Rodrigo de Jesús Silva Sánchez
Expediente 171/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 171/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rodrigo de Jesús Silva Sánchez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de abril de dos mil veintidós. En atención a la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de amparo, por lo que, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional se sobreseyó en sentencia, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 171/2022 promovida por ***, en contra del acto de la autoridad que más adelante se precisará. I. ANTECEDENTES En consideración del quejoso la autoridad señalada como responsable ha sido omisa en dar contestación al escrito que promovió ante aquella el trece de septiembre de dos mil veintiuno. El disidente sostiene que la omisión reclamada vulnera en su perjuicio sus derechos fundamentales reconocidos por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, la cual por razón de turno fue remitida a este órgano jurisdiccional, donde quedó registrada con el progresivo 171/2022. El quejoso señaló como autoridad responsable al Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, a quien atribuyó la omisión de dar contestación a su escrito presentado el trece de septiembre de dos mil veintiuno ante la responsable. Por acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama una omisión a una autoridad que tiene su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta da pauta a establecer que el inconforme reclama la omisión siguiente: La omisión del Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, de dar contestación a su escrito presentado el trece de septiembre de dos mil veintiuno ante la responsable. V. EXISTENCIA DE LA OMISIÓN RECLAMADA. La autoridad responsable fue omisa en rendir su informe justificado, pese a estar debidamente notificada del auto por el que se le requirió, tal como se advierte en la constancia de notificación de dieciocho de febrero de dos mil veintidós que obra en autos. En tal virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo se presume la existencia de la omisión reclamada. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, se procede a analizar las causales de improcedencia planteadas por las partes, o que este Juzgado Federal advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". De los preceptos señalados se advierte que, para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que la parte quejosa demuestre su interés jurídico, del cual, su afectación debe ser de manera personal y directa. Se afirma lo anterior, pues el juicio de amparo puede promoverse únicamente por la persona física o moral a quien afecte la norma o acto u omisión reclamados; ello, siempre que alegue que éstos violan los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; pudiendo promoverlo por sí, su representante legal, su apoderado o por cualquier persona en los casos en que la ley de la materia lo permita expresamente. Al respecto, es pertinente invocar la jurisprudencia 1ª./J. 168/2007 con número de registro digital 170500 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, tomo XXVII, enero de 2008, página 225, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, refiere que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. De los preceptos legales aludidos, se advierte que el juicio de amparo es un medio de control constitucional que protege los derechos humanos del gobernado contra los actos de las autoridades; que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada o sea, aquélla a quien perjudique una ley, tratado internacional, reglamento o cualquier otro acto que importe una afectación a su esfera de derechos. A través del ejercicio de la acción constitucional, el quejoso reclama la tutela de un derecho público subjetivo que estima fue infringido en su perjuicio por las autoridades que emitieron el acto reclamado, o sea, mediante el derecho de acción, que es un derecho instrumental en el que se pretende el respeto del derecho público subjetivo y, en su caso, la restitución en su goce. Por tanto, quien ejerce la acción de amparo siempre se ostenta titular de un derecho subjetivo afectado por algún acto u omisión de las autoridades responsables y frente a tal evento, requiere acudir ante los tribunales para solicitar la protección federal; es decir, tiene necesidad que se respeten los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte que alega han sido vulnerados, porque al haber resentido un perjuicio, un menoscabo o un detrimento en su esfera jurídica, tiene interés en que la Justicia Federal el ampare. Así, de conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5 fracción I, en relación con el 6, ambos de la Ley de la materia, para la procedencia del juicio de amparo, es requisito indispensable que solamente quien resiente una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, puede acudir a la vía constitucional. Por ello, si el juicio de amparo debe seguirse a instancia de parte agraviada implica que uno de los presupuestos de procedencia de la acción constitucional es la acreditación plena del interés jurídico; por lo tanto, el interés del quejoso sólo se puede surtir en la medida que demuestre que el acto de autoridad reclamado le irroga molestias en su esfera jurídica. Ahora bien, el quejoso Rodrigo de Jesús Silva Sánchez, reclama la omisión del Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, de dar contestación a su escrito presentado el trece de septiembre de dos mil veintiuno