneficiara, pues del dicho del dicha persona solo se corrobora que se lesionó pero no que se intentó privar de la vida. Refiere que le causa agravio la valoración del informe policial homologado del policía ******************** el cual el juzgador lo consideró útil solamente porque ubicaba el lugar, fecha, hora y dinámica, pero no de los golpes del imputado hacia la víctima con la rama del árbol, ni de la agresión, de ahí que no se justifica la determinación a la que arribó el órgano jurisdiccional. Asimismo, señala que tampoco se justifica la agravante de pandilla pues si bien se mencionó que había más personas estos no fueron llevados ante el juez ya que incluso el juzgador destacó que no tenía conocimiento si entre las personas había mujeres o solo había hombres, pero a pesar de ello, justificó que sí se daba la pandilla, causándole agravio lo anterior, pues no tomó en consideración que las lesiones que presentó la víctima no fueron causadas solo por el quejoso. Finalmente, expone que no existen datos, antecedentes, datos lógicos, suficientes que permite establecer razonablemente que cometió el delito de homicidio calificado en grado de tentativa cometido en pandilla y en contra de servidor público, circunstancia por la que se debía dictar un acto de no vinculación a proceso conforme al artículo 31********************del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los argumentos son infundados. En principio, resulta pertinente destacar que el juzgador sí atendió el argumento de la defensa atendió el consistente en que en su caso se podría tipificar como delito de lesiones y no de un homicidio calificado en grado de tentativa, pues aunque conforme al tipo de lesiones que presentó la víctima en términos del certificado médico de la doctora ********************, dicha profesionista determinó que tardaban en sanar menos de quince días y no ponían en peligro la vida, lo cierto es que reseñó que conforme a la dinámica de los hechos, sí podría estimarse que la intencionalidad del imputado aquí quejoso era la de privar de la vida a la víctima. Lo anterior, lo precisó la responsable, al referir que el hecho de aventar una piedra a la cabeza de la víctima considerando el objeto y la contundencia de una piedra y lanzarlo al rostro, cara o cabeza de una persona, se deriva de que aunque no se sea médico, lanzar una piedra en tales lugares y más, si la persona está en el suelo, esto es, en una condición de máxima vulnerabilidad puede generar un lesión muy grave que ponga en peligro o prive de la vida a una persona, de ahí por ello estimó que dicha acción sí tiene las características y la acción de privar de la vida a una persona al lesionar la cabeza, que es un área especialmente sensible y donde se encuentra el cerebro que puede generar un daño que cause la muerte, destacando que la consideración podría ser distinta si se avienta una piedra en otro lugar como un pie. Ahora bien, el juzgador precisó que el hecho delictivo lo fue en grado de tentativa porque el chaleco que tenía la víctima se le subió al mentón y que ello, relacionado con la oportuna atención médica que recibió, derivó en que no se consumó el delito; sin embargo, aunque no se reseñó que el golpe con la piedra fue en repetidas, lo cierto es que sí destacó el dicho del referido ateste que menciona, es decir, ******************** de quien señaló que aproximadamente diez personas más que estaban golpeando a la víctima, además, dicho testigo igualmente reseñó que por su labor policial, entre dichos agresores identificó a uno en particular, es decir, a ******************** e incluso mencionó que fue dicha persona quien agarra una piedra del suelo y se la avienta a la cabeza de la víctima diciéndole "********************", circunstancia que se relaciona con el propio señalamiento de la víctima al identificar igualmente a la persona que aventó la piedra en su cabeza. En ese sentido, el suscrito no aprecia que la autoridad responsable analizó los datos conforme a un punto de vista personal, pues aunque les asignó un valor libre, ello en razón de que el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así lo permite, sin embargo, la autoridad sí justifica los motivos del valor otorgado a cada uno de ellos, con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de los elementos probatorios que fueron aportados, precisando que no resolvió solo con la información que le perjudica y no así en lo que le beneficiara, lo cual vulnera el derecho a un justo y debido proceso, presunción de inocencia. Ello se afirma, en razón de que de dichos datos no se aprecia que le generaran algún beneficio que no consideró el juzgador, o se vulnerara el derecho a un derecho justo, debido proceso o presunción de inocencia, pues además de lo reseñado en el certificado médico, el juez analizó los datos aportados, los que consideró idóneos para estima que conforme a la mecánica en que se relataron los hechos, que hasta ese momento la intencionalidad del imputado era la privación de la vida de la persona. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia I.4o.P. J/2 (10a.) de rubro y texto siguiente: "HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA. PARA ACREDITAR QUE EL ACTIVO PUSO EN PELIGRO LA VIDA DE SU VÍCTIMA, ES NECESARIO QUE EL JUEZ VALORE INTEGRALMENTE SI LOS ACTOS QUE LLEVÓ A CABO FUERON LOS IDÓNEOS, Y NO SÓLO QUE UN PERITO MÉDICO CERTIFIQUE QUE LAS LESIONES CAUSADAS AL PASIVO LO COLOCARON EN REAL PELIGRO DE MUERTE. El delito de homicidio en grado de tentativa requiere que se coloque en peligro la vida de la víctima; sin embargo, la acreditación de este elemento no depende de que un perito médico certifique que las lesiones causadas al pasivo lo colocaron en real peligro de muerte, sino que es necesario que el Juez, como rector del proceso, valore integralmente, a partir de los datos que arroje la causa natural, si los actos ejecutivos del agente fueron idóneos para poner en peligro la vida del sujeto pasivo, bien jurídico tutelado por la norma. Por otra parte, tampoco le asiste la razón al quejoso al señalar que le causa agravio la valoración del informe policial homologado del policía ******************** respecto del cual el juzgador lo consideró útil solamente para ubicar el lugar, fecha, hora y dinámica, y no demostrar los golpes del imputado hacia la víctima con la rama del árbol, ni de la agresión, pues aunque el juzgador efectivamente señaló que dicho testigo no hizo el señalamiento de la persona concreta que efectuó la agresión, sí precisó que vio como