Rodrigo Cruz Velasco
Expediente 514/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 514/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rodrigo Cruz Velasco
- RODRIGO CRUZ VELASCO y Otros.
- Carlos Andrés Molina Mancilla
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, al que acompaña el testimonio de la ejecutoria dictada en sesión de catorce de julio de dos mil veintidós en la queja ******************** de su índice; acúsese recibo, y agréguese a los autos. Ahora, del oficio de cuenta se advierte que el Tribunal de Alzada declaró infundado el recurso de queja que ********************, hicieron valer en contra del nueve de mayo de dos mil veintidós por el que se desechó la demanda de amparo. Hágase lo anterior del conocimiento de la parte quejosa. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional se desechó la demanda de amparo, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de mayo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio señalado en la cuenta al expediente en que se actúa y téngase a la Magistrada Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, informando que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto contra el acuerdo de nueve de mayo de dos mil veintidós, e indica que lo registró con el número 125/2022; en consecuencia, se toma nota de lo anterior. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. En atención al escrito de los quejosos Rodrigo Cruz Velasco y Carlos Andrés Molina Mancilla, por conducto de su defensor particular Zacarías Martínez Orozco, se advierte que interponen recurso de queja contra el acuerdo de nueve de mayo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo. Atento lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), en relación con los diversos 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se ordena remitir el referido escrito al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno; rendir el informe sobre la materia de la queja y enviar copia certificada de las constancias relacionadas con el auto impugnado. Sin que haya lugar a notificar a las demás partes la presente determinación, para que señalen las constancias que deberán remitirse a quien deba resolver en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, en razón que el auto materia de la queja es el que desechó la demanda, motivo por el cual las demás partes no fueron emplazadas. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma electrónicamente Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Martín Gamboa Guzmán, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA IV-B. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de mayo de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el número 514/2022. Desechamiento. El suscrito considera que debe desecharse la demanda de amparo promovida por Rodrigo Cruz Velasco y Carlos Andrés Molina Mancilla, por conducto de su defensor particular Zacarías Martínez Orozco, contra los acuerdos de treinta de marzo de dos mil veintidós y de diecinueve de abril de dos mil veintidós, dictados por la Novena Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. De conformidad con lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis de la demanda de amparo, dado que se advierte que esta instancia es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. El precepto citado señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la disposición inserta se desprende que el Juez de Distrito debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; lo que es así porque, en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente improcedente. Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Tal hipótesis tiene como base lo previsto por el artículo 17 de la Constitución Federal que consagra el derecho fundamental de acceso a la justicia e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, dado que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el caso concreto, se considera que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Del primero de los citados preceptos transcritos se establece que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Por su parte, el diverso 107, fracción V, del ordenamiento jurídico antes invocado señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Aunado a lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014, sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y, La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva Bajo tales premisas, como se adelantó, se estima que los acuerdos dictados por la Novena Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, el treinta de marzo de dos mil veintidós y el diecinueve de abril de dos mil veintidós, mediante los cuales, se advierte, de los antecedentes narrados por los quejosos en su demanda de amparo: En el primero, la autoridad de Alzada declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el defensor particular de los aquí quejosos, contra el acuerdo de audiencia intermedia de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 191/2020 del índice del Juzgado de Control del circuito judicial Región Mixteca, sede Santa María Asunción Tlaxiaco, Oaxaca, donde se admitieron diversos medios de prueba ofrecidos por el agente del Ministerio Público que actúa en la citada causa penal. En el segundo, admitió a trámite el recurso de apelación hecho valer por el agente del Ministerio Público que actúa en la citada causa penal, contra el acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, contra la exclusión de pruebas de la audiencia intermedia celebrada en la fecha antes referida -a quien inicialmente le había inadmitido dicho recurso por extemporáneo (en el mismo auto de treinta de marzo de dos mil veintidós)- previa interposición del diverso recurso de revocación contra el auto de treinta de marzo de dos mil veintidós. Determinaciones que no causan una afectación real y actual en su esfera jurídica de los aquí quejosos, porque no existe forma de conocer, en este momento procesal, si con la admisión o no de los medios de prueba a que refieren los promoventes del amparo, tendrá injerencia en la sentencia que se dicte en la causa penal 191/2020, de ahí que dichos actos no son de imposible reparación, pues, aun cuando los quejosos obtengan un