ante la responsable. Así, a lo expuesto por el aquí quejoso, el enfoque de afectación no puede ser otro que el atinente a la causación de un agravio personal y directo a un derecho subjetivo (presupuestos del interés jurídico), máxime que no refiere algún perjuicio derivado de su especial situación frente al orden jurídico y se trata de una omisión administrativa. Aunque, la parte peticionaria de protección constitucional solicitó bajo protesta de decir verdad la existencia y presentación ante la autoridad aquí señalada como responsable, el escrito de trece de septiembre de dos mil veintiuno, en el cual solicitó se actualice el monto de la condena decretada según laudo de veinte de enero de dos mil catorce, dictado en el expediente 0926/2012 (1), sin embargo, es insuficiente, para demostrar fehacientemente la existencia y presentación del aludido escrito, y con ello la vulneración a su derecho humano de petición. Por ende, al no obrar en autos copia del acuse de la multicitada solicitud que acredite de manera plena existe y que fue presentada ante la autoridad señalada como responsable como señaló el aquí quejoso, ello origina que no justifique su interés jurídico, ni legítimo, para ejercer la acción constitucional, ya que no está demostrado el perjuicio del que se adolece en relación con los actos reclamados. Además, el hecho de que se tenga por presumida en términos de ley la existencia del acto reclamado, no es suficiente para demostrar su interés jurídico, pues la omisión de rendir informe por la autoridad responsable, tampoco resulta idóneo para acreditar el interés jurídico de la aquí quejosa, de ahí que la presunción legal del acto no subsana la falta de acreditación del interés jurídico ni legítimo de la promovente del amparo. Es aplicable al caso la tesis publicada en la página trescientos setenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XV-II, febrero de mil novecientos noventa y cinco, octava época, con número de registro digital 208500 cuyos rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, DEBE PROBARSE INDEPENDIENTEMENTE DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La existencia del acto reclamado no exime al quejoso de la obligación que tiene de acreditar que se afecta su interés jurídico, ya que de no hacerlo, el juicio de garantías resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." En tal sentido, es dable afirmar que tratándose del acto reclamado en este juicio, el quejoso debió acreditar fehacientemente que suscribió y presentó el escrito de petición ante la autoridad señalada como responsable, lo procedente es estimar su falta de interés jurídico para acudir a juicio. VI DECISIÓN. Por consiguiente, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación a los numerales 5, fracción I, párrafo segundo y 6, de la propia legislación, así como la que consagra el citado precepto 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V esta última interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de constitucional, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la legislación citada. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el apartado V de esta sentencia. Notifíquese.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Agréguense a los autos, para que surtan sus efectos legales correspondientes, el oficio que remite el Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huajuapan de León por medio del cual devuelve sin diligenciar el despacho 35/2022 del índice de este juzgado, que se envió a efecto de emplazar a la tercera interesada Renta de Sanitarios Móviles y Vaciado de Fosas a través de cualquiera de sus representantes legales ***; en consecuencia, regístrese la baja de la comunicación oficial citada y háganse las anotaciones en los libros correspondientes. Ahora, el Juez oficiante informa que devuelve dicha comunicación, pues conforme al artículo 5 del Acuerdo General 55/2019 del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, de nueve de octubre de dos mil diecinueve, el Juzgado Civil de Huajuapan de León, Oaxaca, a partir del quince de noviembre de dos mil diecinueve, conocerá únicamente de materias civil y mercantil. Por tanto, con fundamento en los artículos, 27 fracción II, de la Ley de Amparo, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2º de la misma, envíese despacho, por mensajería acelerada al Juez Civil de Huajuapan de León, Oaxaca, a efecto que comisione a quien corresponda, para que emplace a la tercera interesada Renta de Sanitarios Móviles y Vaciado de Fosas a través de cualquiera de sus representantes legales***; en el domicilio ubicado en calle ***en la Heroica Ciudad de Huajuapan de León Oaxaca y le corra traslado con copia de la demanda y le notifique este auto, así como el de dieciséis de febrero de dos mil veintidós por el que se admitió la demanda de amparo promovida por ***. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, indíquese al Juzgado Civil de Huajuapan de León, Oaxaca, encargado de diligenciar la comunicación que se envía, que se habilitan días y horas inhábiles; asimismo, que se le faculta para que gire todas las medidas a su alcance para lograr la diligencia de la comunicación oficial que se le envía, es decir, con plenitud de jurisdicción, dicte los medios de apremio que considere necesarios para llevar a cabo la diligencia encomendada. Para una mayor celeridad, se autoriza la firma de la comunicación oficial enviada únicamente por el secretario de guardia que asiste al juzgado en esta data. NOTIFÍQUESE.