golpearon a su compañero y que una vez que llegó el apoyo policial y acercarse a él estaba aturdido y que tenía sangre en la cara y en la cabeza. Sin embargo, lo anterior no implica que por dicha circunstancia no se lograra determinar la persona que probablemente fue quien lanzó la piedra a la cabeza de la víctima, en razón de que previamente se expuso que existían más indicios como el señalamiento que realizó el testigo ******************** así como la identificación que de su agresor efectuó la víctima respecto del imputado ********************, de ahí existan mayores elementos que justifican la determinación a la que arribó el órgano jurisdiccional. Respecto al diverso argumento en el sentido de que no se justifica la agravante de pandilla, pues si bien se mencionó que había más personas, no fueron llevadas ante el juez, reconociendo el juzgador que no tenía conocimiento si entre ellas había mujeres o solo había hombres, y aun así justificó que se actualizaba la pandilla, lo que le causa agravio, al no considerar que las lesiones que presentó la víctima no fueron causadas solo por el quejoso. Tales argumentos son igualmente infundados, pues aunque el juzgador reconoció que en la audiencia solamente se encontraba el imputado, sin embargo, igualmente destacó que conforme a la narrativa de los hechos por parte de la víctima, fueron más de tres personas quienes lo agredieron, lo que se relaciona con la información aportada por el testigo ********************, quien señaló que había diez personas aproximadamente golpeando a la víctima ******************** , así como lo manifestado por el ******************** en su informe policial homologado, quien mencionó que al ser varias personas quienes agredían a su compañero solicitó el apoyo respectivo vía radio. Es conforme a dichos datos, con los que el juzgador justifica su determinación, pues sobre la calificativa de ventaja lo consideró por el hecho de que el agresor se encontraba en la referida situación de ventaja por estar de pie de quien está tirado en el suelo y, tener con una rama y una piedra que por sus características particularmente su contundencia, podía ocasionar la muerte, en tanto que sobre la relativa a pandilla, así lo consideró, ante la reunión transitoria que surgió derivado de una discusión de un hecho de tránsito, en donde se van organizando y sumando más personas que cometieron el delito al golpear a la víctima, quien cayó al suelo, lo que propició que el agresor le tire una piedra, razones por las que destacó la probabilidad de que el imputado fue quien participó en su comisión y determinar la probabilidad del imputado en su intervención como coautor material directo, conforme al artículo 15, fracción I, del Código Penal del Estado de Yucatán. Finalmente, resulta igualmente infundado el argumento de que fue incorrecta de decisión del Juez de Control, al no existir datos, antecedentes, datos lógicos, suficientes que permitan establecer razonablemente que cometió el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en pandilla y en contra de servidor público y que por ello debía dictarse un acto de no vinculación a proceso conforme al artículo 31********************del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior así se considera, pues previamente se reseñaron los datos de pruebas que fueron valorados por el juzgador y los motivos con los que justificó dicho valor; lo que quien resuelve estima que la resolución reclamada está apegada a derecho, pues en el dictado de un auto de vinculación basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, con la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho señalado por la ley como delito. En efecto, en el acto reclamado el juzgador solamente debe verificar que la conducta encuadra en la norma penal, y así, estar en posibilidad de identificar el tipo penal aplicable, entendiéndose que "obran datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito", cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, como lo establece la fracción III, del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Finalmente, no se desatiende que aunque no se señaló como acto reclamado destacado la imposición de la medida cautelar impuesta de prisión preventiva "oficiosa", y que no se expusieron argumentos, conforme a las jurisprudencias P./J. 5/2006 y 1a./J. ********************4/2011 (********************a.), se aprecia en suplencia de la queja que a pesar de que el juzgador denominó que la imposición de la medida cautelar fue como prisión preventiva "oficiosa", lo cierto es que se trata de una justificada. Ello es así, pues aunque el juzgador señaló que la tentativa no es un delito sino un grado de consumación, en tanto que el homicidio sí está en el catálogo de prisión preventiva oficiosa, lo cierto es que el juzgador destacó la nece********************d de la medida en razón de que no se presentó voluntariamente sino que fue con motivo de una orden de aprehensión así como el peligro de sustracción, razones por las cuales consideró justificada la imposición de dicha medida, precisando que si en el futuro hubiera información distinta que le permitiera tomar una valoración diferente lo realizaría ante dicha petición. Consecuentemente, es por los argumentos expuestos que ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar la protección constitucional solicitada, respecto del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso. Por lo expuesto fundado y con apoyo en los artículos 74, 75, 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a******************** contra el acto reclamado al Juzgado Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Umán, por las razones expuestas en el considerandos séptimo de esta resolución. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    AUDIENCIA CELEBRADA

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el alegato ministerial 25/2023, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito, en el que, por los motivos que expone, solicita se niegue el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, y en su caso se sobresea el presente juicio de amparo; lo anterior, para que sea relacionado y tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, como lo solicita el Fiscal Federal, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, entréguese copia certificada de la sentencia que se pronuncie en este juicio al ocursante de mérito, en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE.

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