fallo desfavorable, además del recurso ordinario de defensa, en su caso, podrá recurrir al juicio de amparo directo, en donde podrá reclamar la violación de las procesales en que se traducen los actos que ahora señala como reclamados. Lo anterior, incluye a la determinación donde el Tribunal de Alzada del fuero común, haya admitido a trámite un recurso en contra del acuerdo donde fueron excluidos diversos medios de prueba que ofreció el agente del Ministerio Público que actúa en la citada causa penal, pues se trata de una determinación, cuyo sentido se hizo depender de un diverso medio de defensa (revocación) interpuesto por el citado fiscal contra el desechamiento del recurso de "apelación"; mismo que al final, se tratará de la admisión o no de los medios de prueba de que se trata y que, después de todos, pueden o no injerir en la sentencia que se llegue a dictar. Por lo que, no se observa que se deje sin defensa a la parte promovente del amparo, ni los actos reclamados, pueden verse de forma autónoma, ya que se trata de una posible violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a cumplir con la administración de justicia pronta y expedita. A mayor abundamiento, el juicio de amparo indirecto contra los actos reclamados que se hacen consistir en los acuerdos dictados por la Novena Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, el treinta de marzo de dos mil veintidós y el diecinueve de abril de dos mil veintidós, no son de aquellos que tengan sobre las cosas o las personas una ejecución de imposible reparación, dado, sólo se afectan derechos procesales y no derechos sustantivos. Razón por la cual el juicio biinstancial no es procedente, porque las cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma. Porque, lo que da procedencia al juicio de amparo en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal, el juicio deviene improcedente. Con lo que se actualiza además de manera clara y evidente, de manera analógica la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII en relación con el 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, aplicada esta última en sentido contrario, puesto que los actos reclamados no son de naturaleza irreparable. En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA de amparo por improcedente. Lo anterior no implica dejar sin defensa a la parte quejosa, porque al tratarse el reclamo de una violación de carácter meramente adjetiva, solo en caso de resultar desfavorable el laudo que se llegare a dictar en dicho proceso, y en caso de que la violación que señala como acto reclamado en la demanda que se provee, trascienda al resultado del fallo, dejando sin defensa a la parte quejosa, podrá hacer valer dicha transgresión en el juicio de amparo directo que se promueva contra la respectiva sentencia. Bajo esa lógica, el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos de ejecución de imposible reparación, pues no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos del peticionario de amparo previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, alguno de los llamados derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, cuya afectación o efectos no podrían repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado de manera irreversible la violación del derecho fundamental. Aunado a lo anterior, el hecho de que la autoridad que el quejoso señala como responsable, al dictar el proveído de diecinueve de abril de dos mil veintidós, donde admitió a trámite el recurso de apelación hecho valer por el agente del Ministerio Público que actúa en la citada causa penal, contra el acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, contra la exclusión de pruebas de la audiencia intermedia celebrada en la fecha antes referida. Obedece a que el fiscal interpuso un recurso ordinario de defensa, como lo es, el de "revocación", circunstancia que hizo que la Novena Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, analizara la determinación de treinta de marzo de dos mil veintidós y resolviera recovar dicha determinación y admitir el recurso de apelación interpuesto por el citado fiscal. Lo anterior, evidencia el hecho de que la parte aquí quejoso omitió interponer el recurso ordinario de defensa que era procecente, en este caso, el de "revocación", contra el proveído de treinta de marzo de dos mil veintidós; de ahí que, también se actualiza el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el numeral 61 fracción XX de la Ley de Amparo, contra el referido acto reclamado. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Téngase como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones, el que indica y como autorizados únicamente para tal efecto, a las personas que refiere, debido a que el primero de los que refiere, no cuenta con cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho en el sistema computarizado para el Registro único de profesionales del derecho, y los restantes, por así solicitarlo expresamente los promoventes del amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a la actuaria judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Herramientas a disposición de las partes, para la consulta del expediente. Se hace del conocimiento de las partes que con base en el referido acuerdo general 21/2020, pueden comunicarse a este órgano jurisdiccional vía telefónica y por correo electrónico a fin de conocer el estado procesal de su asunto, para tal fin pueden acceder al sitio de internet serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea en donde encontrarán el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" a través del cual pueden consultar las listas de acuerdos y de sesión de Juzgados y Tribunales de Circuito, el directorio de órganos jurisdiccionales, así como agendar una cita para acudir a este Juzgado a consultar este expediente. En el entendido de que deberán ajustarse al procedimiento indicado en los artículos 3 a 7 del multicitado acuerdo 21/2020, para generar un código QR individualizado, a fin de que asista un máximo de dos personas por cita, quienes deberán identificarse debidamente, someterse al control sanitario de ingreso y respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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