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MESA IV-A. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el número 171/2022. Admisión. Con fundamento en los normativos 1, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 6, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo se admite la demanda de amparo promovida por Rodrigo de Jesús Silva Sánchez. Informe justificado. Con fundamento en lo establecido por el arábigo 117 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable para que rinda su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días; asimismo, hágase de su conocimiento que para el caso de rendir su informe fuera del lapso establecido en el primer párrafo del referido precepto podrá ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlo y, en el supuesto de no rendirlo se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. Apercibida que de no rendir el informe justificado y remitir copia certificada, completa y legible de las constancias necesarias para resolver este juicio, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá, multa de cien unidades de medida y de actualización (UMA), que asciende a un monto de ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos, cero centavos, moneda nacional ($ 8,688. 00 M. N.). Igualmente deberán informar si la parte quejosa ha tramitado otro juicio de amparo contra el mismo acto o alguno diverso relacionado con la causa penal de origen. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrán remitir sus informes o dirigir sus oficios, respectivamente a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, lo comunicarán de inmediato a este juzgado y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en caso de no cumplir con esta obligación, se les impondrá la multa a que se refiere el artículo 251 de la ley de la materia. Fecha de la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, para la celebración de la audiencia constitucional, se fijan las nueve horas con cuarenta y cinco del quince de marzo de dos mil veintidós. Asimismo, en virtud que mediante Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se establece un mecanismo de citas para que las partes acudan presencialmente a las audiencias constitucionales, para efecto de salvaguardar la salud física de los justiciables así como del personal adscrito, este órgano jurisdiccional considera necesario conocer si es deseo de las partes estar presentes en la celebración de la audiencia constitucional, de modo que con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiéraseles para que dentro del plazo de tres días, indiquen expresamente si es su deseo estar presentes en la citada audiencia. Apercibidas, que en caso de no realizar manifestación alguna dentro de dicho término, se entenderá que no es su deseo asistir a la audiencia en cuestión y este órgano jurisdiccional no generará el código QR a que se refiere el artículo 6 del propio Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Circunstancia que no afecta sus derechos procesales en virtud que las partes están en posibilidad de presentar sus promociones y formular alegatos vía electrónica o de forma física hasta la hora programada para dicha audiencia; sin perjuicio de que este Juzgado requiera su asistencia en un caso concreto, por estimarla necesaria. Emplazamiento del representante social de la Federación. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5o, fracción IV, 26, fracción I, inciso K), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, por esta ocasión, notifíquese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, este auto en forma personal, corriéndole traslado con copia simple de la demanda, entregándole copia íntegra del mismo. Emplazamiento de la parte tercera interesada. En virtud que en este juicio le resulta el carácter de terceros interesados a Renta de Sanitarios Móviles y Vaciado de Fosas a través de cualquiera de sus representantes legales Sergio Luis Alejandro Estrada Bautista y Eduardo Estrada Mora, con fundamento en los artículos, 27 fracción II, de la Ley de Amparo, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2º de la misma, envíese despacho, por mensajería acelerada al Juez Mixto de Primera Instancia de Huajuapan de León, Oaxaca, a efecto que comisione a quien corresponda, para que emplace a la citada tercera interesada en el domicilio ubicado en calle Dos de Abril, número sesenta, de la colonia Tepeyac, en la Heroica Ciudad de Huajuapan de León Oaxaca y le corra traslado con copia de la demanda y le notifique este auto. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, indíquese al Juez Mixto de Primera Instancia de Huajuapan de León, Oaxaca, encargado de diligenciar la comunicación que se envía, que se habilitan días y horas inhábiles; asimismo, que se le faculta para que gire todas las medidas a su alcance para lograr la diligencia de la comunicación oficial que se le envía, es decir, con plenitud de jurisdicción, dicte los medios de apremio que considere necesarios para llevar a cabo la diligencia encomendada. Para una mayor celeridad, se autoriza la firma de la comunicación oficial enviada únicamente por el secretario de guardia que asiste al juzgado en esta data. De igual forma, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Notificación electrónica. Visto el escrito de demanda se advierte que la quejosa solicita expresamente seguir el juicio en línea y precisa que es su voluntad ser notificado electrónicamente, con fundamento en los artículos 3º y 26 fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza para tal efecto el usuario DahirGuzman, la consulta y notificación electrónica del expediente electrónico de conformidad con los numerales 34, 35, 36, 37, 38 y 39 del Acuerdo General 12/2020 que rige del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En ese orden, instrúyase a la analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice las gestiones administrativas correspondientes, a efecto que los referido usuario pueda consultar el expediente vía electrónica y ser notificados por ese medio. Juicio en línea. No obstante que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes o apoderados legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3º y 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Notificación prioritaria por otros medios electrónicos. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o y 17 de la Constitución Federal, 3o, 15, 27, fracción II y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente correo oficial 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a la actuaria judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Herramientas a disposición de las partes, para la consulta del expediente. Se hace del conocimiento de las partes que con base en el referido acuerdo general 21/2020, pueden comunicarse a este órgano jurisdiccional vía telefónica y por correo electrónico a fin de conocer el estado procesal de su asunto, para tal fin pueden acceder al sitio de internet serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea en donde encontrarán el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" a través del cual pueden consultar las listas de acuerdos y de sesión de Juzgados y Tribunales de Circuito, el directorio de órganos jurisdiccionales, así como agendar una cita para acudir a este Juzgado a consultar este expediente. En el entendido de que deberán ajustarse al procedimiento indicado en los artículos 3 a 7 del multicitado acuerdo 21/2020, para generar un código QR individualizado, a fin de que asista un máximo de dos personas por cita, quienes deberán identificarse debidamente, someterse al control sanitario de ingreso y respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Exhortación para el señalamiento de correo electrónico y de teléfono celular. Con fundamento en el artículo 2°, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, requiérase a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y un correo electrónico, para mantener contacto con este órgano jurisdiccional. En la inteligencia que dichos datos serán únicamente para contacto y no un medio para practicar notificaciones, por no estar previsto en la Ley de Amparo ni en los acuerdos generales que actualmente rigen la actuación de este órgano jurisdiccional. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las persona que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE, VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA.
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